Tras el triunfo electoral de la fórmula presidencial del Pacto Histórico en Colombia pululan análisis en los que las “robinsonadas” –que tanto rechazara el viejo Marx– tienden a estar en primer plano, independientemente de los juicios positivos o negativos respecto a las perspectivas del nuevo gobierno.
No obstante, la complejidad y realidad dialéctica de esta elección y de los primeros pasos de la coalición de gobierno distan de acotarse a las meras orientaciones programáticas o de personalidad de Gustavo Petro y Francia Márquez, a lecturas voluntaristas sobre el quehacer político. Es necesario, por tanto, que los sectores alternativos avancen en el abordaje de un análisis estructural del momento político que sirva de insumo certero para guiar nuestra acción política.
La victoria de Petro en las elecciones presidenciales colombianas combina, al mismo tiempo, aspectos realmente novedosos en el marco de la crisis estructural del régimen santanderista con la persistente receta gatopardista y frentenacionalista, con la que la oligarquía ha logrado mantener sin revoluciones ni reformas sustanciales a nuestro pueblo por más de 200 años a diferencia del resto del continente. El ascenso del Pacto Histórico nace preñado de contradicción, y es un campo en disputa, con proyección aun incierta, aunque innegablemente con correlaciones de fuerza dispares al iniciar su gestión gubernamental.
En primer lugar la explicación del ascenso al gobierno del Pacto Histórico no está en las urnas –ni en los chamanes mediáticos y gurús del marketing que asesoraron la campaña–, sino en las calles. Como sucedió con los gobiernos de impugnación al neoliberalismo de Nuestra América no se trata de meros triunfos electorales, como nos lo han pretendido vender quienes reducen democracia, participación y lucha política a votaciones. Del Caracazo (1989) a la Guerra del Gas (2005), y del “Que se vayan todos” argentino (2001) a la seguidilla de paros “destituyentes” en Ecuador (1997-2005), no hubo un viraje en los amañados comicios de los estados latinoamericanos sin un previo ascenso de la movilización social y popular, y el consecuente socavamiento de la hegemonía de la derecha.
El 2022 en Colombia hubiera sido imposible sin el bienio de rebelión popular (2019-2021) que, aunque reprimida a sangre y fuego, logró subvertir buena parte del sentido común de sectores populares y clases medias víctimas del régimen político y económico vigente. Un estallido social esencialmente urbano –como las actuales mayorías del país– y que por ello incide en la ventaja electoral en las grandes ciudades, si bien no sin importantes excepciones. El combustible del estallido es verdad de Perogrullo y radica en la insostenibilidad del modelo neoliberal y la profundización de la larga recesión capitalista, que tras más de una década y una pandemia de por medio ha generado una autentica emergencia social en Colombia. He ahí el primer gran reto del gobierno del Pacto Histórico: si no se asumen medidas de choque importantes y palpables para las amplias masas, la volatilidad del estallido se puede revertir prontamente, ante lo que será inocua la contemporización con la clase política tradicional y sectores del capital que viene adelantando.
Dentro de la coalición de gobierno se está en mora de comprender y reconocer que el sustento de su elección es el inconformismo popular que realizó una campaña autogestionada, y no los advenedizos politiqueros del establecimiento que alcanzaron a abandonar las zozobrantes candidaturas del régimen.
En segundo lugar –y hay que verlo como un triunfo derivado de la lucha de clases–, la fractura del bloque de poder generada por la lucha armada popular y el proceso de diálogo de La Habana –más no por la implementación del Acuerdo– lejos de zanjarse fue profundizada por el gobierno protofascista de Iván Duque. La victoria de Petro también es imposible sin la bancarrota sucesiva de una pléyade de candidaturas del establecimiento de las distintas facciones hegemónicas, tanto del santismo como del uribismo, y del fracaso-agotamiento de la salida fascista. Ante la incapacidad de lograr un consenso por parte del bloque dominante, que ni siquiera obtuvo la desesperada opción bonapartista de Rodolfo Hernández, Petro se impuso con el desprendimiento y apoyo inicial de un sector del establecimiento: el núcleo duro del santismo.
Las sucesivas oleadas de adhesión de sectores del viejo régimen a Petro no son producto esencial de astutas jugadas de póker de la oligarquía, ni mucho menos del enternecimiento hegemónico con la política del amor o la senil entrada en razón de un régimen y una clase política criminales. Este movimiento dentro del bloque hegemónico es al mismo tiempo medida contentiva contrainsurgente y desesperada contingencia oportunista ante la agudización de la lucha de clases en el país y la no recomposición de la histórica unidad en su seno.
