Como constata el Informe anual de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre las violaciones de derechos sindicales (1), Colombia sigue siendo el país más hostil del mundo para los sindicalistas. «A pesar de que se produjeron menos muertes que el año pasado, debemos aún mencionar la impresionante cifra de 90 sindicalistas asesinados durante […]
Como constata el Informe anual de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre las violaciones de derechos sindicales (1), Colombia sigue siendo el país más hostil del mundo para los sindicalistas. «A pesar de que se produjeron menos muertes que el año pasado, debemos aún mencionar la impresionante cifra de 90 sindicalistas asesinados durante el año. Por otro lado, se ha registrado un incremento en el número de amenazas de muerte, que han pasado a 295, así como de otras formas de represión, en particular los arrestos arbitrarios. Las reformas laborales introducidas durante el año han perjudicado gravemente los derechos sindicales y de los trabajadores/as».
Violencia selectiva
«Los sindicalistas colombianos, dirigentes y afiliados, siguen viviendo una crisis humanitaria, expresada de manera contundente en una violencia selectiva, sistemática, extendida en el tiempo y con total impunidad. Las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados sumado a la liquidación, reestructuración y fusión de empresas (o el traslado de éstas a zonas francas) y de maquilas; al igual que la implementación de estrategias antisindicales por empleadores y actores armados, son las principales causas de la disminución en la tasa de afiliación sindical, que para Colombia es sólo del 4,8% respecto de la población económicamente activa.
Si el 88% de las violaciones tienen como causa la actividad sindical, está claro que en Colombia, con los hechos violentos se pretende restringir, al mismo tiempo, los derechos de libertad sindical». La ONG colombiana Escuela Nacional Sindical ha señalado, en varios de sus informes, que «la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales, aunque ocurran en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayoría de los casos, por alguno de los actores de la guerra». También señala «que la mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos y contextos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales» y que por ello los sindicalistas colombianos no son «víctimas casuales o colaterales del conflicto armado que desde hace décadas vive ese país» (2).
Guerra contra los sindicatos del sector público
Los sectores sindicales más afectados son los trabajadores públicos de la educación, la salud y de los municipios; los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la electricidad y los de minas y canteras. Estos sectores sindicales pertenecen fundamentalmente a federaciones y centrales históricamente afectadas por la violencia, es el caso de la CUT (con más del 90% de las víctimas) y de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).
En el año 2003 se registraron 600 desaparecidos y más de 3.000 civiles perdieron la vida en homicidios por motivos políticos. Cerca de 2.200 personas fueron secuestradas, y se ha alcanzado la cifra de tres millones de desplazados desde 1985. Aunque se desconocen los autores materiales e intelectuales en más del 62% de los hechos violentos, las organizaciones sindicales colombianas, las ONG de DDHH y las víctimas siguen señalando a los paramilitares como los mayores responsables de las violaciones. Se constata un aumento de la acción directa del Estado y de los empleadores en violaciones y restricciones de la libertad sindical, así como un aumento de amenazas, violaciones a la libertad personal y violaciones a mujeres sindicalizadas y un cambio en la modalidad de la violencia (aumento de la violencia legal, disminución en la violencia paramilitar y guerrillera y extensión de la violencia a familiares de sindicalistas) (3)
«La aprobación del proyecto antiterrorista (el pasado 18 de diciembre de 2003), que implica una reforma a la constitución, evidencia grandes retrocesos en los avances normativos y jurídicos internacionales para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos. La criminalización de la acción sindical y el incremento de las detenciones de sindicalistas, bajo cargos de «terrorismo» y el desplazamiento de las amenazas de muerte a las familias de los dirigentes sindicales, hacen pensar que la disminución de algunos indicadores no es más que el resultado bastante contingente de las lógicas de acción y los cálculos políticos, tanto del gobierno, como de los actores ilegales armados».
Impunidad
«El movimiento sindical internacional reclama que el gobierno de Colombia muestre una verdadera voluntad política de investigar y entablar juicio a los responsables de los más de 3.000 asesinatos de sindicalistas cometidos nada más que durante la última década. En síntesis, seguimos convencidos de que en Colombia existen altos índices de impunidad con referencia a los asesinatos de sindicalistas. De los 20 casos mencionados, que son sólo una pequeñísima muestra de la enormidad del fenómeno, 18 están sin ningún resultado satisfactorio de las investigaciones, lo que lleva a concluir que el Estado colombiano no ha cumplido su obligación constitucional y legal. En 2003, por lo menos 80 sindicalistas han sido asesinados y la gran mayoría de estos crímenes puede ser atribuida a las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares que colaboran con ellas. Por lo tanto, el movimiento sindical internacional denunciará enérgicamente ante los gobiernos representados en la próxima sesión
de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, las graves violaciones de los derechos humanos y sindicales en Colombia» (4).
