1. Carácter del periodo El rasgo dominante del actual periodo de la lucha de clases es la profunda crisis que afecta al actual sistema político, expresada en la honda desafección que le manifiesta hoy la ciudadanía, la cual se ha venido arrastrando y acumulando desde hace largo tiempo. Esta crisis del sistema político deriva, principalmente, […]
1. Carácter del periodo
El rasgo dominante del actual periodo de la lucha de clases es la profunda crisis que afecta al actual sistema político, expresada en la honda desafección que le manifiesta hoy la ciudadanía, la cual se ha venido arrastrando y acumulando desde hace largo tiempo.
Esta crisis del sistema político deriva, principalmente, de tres falencias fundamentales:
a) la de su legitimidad, tanto por haber sido originado por la sola voluntad discrecional de la dictadura como por la función para la que fue concebido: operar ante todo como un cerrojo que impidiese revertir el trayecto que aquella le impuso al país
b) la de su representatividad formal, vale decir su capacidad para expresar de manera adecuada en la composición de sus mandatos de autoridad y cuerpos colegiados la voluntad política expresada por la ciudadanía en las urnas
c) la del grado de confiabilidad que se merece, tanto por su entramado legal e institucional como por el comportamiento de sus integrantes en cuanto asegurar la debida probidad de su accionar y el cumplimiento de los compromisos contraídos
Esta crisis se manifestó ya de manera clara y directa a partir de 2011 cuando la masiva y prolongada movilización estudiantil, junto a otras que estallaron entonces, pusieron en evidencia el generalizado y potencialmente explosivo descontento presente en la población.
Fue precisamente la percepción de esta amenaza lo que aumentó el disenso entre las fuerzas políticas del sistema, al obligarlas a hacerse cargo del descontento popular introduciendo algunos cambios que permitiesen aminorar la fuerza de la movilización.
Ello explica el tenor de los problemas que ahora se encuentran en el centro del debate político, los cuales giran en torno al significado y alcance de las reformas que se requieren, y que para la clase dominante solo buscan calmar el descontento y estabilizar el sistema.
No obstante, es claro que debido a las carencias claves antes señaladas, el sistema político ha ido perdiendo su eficacia ideológica como instrumento de dominación, conservando solo la que posee como mecanismo administrativo y represivo centralizado del Estado.
De modo que si, a pesar de su profundidad, esta crisis no logra socavar más decisivamente el poder de la clase dominante, ello solo se debe a la inexistencia de una oposición popular capaz de dar expresión y conducción política a ese intenso y extendido descontento.
A su vez, esto último obedece, ante todo, a la incapacidad mostrada hasta ahora por las fuerzas de la izquierda anticapitalista para superar tanto las vacilaciones de algunas de ellas frente al gobierno como la enorme dispersión política y organizativa que las afecta.
La izquierda, por su oposición radical al sistema político y económico heredado de la dictadura, representa la única alternativa política potencial capaz de sintonizar con el profundo rechazo popular a los abusos empresariales y a la corrupción de la casta política.
Pero para ello necesita desplegar un accionar no solo programáticamente consistente y éticamente intachable, sino además una fuerza organizativa capaz de convocar al conjunto de la población y ser visualizado por ésta como una opción política efectiva y confiable.
El requisito de consistencia exige asumir una posición clara y decididamente favorable a una democratización real de la sociedad, especialmente en el plano político y económico, impulsando, en todas las formas posibles, la movilización popular requerida para ello.
Por esto mismo, es necesario que esa izquierda se delimite con toda claridad del actual gobierno, que por sus propósitos y accionar es un gobierno burgués, sin abrigar ni generar ninguna expectativa en sus propuestas de reforma que solo buscan calmar el descontento.
Pero, obviamente, esto no significa permanecer neutral o indiferente frente a la necesidad de impulsar una lucha consecuente por los derechos democráticos y las reivindicaciones económicas del pueblo trabajador, intentando llevarla tan lejos como resulte posible.
