En América Latina se evidencia una tendencia hacia la consolidación del plan de Seguridad Nacional, pensado y dirigido desde el Pentágono, en el marco de las luchas contra «el enemigo interno». Es en esa búsqueda de la dominación totalitaria que vemos cómo el imperialismo pretende fortalecer el control sobre los países llamados a la emancipación, […]
En América Latina se evidencia una tendencia hacia la consolidación del plan de Seguridad Nacional, pensado y dirigido desde el Pentágono, en el marco de las luchas contra «el enemigo interno». Es en esa búsqueda de la dominación totalitaria que vemos cómo el imperialismo pretende fortalecer el control sobre los países llamados a la emancipación, y por eso se se presentan planes de tipo corporativo y privatizador en la búsqueda del desarrollo del capitalismo monopolista, para ejercer el control político, económico y social en los países latinoamericanos, encaminándose cada vez más hacia una presidencia imperial.
Caminando en esa misma dirección, los gobiernos de Uribe y Santos avanzan en el recrudecimiento de la guerra, de la militarización de la vida, de la entrega de la soberanía, convirtiendo el territorio colombiano en plataforma militar de los gringos, con el fin de ejercer el control sobre los demás países latinoamericanos, enmarcados en lo que conocemos del Plan Colombia al Plan Patriota, y ahora el plan Espada de Honor, todos pensados y dirigidos desde el Pentágono. Dichas políticas guerreristas van en detrimento de los intereses del pueblo colombiano, que ve cómo la solución a los problemas de tipo económico, político, social y cultural está muy distante, tanto que ahora parece una utopía inalcanzable.
En el marco de la «seguridad democrática» las contradicciones de clase y los conflictos sociales permanecen latentes, la solución no son más policías ni soldados, la solución no pasa por la creación de más centros penitenciarios o batallones, la solución no pasa por el nombramiento de más jueces que condenen la libertad. La solución real es la transformación radical de las estructuras sociales, económicas y políticas, que han generado semejantes desigualdades e injusticias y que han sumido a la nación en una crisis de valores sin precedentes en la historia reciente del país, pero parece que esta elite apátrida que detenta el poder no entendiera esto y por el contrario le ofrece al pueblo colombiano una PAX romana, una PAZ de los sepulcros. Es esta ineficacia y pobre concepción de la realidad de nuestro país una de las razones de la crisis y resquebrajamiento de la «seguridad democrática».
En el ámbito económico vemos como la «seguridad democrática» entra en crisis y resquebrajamiento, en la misma medida que el capitalismo mundial va en decadencia, ya que dicho modelo económico no es más que una máquina de muerte, en donde la vida es tan sólo una variable más, sobre todo de aquellos que la sobreviven en los tugurios de miseria que circundan como lobos acechantes los grandes centros urbanos. En ese contexto vemos que cuando los bancos obtienen millonarias ganancias, la mayoría de las veces éstas no se ven reflejadas en el bienestar social, dichas ganancias se quedan en manos de ese reducido sector que maneja el negocio, pero cuando atraviesan una crisis como la actual, socializan la pérdidas, es decir claman por la ayuda del Estado representado por una elite apátrida y su maquinaria estatal de represión, de esta manera somos la gran mayoría del pueblo quienes nos vemos obligados a pagar el precio de estas crisis económicas, bajo la intensificación del modelo neoliberal, a través del cual esta elite que detenta el poder no busca más que entregar el país al Imperialismo y el capital mundial para que este resurja de entre las cenizas. En ese sentido urge el derrocamiento de la doctrina de la «seguridad democrática» la cual ya no cala en el pueblo, que sometido a condiciones de oprobio y miseria decide levantarse en contra de la tiranía, ya que en momentos de crisis no es suficiente con estar en desacuerdo, es necesario la organización y unidad del movimiento social y popular, para ganar en las calles, en las barricadas y en el monte, lo que desde la oligarquía gobernante nos pretenden arrebatar.
En el marco del control político, envuelto en la «seguridad democrática» enmarcada en la vieja doctrina de la «seguridad nacional», se hace importante que recordemos lo sucedido en el año de 1957 con la consolidación del Frente Nacional, el cual consistió en alternarse el poder cada cuatro años entre los partidos liberal y conservador, este pretendía acabar con el conflicto interno que se venia gestando desde la violencia desatada en 1948. Contrario a lo que pretendían, éste no reflejó más que una agudización del conflicto, debido al cierre de las vías democráticas, debido a que se repartían el poder sin tener en cuenta las necesidades más sentidas del pueblo. En nuestros días estamos asistiendo a algo muy similar con la mal llamada «unidad nacional «, la cual bajo el mismo argumento de acabar con el conflicto político, social y armado por la vía militar, no ha logrado mas que conducir al pueblo colombiano hacia el despeñadero social. Tales matices le proporcionan a la casta dominante aire para mantener la opresión mediante una recomposición representada en la alianza entre los partidos políticos de la burguesía para repartirse el poder y los cargos burocráticos; incluir dentro de su programa de gobierno puntos que constituyeron bandera de otros candidatos a la presidencia como la devolución de tierras, ley de víctimas, medio ambiente, tratados de libre comercio, etc. bajo el lema de cambiar para que nada cambie.
