Este artículo se empezó a escribir la semana en la que entró en vigor en el Reino de España el nuevo sistema de tarificación de la luz, que obliga a los y las ciudadanas a usar los electrodomésticos en horas de descanso si no quieren que se dispare su factura.
El Gobierno ha defendido este cambio como una llave para fomentar el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico. Es decir, responsabiliza de todo ello a las y los pequeños consumidores en vez de a las grandes empresas. La periodista M.ª Ángeles Fernández critica en un análisis en Pikara Magazine la falta de perspectiva de género de la medida: «La nueva facturación va a afectar al trabajo del hogar y de cuidados, en muchos casos alargando las jornadas ya de por sí infinitas».
Preguntada por este asunto en una entrevista radiofónica, la vicepresidenta Carmen Calvo tiró de feminismo descafeinado: «El temazo no es cuándo se pone la lavadora, sino quién la pone». El temazo es que la mayoría de las personas que conviven con la pobreza energética son mujeres. Como Rosa, la anciana viuda de Reus que murió en un incendio debido a que iluminaba su casa con velas desde que Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy) le cortó la luz por impago. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por cierto, anuló la sanción de 500 000 euros que la Generalitat impuso a Naturgy, como denuncia la Alianza contra la Pobreza Energética. No es casualidad que esta organización esté liderada por mujeres, al igual que las plataformas contra los desahucios. Rosa es uno de los rostros de la pobreza energética; el otro es el de una mujer migrada, dedicada al trabajo del hogar (fuera y dentro de su casa) y que encabeza una familia monoparental. A los quebraderos de cabeza por los cortes de suministro, las temperaturas inadecuadas y las deudas, se suma ahora una mayor carga mental.
El reverso de esa vulnerabilidad interseccional lo encontramos en los consejos de administración de las multinacionales de la energía: los hombres acaparan en torno al 85 por ciento de los puestos directivos en Repsol, Endesa, Naturgy y Red Eléctrica de España. En el sector de la energía eólica, la cifra supera el 90 por ciento.
Ecofeminismo contra el lavado verde
Estos señores burgueses, blancos, con esposa y/o empleada del hogar que pone sus lavadoras, son los mayores contribuyentes al calentamiento global. Las mencionadas (como también EDP, Cepsa o Iberdrola) figuran en la lista de las diez empresas españolas más contaminantes, según La Marea. Y, sin embargo, en una jugada maestra, las mismas grandes corporaciones responsables de la emergencia climática son las grandes beneficiarias de las cuantiosas partidas de dinero público para la transición energética, como las reservadas en los fondos europeos Next Generation. Las cooperativas de energía de la economía social no pueden competir en esas convocatorias con transnacionales que presentan megaproyectos ligados al hidrógeno, los parques eólicos y fotovoltaicos, el AVE, las gigafactorías de baterías, la digitalización de la agricultura y la movilidad inteligente.
Las puertas giratorias también tienen mucho que ver con esta dinámica perversa. Repsol, la empresa más contaminante de Catalunya, con una superficie de exploración de petróleo y gas que abarca 31 estados del Norte y del Sur global, aspira ahora a liderar la transición energética a nivel mundial. Uno de sus hombres de referencia, Jaume Giró, es el nuevo conseller de Economía de la Generalitat.
El pasado 8 de marzo, la coordinadora feminista de Catalunya criticaba esta «gigantesca y descarada financiación a las élites económicas con dinero público». En el apartado de su manifiesto dedicado al ecofeminismo, atribuía la emergencia climática a «la invisibilización y la desvalorización de los procesos de sostenimiento de la vida y de los ciclos naturales de la Tierra». Denunciaba también que el extractivismo de las transnacionales «criminaliza la protesta y mata, además de acelerar los fenómenos climáticos extremos, con la consiguiente expulsión de pueblos enteros, ocasionando procesos migratorios y la expansión de enfermedades climáticas y extendiendo la pobreza energética». Y reclamaba «un decrecimiento económico, una transición ecosocial y una cultura regenerativa y feminista que recupere las soberanías a través de una gestión pública y comunitaria, que garantice el acceso universal a los servicios básicos, como el agua y la energía».
