Los días 15 y 16 de mayo recién pasado se realizaron las elecciones de convencionales constituyentes, de conformidad a lo estatuido en el Acuerdo Por la Paz y una Nueva Constitución. Fue una elección extraña, porque un suceso de tal naturaleza —que implicaba sentar las bases de la República—, se suponía debía hacerse en forma aislada, como un evento especial, separado de toda otra actividad, dada su extraordinaria e histórica importancia.
Pero, no: sorprendentemente, fue llevado a cabo, en conjunto, con la elección de alcaldes, gobernadores y concejales. Como si todo el proceso constituyera un todo heterogéneo, un paquete misceláneo y atiborrado o un incómodo potpurrí electoral. Dado que algunos de los candidatos a gobernadores no alcanzaron las mayorías establecidas por la ley, tuvo lugar, el 13 del presente, la segunda parte de ese singular evento con una bajísima participación ciudadana (19,61%) en todo el país, situación que se agrava si, de la cifra total, se deduce el porcentaje de votantes de Santiago (cuya participación fue casi de un 25%), pues en provincias (como sucedió en Antofagasta) el porcentaje de participación solamente alcanzó a un 12,21%.
¿Fue la escasa o magra participación ciudadana, en el evento del 13 del presente, una reacción a esa torpe y malintencionada acción del Gobierno? ¿Fue la abstención una forma de castigo a la ‘élite política’, una forma de recordarle las verdaderas motivaciones que mueven a la ciudadanía?
LA ABSTENCIÓN EN LA’ÉLITE POLÍTICA’.
Si miramos los hechos desde el punto de vista de la ‘élite política’, el fenómeno de la abstención parece importarle muy poco. Ante todo, porque la legislación chilena no establece un porcentaje mínimo de concurrencia de electores que puedan dar validez a las elecciones sino, simplemente, consagra la victoria de las mayorías sobre las minorías. Esta barbaridad jurídica permite que, en cada evento electoral, tales incongruencias permitan el acceso al mando de la nación de personajes que, sin contar con suficiente respaldo ciudadano puedan, sin embargo, acceder a tales cargos sin inconveniente alguno. No debe llamar la atención que, amparada en esas lagunas legislativas, se haga presente una ‘élite’ que ‘olvide’ sus promesas electorales (cuando las indica) y se dedique a realizar actividades reñidas con las que debía realizar cuando fue elegida. Y, más, aun, que persista en el empeño de lo mismo, reivindique el rol de las organizaciones políticas que le permitieron ser tal, defienda el concepto de autoridad y la necesidad de la experiencia e insista majaderamente en ser depositaria de la confianza de la población. Un conjunto social que no tiene conciencia de sí mismo y que presenta un angustioso cuadro de narcisismo. Y es tan patente ese convencimiento que, en la noche del 13 del presente, la sede de la Democracia Cristiana, en Alameda, se llenó de personas que gritaban consignas y enarbolaban banderas celebrando el triunfo de su abanderado, olvidando que, si bien en la primera vuelta ese candidato había sacado 657.227 votos y en la segunda 784.934, con una diferencia de 127.707 votos, tal diferencia no tenía otro origen sino el apoyo brindado a aquel por los vecinos de Las Condes, La Dehesa y Vitacura (129.501), aterrados ante la idea de tener una gobernadora aliada al partido Comunista.
La ‘élite política’ no entiende la abstención de otra manera. No la quiere entender. Cuando más, va a aceptar que es un hecho cierto. aunque originado en el temor de los votantes a concurrir a los locales de votación y ser contagiados allí de la pandemia.