Por el contrario, la izquierda debe evidenciarse como la fuerza política más decidida y consecuente en el impuso de estas luchas, esforzándose incansablemente por ampliar, en toda ocasión y circunstancias, los límites de lo posible.
2. Aspectos coyunturales
2.1. Los hechos más relevantes
1. En el contexto del periodo, la agenda política del segundo cuatrimestre del 2015 ha continuado intensamente marcada por el tipo de acontecimientos que caracterizaron al primero: por una parte los referidos a la actuación de las cúpulas políticas que operan en el escenario institucional y por otra los generados por la movilización social.
En lo primero, por la gran notoriedad ganada primero por los escándalos de corrupción protagonizados por la casta política, en una seguidilla de revelaciones que la afectan de manera transversal y que parecen no tener fin, y luego por el anuncio oficial de la decisión de Bachelet de limitar aun más el ya tímido alcance y ritmo de sus anunciadas reformas y algunas de las medidas más directamente asociadas a esa decisión.
En lo segundo, por las persistentes, crecientes y agudas manifestaciones de conflictividad social que, a pesar de los continuos esfuerzos de los medios por ocultarlas o distorsionar su naturaleza y de los altibajos derivados de la falta de claridad y decisión de una parte de sus conducciones, dan cuenta del gran descontento popular acumulado tras décadas de continuos abusos e hipocresía y de la generalizada desconfianza de la población en la probidad y comportamiento político de las cúpulas gobernantes.
2. En la denuncia de la corrupción cabe destacar el importante rol desempeñado por la escasa prensa independiente existente en el país que, en ausencia de una expresión política propia de los sectores populares, ha sido clave para desbaratar los intentos realizados por la casta política para silenciar y bloquear, tanto como le resultase posible, el curso y alcance de las investigaciones.
Buscando inhibir y desacreditar las denuncias, no han faltado incluso quienes han intentado descalificar la genuina indignación generada por los numerosos actos de corrupción de la casta política que han ido quedando al descubierto, tildándola de simple «moralina». Por esa vía se intenta establecer que nadie estaría en condiciones de «lanzar la primera piedra» ya que, al fin de cuentas, las conductas que se reprochan solo serían una expresión de la «naturaleza humana». Como reza el refrán, siempre «el ladrón los cree a todos de su misma condición».
2.2. La reacción desde el bloque en el poder
3. En rigor, las investigaciones sobre sobornos, cohecho, tráfico de influencias y evasión tributaria no han ido todo lo lejos que debiesen en extensión y profundidad, limitándose solo a algunos de los dineros provistos por grandes empresas con casa matriz en Chile u operaciones de enriquecimiento ilícito. Pero ello ha sido suficiente para poner claramente al descubierto la enorme venalidad e hipocresía que corroe a la mayor parte de la casta política, hundiéndola en el mayor de los descréditos.
Por otra parte, y como era de esperar, las medidas de parche ideadas hasta ahora en el marco del propio sistema, como las propuestas por la Comisión Engel, están lejos de resolver el problema. Ello porque la casta política se ha evidenciado hasta tal punto comprometida con el sistema político antidemocrático heredado de la dictadura que se muestra completamente renuente a transparentar sus formas de funcionamiento, atinando solo a tratar de apuntalarlo mediante medidas de carácter puramente cosmético.
La práctica del «lobby» del gran empresariado, dirigida en definitiva a comprar por múltiples vías los servicios de la casta política a todo nivel (financiamiento de campañas, donaciones a proyectos de ciertos «servidores públicos», relaciones sociales, etc.), no es ajena a la naturaleza misma del sistema, en que las instancias de decisión política solo sirven, finalmente, a sus verdaderos amos: los poderes fácticos empresariales que operan tanto a escala nacional como transnacional.