Tica Moreno, integrante de la organización feminista brasileña Sempreviva y de la Marcha Mundial de las Mujeres, defiende esa transición energética popular en contraposición con un modelo corporativo y desarrollista que «agudiza lo que llamamos el conflicto capital-vida». Ecofeministas como Yayo Herrero responden a las promesas de los señores de la energía con un baño de realidad: si no se acepta la necesidad de decrecer, de repartir riqueza y velar por la sostenibilidad de la vida, asistiremos a una profundización en las vulneraciones de derechos humanos.
Defensoras del territorio
Doscientas doce personas defensoras del territorio fueron asesinadas solo en 2019. Jessenia Villamil, de CENSAT – Agua Viva Colombia, señala que los impactos del extractivismo son ambientales, pero también sociales y políticos, incluida la violencia de grupos armados que defienden los megaproyectos. Desnuda también la perversión de este colonialismo del siglo xxi: «Paradójicamente, muchos países europeos están transitando a otras formas de producción de energía, sin embargo, sus empresas siguen explotando y promoviendo exportación de carbón en el Sur global».
El impulso de las renovables a gran escala renueva injusticias sociales y ambientales que se traducen en violencias específicas contra las mujeres. Patricia Gualinga, defensora del pueblo sarayaku de Ecuador (a quien se entrevista en este mismo número), cuenta que las flotas de canoeros que saquean la madera de balsa que se exporta para construir las palas de los aerogeneradores han introducido el alcohol en las comunidades indígenas y que hay mujeres que están siendo «tomadas literalmente como esposas» por balseros que después las abandonan.
Expolio de recursos naturales, contaminación de acuíferos, acaparamiento de tierras de cultivo, desplazamiento forzado de sus habitantes… Viajamos con estas palabras a pueblos originarios en lucha en Abya Yala, pero estos agravios ocurren también en nuestros propios territorios. Galicia, que ya resistía a los proyectos de minería a cielo abierto, es la segunda comunidad autónoma del Reino de España en producción de energía eólica, según cuenta Isabel Vilalba, del Sindicato Labrego Galego.
En su discurso contra el «consumismo feroz de energía» y por los derechos del campesinado, resuena el de las defensoras latinoamericanas como la oaxaqueña Bettina Cruz, intimidada y hostigada por su oposición a las empresas eólicas en el Istmo de Tehuantepec. «Cientos de proyectos amenazan nuestros territorios, nuestros ríos, nuestros bosques, al final, nuestras vidas», exclama la gallega. Estos gigantes, cuyas placas y baterías demandan ingentes cantidades de materiales provenientes de la industria minero-extractiva, invaden reservas de la biosfera y se erigen a escasos metros de las casas, sin aportar ningún retorno social. «¿Qué pasa con estos parques eólicos después de los 25 años que tienen de vida útil?», pregunta.
Especulación y abortos
«Esta noche, a cerrar bien las ventanas; hasta los paneles indican una mala calidad del aire en Muskiz», alerta en Twitter la plataforma Meatzaldea Bizirik (Zona Minera Viva). Muskiz es el municipio vizcaíno en el que se encuentra la refinería de Petronor, la mayor empresa de la provincia y filial vasca de Repsol. Este colectivo sigue peleando por el desmantelamiento de la planta de coque edificada sobre suelo de dominio público marítimo-terrestre. Mientras tanto, la petrolera se ha sumado al lavado verde: lidera junto con el Gobierno vasco el consorcio del Corredor Vasco de Hidrógeno, megaproyecto que acapara la partida más cuantiosa (220 millones) de las iniciativas presentadas a los fondos Next Generation por Euskadi. Voces críticas recuerdan que la mayor parte de la inversión se destinará a investigaciones y prototipos, sin garantías de que esa promesa de futuro llegue a materializarse. La ecofeminista Yayo Herrero compara estos procesos con las dinámicas de la especulación urbanística. Ella se refiere al extractivismo de minerales como el litio: «Basta que un terreno rústico sea definido como un terreno de extracción para que los valores y los activos de las empresas dueñas de esos territorios crezcan enormemente».
