En fallo unánime la segunda sala de la Corte Suprema -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado integrante Jaime Rodríguez Espoz- acogió la solicitud de declaración previa de error judicial de las sentencias dictadas por los consejos de guerra de la Fuerza Aérea del 30 de […]
En fallo unánime la segunda sala de la Corte Suprema -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado integrante Jaime Rodríguez Espoz- acogió la solicitud de declaración previa de error judicial de las sentencias dictadas por los consejos de guerra de la Fuerza Aérea del 30 de julio de 1974 y del 27 de enero de 1975. Esas sentencias condenaron al coronel (r) de la Fach, Ernesto Galaz Guzmán, un oficial constitucionalista que rechazó el golpe de Estado, como autor de los delitos de » incumplimiento de deberes militares, traición, promoción a la sedición, conspiración para la sedición y divulgación de secretos militares».
La resolución tiene como antecedente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado de Chile por denegación de justicia en el caso de Galaz Guzmán y otros procesados en consejos de guerra. El dictamen de la Suprema beneficia a más de 80 perseguidos políticos condenados a diversas penas en esos dos fallos de los «tribunales especiales en tiempos de guerra» de la Fach. Estas personas podrán solicitar ahora que el Estado los repare por los daños causados.
No se conoce con precisión cuántos fueron los consejos de guerra efectuados en los meses y años siguientes al golpe militar. Los datos más aproximados los recogió la Comisión de Verdad y Reconciliación que creó el presidente Patricio Aylwin en 1990. La Comisión logró identificar 267 consejos de guerra que procesaron a 1.706 personas, condenando a 1.527 de ellas. Abogados de derechos humanos afirmaron a PF que los consejos de guerra fueron muchos más que los mencionados por la denominada Comisión Rettig y que se siguen sumando en la medida que avanzan las investigaciones judiciales sobre los crímenes de la dictadura.
Las fuerzas armadas se han negado a entregar los antecedentes completos de esos procesos efectuados -en su mayoría- entre 1973 y 1976, argumentando distintas excusas. Un informe elaborado en 2015 por la Asesoría Técnica Parlamentaria afirmó que se realizaron 7.419 consejos de guerra, cifra que parece abultada a expertos en el tema. El ejército ha insistido en que sus archivos se quemaron en un ataque del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el 14 de noviembre de 1989, contra la Escuela de Educación Física de la institución, en la comuna de La Reina, donde se guardaban esos documentos.
El 6 de octubre del año pasado se encontraron en el edificio del Ministerio de Justicia centenares de fichas correspondientes a sentencias de los consejos de guerra efectuados hace más de 40 años. Estaban en un kárdex metálico -identificados desde la letra M a la Z- y no hay explicación de cómo llegaron allí. La entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, dio cuenta del hallazgo al ministro de la Corte de Apelaciones que tramita las causas de derechos humanos, Mario Carroza, quien a su vez notificó a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para que emitieran un informe. Hoy, aquellas fichas se encuentran en la Subsecretaría de Derechos Humanos que depende del Ministerio del Interior.
La periodista Alejandra Matus, en El Libro Negro de la Justicia Chilena , establece que hubo dos tipos de consejos de guerra: los comunes y los VIP. Los primeros los integraban siete oficiales de reserva asimilados al Servicio Activo -los Orasa-, provenientes en su mayoría de la Fuerza Aérea y Carabineros. Tenían escaso conocimiento jurídico y muchas veces precario nivel educacional. «Los Orasa siempre condenaban. Ellos trataban de dar una imagen de dureza y de justicia al mismo tiempo. Si se daban cuenta de que el acusado no tenía nada que ver con nada -que así era siempre- le rebajaban la pena. En los consejos Vip, oficiales en servicio activo reemplazaban a los Orasa», señala Matus en su libro.
CHEYRE COMO JUEZ
El ex comandante en jefe del ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, imputado en los crímenes de la Caravana de la Muerte en La Serena, participó en 24 consejos de guerra, según informó la institución castrense. Cheyre ocultó siempre este antecedente, argumentando que en los dos años siguientes al golpe militar él era un teniente que cumplía labores de ayudantía.
Cheyre fue jefe del ejército desde marzo de 2002 a marzo de 2006, bajo los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y fue considerado como un adalid de los derechos humanos. Hoy arriesga una condena por vejámenes y torturas en el regimiento Arica de La Serena al paso de la Caravana de la Muerte que encabezó el general Sergio Arellano Stark que dejó cerca de 80 muertos en diversas ciudades del país. Al prontuario de Cheyre habrá que agregar ahora los antecedentes que surjan de los consejos de guerra en que participó.
La actuación de Cheyre en los consejos de guerra es investigada por el ministro de la Corte de Apelaciones de la Serena, Vicente Hormazábal. El magistrado tenía en sus manos los antecedentes de cinco consejos de guerra en los que participó el entonces teniente Cheyre. Al solicitar más información sobre el desempeño de Cheyre en esas instancias, el ejército hizo llegar otras 26 sentencias en las que aparece la firma de Cheyre, que fue interrogado en Santiago por el ministro Hormazábal.
