La oposición derechista se ha dado un festín en Chile con las revelaciones de corrupción en el financiamiento de campañas electorales de la coalición de centroizquierda en el gobierno, pero con ello abre para 2007 un proceso de ajuste de cuentas en que podría pasar de acusadora a acusada. El foco periodístico sobre la corrupción […]
La oposición derechista se ha dado un festín en Chile con las revelaciones de corrupción en el financiamiento de campañas electorales de la coalición de centroizquierda en el gobierno, pero con ello abre para 2007 un proceso de ajuste de cuentas en que podría pasar de acusadora a acusada.
El foco periodístico sobre la corrupción tuvo una breve pausa entre el 10 y el 13 de diciembre con motivo de la muerte del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), quien se aprovechó del poder y de su cargo de comandante en jefe del ejército hasta marzo de 1998 para su enriquecimiento personal y el de su familia.
No está de más recordar que en el momento de su muerte Pinochet afrontaba, aparte de cuatro causas por crímenes represivos, otros dos juicios por las cuentas bancarias secretas de él, su esposa y sus cinco hijos. El militar, fallecido a los 91 años, se fue de este mundo sin pagar ninguna deuda con la justicia.
Ahora, tras una guerrilla sin pausa de emplazamientos desplegada por la derecha, se abre la posibilidad de investigar gastos reservados del gobierno en los cinco últimos años de la dictadura, ya no solo en provecho de Pinochet y su entorno familiar, sino también de sectores civiles vinculados estrechamente con el régimen militar.
Altos representantes del Partido Socialista (PS), al cual pertenece la presidenta Michelle Bachelet, dijeron el 23 de este mes que debe aclararse el empleo de recursos públicos para la creación, en las postrimerías de la dictadura, de los dos grandes partidos de derecha, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (PRN).
La gestación, a través del traspaso de empresas públicas a precio de liquidación, de grupos empresariales que hoy financian las campañas electorales de esos dos partidos es otro aspecto a indagar a fondo si la derecha pretende un ajuste de cuentas integral y definitivo con las prácticas de corrupción, apuntan los socialistas.
El debate sobre el uso irregular de fondos públicos partió en noviembre con el llamado caso Chiledeportes, al conocerse que esa entidad estatal traspasó en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005 fondos a candidatos del oficialista Partido Por la Democracia (PPD), justificados luego como gastos electorales a través de facturas falsas.
Si bien se comprobó que candidatos del opositor PRN usaron la misma empresa que el PPD para «inflar» gastos electorales, la derechista Alianza por Chile, que integran ese partido y la UDI, busca instalar la imagen de la corrupción enquistada en el Estado.
Según la derecha, la Concertación por la Democracia, que gobierna este país desde el fin de la dictadura en marzo de 1990, montó mecanismos de traspaso de fondos públicos a los partidos oficialistas, sobre todo bajo el sexenio del presidente Ricardo Lagos, quien entregó el poder a Bachelet el 11 de marzo de este año.
Las acusaciones opositoras tuvieron el aval de dirigentes del oficialismo, como el ex ministro Edgardo Boeninger, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el mayor de los partidos de la coalición de centroizquierda, integrada también por el PPD, el PS y el Partido Radical Socialdemócrata.
El PDC encabezó los dos primeros gobiernos de la transición, con Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), para ceder paso luego a Lagos, un socialista moderado (2000-2006), bajo cuya gestión se habrían producido las irregularidades descubiertas en Chiledeportes.
El ex diputado y ex presidente del PPD Jorge Schaulsohn se sumó al coro de críticas internas en la Concertación por la Democracia al afirmar en una entrevista al diario El Mercurio que bajo los gobiernos de esta coalición se ha implantado una «ideología de la corrupción».
Esta «ideología» les permitiría justificar el uso de recursos públicos en las campañas, con el argumento de que ésta es la única forma de contrarrestar los cuantiosos apoyos empresariales a los partidos de derecha, cuestión que el propio Schaulsohn desvirtuó ya que, dijo, hay empresarios que también apoyan al oficialismo.
El día 17, también en una entrevista con El Mercurio, Gonzalo Martner, ex presidente del PS, echó más leña al fuego al sostener que los partidos oficialistas usan para su financiamiento fondos reservados del gobierno, los cuales por su naturaleza están al margen de toda fiscalización.
Al igual que las afirmaciones de Schaulsohn, los dichos de Martner tuvieron un duro rechazo en los partidos gobernantes. El senador Camilo Escalona, presidente del PS, aseguró que ningún partido oficialista ha recibido recursos de los gastos reservados desde la restauración de la democracia en 1990.
En un enfrentamiento verbal con el diputado del PRN Alberto Cardemil, Escalona afirmó que entre 1980 y 1988, en la fase final de la dictadura, los montos de los gastos reservados a disposición de Pinochet eran 15 veces más altos que los que mantienen los gobiernos desde 1999, cuando se comenzaron a rebajar sustantivamente.
La aseveración de Martner sirvió para que la Alianza por Chile presentara una demanda ante los tribunales, que abrieron una investigación a cargo de la jueza Macarena Rubilar, quien rechazó el pedido opositor de que fueran citadas a declarar 102 personas que han ejercido altos cargos públicos desde 1990.
La oposición optó por judicializar el conflicto con el pretexto de que la coalición de gobierno, mayoritaria en la Cámara de Diputados, estaba saboteando el trabajo de una comisión investigadora creada en noviembre, cuyo presidente es Nicolás Monckeberg, del PRN.
Mientras tanto, el caso de Chiledeportes transcurre igualmente por rieles jurídicos, a través de una investigación del fiscal Xavier Armendáriz, quien hasta el día 20 había formalizado cargos contra nueve ex funcionarios de esa entidad.
La presidenta Bachelet sostiene que el afán acusador de la derecha es parte de una estrategia que apunta a desprestigiar a la coalición de centroizquierda y revertir las derrotas que ha sufrido en todas las elecciones presidenciales desde el retorno de la democracia.
En medios políticos se comenta que el blanco principal de esta estrategia es el ex presidente Lagos, quien se retiró del gobierno con un índice de popularidad de 70 por ciento y que podría ser candidato en las presidenciales de diciembre de 2009.
Una campaña que se retroalimenta en sectores «anti-laguistas» de la coalición gobernante, con los cuales se identificarían Schaulsohn y Martner, así como Boeninger, quien dijo que Lagos debería anunciar desde ya su decisión de no ser candidato en 2009 a raíz del escándalo de Chiledeportes.
El cambio de año sorprende así a la política chilena en un conflicto que tiene su raíz en casos concretos de corrupción, pero que sugiere a la vez la existencia de maniobras con vistas a las próximas elecciones presidenciales y que podría abrir paso a una revisión histórica de cómo los actuales líderes y partidos de la derecha fueron catapultados por la dictadura.
Todo esto ocurre en el país que según el último informe de Transparencia Internacional, publicado en noviembre, es entre los latinoamericanos el que tiene la imagen de menor corrupción, en el lugar número 20, que comparte con Estados Unidos y Bélgica, en un ranking mundial de 163 Estados.