Frente a la escasez de sus medicamentos en el hospital San José, de la comuna de Independencia, en junio de 2013 un grupo de mujeres con artritis reumatoide decidió unirse y movilizarse. Pese a que la enfermedad está en el Plan Auge, no se les garantizaba tratamiento. La televisión cubrió la protesta en las afueras […]
Frente a la escasez de sus medicamentos en el hospital San José, de la comuna de Independencia, en junio de 2013 un grupo de mujeres con artritis reumatoide decidió unirse y movilizarse. Pese a que la enfermedad está en el Plan Auge, no se les garantizaba tratamiento. La televisión cubrió la protesta en las afueras del recinto y su petitorio fue acogido: un nuevo stock de metotrexato para reducir la inflamación y las dolencias. Al poco tiempo, ante la crisis hospitalaria decidieron ampliar su plataforma de lucha y conformaron la Agrupación de Usuarios del Hospital San José, que se encuentra en un ascendente proceso de movilización y articulación con trabajadores, profesionales de la salud, pobladores y estudiantes, cuya demanda en común es cambiar el modelo de salud.
Punto Final entrevistó a los fundadores de esta organización: Ingrid González Neira, de 47 años, con artritis reumatoide y lupus, y Gustavo González Araya, de 58 años, paciente del hospital y secretario de la Agrupación de Usuarios Prais de Recoleta. Su pareja, Vania Cantero, que sufre de artritis reumatoide, también es parte del núcleo fundador.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los pacientes del hospital San José?
Ingrid González : «El hospital San José fue diseñado para atender a 300 mil habitantes y hoy esa cifra se empina sobre el doble. Por tanto, no entrega una atención oportuna y de calidad. La falta de especialistas produce extensas listas de espera. El servicio de Reumatología es una de las áreas más críticas. No cuenta con especialista y con sólo un médico no da abasto para atender todas las patologías reumatológicas. En la unidad de Traumatología, por ejemplo, un paciente con artrosis severa que requiere una operación para prótesis de rodilla puede estar en lista de espera mínimo dos años y medio. Muchos enfermos mueren esperando atención.
Se nos dice que no hay recursos para contratar especialistas para destrabar las listas de espera, pero se gastan 80 millones de pesos en un concurso público de alta dirección para elegir al director del hospital. Luego nos enteramos que fue designado a dedo por el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte. A profesionales les han pagado salarios por jornadas de 22 horas, pero trabajan 11. Ante la denuncia, se hace vista gorda y los dineros no se restituyen. Estas prácticas son impresentables y una burla para los enfermos. Tenemos dificultad en el acceso a exámenes médicos porque las máquinas están deterioradas o no se cuenta con personal idóneo. La escasez de medicamentos es otro problema. No podemos resolverlo todo con paracetamol. La lentitud en la entrega de remedios en la farmacia hace que los pacientes pasen horas en el hospital, lo que desalienta e indigna».
LA «PATA DE PALO»
¿Hay falta de dignidad en la atención?
Ingrid González : «Sabemos de muchas historias. A las personas que amputan una pierna, el hospital a través del policlínico Maruri les tiene que instalar momentáneamente una ‘pata de palo’, como se dice vulgarmente, en espera de ser beneficiaria con una prótesis ortopédica por medio del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), cuyo proceso demora entre dos y tres años. Según el hospital, por falta de recursos no se puede comprar ese insumo provisorio.
Otra situación indignante es que a los pacientes se les cita a las 8 de la mañana y se les empieza a atender a las 10, por lo que pueden llegar a esperar hasta cinco horas para ser vistos por un médico. Al director del hospital, José Miguel Puccio, le planteamos esta situación y nos respondió que el procedimiento se debe a que existe un 30% de pérdidas de horas médicas y por ello, en forma precautoria, se cita a todos los enfermos a la misma hora».
Gustavo González : «Se han suspendido cirugías por sustracción de insumos y por cortes de luz. Según el director, recientemente se postergaron once cirugías por falta de insumos. Se licitó un nuevo scanner, pero el Dr. Puccio dice que no hay plata para su implementación y tampoco el recurso humano. También admitió, en una reunión con la agrupación, que treinta proveedores bloquearon la entrega de insumos al hospital producto de la deuda que se mantiene».
¿Ha habido alguna solución para los afectados por el «caso Maruri», en que miles de atenciones fueron eliminadas de las listas de espera en 2013?
