El Equipo Jurídico Pueblos obtuvo información a través de fuentes de alta credibilidad, que indican que en este momento se está adelantando un plan de judicialización contra integrantes del movimiento social de varios departamentos de Colombia, incluidos miembros de nuestra organización de derechos humanos. Agentes de la Policía están manipulando a desmovilizados de la insurgencia […]
El Equipo Jurídico Pueblos obtuvo información a través de fuentes de alta credibilidad, que indican que en este momento se está adelantando un plan de judicialización contra integrantes del movimiento social de varios departamentos de Colombia, incluidos miembros de nuestra organización de derechos humanos.
Agentes de la Policía están manipulando a desmovilizados de la insurgencia para que declaren contra reconocidos dirigentes sociales. Les prometen dinero o los amenazan con suprimirle los beneficios del programa de reinserción, a cambio del testimonio. Les exhiben fotografía de activistas, atribuyéndoles hechos inexistentes para relacionarlos con la insurgencia o con «actos de terrorismo». Las sumas ofrendadas va desde $800.000 por declaración o entrevistas hasta 20 millones, según los resultados.
Sabemos que entre los funcionarios del Estado que forman parte de este plan criminal para judicializar líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos y del territorio, mediante la fabricación de testigos falsos, se encuentra una Fiscal de la ciudad de Bogotá y por supuesto, varios policiales.
Agentes de civil adscritos a la Dijin, han sido distribuidos en varios terminales de transporte de algunas ciudades del Nororiente y Centro del país, con nombres concretos de personas para capturar y ser sometidas a procesos judiciales de estas calidades.
En este contexto, varios integrantes del Equipo Jurídico Pueblos -en Bogotá y Bucaramanga- han venido siendo objeto de seguimientos. La sede principal de la Organización continúa en vigilancia permanente por personas que se apostan durante varias horas en la entrada del edificio. Recientemente pretendieron ingresar, simulando ser compradores del inmueble.
El 15 de abril de 2018, el abogado Leonardo Jaimes Marín fue objeto se seguimientos por parte de dos hombres, durante casi una hora, mientras transitaba en una zona comercial de Bucaramanga. Igualmente su correo electrónico ha sido objeto de ataques, detectándose el reemplazo de información mediante el ingreso a su cuenta.
Los anteriores hechos se suman a las reuniones de Ganaderos y militares, en el departamento del Cesar, en los que se han realizado señalamientos contra comunidades campesinas y sus acompañantes. Conocemos de las falsas acusaciones que en distintos momentos, oficiales del Ejercito Nacional adscritos al BAEEV-3, han realizado contra el abogado defensor de derechos humanos Rommel Durán.
Las anteriores conductas de persecución no son nuevas. Como se ha podido demostrar, la persecución contra el movimiento social y contra la labor de la defensa de derechos humanos se incrementa en la medida que se tocan fibras del poder o se denuncia las prácticas genocidas.
Ver pagina: https://equipopueblos.org/2018