Horas después del fallido atentado al general Pinochet fue secuestrado y asesinado de 14 balazos en la cabeza el periodista José Carrasco Tapia. No fue la única víctima en esa noche. Otros tres opositores al régimen militar fueron también asesinados. Dos décadas después están identificados los militares implicados -no así los civiles-, pero aún no […]
Horas después del fallido atentado al general Pinochet fue secuestrado y asesinado de 14 balazos en la cabeza el periodista José Carrasco Tapia. No fue la única víctima en esa noche. Otros tres opositores al régimen militar fueron también asesinados. Dos décadas después están identificados los militares implicados -no así los civiles-, pero aún no hay condenas.
La atmósfera que se respiraba en septiembre de 1986 era de cortarse con cuchillo. Augusto Pinochet se aprestaba a cumplir 13 años en el poder en medio de jornadas de protestas cada vez más masivas y violentas. El Partido Comunista había decretado ese año como «decisivo» y pocos días antes se había descubierto parte de un importante arsenal ingresado por Carrizal Bajo, una pequeña caleta de la III Región. Muchas de las publicaciones de oposición que denunciaban los atropellos de los derechos humanos cometidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI), el órgano represor del régimen, eran perseguidas y silenciadas por los censores de turno.
En la tarde del domingo 7, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) intentó acabar con la vida del dictador atacando a su comitiva en la cuesta Achupallas, en el Cajón del Maipo. Tres vehículos fueron destruidos y cinco escoltas perdieron la vida, pero el general Pinochet libró sólo con unos rasguños y sediento de rencor y venganza.
En La Moneda se realizaron múltiples reuniones para analizar la situación y decidir las acciones futuras. El expediente judicial del caso consigna especialmente la que sostuvieron el almirante José Toribio Merino y el entonces director de la CNI, general Humberto Gordon, hoy ambos fallecidos. A la medianoche, el país estaba bajo estado de sitio. Nadie podía desplazarse por las calles, salvo un grupo de hombres armados que durante la madrugada del lunes 8 se dirigieron raudos a los hogares de varios opositores al régimen militar. A las cinco de la mañana derribaron la puerta del departamento del editor de Internacional de la revista «Análisis» y consejero metropolitano del Colegio de Periodistas, José Carrasco Tapia. La vendetta también cobró la vida de Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muskablit.
Pepe o Pepone (43), como le decían sus cercanos, vivía en el barrio Bellavista con su compañera, Silvia Vera, y dos hijos de él y uno de ella. «Ese día terminó su vida, nuestra historia y la familia que teníamos. Pepe fue fantástico conmigo y el padre que mi hijo no tuvo, porque lo desaparecieron cuando él tenía 18 días de vida».
Dos semanas antes, el 20 de agosto, Carrasco denunció una burda operación de los servicios de seguridad para asesinarlo, anunciando con panfletos anónimos que su partido -el MIR- lo había condenado a muerte por una pugna interna. Amanecía el 8 de septiembre cuando, descalzo y a medio vestir, Pepone fue arrastrado hasta el lugar de su muerte: el muro perimetral del cementerio Parque del Recuerdo, en la circunvalación Américo Vespucio. Esa mañana, una ráfaga que duró segundos interminables despertó a los pobladores de la Villa Héroes de la Concepción y durmió para siempre al combativo reportero que volvió desde el exilio decidido a derrocar la dictadura o morir en el intento.
CULPABLES SIN SENTENCIA
Tras la detención de Pinochet en Londres en 1998, un nuevo escenario judicial se abrió para las causas de derechos humanos. En el 2001, el ministro Hugo
Dolmestch asumió el caso y procesó a los agentes de la CNI Jorge Vargas Bories, Iván Quiroz Ruiz y Carlos Fachinetti como los autores materiales del crimen, y a Álvaro Corbalán como quien dio la orden de matar. El primer confeso fue Vargas Bories, a quien Iván, el hijo mayor de Pepe, identificó con total seguridad en una rueda de reconocimiento a principios de los ’90.
Aunque a dos décadas los crímenes aún no hay sentencia para los culpables, el abogado Nelson Caucoto confía en alcanzar pronto un fallo condenatorio. Sin embargo, persisten sus dudas sobre los responsables intelectuales del crimen. Recuerda que, tras el atentado, en La Moneda se reunieron altas autoridades, como el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, los jefes de la policía y de la CNI. «Al salir de la reunión, Humberto Gordon instruye a Álvaro Corbalán para aniquilar a dos opositores por cada uno de los escoltas caídos en El Melocotón… El que uno de los participantes de ese `cónclave’ decida por sí mismo que `hay que matar’, a mí no me cuadra», enfatiza Caucoto.
Por otro lado, el abogado Luis Eduardo Thayer, quien patrocinó el 15 de septiembre de 1986 la querella presentada por el Colegio de Periodistas en relación al asesinato de José Carrasco, sostiene que la relación de hechos está clara. Según consta en el proceso, el preámbulo de los crímenes fue el siguiente:
Con el fin de recibir instrucciones, Álvaro Corbalán regresó a la capital y se dirigió al Cuartel General de la CNI, citado por el general Humberto Gordon Rubio, quien se había reunido en La Moneda con el almirante José Toribio Merino Castro, comandante en jefe de la Armada y segundo en la sucesión del mando de la Junta Militar de Gobierno.
En el cuartel de calle República, el general Gordon ordenó al mayor Corbalán Castilla y al teniente coronel Manuel Provis, comandantes de la División Antisubversiva y de la División Política Metropolitana, los órganos operativos básicos de la CNI en ese momento, que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos, en una proporción de dos a uno.
Para Iván Carrasco (36), el asesinato de su padre «fue un hecho brutal y horroroso que he podido superar, pero no así mi hermano Luciano, quien tenía 14 años cuando ocurrió, y le afectó hasta ya adulto y terminó por arrojarlo a las vías del tren en 2002».