Criminalización y represión contra la juventud

Después de tres años, se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Aunque se habla de la rehabilitación y la reinserción, lo cierto es que el eje está puesto en las medidas de privación de la libertad. Se trata de una política de criminalización y represión contra la juventud del pueblo trabajador. Se terminó con la figura de la falta de discernimiento para los jóvenes menores de 18 años. Desde ahora, se considera su responsabilidad penal.

Mano dura: una apuesta por el encarcelamiento

Al comentar algunos analistas el proceso de aprobación parlamentaria de ley, se indicaba que el Senado dobló las penas aprobadas en Diputados, amplió el listado de delitos que permiten utilizar las penas de cárcel, prácticamente excluyó la opción de libertad asistida en casos de delitos graves, eliminó el recurso a sanciones especiales (por ejemplo, medidas de reparación a la comunidad). Diputados no se inmutó, y con estas medidas más represivas, se terminó aprobando esta Ley. En lo fundamental, significa que los jóvenes de 16 a 18 años podrán tener penas de hasta 10 años. Que los jóvenes de 14 y 15 años, podrán tener penas de 5 años. Para delitos menores (541 días a 3 años), correrá la sanción en sistemas semicerrados y libertad asistida, y también existen como opciones la prestación de servicios, reparación del daño causado y multas. En cada Región habrá un «centro de reclusión juvenil» (cárcel), aumentando de los 3 que hay en Santiago a 4, y de los 2 que hay en Concepción a 3. La clave, es asegurar el encarcelamiento. Mucho se ha criticado este sesgo, y mucho han tenido que justificarlo el gobierno de Lagos, la Concertación y la derecha.

También es un negocio

Los programas de libertad asistida y medidas reparatorias son traspasados al sector privado. Así, de los Programas de Intervención Ambulatoria, se pasará a los Programas de Libertad Asistida. El diseño técnico correrá por cuenta del Sename. Para estos fines, el Sename dispone de 7 mil millones de pesos. Pero no es todo. También hay un negocio en la construcción de cárceles. El Ministerio de Justicia tiene su plan de negocios al respecto, el «Programa de Concesión de Infraestructura Penitenciaria», que consiste en la construcción de 10 establecimientos penitenciarios ubicados en distintas regiones del país para una capacidad que va desde los 1300 a los 2000 internos cada uno. Se generarán más de 16.000 nuevas plazas , en más de 350.000 m2 construidos. La inversión total se elevará hasta los 260 millones de dólares. A los políticos patronales de la Concertación y la derecha, que les gusta tanto citar a Estados Unidos, se les olvida mencionar la experiencia de la privatización carcelaria allí. Nosotros no, veamos: «¿Por qué hay tantos presos? ‘La contratación privada de prisioneros para trabajar fomenta incentivos para encarcelar gente. Las prisiones dependen de estos ingresos. Los accionistas de corporaciones que se lucran con el trabajo de los prisioneros cabildean para que se alarguen las condenas y expandir su fuerza laboral. El sistema se nutre así mismo’, indica un estudio del Partido Laboral Progresista que acusa a la Industria de Prisiones de ser ‘una copia de la Alemania Nazi respecto al trabajo esclavista forzado y los campos de concentración’. El Complejo de Industria de Prisiones es una de las industrias de mayor crecimiento en los Estados Unidos de Norteamérica y sus inversiones están en el Wall Street. ‘Esta industria multimillonaria tiene sus propias exhibiciones comerciales, convenciones, websites, catálogos para hacer pedidos por correo y por Internet. También tienen campañas directas de anuncios, compañías de arquitectura, compañías de construcción, casa de inversionistas de Wall Street, compañías de abastecimiento de plomería, compañías proveedoras de comidas, de seguridad a pruebas de bala, celdas acolchadas en gran variedad de colores’. Hay como 18 corporaciones custodiando a 10,000 prisioneros en 27 estados. Las dos más grandes son la Corporación Correccional de América CCA y la Wackenhut que controlan el 75 por ciento. Una prisión privada recibe una garantizada cantidad de dinero por cada prisionero, independientemente de cuánto cueste mantener al preso. De acuerdo al administrador de prisiones privadas de Virginia, Rusell Boraas el ‘secreto de operar a bajo costo es tener un número mínimo de guardias cuidando al máximo número de presos’. La CCA tiene una prisión ultramoderna en Lawrenceville, Virginia en la cual cinco guardias en el turno de día y dos en la noche cuidan a 750 prisioneros. En las prisiones privadas se les deduce tiempo por «buen tiempo cumplido» pero por infracción se les añade 30 días a sus sentencias, es decir, más ganancia para la CCA». ¿Citamos a la empresa Wackenhut en Estados Unidos? Entonces, no podemos dejar de citarla aquí en Chile: «Hace dos años la empresa de seguridad privada Wackenhut Chile presentó un proyecto al Gobierno del Presidente Frei para construir y administrar cárceles con internos de bajo compromiso delictual, reflejando el interés por intervenir en esta actividad» (El Mercurio de Valparaíso, 19/2/2000). ¿Traerán también como servicio de importación el trabajo forzado y el negocio de las cárceles privadas. A no dudarlo.