LA ABSTENCIÓN EN LOS SECTORES SOCIALES
Sin embargo, mirados los sucesos desde el punto de vista de los movimientos sociales, las elecciones recién pasadas no pueden ni deben considerarse un triunfo sino, más bien, un completo fracaso. Sostenemos nosotros a este respecto, que un análisis más acabado de la votación realizada el 13 del presente nos indica que el promedio del nivel de abstención a nivel nacional (80,39%) es mayor aún si, de ese porcentaje, se deduce la votación en Santiago; y ello sucede porque, en las regiones, especialmente en las del norte, la abstención fue superior al 85% (en Antofagasta alcanzó un 87,79%). Y, eso, repetimos, no es por efectos de la pandemia. Señala, sobre el particular, un analista:
“Las masivas, constantes y a estas alturas heroicas movilizaciones del pueblo demuestran que la creciente abstención no era en ningún caso un desinterés por la política o la situación del país, sino que en gran medida se produjo por el rechazo a la casta política en que se transformaron sus marcianos representantes”[1].
En la región Metropolitana, la abstención fue cercana al 75%. No porque hubiere mayor ‘cultura cívica’ en ella sino por el temor irracional de los sectores ricos, que se vieron amenazados, en cierto momento, por un presunto ‘tsunami rojo’, del que hablara el senador Francisco Chahuán, descendiente de inmigrantes palestinos. Fueron esos sectores quienes concurrieron en masa a entregar su voto al militante demócratacristiano Claudio Orrego. No lo hicieron, en consecuencia, independientes, como lo afirmara el candidato. Orrego es, hoy, gobernador electo, no por méritos partidarios ni personales sino por el miedo irracional al comunismo de esa población que vive en las ‘highlands’ santiaguinas, territorios que se extienden al oriente de la capital. No puede por ello vanagloriarse la democracia cristiana y afirmar que ese triunfo es suyo porque, como lo señala aquel viejo refrán chileno, ‘Al que se viste con ropa ajena, lo desvisten en la calle’. Cuidado. La ayuda es ayuda, no solución definitiva de un problema. No es acrecentamiento de la fuerza propia sino, simplemente, un apoyo ocasional. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Ayuda que, a menudo, no es voluntaria sino forzada, por temores o circunstancias.
¿UNA NUEVA FASE EN EL PROCESO INICIADO EL 18 DE OCTUBRE?
A pesar de esos magros resultados, la fecha que marca la elección de los convencionales constituyentes es importante: marca el comienzo de una nueva fase en el proceso abierto el 18 de octubre de 2019 en donde la ‘escena política’ nacional busca, de todas maneras, no solamente recuperar el protagonismo perdido con las protestas sino doblegar el mandato que la ciudadanía le otorgó a la Convención Constitucional, imponiendo el interés de los actores políticos por sobre el de los actores sociales. Esta nueva fase se ve corroborada por las celebraciones realizadas el 13 del presente en la sede de la Democracia Cristiana, sin respeto alguno por las medidas sanitarias, y el reconocimiento de la candidata vencida del triunfo de su adversario. Ambos acontecimientos muestran el comienzo de una fase en donde las banderas partidarias, las justas electorales y los debates televisivos intentarán no solamente obnubilar la mente de los ciudadanos sino convencerlos que el camino para la recuperación de la patria comienza con la elección de todos ellos. Y, además, por la moción presentada al Parlamento en el sentido de convertir el voto voluntario en obligatorio. Por consiguiente, los hechos que van a marcar esta fase son:
- Las elecciones presidenciales y parlamentarias;
- La obligatoriedad del voto
- Las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Las justas presidenciales han comenzado; no así las parlamentarias. Pero eso no quiere decir que no invadirán, en breve, el campo social. Por ahora, nos vemos invadidos de la propaganda presidencial. Una legión de personajes buscando acceder al cargo de presidente de la nación. Parafraseando a Gabriela Mistral podemos decir que ‘todos quieren ser presidente’. ¿Hasta cuándo? No se sabe porque tampoco se sabe qué va a decir, al respecto, la nueva constitución. ¿Y si determina que no habrá presidente, sino un primer ministro?