4. En cuanto al anuncio oficial de limitar aun más el tímido alcance y ritmo de las reformas anunciadas por el gobierno, se invoca como principal justificación la escasez de los recursos de que dispondrá el Ejecutivo a consecuencia del menor nivel de crecimiento proyectado ahora para la economía chilena. En otros términos, se señala simplemente que «la plata no alcanza», aunque se alude también, como factores complementarios, pero sin mayor precisión y explicación, a la falta de claridad y errores cometidos en el diseño y gestión de las reformas comprometidas.
El gran capital se ha aprovechado de esta circunstancia para ejercer presión sobre el gobierno a fin de morigerar sus proyectos de reforma, sobre todo en materia laboral. El argumento que se esgrime es que la actual disminución del crecimiento de la economía chilena es un producto directo de la gran «incertidumbre» provocada en el empresariado por la reforma tributaria, llevándolo a abstenerse de invertir, inquietud de la que se han hecho eco también los sectores más conservadores del gobierno.
Lo que obviamente no se dice es que l a disminución del ritmo de crecimiento que afecta a la economía chilena deriva de una caída de la inversión que se viene arrastrando desde mediados del año 2013. Ahora bien, lo que en toda economía capitalista explica una caída de la inversión son, obviamente, las menores expectativas de ganancia, es decir, las menores posibilidades de valorizar el capital, que se hacen presentes en ella, las cuales, a su vez, derivan de la fuerza mayor o menor de la demanda.
En el caso de una economía altamente dependiente como la chilena, con una oferta de carácter esencialmente minero, la demanda que le imprime dinamismo es ante todo la que procede de los mercados de destino de su principal rubro de exportación, el cobre, y que por diversas vías arrastra luego al resto de las actividades económicas. La progresiva caída en el precio internacional de este «commodity» es así el factor clave que explica la caída de la inversión y del consumo con la consecuente ralentización de la economía chilena.
5. Por lo tanto, la explicación del anuncio presidencial no es la que se ha invocado como pretexto. Lo clave es que la mayor parte de las corrientes políticas de la NM jamás han tenido una real voluntad política de llevar a cabo reformas sustantivas al modelo económico vigente, que desafíen seriamente el chantaje permanente que el gran capital ejerce sobre el país. Las razones subjetivas de ello pueden ser variadas, pero lo cierto es que, considerando la trayectoria política de estas corrientes, es sencillamente ingenuo suponer lo contrario.
El actual afán reformista del gobierno ni siquiera se orienta a reemplazar el modelo económico neoliberal vigente por otro que sea expresión de un «capitalismo con rostro humano», de corte más clásicamente socialdemócrata -lo que supondría una mayor disposición a limitar la insaciable voracidad del gran capital-, sino solo a introducir ciertos correctivos y regulaciones menores que permitan aliviar algunas de las tensiones que sus ostensibles asimetrías generan en la sociedad a fin de dar mínimas satisfacciones a las demandas ciudadanas que permitan frenar, y en definitiva desarticular, su disposición a movilizarse.
En efecto, no hay que olvidar que fue debido a la ostensible falta de voluntad política del gobierno para enfrentar la situación de inequidad en materia tributaria que la reforma que en este plano debería haber provisto los recursos necesarios para llevar a cabo una profunda reforma del sistema educacional -para no hablar ya de las que también requieren los sistemas de salud y de pensiones- partió planteándose metas claramente insuficientes, y que además fueron luego recortadas, y de una manera turbia y antidemocrática (la «cocina» de Zaldívar), con el aval del propio gobierno.
Baste señalar que por solo concepto de lo que eufemísticamente se denomina «gasto tributario», es decir las numerosas exenciones que la reforma dejó en pie y que benefician en forma prácticamente exclusiva al gran capital, el Fisco deja de percibir anualmente unos 14 mil millones de dólares, cifra holgadamente superior a la necesaria para financiar conjuntamente una reforma de la educación y de la salud que les brinde reconocimiento como derechos sociales universales. Por lo tanto, claramente el problema no es la falta de dinero.
