Ni siquiera la cercanía de las elecciones parece que sirva para que remitan los casos de corrupción protagonizados, fundamentalmente, por concejales del PSOE y del PP. En los últimos días, recalificaciones, corrupciones urbanísticas, pelotazos, complejos turísticos, campos de golf con chalés en el hoyo adecuado, dineros ingresados en cuentas fuera del país, han servido, una […]
Ni siquiera la cercanía de las elecciones parece que sirva para que remitan los casos de corrupción protagonizados, fundamentalmente, por concejales del PSOE y del PP. En los últimos días, recalificaciones, corrupciones urbanísticas, pelotazos, complejos turísticos, campos de golf con chalés en el hoyo adecuado, dineros ingresados en cuentas fuera del país, han servido, una vez más, como palabras que definen un panorama por demás corrupto y miserable, pero sobre todo, ilustrativo de un sistema podrido en su raíz.
San Sebastián de los Reyes
El alcalde de San Sebastián de los Reyes, José Luis Fernández Merino (PSOE), declararó en calidad de imputado por una presunta prevaricación y malversación de fondos en el Ayuntamiento de la localidad en el llamado ‘caso de las vallas’.
El proceso se refiere a irregularidades en la instalación y cobro de las vallas publicitarias en terrenos municipales y a la concesión de los derechos de explotación de los monopostes publicitarios a empresas presuntamente vinculadas con el partido socialista.
También estaban citados a declarar mañana como imputados ante el juzgado número 7 de Alcobendas el actual concejal de Servicios y Obras, Julián Guijarro (PSOE), el anterior edil de Obras e Infraestructuras, Julián González (PSOE), y el secretario de Organización de los socialistas de ‘Sanse’, Saturnino Ureña, quien fue concejal en Ciempozuelos cuando gobernaba Joaquín Tejeiro, ex alcalde de este municipio, que fue acusado de cohecho y blanqueo de dinero.
El proceso comenzó el pasado noviembre a consecuencia de la denuncia presentada por una empresa concesionaria hasta 2002 de la instalación y mantenimiento de los monopostes, pequeñas vallas publicitarias donde se anuncian los comercios del municipio. El procedimiento que usó el Ayuntamiento para su adjudicación estaba inducido para que la concesión se realizara a favor de una determinada empresa, vinculada presuntamente a miembros del PSOE, según la denuncia que fue admitida a trámite.
Quijorna
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que, tras abrir «diligencias de investigación» contra la alcaldesa del municipio madrileño de Quijorna, la popular Mercedes García Rodríguez, y otros cuatro concejales del ayuntamiento por corrupción urbanística, trasladará la investigación al juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles para dar continuidad al proceso judicial. Noticias relacionadasQuijorna, cerca de Marbella El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido no archivar la denuncia que el Grupo Independiente de Quijorna interpuso contra la alcaldesa (PP) y cuatro concejales por la firma presuntamente irregular de un convenio que reducía drásticamente la construcción de viviendas de protección oficial en terrenos del ayuntamiento. Con este paso se inician las diligencias judiciales contra los imputados en un juzgado de Instrucción, al que se han remitido tanto las diligencias previas como las diligencias de investigación que realizó el TSJM.
Reducción de la vivienda protegida
La denuncia contra el equipo de Gobierno de Quijorna se interpuso tras la firma de un total de 37 acuerdos para construir viviendas. Estos acuerdos redujeron del 50 al 10 por ciento el número de viviendas de protección oficial, en contra de lo estipulado en la Ley del Suelo madrileña.
Con el apoyo de PP y PSOE
Estos convenios salieron adelante en agosto de 2006 con el apoyo de la acaldesa, y dos concejales del PP, junto a los votos favorables de dos concejales socialistas. Estos últimos fueron inmediatamente expedientados y está previsto que sean expulsados próximamente del PSM.
La alcaldesa, acusada también de malversación
La alcaldesa del municipio, por su parte, tiene abierto otro proceso judicial por haber pagado para su defensa en este caso a abogados del bufete del polémico ex juez Gómez de Liaño con fondos municipales, algo que no permite la ley.
Pruna
Los once miembros del Ayuntamiento -la alcaldesa socialista y sus cuatro concejales, cuatro de IU y dos del PP- dimitieron, de común acuerdo, el pasado martes. Unas horas después, presionados por su partido, la alcaldesa y sus concejales volvieron al gobierno.