Y más mano dura. ¿Para qué?

Los mismos promotores de la mano dura, la derecha, El Mercurio y la Fundación Paz Ciudadana, la Concertación, deben reconocer a través de unos de sus medios que se trata al joven con los criterios de los adultos: «en materia procesal se basa casi en su totalidad en el nuevo sistema de juzgamiento criminal para adultos» (Mercurio, 17/10). Así, se aplicará, además de las penas de cárcel ya mencionada, la prisión preventiva, aquí llamada «internación provisoria». Entre otras características, se reconoce que no está regulada, así que depende del libre arbitrio del juez. No existen medidas tales como las recomendadas por la experiencia internacional, como ser la posibilidad de suspender en forma condicional el procedimiento, para evitar tener que llegar a juicio por «casos poco relevantes». ¿Qué significa entrar directamente a medidas represivas tan duras? Criminalizar a la juventud. Calificarla de entrada como de peligrosos delincuentes, que deberán someterse a los rigores de las penas de los adultos. ¿Y para qué es esta ley de la mano dura contra la juventud del pueblo trabajador, con todas sus medidas de represión, de encarcelamiento asegurado? Según reconoce la misma directora del Sename, Delia Del Gatto, para permitir «como sociedad ejercer control social» (El Mercurio, 23/9) Control social es a lo que nos someten todos los días, en los parques, al salir a la noche, si vamos en grupo, si no les gusta cómo estamos vestidos. Al no darnos trabajo y condenarnos a la pobreza. Al reducir a la nada el espacio público, y quitarnos todo derecho a la diversión. Al darnos trabajo en condiciones de superexplotación. Al marginarnos de la educación, y exigirnos títulos para obtener trabajo.

¿Reinserción? ¿quiénes son los culpables de la inseguridad?

Se habla que la Ley debe o debería asegurar la reinserción y la rehabilitación. ¿A dónde quieren reinsertarnos? La calle, el barrio, nuestros lugares los patrones y sus políticos de la Concertación y la derecha, los han castigado, empobrecido, con nuestras familias destruidas, nuestros padres con empleos precarios, siempre con el riesgo de perder el trabajo, o humillados por el patrón. Nuestra educación es una fuente de frustración permanente. La educación mercantilizada tiene esos efectos. Uno de sus máximos defensores, debe reconocerlo: «Miles de niños de escuelas intervenidas piensan que van a tener un título profesional. No saben que estudian en planteles que si no mejoran los resultados, serán cerrados. La idea es no continuar frustrando a nuevas generaciones de alumnos. ‘Todas íbamos a ser reinas’, dice el poema de Gabriela Mistral. ‘Todos íbamos a ir a la Universidad y ser profesionales’, dice el sueño de miles de niños y jóvenes chilenos. Y lamentablemente, para la mayoría se queda en eso, sólo un sueño». (El Mercurio, 25/8). No es sólo un problema de la educación en sí misma, sino también de la falta de trabajo: «a muchos padres les molesta mandar a sus hijos a la enseñanza media pues quieren que se pongan a trabajar». Es claro que se ven obligados a tener que mandar a sus hijos a conseguir unas monedas, para poder subsistir. Y también es un problema, cuando se tiene trabajo, de condiciones de superexplotación. Aunque los patrones piden más flexibilidad (y para hacerla digerible, se focalizarán en la juventud y las mujeres), el trabajo de la juventud ya está flexibilizado. Se trabaja en condiciones de superexplotación, hoy, según el Código de Trabajo: con el contrato de aprendizaje, se puede contratar a menores de 21 sin indemnización al terminarse el trato, sin derecho a salario mínimo ni negociación colectiva. Por el contrato de jornada parcial, se flexibiliza la jornada, determinando arbitrariamente las jornadas y los horarios el patrón, reduciendo así el salario de una jornada completa normal. Al establecer el salario mínimo diferenciado, que es un 25% menor que el de los adultos. ¿A esta vida nos quieren mandar a rehabilitarnos? Estas condiciones de trabajo y de vida, de la que son culpables los patrones y sus políticos de la Concertación y la derecha, son las que empujan a la delincuencia, son ellos mismos los que la crean. Para ir avanzando en comenzar a terminar con estas condiciones de vida y trabajo, es necesario que los jóvenes del pueblo trabajador que las padecemos, nos organicemos para luchar por construir un partido de trabajadores revolucionario.