El 15 de julio del año pasado el gobierno y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron un acuerdo según el cual las AUC se desmovilizarían antes de concluir el año 2005. Los paramilitares se preparan para negociar con el gobierno en el departamento de Córdoba, una región de grandes propietarios ganaderos abierta al golfo de Darien, compartido con Panamá. Los paramilitares han ofrecido erradicar 50.000 hectáreas de coca para suavizar la posición de Estados Unidos sobre extradición (según la CIA, en Colombia hay sembradas 113.000 hectáreas). Pero el anunciado cese de hostilidades no se cumple: parlamentarios de la oposición han acusado a los paramilitares de haber cometido unos 600 crímenes selectivos desde que anunciaron la supuesta tregua. Están desplazando y matando a los indígenas Wayúu que pueblan la península de Guajira, abierta al Golfo de Venezuela (5).
Chevron Texaco obtuvo la concesión para explotar el petróleo de La Guajira, y como en anteriores concesiones petroleras desde 1905, donde las víctimas fueron los Motilones, U´Wa y otros pueblos indígenas, los Wayúu están siendo masacrados. Pero además, estos hechos se relacionan con el acoso a la República Bolivariana de Venezuela. La crónica periodística que refleja la llegada a Venezuela de indígenas Wayúu huyendo de grupos paramilitares no habla del petróleo, e insiste en extender el manto del narcotráfico: «…podría tratarse de una rivalidad interna del Cartel de la Costa, organización narcotraficante que tiene una fuerte presencia de indígenas wayuu y también de las Autodefensas Unidas de Colombia» (6).
Amnistía Internacional refleja en su informe el temor de que muchos de los paramilitares «desmovilizados» pudieran incorporarse a empresas privadas de seguridad, a redes de informantes civiles o al ejército de «soldados campesinos».
Desde el nueve de mayo, el ejército y la policía de Venezuela han detenido a 90 paramilitares colombianos, vestidos con uniforme del ejército venezolano, que se estaban entrenando como fuerza de choque de la Coordinadora Democrática y realizando acciones de sabotaje. Desde Colombia, convertida en «laboratorio de la contrainsurgencia», se está reciclando a una parte de los paramilitares que han realizado el trabajo más sucio de la represión y ensangrentado las aldeas colombianas para, con la financiación de los Estados Unidos, liquidar el gobierno de Chavez y las expectativas de cambio en un país con una riqueza petrolera de enorme importancia estratégica para Washington. La finca en la que se encontraban los paramilitares es propiedad de Roberto Alonso, cubano-venezolano integrado en la Coordinadora Democrática, que desde Miami se declara «un perseguido político de Chavez», igual que el coronel venezolano Orlando Castro Gerges, también detenido por su vinculación con la orga
nización paramilitar desmantelada.
Intereses compartidos
El informe de Amnistía Internacional sobre Colombia denuncia la continuación de la actividad criminal de los paramilitares y una «clara connivencia» entre paramilitares y fuerzas de seguridad:
«Pese a la declaración de alto el fuego, los paramilitares siguieron siendo responsables de matanzas, homicidios selectivos, «desapariciones», torturas, secuestros y amenazas. Durante 2003 se les atribuyó la responsabilidad de la muerte o «desaparición» de al menos 1.300 personas, más del 70 por ciento de todos los homicidios y «desapariciones» de los que se conoce la autoría por motivos políticos no relacionados con los combates. Se recibieron nuevos informes fiables sobre la presencia cada vez más consolidada de grupos paramilitares en zonas fuertemente militarizadas, y sobre la existencia de una clara connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad».
La relación entre petróleo y «antiterrorismo» se refleja también en el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el departamento colombiano de Arauca, una región rica en petróleo. «El gobierno colombiano ha transformado la región en un laboratorio de pruebas para sus nuevas políticas de seguridad. La denominada «estrategia de seguridad democrática» del presidente Uribe incluye una red de informadores civiles, la entrega de armas a un ejército de soldados-campesinos o la concesión de poderes de policía al ejército. Durante la presentación internacional del informe titulado «Colombia, un laboratorio de guerra: la violencia aumenta en Arauca», el director de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, afirmó que las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno «no han servido para restaurar el orden en Arauca sino para arrastrar aún más a los civiles al conflicto y garantizar la impunidad». «Arauca es un símbolo escandaloso y grave del f
racaso de la comunidad internacional», afirmó Marcelo Pollack, investigador de AI para Colombia, que enumeró una serie de casos de detenciones masivas e irregulares, desapariciones, torturas, homicidios y asesinatos, ocurridos desde la llegada al poder del presidente colombiano Álvaro Uribe, en agosto del 2002, y la aplicación de su «estrategia de seguridad democrática». Pollack también denunció la actitud de Estados Unidos y España, que con su ayuda militar «financian y entrenan a las Fuerzas Armadas» colombianas. Mas grave aún: numerosas fuentes denuncian la connivencia de paramilitares y ejército regular (7).