2.3. El posicionamiento de los actores sociales
6. En el plano de la movilización social, la demanda de una reforma educacional profunda sigue estando en el centro del debate y ha desencadenado una nueva oleada de protestas estudiantiles, a la que se sumó luego el magisterio levantando sus propias demandas sectoriales. Si bien el documento de los nueve puntos dado a conocer en junio de este año por la CONFECH constituye un importante paso en la clarificación y rearme programático de esta movilización, lo cierto es que ella ha carecido hasta ahora de una conducción que interpele claramente al gobierno y evidencie su desinterés por impulsar un cambio efectivo del modelo educativo privatizado y mercantilizado impuesto en dictadura. De hecho, solo un mes después, el Gobierno hizo pública sus «Bases para una reforma al Sistema Nacional de Educación Superior» en las que implícitamente se admite que podrán seguir existiendo instituciones que lucren aunque sin recibir fondos públicos.
Del mismo modo, ha sido precisamente el diseño puramente tecnocrático del proyecto de carrera docente emanado del Ministerio de Educación, que reafirma el compromiso del gobierno con un modelo educativo basado en criterios de mercado, lo que desató la fuerte resistencia de los maestros, desbordando el rol de contención que pretendió jugar en esto la actual directiva del Colegio de Profesores. Finalmente la prolongada movilización del magisterio debió ser levantada sin que lograse forzar al Gobierno a incorporar sus demandas al proyecto de carrera docente antes de ser tramitado por el Parlamento.
Por otra parte, si bien en torno a este como a otros aspectos específicos ha habido una cierta resistencia a aceptar sin más la tibieza de la agenda de reformas del gobierno por parte de algunos parlamentarios de la NM, lo cierto es que, en última instancia, todos han terminado alineándose disciplinadamente tras el tinte ostensiblemente «moderado» de las directrices emanadas de La Moneda, sin atreverse a traducir sus desacuerdos en algo más que gestos de carácter puramente simbólico.
7. Desde la arista del Movimiento Estudiantil, pese a la favorable coyuntura que la crisis de legitimidad de la casta política y el creciente malestar social han generado, el movimiento estudiantil, y la izquierda en su conducción, no han logrado posicionarse como una fuerza política decisiva en la actual coyuntura.
Pese a mantener una mayoría amplia y duradera desde el 2012 en la CONFECH, el denominado bloque de conducción ha sido incapaz de coordinar su accionar y presentar una estrategia coherente y cohesionada que instale y radicalice la agenda nacional, pese a mantener altos niveles de participación en las convocatorias y aglutinar, por primera vez a más de 50 federaciones de estudiantes en la CONFECH. Ello, a pesar de ser la única fuerza social, actualmente operativa, capaz de articular a nivel nacional una movilización masiva y genuinamente democratizadora frente al gobierno y a la casta política.
8. Algo similar ocurre con el proyecto de reforma laboral, cuyas propuestas han recibido un rechazo cruzado tanto de las más altas cúpulas empresariales, que se resisten a atenuar las facultades discrecionales que actualmente detentan en el plano de las relaciones laborales, como de las tendencias más consecuentemente clasistas del movimiento sindical, que reconocen sin mayor dificultad la sintonía en que las reformas propuestas se hallan con el propósito de consolidar el modelo neoliberal de superexplotación del trabajo vigente en el país.
Dados los intereses que entran aquí directamente en pugna, el debate sobre las características y alcance de la reforma laboral permite visualizar más claramente que otros ámbitos de la vida social y política la naturaleza de la actual coyuntura: la creciente conflictividad social y la potencial amenaza que conlleva para el sistema político imperante, directamente comprometido con la defensa del modelo económico neoliberal, ha terminado por desatar en su propio seno una espiral de confusión y desacuerdos respecto a la mejor manera de conjurar dicho peligro.