Tampoco es casualidad que Meatzaldea Bizirik esté liderada por mujeres. Una de sus portavoces, Sara Ibáñez, lo atribuye a la estrategia de Petronor de contratar a chavales de la comarca para desactivar las movilizaciones. Esta médica obstetra jubilada cuenta en El Salto que el detonante de su toma de conciencia ecologista fue su segundo aborto espontáneo. Era el año 1992 y la matrona la avisó de que todas las mujeres que estaban embarazadas en la zona estaban abortando. «Después de treinta y cinco años controlando la salud de las mujeres de la comarca, siempre he tenido la impresión, incluso los datos, de que tenemos más problemas de salud, tanto en el embarazo como en la salud ginecológica y peores resultados en el peso de los recién nacidos», afirma.
Su narración recuerda a la de las Madres de Ituzaingó (Córdoba, Argentina) que se han enfrentado al Estado y a muchos hombres de su comunidad al denunciar los impactos sobre la salud de las multinacionales agrícolas por el uso del glifosato en los campos de soja.
De la autodefensa a la autoorganización
Si una pata de la agenda ecofeminista ante el extractivismo energético es la autodefensa, la otra es la autoorganización. En 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy designó a catorce expertos para integrar una comisión para la transición energética. Todos ellos eran hombres. Algunos firmaron la campaña «En energía, ¡no sin mujeres!», puesta en marcha por las profesionales y activistas del sector, inspiradas en campañas similares en ámbitos académicos y culturales. En 2020 los grupos parlamentarios solo incluyeron a dos mujeres entre quince expertos designados para una nueva comisión en el Congreso de los Diputados.
Arantxa García señala en un reportaje incluido en el monográfico «Energías», de Pikara Magazine, que el desarrollo de energías renovables como soluciones-milagro tecnológicas está masculinizado, mientras que las mujeres están más presentes en las investigaciones y desarrollos sobre adaptación al cambio climático, una línea de trabajo que recibe menor atención y dotación económica. «Podemos tener un planeta en el que haya emisiones cero y en el que no haya vida», señala Vanessa Álvarez, de la Red Ecofeminista, en ese reportaje. Esta activista ecofeminista escribió en El Salto que las mujeres «aparecemos como las víctimas del sistema o las beneficiarias de los bonos sociales, pero nunca como agentes de transformación, como personas emancipadas y autónomas que tienen mucho que decir y que aportar».
Precisamente en 2018, ciento cincuenta ciudadanas emancipadas y autónomas fundaron en Bilbao la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista para visibilizarse y denunciar su exclusión de las esferas de poder del sector energético. Otro de sus objetivos es dar a conocer los análisis con perspectiva de género de los impactos del actual modelo energético, que definen como machista y obsoleto.
Esta red ha propiciado «revoluciones silenciosas y solidarias», como describe Rocío Nogales Muriel (también en El Salto) el proyecto de instaladoras de placas fotovoltaicas puesto en marcha el año pasado en un polígono industrial de Madrid por las cooperativas Xenergía y La Corriente. «Aprendimos sobre las fases de la ejecución de una instalación solar: desde el aprovisionamiento de materiales al replanteo de la instalación, culminando en el montaje de la estructura, los paneles, inversor, trazado del cableado eléctrico y sus conexiones», cuenta. Su artículo contrasta con titulares en medios neoliberales sobre que Repsol quiere competir en el sector del autoconsumo con placas solares.
Esas cooperativas energéticas cumplen la doble función de presionar a los gobiernos para que promuevan cambios estructurales y de experimentar una gestión colectiva y democrática, valora Yayo Herrero: «Es crucial, simplemente para poder tener garantías de supervivencia digna, por una parte, activarnos, organizarnos, resistir y confrontar y, por otra parte, construir alternativas sin esperar a que nos den permiso para ello».
Nota: Para escribir este análisis, he bebido de dos fuentes valiosas (además de artículos de Pikara Magazine, La Marea, El Salto y ARGIA): el monográfico «Energías», editado por Pikara Magazine con apoyo de la cooperativa Goiener y la jornada «Una visión crítica de la transición energética», organizada por Revista Soberanía Alimentaria.
June Fernández es periodista y coordinadora de la revista digital feminista Pikara Magazine.