Sobre la posibilidad de avanzar desde posiciones de contraloría social hacia una sociedad de nuevo tipo De todo análisis, por superficial que resulte, en relación a la relevancia de la comuna se puede concluir que en definitiva es en el espacio territorial de la comuna donde se evidencian las consecuencias del sistema político, económico y […]
Sobre la posibilidad de avanzar desde posiciones de contraloría social hacia una sociedad de nuevo tipo
De todo análisis, por superficial que resulte, en relación a la relevancia de la comuna se puede concluir que en definitiva es en el espacio territorial de la comuna donde se evidencian las consecuencias del sistema político, económico y cultural dominante, y también donde el pueblo vive las alegrías de la vida.
En cada municipio se elaboran los Planes de Desarrollo Comunal y las Ordenanzas que regulan las actividades sociales, productivas y comerciales sin participación ciudadana efectiva. Así mismo, se puede afirmar que parte importante de las políticas públicas se desarrollan en el espacio territorial comunal. Por su parte el pueblo, el ciudadano organizado por decenas de años viene realizando reuniones, seminarios, congresos de los que resultan diagnósticos y propuestas conducentes a democratizar la sociedad mediante una real participación ciudadana, sin embargo autoridades que se rigen por ideas de una cultura y democracia excluyentes las desechan.
Desde siglos es en la comuna donde vive el pueblo, el poder constituyente, el que se resta o elige mediante el voto a sus representantes. Es en las poblaciones, barrios, aldeas, poblados, donde reside el que cultiva la tierra, mueve las industrias, los servicios y el aparato administrativo.
Sin embargo, aún no comprendemos bien que lo esencial, lo fundamental de la participación social y política radica en que se puede construir un amanecer democrático, uniéndonos, organizándonos en torno a la idea que podemos y debemos ejercer contraloría social, examinar, según los intereses del pueblo, el correcto actuar de los integrantes de los poderes establecidos: comunal, parlamentario, judicial, FF.AA y ejecutivo.
Mediante leyes y también acciones de fuerza bruta han retardado y en algunos casos obstaculizado que las organizaciones sociales y populares aumenten su influencia y su poder de convocatoria, se fortalezca su unidad, su organización y sean un efectivo instrumento para hacer valer sus derechos, muchas veces, sustituidos por artimañas de autoridades que solo buscan otorgar beneficios a personas o a grupos determinados en el afán de provocar clientelismo, dependencia, segregación y discordias, que generan descomposición del tejido social, dañando la unidad y la participación.
En la democracia liberal representativa, impuesta en nuestro país, sólo se reconoce el derecho de deliberar y decidir a los electos, negando al pueblo, al ciudadano, al elector organizado, el mismo derecho, la misma facultad.
Lo anterior provoca en los representantes electos, muchas veces carentes de sólidos valores y principios democráticos, una embriaguez del ego y poder, convenciéndolos que una vez que han pasado a formar parte de las estructuras de poder, adquieren una especie de superioridad acompañada muchas veces de un halo de infalibilidad, que no se equivocan.
Lo anterior los lleva a desarrollar resistencia a avanzar hacia una democracia donde la participación social ejerza contraloría sobre sus acciones, como sucede en la democracia participativa que sí considera instancias donde el pueblo realiza, permanentemente, labores de contraloría y examina la gestión de los representantes que ha elegido.
Una extensa experiencia enseña, que cuando no existe contraloría social efectiva (instancia donde el pueblo según sus intereses examina el correcto actuar de los representantes electos) se pierde el rumbo respecto de la construcción del proyecto de una sociedad de valores y principios culturales democráticos, participativos, solidarios. Ello hace imprescindible, para corregir esta desviación, que el pueblo se integre en las organizaciones sociales, de todo ámbito y nivel, exigiendo participación efectiva en la toma de decisiones y control de la gestión de los poderes constituidos.
Es correcto, por lo tanto asumir la comuna como la unidad básica territorial donde y desde donde los sectores más concientes de la sociedad pasen a la cabeza de la iniciativa que impulse un amplio movimiento social y político para avanzar hacia superiores formas de participación que oxigenen a una sociedad asfixiada por el mercantilismo, el consumismo, el lucro desenfrenado, la corrupción.
Para ello, es necesaria una organización social con métodos y prácticas que lleven a ubicarnos a la altura de los desafíos, entendiendo que el pueblo sus mayores capacidades inventivas y organizativas las desarrolla en la acción, en la participación efectiva, propósitos que exigen democratizar el poder político, la economía, la justa distribución de la riqueza que genera el trabajo, la propiedad de los recursos naturales y productivos.
En este proceso es imprescindible incitar a derribar la barrera sicológica del culto, de la sumisión a la institucionalidad, del temor a romper las ataduras de las normativas vigentes, verdadero caballo de Troya en los sectores democráticos, decidirse a superar la contención anímica es fundamental para la acción democratizadora, liberadora, libertaria de la sociedad.
El desarrollo de tal propuesta debe tener en cuenta que el principal rasgo que caracteriza, en las actuales condiciones políticas al municipio, es que son la ultima frontera político-administrativa e instrumentos de control y dominación del sistema burgués, por cuanto éste manteniendo el poder delega la responsabilidad de la aplicación del sistema en los Concejos Municipales, por lo que le han rodeado de leyes que obligan a alcaldes y concejales, a comportarse de forma tal que sólo pueden contravenir de forma limitada al sistema excluyente, so pena de ser desaforados u obligados a renunciar, aun así y por lo mismo las comunas son el mejor escenario, el mas cercano, el mas propicio para con muchos alcaldes y concejales de avanzada se desarrolle un movimiento democratizador, participativo y cambiar la esencia opresora que el sistema contiene, proponiéndose establecer la soberanía popular que avance hacia un gobierno de nuevo tipo, desplazando el eje del poder, para no ser atrapados indefinidamente por el sistema que nos oprime.
