Como parte de la campaña para construir un memorial que rinda homenaje a las víctimas de los vuelos de la muerte, efectuados por helicópteros militares con base en el Aeródromo de Tobalaba, el pasado 7 de julio se llevó a cabo un conversatorio que abordó los resultados de investigaciones policiales y periodísticas y las iniciativas […]
Como parte de la campaña para construir un memorial que rinda homenaje a las víctimas de los vuelos de la muerte, efectuados por helicópteros militares con base en el Aeródromo de Tobalaba, el pasado 7 de julio se llevó a cabo un conversatorio que abordó los resultados de investigaciones policiales y periodísticas y las iniciativas legales que buscan establecer la responsabilidades individuales e institucionales en esta práctica brutal.
En la actividad participaron en calidad de expositores la abogada de derechos humanos Magdalena Garcés; el director del Museo de la Memoria, Francisco Estévez; y el periodista Jorge Escalante. La académica Coral Pey, presidenta de la Agrupación Memorial Aeródromo de Tobalaba, destacó también la participación de concejalas Sara Campos y Adriana Muñóz, y de dirigentes sociales y políticos y representantes de otros sitios de memoria, con todos los cuales se busca fortalecer la campaña y lograr la construcción del memorial en el frontis del aeródromo.
Destino final
El periodista Jorge Escalante, uno de los profesionales que más ha investigado el tema de los vuelos de la muerte, indicó que «a fines de 1992 se iniciaron las primeras investigaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre estos vuelos, obteniendo declaraciones de algunos mecánicos de los helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército (CAE), con asiento en Tobalaba. Estos suboficiales reconocían haber participado en los vuelos, mencionando que en cada uno se transportaban entre ocho a diez cuerpos, que para hacerlo debían sacar asientos de los helicópteros, que estos volvían con rastros de sangre y había que lavarlos con agua a presión. Así, sumando la cantidad de vuelos y el número de cuerpos que se llevaban en cada uno, en 2003 publicamos un reportaje que titulamos 400 cuerpos al mar».
Escalante concluyó que con estos antecedentes y los nuevos datos extraídos de los expedientes judiciales se puede inferir que el noventa por ciento de los detenidos desaparecidos que resta encontrar fueron lanzados al mar utilizando aeronaves militares. De esto el Estado de Chile no ha asumido la responsabilidad, señaló el periodista, y no ha establecido una verdad oficial sobre lo que ocurrió con los desaparecidos que no se encuentran. «Puede que esto resulte doloroso para algunos familiares y para otros hablar de destino final suene a ‘punto final’. Pero esto no es así porque ‘destino final’ significa determinar lo que pasó con las víctimas, donde estuvieron, quien las vio por última vez y cual fue su último paradero. En muchos casos ese último paradero fue Villa Grimaldi, que fue el recinto del cual sacaron a gran cantidad de prisioneros para desaparecerlos, lanzando sus cuerpos al mar», explicó el periodista
Finalizó su intervención señalando la importancia de saber el paradero de los helicópteros del CAE que el Ejército niega a revelar dónde están. Periciar estas aeronaves con las modernas técnicas de identificación de ADN, podría arrojar resultados sobre el destino final de muchos detenidos desaparecidos.
Por su parte la abogada de derechos humanos, Magdalena Garcés, quien lleva a cabo la querella por los vuelos de la muerte del CAE, desde el sitio de memoria de Londres 38, señaló que la idea de esta causa es romper con la dinámica establecida en las investigaciones judiciales que se limitan a determinar el secuestro y el lugar donde se les vió por última vez obviando determinar el destino final de las víctimas. «Pero esta información se encuentra en diversas causas, por ejemplo las de la Operación Colombo, donde se pueden encontrar testimonios de mecánicos-tripulantes de helicópteros sobre su uso en vuelos para lanzar cuerpos al mar. Por este motivo en 2015 interpusimos esta causa por destino final donde se busca determinar los lanzamientos y además el traslado de detenidos a Tejas Verdes y la actuación de la Pesquera Arauco que facilitaba vehículos para trasladar a los secuestrados», añadió la abogada..
Agregó que «con esta causa, que denominamos ‘Causa CAE’ se busca determinar la responsabilidad institucional de esta unidad militar, para lo cual cabe realizar de un trabajo de sistematización de información y contar con voluntad política de parte del Estado, la que no ha existido. Buscamos también que se investigue en base a patrones macro criminales, no como delitos individuales o delitos comunes que no lo son. La causa ha evidenciado problemas de cómo procesar por homicidio cuando no hay cuerpo o estos no están identificados».
A pesar de las dificultades, la abogada Garcés valoró que se ha logrado abrir investigaciones por destino final.
Derecho a la memoria
Por su parte el director del Museo de la Memoria, Francisco Estévez, valoró la iniciativa del memorial, como un ejercicio legítimo del derecho a la memoria. «Este derecho es un derecho ciudadano. Los que estamos reunidos aquí somos ciudadanos de la memoria, con el derecho a la memoria. y es deber del Estado, establecido en los principios contra la impunidad de Naciones Unidas, que en aquellos países donde se han registrado represiones masivas y crímenes de lesa humanidad, que estos se recuerden y se proteja este recuerdo. Por lo tanto al exigir la construcción de este memorial no estamos pidiendo un favor sino reclamando un derecho y el Estado tiene que cumplir esta obligación», explicó Estévez.
Indicó que «debemos enfrentar así el negacionismo que ya no puede argumentar que los crímenes ocurrieron, sino que lo hace negando información o intentando justificarlos».
Estévez culminó su intervención anunciando la puesta en marcha en la comuna de La Reina de la iniciativa Residencias de la memoria, consistente en colocar placas recordatorias en los lugares donde vivieron personas detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas. La experiencia, inspirada en una similar llevada a cabo en Alemania, ya fue replicada por el museo en la ciudad de Limache y ahora se pretende llevarla a cabo en La Reina. «Lo que busca este proyecto es rescatar no los lugares de muerte sino de vida de estas personas», señaló.