No obstante, el expediente represivo frente a la movilización social se mantiene plenamente activo, e incluso tiende a acentuarse, como lo muestran los casos de los estudiantes Luciano Debrott y Rodrigo Aviles, que resultaron gravemente heridos como resultado de la acción las fuerzas especiales de carabineros, y luego la represión de la huelga de los trabajadores subcontrados del cobre que culminó con el alevoso asesinato de Nelson Quichillao en la División El Salvador de CODELCO.
El limitado alcance de la reforma laboral propuest tiende a prevalecer porque aún las movilizaciones de los trabajadores carecen de una conducción consecuente y mantienen un carácter predominantemente sectorial, sin que las convocatorias por demandas globales, como la lucha por un nuevo código del trabajo con participación de los trabajadores, logren la unidad política necesaria para poner en cuestión al sistema por parte del conjunto de los explotados.
9. En materia de derechos humanos, el movimiento de los ex presos políticos fue sistemáticamente silenciado por los medios de comunicación. Sin embargo, la confesión de uno de los conscriptos que formaban parte de la patrulla que quemó vivos en 1986 a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana reactualizó en la mente colectiva del país los horrores del terrorismo de Estado durante el periodo de la dictadura y lo mucho que se halla aún pendiente en términos de justicia y reparación en materia de Derechos Humanos.
Los vergonzosos privilegios carcelarios e institucionales de que aun hoy, a veinticinco años de iniciada la «transición a la democracia», gozan quienes han sido judicialmente condenados como responsables directos de los abominables actos criminales que culminaron en el asesinato y desaparición de miles de luchadores antidictatoriales contrastan con la situación de virtual abandono en que se encuentran muchos de quienes fueron víctimas de la represión y constituyen una muestra clara de lo débil e insuficiente que ha sido el compromiso de los gobiernos posdictadura con la defensa de elementales valores democráticos.
10. Los altos círculos empresariales han continuado manifestando una tenaz reticencia a todo tipo de cambios, aun puramente cosméticos. Para justificar esta actitud invocan las perspectivas de bajo crecimiento por las que atraviesa la economía chilena como prueba de los adversos efectos que serían atribuibles al afán reformista del gobierno, el cual habría creado ya un clima de incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas.
El gobierno, por su parte, desde que decidió echar pie atrás en su muy tímido proyecto inicial de reforma tributaria, ha estado dando continuas señales de su disposición a no ir más allá de lo que las cúpulas empresariales estén dispuestas a aceptar, reiterando su voluntad de enmarcar sus anunciadas reformas en una renovada versión de la vieja «política de los acuerdos». No es casual que la nueva configuración del gabinete y el tono más «moderado» y tranquilizador de sus voceros clave haya sido acogido con claras muestras de satisfacción por el gran empresariado.
2.4. Una batalla política fundamental en el próximo futuro
11. El proceso constituyente anunciado por el gobierno, «en el contexto de un Acuerdo Político Amplio», está pensado para sortear de la mejor manera posible para la clase dominante la demanda ciudadana de una real democratización, y por ende legitimación, del sistema político. Lo más probable es que la salida que finalmente ensaye La Moneda, intentando satisfacer las encontradas demandas que se hacen sentir sobre el gobierno en este aspecto clave para la vida política del país, sea la de considerar la próxima elección parlamentaria, a realizarse en el marco del nuevo sistema electoral de carácter proporcional ya aprobado, como el escenario institucional propicio para llevar adelante el debate, dejando la definición del nuevo marco constitucional en manos del próximo Parlamento. Posteriormente, éste sería plebiscitado para lograr su legitimación.
12. Más allá del curso en que La Moneda quiera encauzar esta cuestión, por las definiciones sustantivas que ella misma pone en juego, la batalla por un nuevo marco constitucional está llamada a constituir un escenario fundamental de la lucha política en el próximo futuro. Mientras la derecha más dura se escuda tras la aparente indiferencia de la mayor parte de la población ante los problemas más directamente políticos, la «nueva derecha» que gobierna el país intenta mantener el debate de estos problemas aprisionado en el marco institucional heredado de la dictadura.