Ingrid González : «En 2010 habían alrededor de 194 mil personas en listas de espera en el hospital San José. Según Ciper Chile, 130 mil atenciones fueron eliminadas de las listas de espera de manera fraudulenta, durante el gobierno de Piñera. Los pacientes afectados no recibieron atención y algunos accedieron a operativos médicos con falsos especialistas en el policlínico Maruri. Luego que estalló el asunto, los directores del Servicio de Salud Metropolitano Norte y del hospital San José fueron removidos de sus cargos. La Fiscalía Metropolitana Norte investiga el caso, pero la información es reservada. No hay sanciones penales a los responsables. El director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Dr. Luis Alvaro Lefio, nos aseguró que están buscando a las personas afectadas por el fraude. Sin embargo, vemos que no hay un compromiso real de las autoridades en solucionar el problema».
Gustavo González : «Por la crisis de credibilidad que existe en el país, uno puede entender que existe un mecanismo para hacer funcionar el modelo, cuyo lubricante es la corrupción. El ‘caso Maruri’ está siendo investigado por la Fiscalía, la Contraloría y de manera interna por el Servicio de Salud Metropolitano Norte y el hospital San José, pero el resultado lo podemos anticipar: cero, porque los involucrados están en el poder. No habrá una investigación seria que sancione a los responsables y que repare a los miles de pacientes afectados. El director del hospital nos dijo que no había certeza respecto del número de pacientes en listas de espera, ni menos los del ‘caso Maruri’. Eso es dramático, estamos hablando de zonas oscuras. Hay gente que en este momento se está muriendo en espera de una atención».
MODELO PERVERSO DE SALUD
¿Cuál es la raíz de estos problemas?
Gustavo González : «La raíz del problema es el modelo de salud segregador y perverso que beneficia a los privados. El 80% de la población se atiende en el sistema público, un 18% en el privado y 1% en hospitales de las FF.AA. El Estado traspasó en 2013, 1.187 millones de dólares a los privados por diferentes vías, como compras de servicios, modalidad de libre elección (MLE), así como por las Garantías Explícitas en Salud (GES). Desde 2006, la facturación del Estado a centros de salud privados por la MLE ha crecido en más de 88,4%, pese a los anuncios del Ministerio de Salud, en orden de buscar fórmulas que permitan reducir estas compras. La salud privada controla el 7% de los impuestos de los más jóvenes, ricos y sanos de la sociedad. El presupuesto de salud pública apenas alcanza el 3,4% del PIB, con el cual se cubren las necesidades de trece millones de chilenos, los más pobres. En cambio la salud privada usa el 4,4% del PIB. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda un gasto del 6% en salud pública, a lo menos. No es posible admitir que un servicio social sea transformado en un bien de consumo. Lo que está en juego es la salud de los millones de chilenos e inmigrantes pobres».
¿Qué opinan de la organización de los usuarios del sistema público de salud para hacer frente a la crisis del sector?
Ingrid González : «Los pacientes en su mayoría son personas mayores, que por su nivel sociocultural no tienen una capacidad de respuesta frente a un abuso de este tipo, sino que simplemente esperan. Andan solas, en muchos casos no cuentan con apoyo de familiares. El país está envejeciendo y las políticas públicas no responden a ese fenómeno. Hemos sido testigos que algunos pacientes al consultar sobre el estado en que se encuentran para acceder a horas médicas, tratamientos u operaciones, no están en ninguna lista de espera y desconocen qué procedimiento seguir. Eso genera mucha frustración».
Gustavo González : «En el caso de los estudiantes y los trabajadores uno puede ver una respuesta estructural ante la injusticia, porque hay una relación concreta cotidiana: están en la misma Facultad, en la fábrica. Los pacientes somos una cantidad infinita con distintas actividades, intereses y recursos. Los usuarios tuvieron una activa participación durante el periodo de la Unidad Popular, que se sustentaba en la organización amplia de los trabajadores y la movilización permanente. Hoy a los trabajadores los aqueja la dispersión injustificada, que es funcional al modelo neoliberal. En el hospital San José, un tercio de los trabajadores tiene contrato, igual porcentaje se encuentra a contrata y a honorarios, más los subcontratados. A eso se suma que hay dos federaciones de trabajadores de la salud (Fenats), una agrupación de profesionales, más los colegios por especialidad. Es difícil pedirle a los usuarios que tengan una respuesta organizada contundente, si aquellos que deben tenerla no la tienen. Esto es parte de los mecanismos de control social que dificultan una respuesta a la crisis del sistema público de salud. Solo la acción decidida de usuarios, funcionarios, profesionales y el pueblo hará posible que recuperemos una salud pública digna. Una tarea esencial pasa por la unidad de los trabajadores de la salud en un solo movimiento independiente de las operaciones de los partidos y grupos que mantienen el régimen (Nueva Mayoría y Alianza). Necesitamos la unidad de los trabajadores que sean capaces de colocarse a la vanguardia de este proceso».