Esto implica que aún no hay reconciliación en el bloque hegemónico, que sigue habiendo división de este y que ello debe ser sopesado en términos tanto de los consensos a construir con –y en– el nuevo gobierno, como de las luchas populares en el inmediato período. El triunfo del Pacto implica una continuación de la crisis hegemónica: expresa la decadencia de la oligarquía tradicional, aunque obviamente ni sus estertores ni mucho menos su sepultura. La linajuda aristocracia de los Lleras, los Santos, los Gómez y los Ospina, que parecía sempiterna, terminó acudiendo en parte al bonapartismo de Rodolfo, mientras que los otros le apuestan a “domesticar” a Petro para construir una salida gatopardista, donde todo cambie para que todo siga igual. Estamos ante un malabarismo de emergencia para impedir el derrocamiento del santanderismo y perpetuar su dominación; ya eso en sí mismo es una expresión de la profundidad de la crisis.
Como tercer aspecto, tras Petro y por encima de él, existe una nueva coyuntura regional y global que le abrió posibilidades óptimas a su elección y aporta interesantes condiciones para su gestión de gobierno. Con un casi seguro retorno del PT y Lula a la presidencia de Brasil se consolidaría un grupo de 4 gobiernos progresistas-reformistas en la región (México, Colombia, Chile y Brasil), los cuales no se alinearían del todo con el debilitado gobierno de Washington, pero mantendrán gran distancia de Caracas y otros procesos de cambio. Sin duda, el nuevo escenario regional –con la impugnación ruso-china a la hegemonía global norteamericana; la derrota de la derecha en países enclaves imperiales de la región, como Honduras o Colombia; la muy posible estanflación global; la crisis alimentaria y energética derivada del conflicto ruso-OTAN, y el fracaso del joven Guaidó con su política de pleno apartheid a Venezuela, entre otros elementos– podría marcar un contexto favorable para un gobierno alternativo y, en general, para sectores democráticos en la región.
Ante esta realidad externa, de seguro la apuesta estratégica del régimen y sus fuerzas en Colombia será mantener el aislamiento internacional y atemorizar al nuevo gobierno respecto a cualquier iniciativa soberana. Una nueva alineación geopolítica de cara a Nuestra América puede ser determinante para el sostenimiento del nuevo gobierno sin quedar a merced ni de Washington ni de los factores reales de poder internos. Temas como el de la paz integral deben proyectarse y pelearse en este nuevo ámbito geopolítico con la participación de actores proclives a nuevos escenarios a nivel regional y global. Sería un craso error de la nueva cancillería insistir en el alineamiento con la OTAN contra Rusia o cambiar el ajado “Respice Polum” por “Respice Europa”.
Y sería una gran torpeza para la gobernabilidad del Pacto Histórico endosar el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela –clamor unánime del pueblo fronterizo– justamente a aquellos sectores que desde el gobierno Santos las dinamitaron y que hoy continúan conspirando contra el gobierno del hermano país. La solidaridad continental que despertó el triunfo de Petro en toda Nuestra América debe ser revertida exigiéndole al nuevo gobierno un viraje en la política exterior hacia el continente. Ya es hora de que en la cancillería colombiana se enteren que hay repúblicas nacidas después de 1789.
Ahora bien, los riesgos de recomposición del régimen son reales. No solo por la postura ideológica referenciada de vieja data de Petro, si no por el asfixiante abrazo político y burocrático del Nobel Santos. Es de entender que el proyecto de Petro es una apuesta tardía de neo-dearrollismo capitalista y que en esta órbita las contradicciones con Santos están lejos de ser insalvables. Pero la previsible derechización del gobierno no sería una sagaz maniobra estratégica, sino el reconocimiento de sus límites en la correlación de fuerzas, si no se le da cauce en el gobierno a los sectores representativos del movimiento social y popular. El mayor peligro que se cierne sobre el nuevo gobierno sería que sirviese de explosión controlada del volcán, para usar la pedagógica metáfora de su Ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Aunque es comprensible que se busque gobernabilidad en el ejecutivo y el legislativo, la ampliación al infinito del llamado “Acuerdo Nacional” y la entrega de todas las carteras claves a estandartes del establecimiento, lejos de darle fuerza y autonomía al nuevo gobierno lo haría más prisionero que nunca de los poderes reales y lo conduciría a relegar sus importantes apuestas de cambio que, sin ser antisistémicas, poseen gran potencia transformadora para Colombia. Preocupa en extremo que dentro de la idea del gran Acuerdo y de la noción totalizante de la paz, se geste un trato de punto final con el uribismo en aras de subsanar las fracturas del bloque de poder..
