La Segunda Sala de la Corte Suprema solicitó la extradición del ex prisionero político Francisco Peña Riveros, actualmente radicado en Francia, acogiendo la solicitud de la magistrada suplente Pamela Salgado Rubilar del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, solicitud que ha sido calificada como «extraña» atendiendo al hecho que no existe convenio de extradición entre […]
La Segunda Sala de la Corte Suprema solicitó la extradición del ex prisionero político Francisco Peña Riveros, actualmente radicado en Francia, acogiendo la solicitud de la magistrada suplente Pamela Salgado Rubilar del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, solicitud que ha sido calificada como «extraña» atendiendo al hecho que no existe convenio de extradición entre ambos países.
En fallo unánime, el máximo tribunal integrado por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmetsch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas determinaron solicitar a las autoridades francesas la extradición de Francisco Peña Riveros, quien se fugó de la ex Cárcel Pública el 30 de enero de 1990.
El ex prisionero político condenado en ausencia a la pena de presidio perpetuo en el proceso por la sustracción del menor Gonzalo Cruzat en 1984; además de dos condenas por asociación ilícita por la irrupción a una armería y a una agencia italiana de noticias, en la actualidad reside en Francia junto a su familia.
La Cancillería confirmó que no existe un tratado de extradición con Francia, y en estos casos cualquier petición se rige bajo los principios del Derecho Internacional, entre los cuales se estipula que ningún delito asociado a motivaciones políticas cae en la categoría de extraditable.
Hasta ahora casos como las peticiones de extradición de Patricio Ortíz, refugiado en Suiza o de Galvarino Apablaza, radicado en Argentina, y en general donde se han cursado extradiciones de ex prisioneros políticos o personas que aparecen vinculadas a procesos que se abrieron en el tiempo de dictadura, no han logrado concretarse.
El abogado defensor de Derechos Humanos, Alberto Espinoza, lamentó el procedimiento y recordó que Francisco Peña tuvo el reconocimiento de prisionero político y su caso está acreditado en el llamado Informe Valech.
«Es una situación bastante lamentable que después de tanto tiempo se solicite la extradición de una persona que tiene la condición de prisionero político, de modo que yo espero que Francia responda en consecuencia. No hay un tratado de extradición con Francia, él tiene una condición de permanencia en el marco de una acogida solidaria, de modo que le veo pocas expectativas desde el punto de vista del derecho francés y del derecho internacional que prospere esta solicitud del Estado chileno», manifestó Alberto Espinoza.
Consultado sobre esta petición, Francisco Peña dijo a Radio Universidad de Chile que resulta extraño que después de tantos años, los gobiernos democráticos y los tribunales chilenos sigan legitimando los procesos judiciales contra los luchadores que enfrentaron a la dictadura.
Peña Riveros, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, señaló: «Me parece extraño este fallo de la Corte Suprema después de tantos años, siempre se supo que estaba en Francia y, tal vez tenga que ver con un empate político, con una posible negociación. También puede tratarse de una señal dirigida hacia sectores que hoy siguen luchando».
Sobre el impacto emocional de esta petición, el ex prisionero político explicó que resulta difícil tener que remover estos recuerdos y añadió: «Estas acusaciones por la cuales se me procesó y condenó, fueron obtenidas bajo tortura no sólo cuando estuve secuestrado en manos de la CNI, sino también cuando llegué al tribunal. El juez también me presionó, eso ocurrió adentro del tribunal, cuando se suponía debía estar a resguardo de la justicia».
Peña Riveros manifestó además su preocupación por todos aquellos chilenos que están impedidos de regresar a Chile porque aún tienen procesos abiertos, o condenas de extrañamiento, que en el exilio se duplican. Todos ellos – aseguró- siguen esperando que los gobiernos post dictatoriales realicen un pronunciamiento y les permitan regresar sin miedo y sin impedimentos legales.
El experto en Derecho Internacional, académico de la Universidad Alberto Hurtado, Carlos Bellei planteó que, en términos generales, no ve que esta petición tenga alguna viabilidad y precisó: «Todo proceso de extradición se basa en texto escrito de un tratado internacional que regula las condiciones, que regula las excepciones, que tiene distintas normas procedimentales, que se regulan caso a caso. Es extraño que la Corte haya cursado esta orden, sabiendo que no existe un tratado con Francia».
El abogado de Derechos Humanos, Hiram Villagra, sostuvo que todas las acusaciones formuladas contra el ex prisionero político deben ser puestas en duda, y sostuvo: «El contexto político de la dictadura es por todos conocidos, todas las confesiones fueron realizadas bajo tortura, no hubo respeto por el debido proceso, y por ello, claramente el proceso está afecto a nulidad, no hay que olvidar que él fue un prisionero político de la dictadura».
El caso ha suscitado cierta aprehensión en otros ex prisioneros políticos que siguen viviendo en el exilio, con condenas pendientes y procesos que aún permanecen vigentes después de tantos años. Para ellos, esta solicitud es parte de una arremetida política que viene a alterar la normalidad de sus vidas, es una presión psicológica que encuentran injusta luego que lograron sobrevivir a la dictadura.