¿La «participación institucional» en salud también sería una forma de control social?
Gustavo González : «Como la crisis de la salud es bastante brutal, tratan de adornarla. La institucionalidad crea organismos de participación, pero que terminan siendo formas de control y de contensión fundamentalmente: los Consejos Consultivos (hospitales) o Consejos de Desarrollo Local (en los consultorios), en los que operan agentes políticos del gobierno de turno. Después de dos años como agrupación, conocimos al Consejo Consultivo del Hospital San José, dirigido por dos personas con escaso interés en resolver los problemas. Estos entes organizan eventos de participación con una forma parafernálica de presentación, donde se reduce la discusión a lo mínimo y el resultado ya está escrito. Por ello surgen espacios alternativos y fuera de la institucionalidad, como el Primer Encuentro Nacional de Pobladores por una Salud Digna, que se realizó el 25 de abril en el auditorio del hospital San José».
PIDEN DECLARAR CATASTROFE NACIONAL
Como agrupación, se encuentran haciendo alianzas con diversidad de organizaciones. ¿Cómo ven ese proceso de articulación?
Ingrid González : «Lo vemos auspicioso, porque sabemos que la unidad es el camino. Nos hemos reunidos con organizaciones de trabajadores, profesionales de la salud, estudiantes y pobladores que quieren transformar este modelo de salud. Se han generado instancias de discusión, de diagnóstico y propuestas. Hemos elaborado un programa para reconstruir la salud pública, que cuenta con el respaldo de amplios sectores sociales. En este pliego exigimos aumentar el gasto en salud pública y poner fin al traspaso millonario de recursos al sector privado. Asimismo demandamos la desmunicipalización de la atención primaria. La administración municipal de los servicios de salud muestra los mismos vicios que en el caso de la educación: gestión ineficiente, cara y de mala calidad. Otra sentida demanda es la reintegración al sistema de atención pública del hospital José Joaquín Aguirre, que pertenece a la Universidad de Chile. Hasta 1994 fue parte de la red pública y hoy, con dineros fiscales, funciona como una clínica privada más, incluso cobrando altos precios por los servicios que presta a los hospitales públicos. Demandamos el fin a la privatización de los hospitales públicos vía concesiones o venta de pabellones. No podemos permitir que nuevos hospitales se construyan con la modalidad de concesionados, del mismo modo que si se tratara de una carretera o una cafetería».
Gustavo González : «Se hace urgente la nacionalización de los hospitales concesionados, porque su construcción y funcionamiento es caro y de mala calidad. También exigimos al gobierno declarar la crisis de la salud una catástrofe nacional, y por esta vía hacer uso del 2% constitucional del presupuesto nacional para usarlo en la inmediata atención de los pacientes que esperan hasta por siete años. Que se pongan al servicio de todos los necesitados los hospitales de las fuerzas armadas y Carabineros, ya que cuentan con presupuesto y personal pagado por todos los chilenos. Que el Estado se haga cargo del 7% de descuento para salud, no puede seguir que ese aporte, que es un impuesto, quede en manos de privados».
¿Cómo evalúan el sistema Auge-GES, que es presentado como un avance?
Gustavo González : «Cuando hablamos que queremos una salud integral significa terminar con el sistema Auge-GES, porque no pueden haber enfermos de primera y segunda categoría. Las garantías son una farsa. El Auge -GES es una forma de recortar las atenciones, transformándolas en una canasta de prestaciones, que normalmente no se garantizan y que no incluyen las patologías derivadas de la enfermedad base ni exámenes complementarios, creando segregación. Junto con el Auge, se impuso la autonomía de la administración de los hospitales, con lo que los obliga a gestionarse como una empresa privada, endeudándose y recortando prestaciones para ‘cuadrar la caja’. Uno de los orígenes de esta perversidad está en la ley de presupuesto, que otorga en el subtítulo 22 una cantidad igual o mayor de dinero para las compras de servicios a privados que el destinado al pago de sueldos. Debe haber una atención universal, oportuna, integral, digna, estatal y gratuita. No más la política de subsidio a la demanda que solo sirve para recortar el gasto en salud».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 830, 12 de junio, 2015