Después de dos semanas desde el inicio de la grave crisis socioambiental, se corre el riesgo de que la coyuntura pase, como tantas otras, a la larga lista de desastres socioambientales en el olvido. El Intendente de la Quinta Región levantó la alerta amarilla para las comunas de Quintero y Puchuncaví; Sebastián Piñera, después de […]
Después de dos semanas desde el inicio de la grave crisis socioambiental, se corre el riesgo de que la coyuntura pase, como tantas otras, a la larga lista de desastres socioambientales en el olvido. El Intendente de la Quinta Región levantó la alerta amarilla para las comunas de Quintero y Puchuncaví; Sebastián Piñera, después de montar un espectáculo lleno de balbuceos y propuestas parche, se fue en medio de incidentes; las autoridades de gobierno y las distintas empresas, lejos de escuchar a las comunidades, se han embarcado en disputas internas por las responsabilidades; la prensa por su parte, poco a poco, comienza a abandonar un territorio que expresa una de las contradicciones mas salvajes del capitalismo: la búsqueda del progreso y el desarrollo necesita precarizar ecosistemas y comunidades completas. Son parte del costo del éxito. Pero no pasaran pocos meses antes de que, en otro lugar y de la misma u otra forma, vuelva a estallar un conflicto ambiental que manifieste el carácter destructivo del sistema económico-social, y por ende la necesidad de pensar un futuro completamente distinto.
Lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví estas semanas, se suma a los casos del Huasco, Chiloé, Caimanes, Petorca, y a una larga lista de casos que no podemos concebir como hechos aislados. Las empresas necesitan contaminar, saquear, destruir y precarizar la vida para poder acumular cada vez más y más capital. Es su lógica, y es un problema estructural. Sin embargo, no se puede cambiar de un día para otro. Son muchas las barreras y privilegios que las empresas poseen, por ende, es necesario proponer pasos urgentes para comenzar a revertir dicho escenario desfavorable.
En primera instancia, se hace urgente una reestructuración de los servicios públicos de evaluación y fiscalización ambiental (SEIA, SMA, SISS). El 28 junio el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el proyecto de ley para la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estas modificaciones, lejos de regular las consecuencias, apuntan a satisfacer y maximizar las inversiones y las ganancias del empresariado, acelerando el proceso de aprobación de proyectos, y atentando contra la soberanía de las comunidades y localidades afectadas sin importar los impactos sociales y ambientales. Es el perfeccionamiento de la maquinaria institucional de aprobación de proyectos transformándola en un simple «Check list». A Esto se suma la SMA, a quien le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Una reestructuración debería encaminarse a proporcionar mayor rigurosidad en las fases iniciales de aprobación de proyectos (especialmente en lo que se refiere a la DEA y a las líneas de base).
No obstante, cualquier cambio a la institucionalidad ambiental, debe irrestrictamente implementar medidas que promocionen el desarrollo de soberanía y democracia por parte de las comunidades. Como afectados directos, deben ser parte vinculante de cualquier decisión que se tome sobre sus territorios. En este sentido, es urgente: i) la participación y control democrático de las comunidades afectadas por la intervención extractivista en los procesos de toma de decisión y en las resoluciones de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental del Estado; ii) garantizar la voz de los no propietarios, la interlocución tiene que dejar de estar limitada a los propietarios de tierras, derechos de aguas y medios de producción; iii) exclusión total de estos entes públicos de aquellas personas (naturales o jurídicas) con conflictos de interés, y; iv) carácter vinculante de las sanciones para aquellas empresas que incumplan la normativa ambiental.
Si en su momento la institucionalidad sirvió para promocionar y atraer inversión privada hacia los sectores estratégicos, una política que ponga en la palestra la reconfiguración de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental estaría encaminada a destrabar o «desincentivar» la participación de actores privados con afán de lucro y destrucción. Es solo un paso, ya que la tarea de largo aliento es la transformación de la matriz productiva y energética que moldea y exprime a los distintos territorios y comunidades. Sin duda hay que avanzar hacia una política de expropiación a las grandes empresas energéticas, actualmente en proceso de centralización, en tanto que ningún interés público justifica su actividad desregulada y orientada por el lucro.
Estas medidas, como dijimos anteriormente, deben acompañarse del fortalecimiento de la capacidad decisional del pueblo trabajador en todos sus niveles, única garantía para que se pueda impulsar una política de expropiación de las empresas energéticas y de transición productiva que cambie radicalmente el metabolismo socioambiental basado en el extractivismo y la matriz primario-exportadora, en la apropiación de renta. El problema es estructural, necesitamos otra forma de producir. No obstante, se hace urgente avanzar en medidas que destraben estas lógicas destructivas del gran empresariado y doten a las comunidades de herramientas de defensa, o a esta altura más bien de subsistencia.
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