El escabroso asunto de las acreditaciones universitarias escaló de tal manera, que obligó a renunciar al ministro de Justicia, Teodoro Ribera y tiene al de Educación, Harald Beyer, en las cuerdas con la posibilidad de una crisis inesperada en el gabinete del presidente Piñera. El que destapó el escándalo fue el ex secretario ejecutivo de […]
El escabroso asunto de las acreditaciones universitarias escaló de tal manera, que obligó a renunciar al ministro de Justicia, Teodoro Ribera y tiene al de Educación, Harald Beyer, en las cuerdas con la posibilidad de una crisis inesperada en el gabinete del presidente Piñera.
El que destapó el escándalo fue el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso, quien renunció a su cargo luego de denunciar irregularidades relacionadas con el funcionamiento del organismo encargado de velar por la calidad del sistema de educación superior. La propia Contraloría General de la República emitió un informe lapidario, en el que, entre otras observaciones, recomienda al ministro Beyer sancionar a su representante en la CNA, Juan José Ugarte, por estar ausente de las sesiones.
El asunto siguió escalando luego que Luis Eugenio Díaz Corvalán, ex presidente interino de la CNA, fuera imputado por el Ministerio Público por haber recibido coimas en retribución por sus decisiones al interior de la Comisión. Según las evidencias, Díaz habría creado una tupida red de relaciones que incluyó consejeros de la CNA y «pares evaluadores» en agencias acreditadoras privadas, que le permitieron incidir para acreditar entre otras a las universidades del Mar, Pedro de Valdivia, Andrés Bello, Autónoma de Chile, de las Américas, Uniacc, SEK y Gabriela Mistral, el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar y los institutos profesionales Escuela Moderna de Música e Incacea (este último propiedad de la familia del caído ex ministro Ribera, también ex rector de la Universidad Autónoma de Chile).
La Fiscalía investiga por sus nexos con Díaz entre otros a Adolfo Arata (integrante de la CNA y ex rector de la Universidad Federico Santa María), Andrés Lastra, Roberto Careaga y María Isabel Roldán.
BEYER EN EL OJO DEL HURACAN
Patricio Basso acusa al titular de Educación, Harald Beyer, de negligencia, por no poner en conocimiento de autoridades políticas y judiciales las denuncias que obraban en su poder. El ex secretario ejecutivo de la CNA expuso en un documento del 7 de diciembre varias razones por las que cree que el ministro de Educación debe dejar su cargo. Basso dice haberle informado mediante oficios reservados, que datan del 14 de junio, sobre acciones de lucro que afectaban a las universidades Uniacc y Santo Tomás. «No fue sino hasta el 6 de agosto de 2012, y luego que yo informara a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la existencia de los oficios reservados, que el ministro Beyer se vio en la obligación de reconocer las denuncias».
También acusa al ministro de negligente. «El 13 de noviembre, invitado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, tuve la oportunidad de dar a conocer los antecedentes, en particular en lo referente a la demora del señor ministro en investigar las denuncias enviadas por la CNA, pese a haber transcurrido, a esa fecha, 152 días desde el envío de los oficios. No se entiende por qué el ministro decidió estudiar las denuncias de la CNA por la vía administrativa en lugar de trasladar dicha denuncia al Ministerio Público…».
Argumenta además que fue descuidado en el caso de Díaz Corvalán. «El 5 de enero de 2012 recibí anónimamente copia de un contrato firmado entre la Universidad del Mar y una empresa del ex presidente interino de la CNA, Luis Eugenio Díaz Corvalán, mediante el cual este último asumía la tarea de asesorar a dicha universidad en el proceso de acreditación a cambio de un millonario pago… El 6 de enero entregué los antecedentes al Contralor General de la República quien dio inicio a un sumario». Recuerda que el 31 de enero de 2012 Eugenio Díaz reconoció que efectivamente había firmado el mencionado contrato; pese a ello, el ministro Beyer no hizo nada para que el Consejo de Defensa del Estado se hiciese parte en la investigación.
