Poco se habla de lo que sucede en la empresa pública postal. A pesar del tremendo deterioro de las condiciones laborales y del servicio que prestamos, parecemos condenados a un silencio mediático y político casi absolutos.
Correos se encuentra en mitad de un naufragio que amenaza con estrellar el barco contra el acantilado. Actualmente, el capitán de la nave es Juan Manuel Serrano, pero sus predecesores tripularon el barco en la misma dirección. Y esto es importante decirlo, porque si erramos en el diagnóstico del problema, fallaremos en la solución que queramos aplicarle.
Como casi todas las situaciones complicadas, no se resuelven de forma sencilla. A todos nos gustaría creer que para frenar la marcha de Correos hacia el acantilado de la privatización, bastase con cambiar al presidente de turno. Sin embargo, si repasamos el largo listado de dirigentes que hemos tenido y sus acciones al frente de la empresa, resulta insostenible mantener esta premisa.
La conversión de Correos en Sociedad Anónima Estatal (2001), la exclusión del Estatuto Básico del Empleado Público (2007), la entrada en la SEPI (2012), la pérdida de más de 15.000 empleos en lo que llevamos de siglo, la “eventualización” de la plantilla o el predominio del negocio por encima del servicio público que prestamos son solo algunas muestras que ponen de manifiesto que el proceso de amazonización, ya existía mucho antes del señor Serrano.
El presidente actual, de lo que sin duda es responsable, es de impulsar y acelerar todo este camino que nos aleja de lo público y nos adentra cada vez más en la selva de la competencia privada. Juan Manuel Serrano es el protagonista de la gestión nefasta de una empresa a la deriva, sin un plan estratégico (del que hace ya meses que no hay noticias) que permita asegurar el futuro de Correos a largo plazo, con lo que esto podría suponer tanto para la plantilla que lo integramos, como para la ciudadanía y el país en su conjunto.
Un modelo llamado bancarrota
Ya sea por inoperancia e incapacidad de los gestores o por un plan para deteriorar deliberadamente Correos con el fin de entregarlo a las garras de los buitres privados, lo cierto es que la realidad laboral se ha vuelto del todo insoportable.
La pérdida de clientes, el creciente volumen de negocio de la filial Correos Exprés y el hecho de estar cada vez más sujetos a las fluctuaciones del mercado y desarraigados de la Administración, se traduce en inestabilidad laboral e incertidumbre, especialmente para la plantilla eventual que ha visto drásticamente reducidas sus posibilidades de conseguir un contrato.
Mientras los de arriba no articulan un proyecto empresarial que asegure nuestra actividad a lo largo de los años, los de abajo padecemos su desastrosa gestión, su delirio comercial y sus supuestas innovaciones y adaptaciones a los nuevos tiempos.
Diariamente, transfieren toda la presión hacia la plantilla. Pretenden que hagamos triunfar iniciativas absurdas, alianzas comerciales sin futuro, que carguemos carros del tamaño de un arcón y todo ello, sin personal ni herramientas suficientes.
Pongamos algunos ejemplos. En las oficinas de Correos ya se pueden contratar ofertas de luz y gas de Repsol o Endesa, se colabora en la promoción de seguros de Mapfre y Caser, es posible realizar operaciones básicas del Banco Santander y, por supuesto, se vende lotería los 365 días del año. El resultado está siendo una tremenda presión sobre las plantillas de atención al público para la consecución de objetivos comerciales, ejercida por toda la cadena de mando de la red de oficinas.
Al mismo tiempo, iniciativas que en verdad podrían ser útiles y sociales como la “ventanilla única”, un punto de centralización de gestiones asociadas a las diversas administraciones, quedan siempre en segundo plano. Una gota de agua en mitad del desierto.
En las unidades de reparto se está apostando por una remodelación de la organización del trabajo que se parece mucho a la que tienen las empresas privadas de paquetería y distribución. Pruebas piloto han sido iniciadas en diversos lugares del país como Cantabria, Madrid, Vallés, León o Valencia, entre otras, de manera unilateral por parte de la empresa, sin contar con la representación sindical ni realizar evaluaciones previas de los riesgos laborales que puede conllevar dicha remodelación.
La reorganización consiste, de forma muy sintética, en reconvertir las secciones de reparto unipersonales en sectores sin un titular concreto, con la paquetería como eje de prioridad. Hoy, la situación de las carterías no es nada buena, pues la inmensa mayoría no disponen del número suficiente de carteros para tener cubiertas todas las secciones, lo que deriva en que las secciones sin cubrir se reparten entre el resto de la plantilla, sobrecargando a los trabajadores y obligándoles a realizar recorridos mucho más extensos, aumentando así los riesgos psicosociales, las posibilidades de accidentes y convirtiendo cada jornada en un martirio.
Tampoco se salvan las Unidades de Servicios Especiales (reparto en furgoneta o moto), donde aumenta la siniestralidad laboral, el estrés y la sensación de maltrato laboral, trabajando incluso sin mobiliario básico (mesas) en algunos de estos centros y con jornadas en las que de forma permanente se exigen objetivos imposibles de cumplir.
En base a esto, cualquiera llegaría a la conclusión lógica de cubrir adecuadamente las unidades, aumentar la contratación y disponer del personal necesario para dar un servicio de calidad. Cualquiera menos los directivos de Correos, que parece que tienen prohibido invertir en personal y mejoras que hagan más saludable el trabajo. Al contrario, pretenden instaurar el modelo privado que ya conocemos de empresas como RD Post.
