Medio millón de personas podrían quedar sin cobertura médica en Chile a raíz de la quiebra de una empresa de salud privada, un caso que evidencia los peligros del modelo neoliberal chileno de privatizaciones. No busque el lector a Santa Olga en un mapa de Chile, porque no lo hallará. Es un pueblo situado en […]
Medio millón de personas podrían quedar sin cobertura médica en Chile a raíz de la quiebra de una empresa de salud privada, un caso que evidencia los peligros del modelo neoliberal chileno de privatizaciones.
No busque el lector a Santa Olga en un mapa de Chile, porque no lo hallará. Es un pueblo situado en el medio de una de las regiones forestales del país, 350 quilómetros al sur de Santiago. O era, porque Santa Olga parece ahora una mini Hiroshima, con unas pocas ruinas de cemento erguidas entre los restos de las mil casas arrasadas por el incendio del 25 de enero. Tanta destrucción, con 5 mil damnificados, se produjo a causa de que las plantaciones de eucaliptos -en su mayoría pertenecientes al grupo Arauco, dueño de la planta de celulosa uruguaya de Montes del Plata- envolvían a la población. Como la empresa no mantenía fajas de terreno despejado a manera de cortafuegos, cuando los grandes incendios de enero (que afectaron casi 500 mil hectáreas del sur chileno) llegaron a la zona, el destino de Santa Olga quedó sellado.
Una pelea familiar arruinará las carreras de 3.500 estudiantes universitarios, porque la fundadora de la chilena Universidad Iberoamericana y su hija se enemistaron con otros dos miembros del consorcio propietario, también hijos de la fundadora, y resolvieron no aportar los fondos para sanear la deuda de casi 2 millones de dólares que la institución tiene con proveedores y docentes. La Iberoamericana quedó así al borde de la quiebra y el cierre, en tanto que la fundadora, quien también posee una red de colegios privados, está desde hace dos años bajo investigación por fraude tributario.
Úrsula, una profesional universitaria que vive en Concepción, la segunda ciudad de Chile, se encontró con su ginecóloga en el supermercado. «No se preocupe por los exámenes, se los hago igual, por ética profesional, pero estos sinvergüenzas hace más de un año que no me pagan», dijo la médica a su paciente. Ambas comentaban la noticia que en estos días causa angustia a más de 500 mil personas que podrían quedar sin acceso a ningún servicio médico: la quiebra de facto de la institución de salud privada Masvida.
Tres pilares
Estas tres historias tienen un elemento en común: el virtual descontrol que impera en Chile en los negocios privados y la incapacidad del Estado para ejercer un papel que proteja los derechos de los ciudadanos ante los abusos de las empresas. Hasta ha habido acuerdos empresariales para mantener artificialmente altos durante muchos años el precio de productos como el papel higiénico, los medicamentos, el pollo y los pañales, pero el caso de Masvida tiene la importancia de dar a la opinión pública evidencia manifiesta del modo fraudulento de operar que ya se conocía y criticaba en los sistemas de educación y pensiones.
No paran de trascender ejemplos de prácticas fraudulentas de Masvida y la policía chilena investiga acusaciones de varios delitos tributarios, pero la justicia ya acreditó que ejecutivos de la empresa matriz emitieron facturas falsas por cerca de un millón de dólares.
La salud, la educación y las jubilaciones privadas constituyen los pilares del «modelo chileno» que construyó la dictadura de Pinochet, mantenido con pocos cambios por los gobiernos democráticos. Una situación que según Miguel Crispi, candidato a diputado por la novel alianza izquierdista Frente Amplio (la cual aspira a llegar al gobierno inspirándose en la trayectoria del Frente Amplio uruguayo), se debe a que la coalición de centro izquierda actualmente encabezada por la presidenta Michelle Bachelet «es un proyecto que es prisionero del pacto que hizo con la elite empresarial» y con «las reglas del juego neoliberal que heredó de la dictadura».
Lo cierto es que el escándalo de Masvida dejó al descubierto algunos vínculos sugestivos de la empresa con el poder político. «Todo huele a fraude y estafa, por eso, además de la comisión investigadora, estamos dispuestos a hacernos parte de la querella por estafa y por todos los delitos relacionados con la quiebra inexplicable de Masvida», declaró a los medios el médico y diputado oficialista (partido Socialista) Juan Luis Castro; pero Castro, además de integrar la Comisión de Salud de la Cámara, es accionista de la empresa cuestionada, al igual que la ministra de Salud y por lo menos otros tres diputados. En otro ámbito, los registros accionarios incluyen también el nombre del rector de la Universidad de Chile.