Dice Patricio Basso que a partir del reconocimiento por parte de Luis Eugenio Díaz de la existencia del contrato con la Universidad del Mar, era previsible que el sistema de aseguramiento de la calidad entraría en crisis.
Recuerda que con motivo de la renuncia del rector Raúl Urrutia, en julio de 2012, junto con el presidente, Iñigo Díaz, y el vicepresidente, Sergio Pulido, presentaron una propuesta de reforma de la legislación del CNA. Días después, Beyer la descartó de plano. «Si el ministro hubiese presentado en el mes de agosto el proyecto de ley que le propusimos, la CNA ya contaría con nuevos miembros elegidos por un mecanismo diferente al actual y no se encontraría en la situación de profunda crisis y desprestigio en que hoy está», afirma Basso.
POLEMICA CON TEODORO RIBERA
Con fecha 14 de diciembre, Patricio Basso también replicó afirmaciones del ahora ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien había expresado que «Basso o no hizo bien la pega y permitió que votara quien no debía votar, o Basso miente, porque la constancia en acta es clara y manifiesta: él (Eugenio Díaz) dejó constancia que… ‘estaba trabajando para el Ministerio de Justicia’, que lo dirijo yo, y que consecuentemente no iba a votar ningún proyecto de acreditación, de ninguna institución, donde yo pudiera tener intereses».
Basso replicó: «Resulta lamentable que un ministro de Justicia emita juicios tan tajantes sin haber tenido la precaución de haber leído la ley 20.129 que creó la CNA. El artículo 7° de dicha ley establece que: ‘Todo miembro de la Comisión respecto del cual se configure algún tipo de inhabilidad o se produzca algún hecho que le reste imparcialidad deberá informarlo de inmediato al secretario de la Comisión…’. De la simple lectura del texto se infiere que no corresponde que el secretario de la Comisión permita o no votar a un comisionado que se encuentre inhabilitado para hacerlo». Agrega que, la ley hace recaer en cada miembro de la Comisión la responsabilidad de informar al secretario de cualquier inhabilidad que le impida conocer algún asunto y, en ningún caso, faculta a éste para impedir a un comisionado que vote. «En consecuencia, ni hice mal la ‘pega’ -como señala en forma tan vulgar el señor ministro- ni he mentido; acusación, esta última, en extremo agraviante para mi persona».
Basso reitera además que «Eugenio Díaz no se abstuvo de participar en la discusión y votación de la acreditación del Instituto Profesional Incacea, institución con la cual el señor ministro tenía intereses familiares al momento de la votación».
ESTADO AUSENTE
DE LA EDUCACION
Según el ex rector de la Universidad de Chile y Gran Maestro de la Masonería, Luis Riveros, el problema que afronta el sistema universitario chileno se origina porque el Estado ha dejado de cumplir con sus responsabilidades en materia de educación, que en lo fundamental se relacionan con financiar las universidades del Estado. «En los años 60 se creó un sistema público para apoyar parcialmente a las universidades privadas, en la forma de un aporte fiscal directo. Universidades como la Católica o la de Concepción son grandes universidades, y merecen este apoyo; pero esas mismas líneas se expandieron inconvenientemente hacia muchas instituciones que no cumplían con todos los requisitos para ser universidades», afirma, Riveros.
Agrega que en Chile hay un Estado ausente en la regulación. «Todas las instituciones de educación superior debieran responder a un patrón mínimo de requisitos desde el punto de vista de su organización, estructura, dotaciones y financiamiento». Añade que «los sistemas de acreditación deben basarse fundamentalmente en los temas académicos. Se debe considerar si las universidades poseen los profesores idóneos para realizar su labor, si tienen mallas curriculares, laboratorios y equipamientos adecuados».
Riveros opina que «todo se habría resuelto hace años con una Superintendencia de Educación Superior, que estuviera obligada a intervenir y transparentar la información. Cuando una entidad bancaria falla, la superintendencia respectiva interviene. En educación superior nunca tuvimos nada como eso. Ahora el gobierno propone tardíamente una Superintendencia, pero radicada en el Ministerio de Educación, que dependerá del poder político de turno y no será independiente ni objetiva».