En los centros de clasificación no estamos mucho mejor. El drástico recorte de personal y la extensión de contratos a tiempo parcial, provocan que los esfuerzos diarios sean extenuantes, trabajando siempre apremiados porque no damos abasto, cargando peso de forma permanente, de aquí para allá toda la jornada porque no hay gente suficiente para cubrir todos los puestos, siempre bajo la atenta mirada de unas jefaturas intermedias cuyo número, paradójicamente, no deja de aumentar.
Una tendencia general de disminución de la plantilla que afecta desde los puestos base mencionados a departamentos cruciales como el de reclamaciones, que por supuesto, impactan de forma negativa sobre la calidad del trabajo.
En todas las unidades nos encontramos con crecientes problemas de salud y con denegaciones sistemáticas de permisos asociados al descanso. Un combo total de precariedad que podría solucionarse con voluntad empresarial de cuidar lo público y disminuir las cifras del paro en España.
Dejen hacer, dejen pasar
Conviene recordar aquel eslogan liberal del siglo XVIII que en francés se escribe “laissez faire, laissez passer”. Una oda a la total libertad del mercado, sin interferencias estatales y de las instituciones públicas. Pues así lleva funcionando Correos durante décadas y hay que denunciarlo a diferentes niveles.
Dentro de la empresa, las sucesivas directivas han podido operar cambios de todo tipo y deteriorar las condiciones laborales y la calidad del servicio, con un convenio colectivo de data de 2011. Mientras en muchas empresas se han vivido fuertes tensiones en las negociaciones de nuevos convenios, porque la patronal pretendía desregular condiciones, modificar acuerdos en detrimento de las plantillas, etc., en Correos, con la misma “carta magna” se ha podido pasar la apisonadora hasta dejar nuestros derechos maltrechos en la puerta de la mutua.
Un convenio que contó con el beneplácito de la mayoría sindical (conformada por CC OO, UGT, CSIF y Sindicato Libre), plagado de ambigüedades y que ha supuesto una enorme transferencia de potestades a la parte empresarial, de las cuales se ha valido para llevarnos hasta la situación actual. Conocer nuestro convenio explica muchos de los agravios que sufrimos en la plantilla, como la falta de control sobre la contratación y los procesos internos (concursos, reajustes, bolsas de empleo, promoción interna…), la pérdida de poder adquisitivo (al no disponer de una cláusula de revisión salarial como reivindicamos desde CGT) o la supeditación de algunos derechos a las sagradas “necesidades del servicio y la producción”.
La lectura más evidente es que desniveló de forma abierta las relaciones laborales en favor de la Directiva. Y de aquellos lodos, estos barros. En 2018, cuando se firmó el Acuerdo Plurianual -por los mismos sindicatos que el Convenio- se dejó pasar una oportunidad para haber conseguido mejoras significativas. Pero ya conocemos la historia.
A nivel externo, aun con una cronología que replica lo que ya hemos visto tantas veces en empresas públicas que acabaron siendo desbrozadas por la SEPI para ser puestas en manos privadas, existe una permisividad política y un silencio mediático que han ayudado a que se pudiera aplicar esta hoja de ruta sin mayores sobresaltos, a pesar de las movilizaciones y resistencias que hemos protagonizado desde algunos sectores de la plantilla organizada.
Sin ir más lejos, en estos momentos existen decenas de miles de personas agraviadas por Correos por el escándalo de las bolsas de empleo eventual. Tras inscribirse en el mes de febrero, y tener que esperar a septiembre para la verificación de admitidos, el 15 de septiembre se detectó un error en la contabilización de los méritos de muchos candidatos. La empresa, tras la presión ejercida por los agraviados y la parte sindical, tuvo que abrir un periodo extraordinario de reclamaciones (del 20 al 24 de septiembre). Desde entonces, nada ha vuelto a saberse por más insistencia que ha habido de candidatos y sindicatos, dejándoles en la estacada y sin hacer público, al menos, un plazo para la publicación de los listados definitivos y el arranque de las nuevas bolsas. Finalmente, hoy 23 de noviembre, se reúne la Comisión de Empleo Central para abordar la publicación definitiva de las bolsas. Dos meses después del fallido primer intento, durante los cuales los afectados no han tenido comunicación alguna por parte de Correos acerca del plazo de resolución y arranque de la contratación en base a los nuevos listados.
No muy diferente resulta lo ocurrido con el último examen realizado dentro del proceso de consolidación de empleo, que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre. La convocatoria extraordinaria (para aquellas personas que por causas de fuerza mayor no pudieron acudir en la cita original) se llevó a cabo un mes y medio después, el 27 de octubre. Y para colmo, en ambas fechas ha habido que impugnar preguntas, siendo especialmente grave el hecho de que en el segundo examen hubiera varias repetidas respecto al primero. Tras acabar el periodo de reclamaciones, no han llegado más noticias al respecto y se desconoce cuándo la empresa tiene intención de finalizarlo con el ingreso de las personas que superen el proceso selectivo.
Imaginamos que los principales medios de comunicación tienen mejores y más trascendentes noticias de las que informar. Por desgracia, ésta es la tónica habitual en Correos y otras empresas públicas. En nuestro caso, solo conseguimos saltar a los grandes medios en los primeros meses de la pandemia y con grandes esfuerzos para poder sortear el bloqueo. La directiva paga mucho dinero en campañas publicitarias y marketing. Como suele decirse, “quien paga la orquesta elige la música”.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/correos-una-emergencia-social