Al parecer, la alcaldesa dijo a los otros grupos que el PGOU que preparaban desde 1995 iba a ser rechazado por la Consejería de Obras Públicas. «Estábamos preocupados por el pueblo, la alcaldesa llevaba 20 días contando casas y haciendo números para no rebasar los límites de crecimiento permitidos por el POTA. Por eso tomamos esa decisión, entre todos», explican los portavoces del PP e IU, Diego Toledo y Juan García.
La regidora María Eugenia Rodríguez anunció, escoltada por dos secretarios comarcales del PSOE, que había «reconsiderado» su dimisión y postergaba, visiblemente azorada la reunión en la que debía dar explicaciones. Por su parte, IU y PP aseguraron que no volverán al ayuntamiento hasta que obtengan garantías de que la Junta aprobará el plan.
El desconcierto de la oposición fue en aumento cuando Obras Públicas anunció que el PGOU prunense cumple la normativa del POTA y que el plan no ha sido rechazado porque, entre otras cosas «aún no pasado por la Comisión Provincial de Urbanismo».
Carboneras
El PSOE de Almería reiteró hoy que el indulto al ex alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, acordado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre, se rigió «rigurosamente» por el procedimiento legal previsto y se concedió en virtud de los criterios establecidos por el Ejecutivo central para decidir si la excepción al cumplimiento de las penas está justificada.
En una nota remitida a Europa Press después de que el PP solicitara el pasado día 1 la comparecencia del Ministro de Justicia en el Congreso y la revocación de la medida, el PSOE recordó que el fallo condenatorio del tribunal –por un delito electoral– se basó exclusivamente en el testimonio del empleado municipal a quien, según sentencia, el alcalde indujo al voto.
Sostienen además que el ex alcalde dimitió de su cargo –dos semanas antes de la concesión del indulto– «pese a que había sido acordada la suspensión de la condena durante su tramitación» y que contó con respaldo de 10.000 personas residentes en Carboneras y su entorno. «El propio Fiscal –apuntilló el PSOE– se pronunció a favor de que fuera concedido».
El diputado nacional del PP por Almería, Rafael Hernando, anunció en rueda de prensa que su partido solicitaría la revocación de la medida –que eximió al ex edil de una inhabilitación de seis meses– porque no se está cumpliendo la condición de no cometer delito doloso en dos años después de su publicación en BOE bajo la que se concedió.
El diputado del PP por Almería informó, asimismo, de la presentación de un acta notarial ante las autoridades judiciales que implican a Cristóbal Fernández en un «soborno» para imputar a dos ediles del Ayuntamiento de Carboneras en una trama de «extorsión y chantaje» de la que aseguró fue víctima.
Ponferrada
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) imputó ayer al alcalde del municipio, Carlos López Riesco y a los cinco consejeros de la empresa pública del suelo (PONGESUR), por presuntos delitos de prevaricación. Los imputados serán llamados a declarar en los próximos días por ceder suelo público a una empresa de construcción que no se encontraba inscrita en el régimen de la Seguridad Social.
Representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, presentaron una querella contra López Riesco, y los cinco consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusaban de presuntos delitos de prevaricación.
Tras ratificarse la querella, el juzgado ha decidido llevarla a trámite, imputando a los seis querellados, que tendrán que declarar entre los próximos días 23 y 26 de marzo, según determina el auto al que ha tenido acceso este periódico.
López Riesco y el resto de los consejeros están acusado de presuntos delitos de prevaricación por ceder presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, propiedad del controvertido empresario leonés José Luis Ulibarri. Las concesiones de terreno se habrían hecho aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que convierte en ilegal dicha cesión.
Peraleda de la Mata
La Dirección General de Medio Ambiente ha frenado el proyecto presentado en Peraleda de la Mata para poner en marcha «un centro turístico y deportivo de gran magnitud».
En primera instancia la empresa Las Encinas Desarrollos y Proyectos Turísticos –cuyo representante es Guillermo Polanco, directivo del Grupo Prisa– había presentado una oferta al Ayuntamiento de Peraleda para adquirir 240 hectáreas de la finca de propiedad municipal La Pasada. La oferta alcanzaba los 9.000 euros por hectárea, por lo que de haberse concretado la operación el consistorio habría percibido 2,16 millones de euros. Finalmente el ayuntamiento aprobó la operación con los votos a favor del PSOE y en contra del PP –que reclamaba más información al respecto– el 3 de agosto del año pasado.