En esta misma línea, en el campo político la crisis y resquebrajamiento de la «seguridad democrática» está en consonancia con la crisis que atraviesan los partidos políticos, los cuales se han quedado rezagados en la consolidación de políticas incluyentes, de reformas estructurales profundas, además de la inminente negación a una apertura democrática, esto unido a los vínculos de políticos con el paramilitarismo y el narcotráfico lo cual no deja dudas acerca del proyecto de la derecha más reaccionaria del país de asegurar su dominio a través de la intimidación, el chantaje, el clientelismo, la muerte y la manipulación mediática, que coloniza las conciencias de millones de colombianos que no ven más allá de los titulares de la gran prensa oficialista, dentro de esa estrategia mediática al mejor estilo del fascismo criminal, en Colombia se pretende consolidar un régimen presidencialista, en el que sólo importe el parecer del dictador. Así, es posible entender los últimos debates en torno al independencia de los poderes públicos.
Desde un punto de vista social la crisis y resquebrajamiento de la «seguridad democrática» se ve reflejada en el desastre social generado por la destinación del presupuesto nacional a la búsqueda de una salida militar al conflicto político social y armado, por tal razón hay Niños que mueren de hambre, hay un crecimiento de la pobreza y del marginamiento, abandono total de los proyectos de construcción de vivienda popular; la mayoría de la población sin servicios de agua, luz y alcantarillado, Indiferencia del gobierno frente a la carencia de universidades, escuelas, colegios y maestros porque este estado fratricida optó por la opción de la privatización de este servicio evadiendo la responsabilidad social y entregándolo al capital privado para que disponga de él como mejor le plazca, lo mismo que el de la salud, recorte de las transferencias que paraliza el desarrollo de las regiones. Venta de empresas rentables del Estado para allegar más recursos a la guerra, Privatización paulatina de empresas estratégicas como ECOPETROL.
En síntesis, vemos cómo la agudización de la violencia estructural se explica por la incapacidad del estado para resolver las problemáticas sociales, por la negligencia en la consolidación de políticas que le apunten a una real democracia popular, en la cual sea el constituyente primario (la mayoría del pueblo) quien decida que país quiere, además de la existencia de una profunda desigualdad para distribuir los recursos nacionales especialmente en el sector agrario, acumulación de la tierra por parte de quienes la han arrebatado violentamente, además de una evidenciada falta de voluntad en la construcción de una política de PAZ con justicia social, por la cual se busque una salida política al conflicto político-social y armado. La paz entendida como la superación del conflicto político social y armado, con la comprensión de los componentes históricos y estructurales que han mantenido y han reproducido la inequidad y la marginación, termina por ser invisibilizada por una apuesta institucional a favor de la PAZ entendida simplemente como el «fin de la violencia», como el «no más», como el «fin del fin», bajo el cual se ha estructurado un discurso compatible con la solución militar del conflicto armado que ha favorecido la perpetuación en el poder de una clase política y económica históricamente dominante.
En ese orden de ideas las intensas luchas libradas por el pueblo colombiano en pos de la construcción de una real democracia, se ha levantado la bandera de la solución política al conflicto político-social y armado, como alternativa a la salida militarista derivada de la doctrina de «seguridad nacional» impuesta por el imperialismo yanqui. En ese sentido como la gran mayoría del pueblo colombiano debemos plantear que una salida militar no es viable, ni tampoco deseable. No es viable porque como mencionamos anteriormente se compromete el presupuesto de la nación en rubros que no representan progreso, mejoramiento de las condiciones de vida de la población, ni tampoco el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. La salida militar tampoco es deseable, pues en un dicho escenario que se cumpliera el objetivo de «el fin del fin» el resultado de éste no podría ser distinto al de una patria bañada en sangre y poblada por viudas y huérfanos.
Por último es necesario evidenciar el papel que deben jugar los movimientos político-sociales, cuya tarea primordial debe ser la de unir en un solo torrente a todas las tendencias democráticas y progresistas, y a todos los que estén por la construcción de la PAZ con justicia social, para que sobre la base de una nueva correlación de fuerzas políticas en la lucha de masas, se construyan escenarios en los que se discuta que país queremos, para una nueva Colombia. Entonces la PAZ es una acuciosa tarea que requiere de todos los esfuerzos y sacrificios del país, de organizaciones políticas y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno soberano y digno, como lo pensó nuestro Libertador.
(*) Andrés Felipe Cruz Ortiz es estudiante de Química en la Universidad del Quindio y miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
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