El informe de AI denuncia el aumento de las violaciones por parte de las fuerzas armadas, la hostilidad hacia las organizaciones de derechos humanos y la pasividad del Estado: «Según los informes, las fuerzas armadas fueron directamente responsables de violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas homicidios, «desapariciones», detenciones arbitrarias y torturas. Según el informe de 2003 de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el número de informes de violaciones atribuidas directamente a miembros de las fuerzas de seguridad aumentó de forma significativa (8).
«La Comisión de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la progresiva pérdida de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de la guerrilla y los grupos paramilitares. La Comisión puso de relieve la impunidad constante, el mantenimiento de las conexiones entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad y la presunta existencia de una campaña para generar un clima de hostilidad hacia las organizaciones de derechos humanos. La Comisión señaló los reiterados informes de abusos contra los derechos humanos atribuidos a las fuerzas de seguridad y la aparente falta de voluntad de la Fiscalía General de la Nación para investigar casos graves de abusos contra los derechos humanos» (9).
La Comisión pidió al gobierno que no diera carácter permanente a la atribución de poderes de policía judicial a las fuerzas armadas. Se refiere a la ley aprobada por el Congreso de Colombia que otorga facultades de policía judicial a las fuerzas armadas. Esta ley permite a los militares efectuar detenciones, entrar en domicilios e interceptar comunicaciones sin autorización judicial.
El informe de AI señala que «en reiteradas ocasiones, las detenciones coincidieron con casos de amenazas y homicidios de los que fueron víctimas defensores de los derechos humanos y sindicalistas a manos de los paramilitares. Los defensores de los derechos humanos volvieron a verse ante la amenaza de agresiones cuando el presidente Uribe, en un discurso pronunciado en septiembre, se refirió a algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como «politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos»».
Alvaro Uribe Vélez, mandatario de Colombia, se refiere a estas cuestiones en una entrevista mantenida con el diario EL PAÍS:
«P. El plan para lograr un millón de informadores ha sido muy contestado ¿Cómo está funcionando?
R. Ya no llevamos un millón, superamos la cifra. El objetivo ahora es cinco millones, ahora podemos estar por encima del millón y medio. El 99% de ello nada cobran… ahora, lo que si tenemos es un plan permanente de recompensas: todos los lunes pagamos recompensas a quienes con su información contribuyan al éxito de las autoridades…
P. ¿Qué hacen decenas de paramilitares colombianos en Venezuela?
R. Resultaron ser unos niños sin entrenamiento militar, sin armas…
P. Pero alguien tuvo que llevarlos allí…
R. Yo lo que he dicho claramente es esto: es de gran importancia que nuestros vecinos capturen a cualquier integrante de grupos violentos de Colombia que se vaya a operar allí, sea guerrillero o paramilitar. Yo no tengo más que decirle eso.
P. ¿No le preocupa lo que está haciendo su gran aliado, Estados Unidos, en Irak?
R. Mire, es muy claro. En agosto de 2002 en Colombia había 150.000 terroristas. Mientras más rápido se resuelva el problema de Irak, mejor, a ver si se le presta a Colombia la atención que requiere» (10).
Previamente, el presidente-alquimista formado en la Escuela de las Américas transmuta la acción guerrillera en terrorismo y el conflicto político y social en un simple problema policial-militar «antiterrorista»: «En Colombia no hay guerrilla en la vieja connotación latinoamericana. En Colombia hubo guerrilla que se transmutó en terrorismo. En Colombia se sustituyó el interés ideológico por el interés del dinero. Y en Colombia se transformó el delito político de rebelión en el delito de narcotráfico para financiar el terrorismo» (11).