De esta forma, se solicitó permiso a la Junta para poder llevar a cabo la venta de estos terrenos, aunque esta lo ha denegado.
La polémica sobre la oportunidad o no de este proyecto no es nueva y de hecho provocó en su momento una importante división interna en el PSOE. Tanta que el anterior alcalde, el socialista José Manuel Zamora, acabó dimitiendo después de que la agrupación local del PSOE rechazase hasta en dos ocasiones esta iniciativa calificándola de «pelotazo urbanístico».
Finalmente, los dirigentes socialistas de Peraleda decidieron respaldar el complejo turístico en una tercera asamblea celebrada el 18 de julio, días antes del pleno municipal.
El jefe de servicio de la Dirección General de Medio Ambiente, Fernando Toribio, señala que esta iniciativa aún «estaba en fase de consulta previa y no era un proyecto como tal». Lo cierto es que, tal y como explicó el actual alcalde, el también socialista Manuel Sánchez, si finalmente prospera el proyecto se publicará un pliego de condiciones que permita competir en igualdad de condiciones a todas las empresas interesadas.
Barbastro
El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, declarará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de esta localidad el próximo 11 de abril, en calidad de imputado, en las diligencias previas que se instruyen a raíz de la denuncia del PP por la polémica venta de unos terrenos situados en el Polígono Industrial «Valle del Cinca» por parte del empresario Javier Blecua al Ayuntamiento de Barbastro, por un precio veinte veces mayor del que le costaron hace un año.
El titular del Juzgado barbastrense tomará declaración, en fechas posteriores, y en calidad de testigos, a los dos propietarios originales de los terrenos y a la persona que les representó como apoderada, a tres funcionarios municipales, a la interventora del Ayuntamiento, que puso seis reparos a la operación, y a dos técnicos que intervinieron en la tasación de terrenos.
En la relación de testigos figura, también, el vecino que denunció la inclusión de una finca de su propiedad en la opción de compra entre el Ayuntamiento y Javier Blecua, situación que denunció el lunes pasado en el Juzgado de Barbastro.
Caudal
El plan de expansión urbanística de la estación de San Isidro sigue envuelto en una importante polémica política. El PSOE leonés ha anunciado su intención de acudir a la fiscalía para que investigue un supuesto «pelotazo urbanístico» en la estación invernal. Los socialistas argumentan sus sospechas en que la firma Ski Golf Resort, promotora del proyecto, habría «subcontratado» a la empresa asturiana Contratas Iglesias la construcción de un complejo hotelero de lujo a pie de pistas, favoreciendo, a juicio del PSOE, «un proceso especulador con muchos millones de euros de por medio».
Los socialistas leoneses aseguran que Ski Golf Resort, que también cuenta con capital asturiano y cuya cabeza visible fue el desaparecido Paquito Fernández Ochoa, se hizo con los terrenos destinados a la expansión de San Isidro para desarrollar todo el proyecto, sin parcelaciones, algo que ahora se incumpliría con el acuerdo para que sea Contratas Iglesias quien levante un hotel de cinco estrellas y tres edificios de apartahoteles.
Chiclana
El actual concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Joaquín Muriano Ayán (PSOE), diseñó y dirigió las obras de un hotel ilegal construido en el término municipal chiclanero y que fue regularizado con la entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), hace apenas dos años.Antes de salir elegido concejal en las elecciones municipales de mayo de 2003, Muriano, arquitecto de profesión, diseñó y dirigió las obras de construcción del Hotel Cortijo Los Gallos, pese a que la parcela en la que se edificó era de uso comercial no hotelero, según reflejaban las Normas Subsidiarias vigentes en ese momento y según constataron posteriormente informes técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y hasta un perito judicial. Además, el inmueble superaba la edificabilidad permitida e invadía linderos, cuestiones que tuvieron que ser subsanadas mediante proyectos de reforma posteriores redactados por el propio Muriano.
Una denuncia de un particular provocó la incoación de expedientes sancionadores por parte de la GMU, que terminó archivando el caso días antes de que Muriano obtuviera su acta de concejal.