Pingüe negocio
Úrsula vive en la misma ciudad donde hace más de 25 años un grupo de médicos decidió crear una Institución de Salud Previsional (Isapre) con dos objetivos claros, como los describió hace algunos días uno de los accionistas: obtener para los facultativos y sus familias la mejor atención de salud y hacer un buen negocio. El buen negocio está en que Chile, de acuerdo con un informe encargado en 2012 por la Fiscalía Nacional Económica a la Universidad Católica de Valparaíso, con datos de la Federación Internacional de Planes de Salud, es uno de los países más caros del mundo en el ámbito de la salud privada, al nivel de Estados Unidos, y el más caro de América Latina. Si se lo compara con Argentina, una apendicectomía cuesta diez veces más y la hospitalización supera en cinco veces el precio en una institución similar de ese país. Úrsula paga a Masvida 200 dólares mensuales; el suyo es un buen plan de salud, pero debe hacer copagos por todos los servicios, que están entre los 10 y 15 dólares en el caso de una consulta médica. También paga más que un hombre de su misma edad, porque la Isapre la sigue considerando «mujer en edad fértil». Aunque el reloj biológico ya indica otra cosa, la Isapre no le hace rebaja alguna.
A fines del año pasado, el superintendente de Salud anunció en una conferencia de prensa que la rentabilidad del sistema «sigue en niveles razonables y no críticos para el funcionamiento de la industria». Entre las principales cifras azules estaba la de Masvida, que según la autoridad, había aumentado sus utilidades 88 por ciento respecto del año anterior. Sin embargo, según pudo averiguar Brecha, dentro de la empresa se sabía por lo menos desde 2013 que ella estaba expandiéndose (con compras y construcciones de clínicas) más allá de lo que su capital se lo permitía. Mientras Úrsula, «mujer en edad fértil», y decenas de miles de afiliados más, entregaban todos los meses 51 millones de dólares, el plan médico especial para los accionistas generaba pérdidas por cinco millones anuales y sólo una de las clínicas tenía un déficit de 34 millones. Ello, pese a que ese establecimiento -la clínica Las Lilas de Santiago- cobraba mil dólares por volver a su lugar un brazo dislocado, como lo pudo comprobar este corresponsal, quien no está afiliado a Masvida, en una emergencia.
En 2015 Empresas Mas Vida (Emv), una suerte de sociedad paraguas que, por la ingeniería financiera que permite la legislación chilena, incluye a la Isapre, las clínicas y las inmobiliarias que alquilaban edificios a Masvida, comenzó a buscar socios estratégicos que aportaran capitales para el salvataje. Los afiliados se preocuparon cuando varias clínicas les exigieron el pago total de los tratamientos y consultas, y muchos emprendieron el éxodo hacia otras instituciones. En cuanto a los posibles socios o compradores parciales de Emv, el dato de que existían deudas con bancos y proveedores por 120 millones de dólares los hizo pensar dos veces. Por otra parte, se supo que las auditorías y balances mostraban grandes blancos e imprecisiones en las cifras.
Negando lo evidente
No obstante, en enero de 2017 la Superintendencia de Salud no se daba por enterada de que algo raro estaba sucediendo y su titular, Sebastián Pavlovic, declaró a los medios de prensa que no había recibido «señales de un inminente quiebre de Masvida». Solamente a comienzos de marzo, y cuando todo el ambiente empresarial sabía que la Isapre estaba con un pie en la quiebra, el gobierno nombró un interventor, cuya primera medida fue decretar un «corralito» de afiliados, para impedirles buscar en otra institución la protección de su salud. Bajo la lógica oficial, así se evita que la cartera de clientes pierda atractivo para su venta a otra Isapre, porque solamente permanecerían en ella las personas con enfermedades crónicas, en tratamiento, o de la tercera edad. Esto, porque las reglas del juego del negociado de la salud en Chile permiten que las instituciones privadas se nieguen a afiliar a esa gente.
Declarar un capital y depósitos por 280 mil dólares es la obligación principal que la ley fija para crear una Isapre. A partir de allí la libertad para el negocio es total, al extremo de que existen unos 40 mil planes de salud, ofrecidos por siete Isapres, y las diferencias de los precios de un examen como el hemograma pueden ser de hasta 1.000 por ciento. Ya en 2009, el Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud informaba que «la elección de un plan de salud es compleja, poco transparente y constituye un problema para el usuario». Otros estudios sobre el tema indican que la gran variedad de planes permite a las empresas de salud escapar a la comparación, la regulación y la competencia, porque se hace difícil comparar una cobertura con otra, y se construye un nicho de mercado.
Entre las promesas electorales de Michelle Bachelet estuvo la reforma del sistema de Isapres. Casi al fin de su presidencia, el proyecto de ley sigue perdido entre las comisiones de estudio y las presiones y cabildeos de la Asociación de Isapres, que ha recibido asesoramiento de empresas de lobby montadas por ex ministros, como el poderoso operador político Enrique Correa, quien integró el primer gobierno de la democracia.