A raíz de la masacre de 34 personas cometida por las FARC en una finca del municipio de Tibú, en la frontera de Venezuela, el presidente Uribe ha reiterado sus calumnias a Amnistía Internacional: «Hace dos días, en la Escuela General Santander de la Policía, me referí a Amnistía Internacional. Todo está dicho. Ahí siguen en su perorata. Todos los días inventan justificaciones para maltratar al Ejército, al Estado colombiano, y todos los días inventan justificaciones para no condenar a los terroristas. Pero todo está dicho. Mientras ellos quisieran, con sus palabras y sus acciones, que el terrorismo triunfara en Colombia, nosotros de la mano de la Constitución, con el pueblo y con ustedes – jóvenes Subtenientes que hoy se gradúan- vamos a tejer la artesanía de la más bella victoria. Nosotros no tenemos que cuidar que Amnistía Internacional nos apoye. Nunca nos va a apoyar. Lo que tenemos que cuidar es que el pueblo nos apoye, hacernos querer del pueblo, mis queridos soldados de la Patria: a mi no me preocupa el apoyo de Amnistía Internacional con el cual nunca vamos a contar…».
La aparición de un cargamento de droga en el buque insignia Gloria de la Armada Nacional, y otros escándalos de corrupción generalizada en la policía saltan a la prensa. La propiedad de la tierra, base del conflicto social en Colombia, no encuentra respuesta en las instituciones del Estado, socavadas por la corrupción y el clientelismo. El senador Héctor Elí Rojas señaló que tiene en su poder una lista de hermanos, hijos, cuñados y otros parientes de miembros del Senado y la Cámara de Representantes o asesores presidenciales nombrados embajadores, cónsules, agregados o funcionarios del Gobierno dentro del país. El director de la ONG colombiana Red de Veedurías Ciudadanas, el abogado Pablo Bustos, citó al senador Mario Uribe Escobar, primo del gobernante.
El Plan Colombia
Los periódicos del 11 de septiembre de 2001 hablaban de la visita del secretario de estado Colin Powell a Colombia para ampliar con otros 900 millones los 1.300 millones de dólares aprobados el año anterior dentro del Plan Colombia. Para «comprar helicópteros de combate y aviones… y financiar la instrucción militar que imparten boinas verdes del Ejército estadounidense en campamentos militares colombianos». Al día siguiente cambiaban las prioridades y la «solución» en Colombia depende de que EE UU «resuelva el problema de Irak» con rapidez.
El citado informe de AI señala que «el pasado 6 de octubre, el gobierno estadounidense autorizó la entrega a Colombia de cinco millones de dólares en concepto de ayuda militar, tras aceptar el gobierno colombiano suscribir un acuerdo de impunidad mediante el que se comprometía a no entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Los acuerdos de esa naturaleza son contrarios a las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional».
El Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general James Hill, abogó en el senado de su país por extender el Plan Colombia, considerándolo «vital» para la seguridad de Estados Unidos. «Una Colombia estable y segura es importante para nuestros intereses de seguridad nacional, al ser una de las más viejas democracias del hemisferio, un socio clave, un proveedor de petróleo y un aliado incondicional que se encuentra a sólo tres horas de Miami», afirmó Hill. El gobierno de Bush inició consultas con legisladores para duplicar la cantidad de militares estadounidenses que apoyan el Plan Colombia de 400 a 800, así como para aumentar el número de civiles subcontratados de 400 a 600.
Con el gobierno de Aznar, España se ha convertido en el mayor contribuyente económico a la estrategia de Estados Unidos en Colombia. En febrero José María Aznar ratificó, por unos seis millones de dólares, la entrega de cuarenta tanques, veinte cañones y dos aeronaves, «todo lo que el presidente Uribe nos pida con mucho gusto lo haremos», y ratificó su pleno respaldo a la lucha del Gobierno colombiano contra las guerrillas de las FARC y el ELN. «La política del presidente Alvaro Uribe es acertada porque hay que plantar cara al terrorismo» (12).
El jefe del ejecutivo de Colombia afirma en la citada entrevista que «Zapatero nos ha fijado la continuidad de la línea de cooperación». ¿El gobierno del PSOE va a continuar siendo cómplice de la política criminal del gobierno colombiano?
(1) El informe de CIOSL esta disponible en www.icftu.org
(2) «Afirmar que en contextos de guerra, como el nuestro, existe una menor capacidad para garantizar los derechos humanos y el derecho a la vida de los sindicalistas e incluso, que lo «normal» en dichos contextos es que la guerra se traslade al escenario de los conflictos sociales y laborales no puede conducir a que se oculte, invisibilice e ignore, que las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en Colombia son, en la mayoría de los casos, como lo muestran nuestras cifras y como lo corroboran los informes y observaciones de la OIT y la CIOLS una consecuencia directa del desarrollo de su actividad sindical». (Escuela Nacional Sindical, Informe año 2002).
