La bajeza moral de la fiscalía y todos los funcionarios que se han regalado para satisfacer la irracional RAZÓN DE ESTADO, en su afán por desviar la investigación presionando autoincriminaciones y falsas delaciones para mantener en la impunidad a los verdaderos responsables del atentado en el Centro Comercial Andino no tiene limites.
No han sido suficientes dos montajes judiciales, ambos adelantados hoy por el “ñeñefiscal” Miguel Olaya Cuervo; ni la violación sistemática de la presunción de inocencia; ni pasar por encima de cualquier precepto legal y constitucional para asegurar una detención indefinida con todos los términos vencidos; ni amenazar a familiares, abogados y amigos; ni condenar SIN JUICIO.
Ahora las mujeres victimas de estos burdos montajes, privadas injustamente de su libertad hace más de 35 meses, SE ENCUENTRAN AISLADAS Y RECLUIDAS EN CONDICIONES DEGRADANTES, POR SOSPECHA DE ESTAR CONTAGIADAS DE COVID-19, EN ESPACIOS INADECUADOS SIN AGUA Y SIN LA GARANTÍA DE UNA ATENCIÓN ADECUADA DE SALUD. DESPUES DE QUE FUERON EXPUESTAS AL CONTAGIO AL SER TRASLADADAS IRREGULARMENTE. ¿Qué más hace falta?
Ante qué autoridad se puede acudir si tras de todo no existe ningún atisbo de justicia y todas las instituciones parecen cohonestadas en esta empresa criminal, en esta conveniente CADENA DE ARBITRARIEDAD y PENA DE MUERTE.
El INPEC, LA FISCALIA Y DEMÁS INSTITUCIONES SON LAS RESPONSABLES DE TODAS LAS AFECTACIONES A LA INTEGRIDAD DE LINA, LIZETH, Y ALEJANDRA.
Insistimos en la defensa de la inocencia de todos nuestros familiares. hacemos un llamado a las personas decentes, a TODOS LOS QUE CREAN EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y DEMOCRACIA para que nos acompañen denunciando y presionando para lograr detener la arbitrariedad de estos funcionarios.