Recuerda que al idear la Comisión Nacional de Acreditación, se esperaba que la constituyeran académicos. Pero del Congreso Nacional salió compuesta por representantes corporativos: del consejo de rectores, de los institutos profesionales, de las universidades privadas, del gremio empresarial y de los estudiantes. «El señor que está actualmente cuestionado (Díaz Corvalán) era representante de las universidades privadas». Agrega que estos integrantes no tienen una responsabilidad de servidores públicos, pese a la trascendencia de las decisiones que adoptan, ya que pueden, por ejemplo, dejar a los estudiantes de una universidad que no acredita, sin crédito fiscal.
El ex rector Luis Riveros cree que el ministro Beyer debió actuar más rápido para evitar que se vinculara la situación judicial de Díaz Corvalán con el sistema de acreditación. «Tiene que asumir su responsabilidad política y responder por eso en algún momento». Afirma además que Luis Eugenio Díaz tiene algún grado de culpabilidad, reconocido por él mismo, sobre todas estas consultorías que pensaba que no tenía que informarlas al CNA. En relación con los vínculos que ligan a Díaz Corvalán con el ex ministro de Justicia, a través de asesorías prestadas a Gendarmería, cree que este asunto está en el campo de investigación del Ministerio Público y la Fiscalía.
MEDIDAS CORRECTIVAS
El ex rector Riveros piensa que hay que reorganizar la CNA y que se ha dado un buen paso nombrando como presidente a Matko Koljatic, quien posee larga trayectoria académica. A su juicio, la Comisión tiene que iniciar una nueva etapa y la primera prioridad es actualizar su normativa interna, porque incluso muchos de sus reglamentos son ilegales. Afirma que el sistema de acreditación hay que defenderlo, para que la comunidad sepa que hay instituciones buenas y malas. «Hay que mejorar la institucionalidad que tenemos, para hacerla más transparente, efectiva y moderna».
Le preocupan los estudiantes: «Veo jóvenes ilusionados porque están en la universidad. Ellos tienen un alto potencial de decepción, rabia y protesta; porque puede que hayan invertido en algo que no recibirán y terminen conduciendo un taxi. Tenemos la obligación de garantizar que las decisiones de ese estudiante sean concordantes con sus expectativas de realización, como persona y como profesional».
El ex rector Riveros cree que la base del problema está en la educación parvularia, básica y media, y que una respuesta integral debe empezar por mejorar la educación escolar sacando los colegios de las municipalidades o con un sistema de premios y castigos adecuados para el modelo universitario. Para Luis Riveros estas preocupaciones no están en la mente de los políticos.
«Tenemos un desastre en el sistema de formación de profesores. Hemos dado becas, pero no hemos acometido un desafío como el realizado por Valentín Letelier a fines del siglo XIX, cuando creó un Instituto Pedagógico. Como no había profesores idóneos para formar a esos alumnos, trajo educadores alemanes y así partimos. Eso anduvo bien y se convirtió en una gran institución», dice.
Según el ex rector de la U. de Chile el problema radica en que los políticos sólo piensan en los próximos dos años y -con suerte- en los próximos cuatro. «Finlandia demoró treinta años en madurar su sistema educativo, para convertirlo en el mejor del mundo. Nosotros no somos capaces de tener esa mirada, es el grave problema que tenemos. En el actual debate presidencial yo tampoco veo ideas sustantivas sobre esto».
El Gran Maestro de la Masonería cree que un país desarrollado se mide no sólo por el ingreso per cápita. «También interesa cómo se distribuye, y Chile tiene una de las peores distribuciones del ingreso del mundo. Estamos entre los quince países más desiguales, con un progresivo deterioro ambiental y una calidad de vida en franco retroceso debido al tipo de educación. Además con un problema fundamental de sostenibilidad del crecimiento: si mañana el precio del cobre baja a un dólar por libra, adiós desarrollo».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 773, 21 de diciembre, 2012