Una comisión de la Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en Colombia para buscar la ratificación por parte de este país andino del Tratado de Cooperación Judicial o Tratado de Roma, firmado en el año 2002. De acuerdo al reporte de Fredy Muñoz, corresponsal de TeleSUR en Colombia, si esto sucede, el organismo podría interesarse […]
Una comisión de la Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en Colombia para buscar la ratificación por parte de este país andino del Tratado de Cooperación Judicial o Tratado de Roma, firmado en el año 2002.
De acuerdo al reporte de Fredy Muñoz, corresponsal de TeleSUR en Colombia, si esto sucede, el organismo podría interesarse en el caso más polémico para los defensores de derechos humanos en Colombia: la desmovilización paramilitar.
Para Carlos Rodríguez, miembro de la Comisión colombiana de juristas, los paramilitares le temen a la CPI «le tienen pánico, los paramilitares, y nosotros nos vamos a encargar de que la Corte Penal Internacional siga atenta a los acontecimientos», añadió.
La comisión de la CPI, llega a Colombia en uno de los momentos más álgidos de la desmovilización paramilitar, justo cuando el Estado busca mediante decretos reglamentarios, revivir beneficios jurídicos negados por la Corte Constitucional, como el tratamiento preferencial a los paramilitares al tratarlos como delincuentes políticos.
Además, el gobierno se enfrenta a otro problema, debido a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, manifestó su impedimento logístico para decidir sobre los más de 2 mil 500 procesos de paramilitares que se acogieron a la llamada ley de justicia y paz, que la tendrían como tribunal de última instancia. Para el gobierno, además de ser una situación que sobreviene por factores distintos a la desmovilización, las condiciones para que la corte opere, están garantizadas.
Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y Justicia indicó que el conflicto no es legal, sino de la estructura judicial colombiana y así hay que afrontarlo «Es un problema de estructura de la justicia y que ahora hay que afrontarlo en esa dimensión. Allí se pudo informar cómo hay recursos suficientes para poner a funcionar los tribunales de justicia y paz.», agregó.
En una conferencia de prensa la misión de la CPI informó que la ratificación del Tratado de Roma por parte de Colombia, avanza sin problemas.
A pesar de ello, el gobierno se muestra cada vez más comprometido con cumplirle a los paramilitares los beneficios judiciales prometidos durante las negociaciones, los cuales irían en contra de los preceptos de la justicia universal en el caso de los crímenes de lesa humanidad.
El mayor reto que tiene la corte por delante es lograr que Congreso colombiano, mayoritariamente aliado al gobierno, ratifique el tratado y lo convierta en ley de la República.
Entre 8 y 10 mil menores de edad militan en los movimientos paramilitares
Según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, el proceso de paz, iniciado en el año 2003 por el gobierno de Álvaro Uribe, ha permitido movilizar a unos 31 mil militantes de las Autodefensas Unidas (AU).
También, se calcula que en las filas de la AU hay entre 8 mil Y 10 mil menores de edad, información que no ha sido reconocida oficialmente por estas organizaciones.
De acuerdo al ministerio de Justicia, entre los años 2004 y 2006, alrededor de 6 mil paramilitares han vuelto a las armas, siguen prestando servicios a narcotraficantes. Además, han creado otros bloques paramilitares o hacen parte del fenómeno de delincuencia común.
Las autoridades informan que han sido recapturados 1 mil 200 desmovilizados.