Es por ello que, para las fuerzas de izquierda, estos debates constituyen una magnífica oportunidad para reafirmar ante el grueso de la población el carácter seudodemocrático del sistema político-institucional vigente y enfatizar la decisiva importancia que para la solución de sus problemas cotidianos reviste la defensa clara y decidida de sus derechos políticos.
13. Lo anterior exige que las fuerzas de izquierda se muestren capaces de generar una capacidad política propia para encarar este tipo de desafíos en el plano de una lucha de ideas susceptible de suscitar la atención y permear la conciencia de los más amplios sectores de la población trabajadora. Esto supone la disposición a actuar en base a una política de clara independencia de clase frente al gobierno y de manera unitaria entre sus distintos destacamentos. Se requiere de una izquierda decidida a evidenciar el carácter burgués, neoliberal y proimperialista del actual gobierno y su programa y, en consecuencia, a luchar en contra de sus políticas en todos los terrenos, teniendo como objetivo central la elevación sistemática de los niveles de conciencia, organización y movilización popular.
14. Esto supone también una clara y firme actitud de rechazo del curso político asumido desde posiciones aparentemente «de izquierda» por la dirigencia del PC, cuya presencia en la Concertación 2.0 y en el gobierno es el natural resultado de su ya inveterada concepción reformista y cupular de la política. Ello se traduce en un comportamiento persistentemente oportunista dirigido a justificar el accionar del gobierno, ocultando su verdadero carácter de clase y propiciando la subordinación de las demandas populares al programa de reformas puramente cosméticas de la NM. En consecuencia, el comportamiento político del PC solo confunde e ilusiona a los sectores del pueblo trabajador, que creen ver en él a una fuerza de izquierda, con respecto al carácter supuestamente «progresista» del actual gobierno y sus políticas.
2.5. Los desafíos de la izquierda anticapitalista
15. Junto con fortalecer las luchas sectoriales actualmente en curso, la tarea del momento es ampliar y profundizar el alcance de la movilización popular en una perspectiva de cuestionamiento democrático y global del sistema económico y político vigente. A ello apunta la demanda de que el debate y elaboración de una nueva Constitución Política sea llevada a cabo apelando a la única fuente de un poder legítimo, que es el conjunto del pueblo, mediante la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente.
Ante esto, las propuestas de lucha de carácter puramente local, predicadas desde hace largo tiempo y reiteradas ahora en oposición y como alternativa a la movilización en curso, y además formuladas en nombre de un supuesto mayor radicalismo, van exactamente en la dirección contraria, traduciéndose en definitiva en una suerte de abstencionismo político.
Al restar significación contestataria a las marchas, creyendo ver en ellas la expresión de un mero «peticionismo», no solo se desconoce la riquísima y muy significativa experiencia histórica existente en torno a este tipo de lucha de masas, que en muchos casos han terminado por derribar gobiernos, sino que se tiende a desarmar y desalentar las luchas reales en curso.
16. Se plantea aquí una clásica cuestión que, en el marco del combate político por el socialismo, es de carácter estratégico: la relación entre la lucha por el objetivo de la revolución y la lucha por las reivindicaciones inmediatas de los explotados. Ya Rosa Luxemburgo, en su célebre crítica del reformismo de su época, señala que no existe una oposición real entre ambas en la medida en que se asuma que la lucha por las reformas no es un fin en sí mismo sino solo el único medio posible para elevar los niveles de movilización, organización y conciencia de los trabajadores.
Lo mismo señalaron Lenin en su famosa crítica de las corrientes «izquierdistas» del recién fundado movimiento comunista internacional y Trotsky al explicar la metodología del «programa de transición»: se trata de tender un puente, a través de una lucha consecuente por los intereses, derechos y aspiraciones inmediatas de los trabajadores, entre sus actuales niveles de conciencia y organización y los que demanda la lucha por el socialismo. Ese es el camino que permite acumular la fuerza necesaria para ello.
