En los últimos cuatros años, luego de la desmovilización de los paramilitares, los homicidios, extorsiones, amenazas y hurtos contra la población, el comercio y las residencias se dispararon. Bandas criminales, guerrilla y narcotráfico buscan heredar el territorio y los negocios que dejaron las Auc. Contrario a lo que se esperaba con la desmovilización de las […]
En los últimos cuatros años, luego de la desmovilización de los paramilitares, los homicidios, extorsiones, amenazas y hurtos contra la población, el comercio y las residencias se dispararon. Bandas criminales, guerrilla y narcotráfico buscan heredar el territorio y los negocios que dejaron las Auc.
Contrario a lo que se esperaba con la desmovilización de las Autodefensas, la violencia en Córdoba- cuna de los paramilitares- ha vuelto a resurgir.
Las dos últimas masacres en Montelíbano y Puerto Libertador, que en un solo fin de semana dejaron 16 muertos, no son hechos aislados, sino la evidencia de que en Córdoba los paramilitares, guerrillas, bandas criminales y narcotráfico siguen vigentes en la región. La disputa por el control de negocios lícitos e ilícitos amenazan con superar la época de terror de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.
Es así como en Córdoba el desplazamiento, el reclutamiento, el robo de tierras a campesinos y las extorsiones continúan. Aunque acciones como los secuestros, el abigeato (robo de ganado) y los actos de terrorismo han disminuido, la violencia y la pobreza son los principales retos que enfrenta el departamento para su desarrollo.
Estas son algunas de las conclusiones de un informe de la Universidad del Sinú y su Centro de Estudios Sociales y Políticos, actualizado a finales de febrero de este año, en el que identifican las amenazas a la seguridad y orden público de Córdoba tras la desmovilización de los ‘paras’. El 18 de enero de 2005, 925 paramilitares del Bloque Sinú-San Jorge que delinquieron en este departamento, dejaron las armas en Santa Fe de Ralito, Tierralta.
Este bloque tuvo presencia territorial en gran parte del departamento de Córdoba. Se extendía en los municipios que cubren el sur de este departamento y particularmente en Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, hasta los límites con el Urabá antioqueño, pero disponía adicionalmente de un grupo urbano que actuaba en Montería y Cereté.
El Bloque Sinú-San Jorge surge de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Este grupo paramilitar dependía en última instancia de los principales mandos políticos y militares de las Auc: Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Carlos Castaño. Su comandante directo en el momento de la desmovilización fue Jairo Andrés Angarita, alias ‘Andrés’, el segundo después de Salvatore Mancuso.
Los reductos no desmovilizados se reagruparon rápidamente y mediante acuerdos, amenazas, negociaciones y reclutamientos conformaron dos grandes grupos antagónicos (Los Paisas-Los Rastrojos y Aguilas Negras-Autodefensas Gaitanistas) ya con áreas controladas y en disputa.
Según la Policía, en Colombia existen seis bandas criminales producto del crecimiento, reestructuración, fusión y reclutamiento de las 16 que emergieron después de la desmovilización. Son conocidas con los nombres de Los Urabeños, Los Paisas, Los Machos, Renacer, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac) y Los Rastrojos con 3.700 hombres que manejan 1.170 redes pequeñas dedicadas a cometer delitos diversos con presencia en 159 municipios de 18 departamentos.
De acuerdo con investigaciones de la organización no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris los nuevos grupos armados ilegales o neoparamilitares se encuentran en 300 municipios con 11.000 efectivos aproximadamente. Por su parte la Fundación Ideas para la Paz, que también hizo una investigación sobre estas organizaciones, advierte que por acción de estos grupos el país «no está exento de la emergencia y consolidación de una tercera generación de paramilitares».
El informe considera que subvalorarlos sería peligroso porque «tienen potencial para dar el salto hacia la búsqueda del reconocimiento político». Human Rights Watch en su reciente estudio «Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia»,2010, asegura que el surgimiento de estas estructuras, con más de 4.000 miembros en 24 de los 32 departamentos, citando fuentes oficiales, «coincidió con el incremento del desplazamiento, los despojos de tierras, las amenazas contra sindicalistas y otros hechos violentos en el país» y el Gobierno «no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a los funcionarios del Estado que tolerarían a los grupos sucesores».
Esta situación ha provocado que desde 2006, según el informe, el número de homicidios se haya disparado incluso por encima del promedio nacional, 512 homicidios en 2008 y 532 en 2009, es decir, una tasa de homicidios de 34 por ciento por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional es de 32 e internacional es de 10.