Con todo, nada parece preocupar a la ‘élite política’. Actúa. Como si el 18 de octubre de 2019 no hubiera existido. Como si todo siguiese igual. No nos sorprendamos. La apoteosis eleccionaria debería comenzar el próximo mes, el 18 de julio, con las primarias presidenciales y un efusivo paquete de ofertas. Sin embargo, ya los canales de TV efectúan los primeros debates presidenciales el 21 y 22 del presente. Y pronto vendrán otros. Los programas de los candidatos ya están en manos de la generalidad de los chilenos y la propaganda electoral para las primarias comienza el 30 de este mes. Como lo hace WOM, cada candidato parece decir: ‘Nadie te da más’. El país semeja un ‘Tottus’, (el supermercado que ‘Tottus te da más’), un ‘Líder’, un ‘Unimarc’, un ‘Santa Isabel’, pero con ofertas electorales. ¿No decía, más de alguien, que el mercado había muerto? Pues, hélo aquí, vivo y en movimiento. Desnudo y sin tapujos, en manos de los actores políticos. Había anunciado un medio informativo para uno de esos debates:
“En dicha jornada se medirán en las urnas por Chile Vamos Mario Desbordes (RN), Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (independiente), mientras que por Apruebo Dignidad competirán Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (Frente Amplio)”[2].
- Obligatoriedad del voto
Si, como lo hemos aseverado en muchos de nuestros trabajos, a partir del 18 de octubre, la contradicción principal de la sociedad chilena se ha dado entre movimientos sociales y ‘élite política nacional’ no debe sorprender que, amenazada en su existencia, haya ensayado esta última, como forma de supervivencia, la obligatoriedad del voto —y la consiguiente medida coercitiva que lleva aparejada (multa)— y, con ello, doblegar la voluntad de quienes se sienten desencantados de los vaivenes de la ‘escena política’ nacional. Pero, ¿obligatoriedad del voto? ¿Es la medida adecuada para fomentar la participación electoral? ¿Quién gana con ello? De acuerdo a un analista,
“La falta de legitimidad de todas las gobernaciones electas es evidente. Menos de un quinto del padrón electoral es un desastre y es un mensaje claro.
Por eso esta medida desesperada para legitimar a la fuerza el sistema: obligar a votar so pena de multas y sanciones.
Este angustiado movimiento pretende parchar el grave problema (al menos el de la legitimidad de origen, sólo uno de los existentes según la Ciencia Política básica) que posee la deslustrada elite política nacional en todos sus partidos y de despacharse, atentaría contra una de las concepciones más básicas de la democracia liberal en cuanto a que el voto es, en todas sus letras, un derecho.
Plantearlo como un deber, mañosamente llamado ‘deber cívico’ como pretende la moción, es un error brutal y acaso malintencionado”[3].
Y otro, sobre el particular:
“[…] la baja participación no es el problema, sino el síntoma de la crisis de la democracia liberal. Como apunta Castells en Ruptura (2017), el quiebre entre representantes y representados(as) es multicausal (se explica por factores económicos, políticos y culturales), por lo que sería iluso pretender que la solución consistirá exclusivamente en obligar a las personas a votar en las mismas condiciones delineadas por nuestro restringido sistema de participación política –al respecto, es importante recordar que la crisis de representatividad no es monopolio de naciones con sufragio voluntario–“[4].
Nada de ello ha de sorprender: en el modo de producción capitalista, la sociedad autoritaria se reproduce en las diversas áreas que contiene aquel. La escena política reproduce esa sociedad jerárquica insistiendo en la necesidad del ‘lìder’, del ‘conductor’. Como si la historia fuese escrita por esos sujetos.
¿QUÉ SUCEDE, SIN EMBARGO, EN LA ESCENA SOCIAL?