Amorebieta
El precio del metro cuadrado en la localidad vizcaína de Amorebieta sube como la espuma. Tanto es así, que unos terrenos propiedad del Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe fueron vendidos a través de la sociedad estatal Socade a la empresa de forjados Forging Products por valor de 2,18 millones de euros. Acto seguido y ante el mismo notario, Forging vendió por más del doble esos mismos terrenos a una promotora, Umpro 2000, concretamente por 5,11 millones de euros. Esto es lo que se llama dinero rápido.
La operación tuvo lugar el pasado 24 de noviembre de 2004 ante la notaría del colegiado Antonio Ledesma García, según documentación consultada por este diario. ¿El beneficiado? José Miguel Arrieta Heras, propietario de GABA XXI, matriz de Forging Products. Se da la circunstancia que Arrieta Heras es hermano de José Ignacio Arrieta Heras, ex consejero de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno del PNV de José Antonio Ardanza, según indicaron a El Confidencial fuentes políticas vascas.
Socade, sociedad pública de capital desarrollo, tal y como define el Gobierno vasco, recibió gratuitamente en 1999 la propiedad de cuatro fincas, tres de ellas calificadas como rústicas y una cuarta urbana. El 23 de julio de 2003, la secretaria del Ejecutivo regional Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain autorizó a Socade la venta de dichos terrenos a Forging Products valorando los mismos en 2.182.093 euros, con una de esta dos condiciones: una, que la citada empresa de forjados efectuara su actividad industrial en estos terrenos; o dos, que lo hiciera en otra zona siempre que perteneciera al término municipal de Amorebieta.
Forging Products optó por la segunda opción y se comprometió a construir naves industriales donde estaba ubicada otra empresa, Sistemas de Forjados de Precisión, por entonces en suspensión de pagos. Tanto Forging como Sistemas de Forjados forman parte de GABA XXI y, por tanto, pertenecen a José Miguel Arrieta Heras, tal y como reza en el Registro Mercantil. Todo quedaba en casa, se cumplía con los compromisos adquiridos con la Administración vasca y no existía anomalía alguna.
Sin embargo, la sorpresa llegó el día de la firma de escrituras, pues si el número de protocolo de la venta de Socade a Forging era el 4.950 en la citada notaría. El de la venta de Forging a la promotora Umpro 2000 de los mismos terrenos era el 4.951. Es decir, se realizó una doble venta el mismo día y ante el mismo notario. Sin embargo, la cifra de adquisición era muy distinta: 5.108.603 euros. De esta cantidad, un millón ya había sido percibido por Umpro, según consta en un aval bancario del Banco Popular consultado. Al respecto de esta operación, Forging Products no ha querido hacer comentario alguno a este diario.
Negocio redondo y rápido
De los 5,11 millones de euros que tuvo que pagar Umpro, hay que restar 1,5 millones en concepto de las obras que Forging se había comprometido a desarrollar en los terrenos de Sistemas Forjados de Precisión. Esto es, la compañía de Arrieta Heras se embolsó 1,43 millones de euros de un plumazo. Negocio redondo.
Así las cosas, el Gobierno vasco ha perdido 2,93 millones de euros en una venta de terrenos en beneficio de un empresario allegado al partido gobernante, el PNV. Y todo con plena conciencia de ello, ya que toda la operación se realiza en presencia de José María Losada por parte de Socade, José Antonio Ros Leseduarte en nombre de Forging Products S.A., Lázaro Achotegui Sarasqueta en nombre de Sistemas Forjados de Precisión, el propio José Miguel Arrieta Heras en nombre de GABA XXI, SL que actuó como fiador solidario y Ernesto Martínez Rodríguez en representación de Umpro 2000.
Castilla y León
El juez de instrucción número 1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto. El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo.Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas.
Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid.
En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal.
El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita «copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años» de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.
Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama «visto el estado de las presentes actuaciones». El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados.
El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe «sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico» y que «certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico». De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera.
El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos.
El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo originalmente rústico.
Por último, reclama a la Guardia Civil una «investigación e informe sobre localización, sede, instalaciones y datos de las empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba, Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión». Se trata de las firmas relacionadas con los investigados y que conforman una intrincada madeja.