(3) Según informa la ONG colombiana Escuela Nacional Sindical, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre, los sindicalistas colombianos fueron víctimas de 617 violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad. De la totalidad de los casos 90 corresponden a homicidios, 295 amenazas de muerte, 91 desplazamientos forzados, 6 secuestros, 6 desapariciones, 42 detenciones arbitrarias y 55 hostigamientos. En el 31%, es decir en 194 casos, las violaciones fueron cometidas contra mujeres sindicalizadas, presentando un aumento del 600% respecto del año inmediatamente anterior.
SINDICALISTAS ASESINADOS EN COLOMBIA 1991 – 2001
Tipo de
Trabajador 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total
Afiliados 91 98 190 86 149 253 147 77 55 103 132 1381
Directivos 18 50 26 27 32 31 39 29 24 32 63 371
Total 109 148 216 113 181 284 186 106 79 135 195 1752
Fuente Escuela Nacional Sindical
HOMICIDIOS POR CONFEDERACIÓN SINDICALISTAS COLOMBIANOS
ENERO-AGOSTO DE 2002
CONFEDERACIÓN CASOS %
CUT 107 92.24
CGTD 5 3.44
No confederado 3 2.58
TOTAL 116 100
Fuente: Escuela Nacional Sindical
(4) Carta de la CIOSL a la embajadora de Colombia ante la ONU, 27 de mayo de 2004.
(5) EL PAÍS 15-06-04.
(6) EL PAÍS 21-05-04.
(7) La petrolera estadounidense Occidental Petroleum financia una brigada del ejército involucrada en violaciones de derechos humanos. La española Repsol YPF es socia de la compañía norteamericana en Arauca. Según AI, Washington entrena y presta apoyo a la misma brigada. España, que firmó un acuerdo con Bogotá en materia de inteligencia, no sometió la colaboración al respeto de los derechos humanos (Crónica de EL PAIS 22/04/04).
(8) Javier Giraldo, jesuita colombiano, vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos de los Pueblos, recogió en Madrid el premio Juan María Bandrés concedido por la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). «El gobierno de Colombia ha trazado una estrategia de paramilitarización muy sutil: la «seguridad democrática»… Se han multiplicado las detenciones arbitrarias, las acusaciones, las capturas y los procesos por delitos supuestamente políticos con métodos que no permiten defenderse. Uribe habló de la posibilidad de tener un millón de informantes, y hace pocos días se hablaba de dos millones». Giraldo se refiere a la situación del pueblo de San José de Apartadó, en Antioquía. En 1997 se declaró como comunidad de paz en una zona de lucha entre la guerrilla y los paramilitares. Cuando Uribe era gobernador de esa provincia, pretendió que la localidad de 3000 personas aceptase la presencia del ejército. «Desde entonces ya van 135 muertos. Les han mandado 80 mensajes en los que les dicen que van a destruir la comunidad». Cuarenta de ellos han sido torturados para que inculpasen a los lideres de la comunidad como guerrilleros, cosa que es falsa, y en noviembre de 2002, el ejército asesinó a cinco conductores que les llevaban comida para que nadie se atreviese a abastecerles».
(9) Uno de los casos reflejados por Amnistía Internacional señala que «entre el 1 y el 7 de mayo de 2003, soldados de la XVIII Brigada, que llevaban brazaletes de las AUC, entraron en Julieros, Velasqueros, Roqueros, Genareros y Parreros, poblados del resguardo indígena de Betoyes, en el municipio de Tame, departamento de Arauca. En Parreros, al parecer, violaron y mataron a una muchacha embarazada de 16 años, Omaira Fernández. Según los informes, le abrieron el vientre y le sacaron el feto, y luego metieron su cuerpo en un saco y lo arrojaron al río Cravo».
(10) EL PAÍS 28-05-04.
(11) El PAÍS 28-05-04. El informe de AI resalta que «los grupos guerrilleros fueron responsables de infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, incluidas tomas de rehenes y secuestros y homicidios de civiles. Perpetraron ataques utilizando armas de forma desproporcionada e indiscriminada, y con ello causaron la muerte de numerosos civiles». Además de dejar clara la responsabilidad de los grupos guerrilleros, el informe de AI se hace eco de un suceso enormemente significativo: «El 7 de febrero, al menos 35 personas murieron y más de 160 resultaron heridas al hacer explosión una bomba en el club «El Nogal» de Bogotá. El 15 de julio, Germán Camacho Roncancio, investigador judicial encargado del caso, que no relacionó el atentado con las FARC, fue destituido. Lo mataron el 4 de septiembre». Independientemente de la autoría de la bomba, muestra las dificultades de la investigación criminal.
(12) EL PAÍS 26-02-04.