17. Para constituir una real alternativa, capaz de movilizar y dar expresión política al descontento popular, las fuerzas de la izquierda, basándose en las enseñanzas de la experiencia histórica, necesitan mostrarse capaces de actuar con la consistencia y realismo que supone tomar en cuenta los niveles de conciencia política efectivamente presentes en la población trabajadora.
Esto constituye una condición ineludible para superar las dinámicas autodestructivas que, desde posiciones pretendidamente «revolucionarias», estimuladas por la proliferación del irracionalismo posmoderno y la confusión generada por el colapso de los regímenes stalinistas, han estado erosionado su capacidad de articulación e intervención política. Haciendo pie en una ostensible mistificación del sujeto popular, tales tendencias suelen cobrar expresión en posiciones manifiestamente antipartido, espontaneístas, basistas y políticamente abstencionistas.
18. Si aspira a erigirse en una real alternativa política, la izquierda necesita desplegar una acción política efectiva, premunida de un discurso propio, fundado y coherente, en los diversos y sucesivos campos de disputa que crea y recrea permanentemente la lucha de clases. La lucha política es, ante todo, un combate por la hegemonía cultural, y como tal representa un esfuerzo constante y tenaz por conquistar las mentes y los corazones de los pueblos. Desde una perspectiva revolucionaria, es un combate contrahegemónico orientado a la constitución y fortalecimiento de una fuerza colectiva capaz de asumir la conducción global de la sociedad.
Esto exige asumir una clara y categórica defensa de todas las legítimas demandas del pueblo trabajador, tanto de sus reivindicaciones más inmediatas (salariales, laborales, locales o sectoriales), como de las demandas políticas globales, que en definitiva apuntan a una democratización radical de la sociedad en todos los planos. En esto no es posible admitir ninguna actitud de neutralidad, prescindencia o abstencionismo. Para ser tal, la izquierda debe asumir una decidida posición de liderazgo en estas luchas como la más clara y resuelta impulsora de las mismas.
19. Además de los estragos ocasionados por las tendencias espontaneístas, existe otra fuente de dificultades que se hace presente en el abigarrado espectro de la izquierda, configurando un fenómeno distinto, esta vez de raíz más bien idealista, dogmática y sectaria, que se expresa en el accionar y discursividad de algunas corrientes que se aferran a esquemas de acción política preconcebidos que suelen guardar poca relación con la realidad histórica concreta en que vivimos.
Ante una realidad que por su propia naturaleza se exhibe inevitablemente compleja, diversa, contradictoria y dinámica, el dogmatismo se aferra a la sustantivación de ciertos esquemas ideológicos petrificados derivados de otras experiencias. Por cierto, el conocimiento de éstas puede servir para orientar un accionar acorde a la realidad actual de la lucha de clases, pero a condición de no suplantar jamás el «análisis concreto de la situación concreta» por directrices canonizadas de supuesta validez universal.
20. Por todo lo antes dicho, resulta lamentable constatar la escasa de voluntad política evidenciada hasta ahora por las principales organizaciones políticas que se posicionan a la izquierda del Gobierno, y de la coalición que lo respalda, de llamar a construir desde ya un referente unitario para aglutinar a todas sus fuerzas tras una Plataforma y propuestas de movilización de cara a los grandes desafíos políticos que se plantean para el próximo futuro.
Habrá que trabajar arduamente para superar este estado de cosas y poner en pie un proceso de convergencia política que conduzca en un plazo relativamente cercano a la constitución de un frente unitario de lucha capaz de dar expresión y conducción política al descontento popular acumulado y de constituirse por esa vía en una real alternativa de superación progresiva del actual escenario político del país.
Agosto de 2015
GESP – Grupo de Estudio Sociales y Políticos
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