CAMBIO DE MANDO
EN EL EJERCITO
Faltando tres días para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de noviembre, la presidenta Michelle Bachelet designó al general Ricardo Martínez Menanteau como nuevo comandante en jefe del Ejército, quien asumirá sus funciones el 9 de marzo en reemplazo del general Humberto Oviedo Arriagada, que pasa a retiro.
El nombramiento del general Martínez (57 años, del arma de Infantería, jefe del Estado Mayor y primera antigüedad del ejército) genera -según las prácticas castrenses- el llamado a retiro de once generales, entre ellos su propio hermano, Leonardo, comandante de la Guarnición de Santiago. Los otros generales que pasan a retiro en este tiraje a la chimenea son: Guido Montini Gómez, Luis Farías Gallardo, Oscar Bustos Carrasco, Luis Chamorro Heilig, Felipe Arancibia Clavel, Andrés Fuentealba Gómez, Rodrigo Díaz Amechazurra, Oscar Rojas Aris, Eduardo San Cristóbal Schott y Helmuth Kraushaar Hoyermann.
En el nuevo alto mando de la institución, como segunda antigüedad, quedará el general John Griffiths Sielman, artillero, quien ocupaba la comandancia de la Región Militar Norte. Este general adquirió notoriedad en septiembre de 2015 cuando pidió disculpas a familiares de detenidos desaparecidos en Arica luego que dos oficiales de esa ciudad destruyeran un monolito recordatorio de víctimas de la represión. El general Griffiths asumirá ahora como jefe del Estado Mayor.
La designación del comandante en jefe habitualmente surge de entre las cinco primeras antigüedades del alto mando. Pero Ricardo Lagos nombró en 2002 al general Juan Emilio Cheyre, que ocupaba la segunda antigüedad; y en 2005 a Oscar Izurieta, la primera antigüedad. Bachelet, en su primera administración, nominó al general José Miguel Fuente-Alba, que era la cuarta antigüedad. Sebastián Piñera, por su parte, designó al general Humberto Oviedo, que era la novena antigüedad.
El general Oviedo ha visto empañada su gestión por las acusaciones de enriquecimiento ilícito de su predecesor, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, poseedor de un patrimonio superior a los tres mil millones de pesos, cifra que aparentemente no se condice con sus ingresos como oficial del ejército.
Otra situación que afectó al saliente comandante en jefe fue la detención en Temuco, en abril pasado, de su hermano, el general (r) Carlos Oviedo Arriagada, acusado por el ministro en visita Alvaro Mesa, de encubrir -cuando era teniente- el asesinato de Waldo Rivera Concha, de 33 años, ocurrido el 29 de abril de 1974.
El nuevo comandante del ejército ya recibió las primeras críticas desde el ámbito de los derechos humanos. Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, y el abogado Nelson Caucoto, representante a la familia Frei, plantearon su molestia. El general Ricardo Martínez firmó, el 3 de junio de 2016, el oficio a tribunales dando cuenta que la quema de documentos microfilmados de la Dirección de Inteligencia (Dine) y de la CNI violó reglamentos del ejército, pero que se ignora qué documentos se incineraron y no hay responsables por ese hecho.
En la conformación del nuevo alto mando fueron ascendidos a generales de división: Oscar Mezzano, Jorge Peña Leiva, Juan Eduardo González, Schafik Nazal y Miguel Alfonso Bellet. De coroneles a generales de brigada, ascendieron Jorge Morales, Jorge Peña Núñez, Francisco Sáez, Jorge Lecanda, Rodrigo Ventura, Guillermo Paiva, José Riquelme, Patricio Mericq, Osvaldo Vallejos, Luis Sepúlveda, Cristóbal de la Cerda y Carlos Castillo.
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RECUADRO
Los Consejos de Guerra
Ciudad Número de Procesados Condenados
Consejos
de Guerra
Arica 16 57 46
Pisagua 4 147 142
Iquique 1 2 2
Calama 19 34 29
Antofagasta 35 190 156
Copiapó 17 43 41
La Serena 16 176 146
Quillota 1 1 1
Valparaíso 41 181 170
Tejas Verdes 11 56 52
Santiago 46 218 196
Rancagua 5 82 60
Curicó 1 9 9
Talca 4 22 22
Linares 8 139 114
Cauquenes 1 11 11
Chillán 6 61 58
Concepción 9 81 46
Talcahuano 5 66 62
Los Angeles 2 31 21
Angol 1 6 6
Victoria 2 4 3
Temuco 4 13 13
Traiguén 1 11 10
Valdivia 7 19 15
Osorno 2 8 8
Puerto Montt 2 38 36
Total 267 1.706 1.527
Fuente: Comisión Verdad y Reconciliación y Archivo de PF.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 889, 24 de noviembre 2017.