En la escena social no operan actores políticos como ocurre en aquella; lo hacen actores sociales unidos por una circunstancia: el cansancio con la ‘élite política’ del país, a la que no le creen, a la que desean extirpar, a la que desean ver, finalmente, fuera de toda actividad social. Por eso no manifiestan interés en la ‘cosa pública’, por eso no concurren a los lugares de votación sino cuando hay algo que les atañe directamente. Como sucedió el 15 de octubre de 2020; pero no así para elegir a los gobernadores, de cuyas facultades y atributos poco se sabe. A esta escena social raras veces llegan los medios de comunicación. Es la escena del ‘small people’. Del ser intrascendente. El sujeto invisible. De ese ser, del cual muchos se preguntan, ¿de dónde salió? Como sucede con los nuevos constituyentes. Y, no obstante, son personas que
“[…] surgen de un Chile que se organizó mucho antes de octubre. Los nuevos constituyentes son una socióloga dedicada al problema de la vivienda en Valparaíso. Una trabajadora social feminista de Curicó. Un paciente de leucemia. Una enfermera dedicada a la protección de personas en situación de calle en Chiguayante. Un evangélico que trabaja en organizaciones solidarias. Una científica experta en energías renovables. Un activista por la defensa del río Ñuble. Una dueña de casa sobreviviente de un cáncer de mamas. Una transportista escolar que colabora en ollas comunes. Una profesora de historia de Tocopilla que defiende a mujeres vulneradas. Una chilota egresada de Derecho que levanta la bandera de la regionalización”[5].
Gente común y corriente, personas que uno ve, día a día, caminando apresuradas a su lugar de trabajo, subiendo o bajando de la locomoción colectiva, seres humanos que jamás desfilan en los noticieros o aparecen en los programas de farándula. Son actores sociales cuya actividad no es simplemente realizar sus labores cotidianas; también actúan socialmente. Y su actitud no es meramente contemplativa. Por el contrario, es increíblemente laboriosa. Son personas que necesitan adelantarse a los hechos, necesitan multiplicarse a lo largo y ancho del territorio nacional, necesitan sembrar las bases de lo que ha de ser el nuevo Chile.
Por eso se preocupan, hoy, de la Convención Constitucional. Solamente de ella. Esta actividad sigue siendo el evento más importante para el mundo social. Y la libertad de los presos de la revuelta. No lo son, en modo alguno, las elecciones periódicas a las que convoca el sistema para reproducirse a sí mismo. Por eso, el afán de la Convención Constitucional y la defensa de los presos políticos los ha hecho definir como objetivo central la práctica de la participación. En la medida que se enarbole la participación como el eje central sobre el cual ha de girar toda la actividad de la Convención Constitucional. Participación actual y futura. Participación actual de la ciudadanía para la dictación de la nueva carta fundamental y, en consecuencia, formación de comités de base para el apoyo a los convencionales constituyentes, asambleas territoriales de apoyo a la labor constituyente y mecanismos de consulta a las bases; y participación futura, con mecanismos que impliquen la revocabilidad de los mandatos, la participación activa de la ciudadanía en la dirección de los asuntos públicos e incorporación de mecanismos que consagren la participación ciudadana como, por ejemplo, la instauración de la acción popular que pueda ejercer cualquiera persona que estime dañados sus derechos por obra de quien ejerce algún cargo público de elección popular o de designación.
Las organizaciones están creciendo. Se están multiplicando. Las que aún no lo han hecho tendrán su tiempo para hacerlo. No hay apuro. El nuevo Chile ya comienza a emerger de las ruinas del antiguo.
Santiago,
junio de 2020
[1] Baeza, Alejandro: “Voto obligatorio: La desesperada medida de la clase política para salvarse a sí misma”, Resumen, 16 de junio de 2021.
[2] Redacción: “Se abrió el mercado de ofertas: precandidatos presidenciales presentan sus planes con miras a las primarias de 18 de julio”, ‘El Mostrador’, 18 de junio.
[3] Baeza, Alejandro: Documento citado en (1),
[4] Muñoz Ferrer, Álvaro: “Baja participación y crisis de la democracia liberal: una oportunidad más allá del voto obligatorio”, ‘El Mostrador’, 19 de junio de 2021.
[5] Matamala, Daniel: “Esa gente”, ‘La Tercera’, 23 de mayo de 2021.