Centrar ahora los esfuerzos en cambiar la ley, significaría buscar la solución en el Parlamento, donde no existe una voluntad mayoritaria para tal objetivo, descuidando centrar los esfuerzos para que en la base se tome conciencia de la necesidad que desde y con las organizaciones sociales y políticas se organice la exigencia nacional democratizadora del país, que progrese construyendo espacios para el debate social abierto orientado a iniciar la práctica democrática de ejercer soberanía social de forma frecuente al introducir en las Ordenanzas de Participación Ciudadana Comunal la disposición que establezca Audiencias Publicas Periódicas, cada dos meses, con acuerdos vinculantes, obligatorios para ambas partes, donde la ciudadanía a través de Consejos Comunales ejerza contraloría sobre las acciones de los representantes electos del Concejo Municipal, y en los distritos con los parlamentarios y representantes del gobierno.
A través de la historia, con hechos pasados y recientes, la democracia representativa, de todo signo, ha demostrado que sin un poder constituyente activo, sin contraloría social popular creando nuevas respuesta al desarrollo de la sociedad, es invasiva de los derechos ciudadanos, relega al pueblo a los suburbios de la sociedad; el poder sin control social deslumbra, obnubila, provoca la tendencia, producto de la costumbre derivada de la cultura inculcada durante siglos por la burguesía, que numerosos representantes electos por el pueblo se alejen de él, y terminan corrompidos por los intereses de los grupos de poder.
Tomando conciencia de tal realidad es que la comunidad, la ciudadanía, el pueblo organizado debe contribuir a cambiar la cultura, la costumbre, la idea que sólo un reducido grupo decide por el conjunto de la sociedad; proponiéndose en consecuencia como objetivo superior del trabajo social y político contribuir a que el pueblo asuma su rol histórico de batallar por la transformación de la sociedad, construyendo unidos desde los sindicatos, juntas de vecinos, centros de alumnos, centros culturales, defensoras del medioambiente, de la salud, de la educación, de los pueblos originarios, de genero, de profesionales, de intelectuales, de pequeños y medianos productores.
Debemos avanzar en un proyecto de sociedad verdaderamente democrático en donde el germen del poder social avance hacia instancias orgánicas unitarias que mediante la elaboración de plataformas comunales, zonales y regionales, también contengan propuestas y demandas de carácter nacional, exigiendo entre otras, la recuperación del agua, el cobre, la participación efectiva en la administración de los fondos de pensiones, terminar con la usura de los bancos, abordar el problema de la cesantía, de las alzas, el transporte, la defensa de la educación de la salud publica ante el tsunami privatizador, etcétera.
En síntesis, se requiere que la sociedad toda participe directamente en el establecimiento del rumbo del país, sobre la base de los intereses de la mayoría y no sobre los sórdidos intereses de los grupos de poder que hacen un simple negocio de los derechos ciudadanos y ponen en peligro de extinción a las especies y al planeta debido a la explotación abusiva de los recursos naturales.
Quienes se oponen a que el pueblo batalle, luche, avance hacia estos justos y legítimos derechos, propios de sociedades verdaderamente democráticas, por temor a agudizar las contradicciones, a generar crisis sociales porque tengamos que defender los derechos ciudadanos de la rapiña de los dueños del gran capital en la práctica concuerdan, favorecen los intereses de los grupos que pretenden, como sea, mantener los privilegios que les permiten vivir como parásitos sociales.
La democracia participativa puede avanzar a partir de Consejos Comunales, integrados por representantes o voceros de las organizaciones sociales de la comuna: sindicatos, juntas vecinos, estudiantes, productores, profesionales, intelectuales, representantes de organizaciones funcionales, regidos por el principio de la revocatibidad del cargo, es decir pueden ser cambiados por sus electores, si es necesario, antes del termino de su periodo, quienes además de hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal junto al Concejo Municipal, también lo hagan respecto de los intereses generales del pueblo con los representantes del parlamento y del gobierno, instancia donde participen las fuerzas políticas locales.
Avanzar desde el Sujeto Social Pasivo y Consumista, creado por el capitalismo, hacia el Ciudadano Activo y Transformador, que contribuya a hacer despuntar, hacer surgir al sujeto social y político, al sector de la sociedad que encabece los cambios, es lo principal del trabajo social popular, siendo ésta última la identidad que debemos destacar y fortalecer oponiendo al concepto de Oportunidades que ofrece el sistema sólo para algunos, el de los Derechos al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, una vida digna para todos, que sólo es posible en una democracia avanzada, participativa, solidaria, donde las mayorías participan en la adopción, control y ejecución social de los acuerdos que deben propiciar e implementar desde las estructuras administrativas quienes hemos elegido para que nos representen en la comuna, el parlamento y el gobierno.
Un gobierno comunal, un gobierno descentralizado, una sociedad democrática para que sea tal necesita de una Constitución Política y un Proyecto de Desarrollo Nacional de Nuevo Tipo, que se debieran caracterizar, entre otros rasgos, por propiciar la soberanía social popular, única forma capaz de contribuir a crear las condiciones que permitan acabar con las décadas de exclusión social, política y económica que ha sufrido el pueblo.
Carlos Gajardo Alvarez es Dirigente social de base
La Florida, Marzo de 2011
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