Desde hace cerca de 10 años, se ha solicitado a la justicia colombiana que active los mecanismos que posee para la superación de la impunidad en este caso. Se ha pedido también al gobierno de Colombia que en aplicación del principio de reciprocidad internacional, solicite a los Estados Unidos la colaboración que se requiere para […]
Desde hace cerca de 10 años, se ha solicitado a la justicia colombiana que active los mecanismos que posee para la superación de la impunidad en este caso. Se ha pedido también al gobierno de Colombia que en aplicación del principio de reciprocidad internacional, solicite a los Estados Unidos la colaboración que se requiere para avance del mismo con el suministro de información relevante e incluso la activación del mecanismo de extradición de empresarios estadounidenses comprometidos con pagos al paramilitarismo.
El Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» -CCAJAR-, y la Corporación Jurídica Libertad, Ccajar, CJL , ponen en conocimiento de la opinión pública que:
1. Las violaciones sufridas por las víctimas del paramilitarismo auspiciado por las empresas bananeras Banadex y Chiquita Brands International siguen impunes. Operan en este caso diversos mecanismos para ello, entre otros, la lentitud de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
2. Desde hace cerca de 10 años, se ha solicitado a la justicia colombiana que active los mecanismos que posee para la superación de la impunidad en este caso. Se ha pedido también al gobierno de Colombia que en aplicación del principio de reciprocidad internacional, solicite a los Estados Unidos la colaboración que se requiere para avance del mismo con el suministro de información relevante e incluso la activación del mecanismo de extradición de empresarios estadounidenses comprometidos con estos pagos.
3. A pesar de las pruebas que se han incorporado e incluso la misma confesión que hiciera la empresa en los Estados Unidos de haber suministrado regularmente dinero a los paramilitares, y por lo cual fue sancionado por apoyar a una organización terrorista, no ha habido hasta el momento sanción penal efectiva contra los responsables.
4. Los cambios inesperados de fiscales, funcionarios que han tomado mucho tiempo en conocer un expediente tan voluminoso y complejo, son situaciones que concretan demora para superar la primera fase del proceso. Actualmente la investigación tiene a cargo una fiscal recién nombrada luego de varios meses de mantenerla acéfala. Así, el derecho de las víctimas de acceder a la justicia se disuelve en cambios de fiscales y dilaciones que impiden superar la impunidad.
5. Por otra parte, dos de los testigos que han comparecido al proceso han sido asesinados: Alberto Osorio Mejía, condenado por concierto para delinquir en su condición de representante legal de la Convivir Papagayo y José de Jesús Pérez Jiménez, postulado en Justicia y Paz que reconoció que la Convivir Papagayo era instrumento del Bloque Bananero.
6. Entre tanto, las víctimas del paramilitarismo en la zona de Urabá, auspiciado por dichas empresas bananeras, siguen sufriendo los atropellos de esos grupos que siguen actuando con la connivencia de la fuerza pública.
7. Hacemos un llamado al Estado colombiano en su conjunto para que:
a. Atienda su obligación de debida diligencia en el avance de esta y otras investigaciones de graves violaciones de derechos humanos.
b. Desarrollar mecanismos reales y vinculantes de control a las empresas trasnacionales para evitar que generen violaciones a los derechos humanos y además gocen de impunidad.
c. Asuma su responsabilidad en la connivencia que durante mucho tiempo han tenido los paramilitares, la fuerza pública y estas empresas, así como en la injustificada dilación de este proceso y la impunidad en que se mantiene.