Finalmente, otro gran reto que terminará en parte definiendo el carácter –aún en disputa– del gobierno del Pacto Histórico será el de la atrasada tarea de la Paz real. El fracaso del Acuerdo de Paz de 2016 hace metástasis, no sin el esmerado esfuerzo del gobierno de Iván Duque porque ello sea así. Petro como modernizador capitalista se ha comprometido a cumplir el Acuerdo de La Habana y sabe que es imposible la modernización capitalista con la actual continuación del conflicto armado desde diversos actores. Paradójicamente, el mismo Petro que quiso mantenerse ajeno a ciertos debates de la paz, está hoy obligado a reimpulsar el proceso de paz integral y, aunque no sea su voluntad, terminará siendo uno de los frentes cruciales de su administración, ya que justamente las causas de persistencia del conflicto armado son bases constitutivas del régimen.
A favor del nuevo proceso juegan la voluntad popular y el relativo apoyo en la coalición de gobierno. Hay dos grandes hechos incontrovertibles para Petro que deben ser la base de un nuevo proceso de paz: i) La perfidia y el fracaso del Acuerdo de Paz de 2016; y ii) la continuidad del conflicto social armado desde múltiples actores, que ha redundado en el recrudecimiento de la violencia en los territorios. Por ello es válido respaldar la apuesta por la Paz Integral, pero partiendo del reconocimiento de los anteriores postulados que traen consecuencias lógicas.
Respecto al primer punto hay que cumplir a plenitud lo ya firmado, lo que incluye desarrollos normativos y de políticas públicas, pero también ajustar lo acordado ante la distorsión de iure o de facto sufrida por estos años de perfidia. Respecto al segundo elemento, la continuidad del conflicto o la existencia de multiplicidad de conflictos con multiplicidad de actores requiere de un proceso de paz de mesas independientes pero congruentes en un único proceso, ya que la pacificación y desarme parcial sólo redunda en las tragedias humanitarias que hoy viven las históricas zonas de presencia de FARC-EP. La tesis del ingeniero Hernández de hacerle un “otro sí” al ELN, que generó las burlas entre muchos, no difiere en mucho de lo que algunas facciones del establecimiento y del nuevo gobierno piensan tanto para el ELN como para las nuevas guerrillas. Para ellos, el problema es de un tecnicismo a modificar en la arquitectura legal de la JEP, un “articulito” para meter en una JEP que hoy no corresponde a lo acordado en La Habana. Tal pretensión es equivocada, entre otras, al ver el rumbo tomado por la jurisdicción: de justicia reparadora, restaurativa y prospectiva pasó a ser mero reclinatorio para actos de contrición con graves consecuencias legales, políticas e históricas para el movimiento popular.
El otro gran canto de sirena al oído del nuevo gobierno en cuanto a temas de paz, que incluso estriba en parte de las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, es que solo existe la insurgencia del ELN y que los demás son grupos cobijados por el eufemismo de moda: “organizaciones multicrimen”. Esta lectura ahistórica y contrafáctica solo condena al fracaso a la más bienintencionada iniciativa para poner fin a la guerra. Es errado caer en la incomprensión del conflicto armado colombiano en su actual etapa como mera expresión de criminalidad del narcotráfico y disputas por rentas ilegales. Mucho menos reducir grupos políticos armados a la categoría de crimen organizado o negar el carácter contrainsurgente de las nuevas estructuras paramilitares por sus dinámicas gansteriles, ya que dicha realidad no es una novedad ni le resta su carácter ni su connivencia con expresiones criminales de las FF.MM. Más allá de la búsqueda de aplausos para la galería, un gobierno que realmente aspire ser histórico debe construir una política de paz en función de resolver las causalidades y combustibles de la actual etapa de la guerra, desarrollando un proceso diferenciado y simultáneo de diálogo con las insurgencias con participación social, pero confluyente junto al necesario desmantelamiento del paramilitarismo y otras expresiones armadas.
Con la posesión de Petro la crisis política continúa, y actores relevantes como las FF.MM. son hasta ahora una relativa incógnita. Lo nuevo no termina de nacer y, sobre todo, lo viejo no termina de morir: corresponde a los sectores democráticos disputar un rumbo democrático del proceso político en curso que sobrepase el ejercicio temporal del ejecutivo para evitar que esfuerzos y anhelos acumulados por décadas terminen siendo funcionalizados hacia la recomposición de la hegemonía de este perenne santanderismo.
Francisco Javier Toloza: Docente Universidad Nacional de Colombia
*Tomado de Revista Izquierda N° 105 Julio 2022