Según el reporte Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, municipios del sur de Córdoba, continúan teniendo el mayor número de asesinatos y presencia armada de grupos ilegales, pero el problema se ha extendido ahora a casi todo el departamento en poblaciones como San Antero, Lorica, San Pelayo, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Buena vista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.
Aunque las causas de estos homicidios son diversas, muchos de ellos están asociados al enfrentamiento entre grupos armados ilegales.
Un dato preocupante es que desde 2005, 160 desmovilizados han sido asesinados, también han sido víctimas periodistas, concejales, ex alcaldes, defensores de víctimas e indígenas Embera Katios y Zenúes.
Aunque las acciones de estos grupos armados no tienen una característica, se han conocido casos en los que estos grupos amenazan constantemente a la población para que los apoyen con recursos, información, en el traslado y el cuidado de armas y drogas, utilizando a campesinos para cruzar zonas minadas, y adquiriendo tierras «a través de amenazas y extorsiones».
Por ejemplo, habitantes de La Doctrina en el municipio de Lorica hablan de un toque de queda «no declarado» impuesto por estas bandas criminales. Además se ha conocido que en el Alto Sinú hombres armados restringieron el acceso de concejales a varias zonas durante la pasadas elecciones parlamentarias.
El Gobierno ha hecho varios consejos de seguridad en la región en los que se implementaron medidas como más hombres del Ejército y la Policía y del personal de inteligencia para combatir los grupos armados así como la creación de un centro de coordinación integral y fiscalías especializadas para investigar hechos relacionados con bandas criminales. Además se han establecido restricciones al tránsito.
Sin embargo, estas medidas han sido ineficaces pues la violencia continúa en ascenso y el estudio plantea que, más que un aumento de la fuerza pública y las medidas policiales, lo que necesita Córdoba es una política social que acabe con las raices de la violencia.
«Existe una enorme preocupación por el conflicto armado, el narcotráfico, la pobreza y la inseguridad ciudadana. Es un hecho sabido que la fuerza pública es necesaria pero insuficiente. En Córdoba tenemos estos cuatro factores operando pero no contamos con una estrategia social integral. Todos los análisis que se hacen indican que la situación persistirá o agravará si no tomamos medidas rápidas y efectivas. En consecuencia, propongo conformar un grupo interdisciplinario que elabore y presente un plan de actividades que nos permita buscar salidas a esta compleja y grave situación», concluye el informe.
Córdoba en cifras
De acuerdo con informes de Policía Nacional, los delitos más frecuentes en Córdoba entre 2002 y 2009 son homicidios comunes (2483 casos) principalmente en Montería, Tierralta, Montelibano y Puerto Libertador; secuestros (37 casos), extorsión (77 casos) y hurtos a personas, comercio, motocicletas y residencias, perpetrados tanto por grupos armados como por delincuencia común y organizada.
Según cifras de Acción Social, hasta septiembre de 2009, el departamento había recibido a 125 mil desplazados por la violencia mientras que había expulsado a 122 mil personas (desde municipios como Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia y Montería).
Frente a las desmovilizaciones, los Centros de Servicios en Montería y Tierralta registraron hasta 2009 3.783 desmovilizados pertenecientes a diversos grupos armados. El número de casos de víctimas de la violencia que solicitaron reparación individual por vía administrativa en Córdoba entre 2008 y 2009 fue de 4.342 personas.
Las autoridades erradicaron por aspersión más de 14 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito y más de 5 mil por erradicación manual en municipios como Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano y Valencia. Fuentes del Ejército reportaron que al finalizar el 2009 quedaban algo más de 11 mil hectáreas con cultivos de coca, específicamente, en el Parque Nacional Paramillo.
Otras amenazas y panfletos de grupos armados se han dirigido a indigentes, drogadictos, homosexuales, prostitutas y delincuentes en municipios como Chinú, Planeta Rica, Sahagún, y algunas partes de Montería. De 2008 a 2009, el aumento de casos relacionados con panfletos amenazantes subió de 16 a 82 casos.
Según el Informe Nacional de Competitividad 2009-2010, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad con datos de 2006 y 2008, Montería ocupa el último puesto entre 15 capitales de Colombia estudiadas. Dentro de las debilidades del departamento se encuentra su baja tasa de alfabetismo (84.1%), baja cobertura en el sistema de seguridad social en salud (60%), alta tasa de mortalidad en menores de un año, pobreza en un 44.5%, mínima inversión en innovación y desarrollo tecnológico, baja cobertura de servicios públicos domiciliarios, aunque con alta productividad laboral.
«Hay una larga lista de debilidades presentes en todas las ciudades: pobreza, inequidad, desempleo, informalidad, cobertura y calidad de la educación superior, transporte, inseguridad, impuestos e ingresos que no alcanzan», reveló el informe.
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