El jueves 16 de marzo del 2005 a las 12:45 del medio día tomó la palabra, en la comisión de derechos humanos de la ONU, el vicepresidente Francisco Santos, estaba muy nervioso y muchas veces tuvo que repetir las frases mal leídas, los asistentes estaban seguros que el susto que tuvo en Dinamarca, le hizo […]
El jueves 16 de marzo del 2005 a las 12:45 del medio día tomó la palabra, en la comisión de derechos humanos de la ONU, el vicepresidente Francisco Santos, estaba muy nervioso y muchas veces tuvo que repetir las frases mal leídas, los asistentes estaban seguros que el susto que tuvo en Dinamarca, le hizo perder su cancha de periodista curtido. Unos días antes, en Dinamarca la diputada Line Barfod calificó al gobierno colombiano de terrorista, por su política violatoria de los DDHH y la muerte en Arauca del dirigente sindical Pedro Mosquera.
Santos olvidó el protocolo al omitir el saludo de felicitación al recién elegido presidente de la comisión, y sin más, sin introducción de su tema, abrió su participación con un «he venido no ha leer un discurso político, si no a mostrar los hechos y resultados de la política de éste gobierno», utilizando el mismo tonito, de bufón de corte, que utiliza siempre para regañar en la política domestica. Los asistentes quedaron atónitos, cuando Santos se perdió en medio de cifras y porcentajes para sustentar los éxitos de la política gubernamental de «seguridad democrática».
Pacho Santos fue fiel a su fama de hablar primero y pensar después. De todas las «perlas» que dijo la que más llamó l’atención de los presentes fue su parte de victoria en las cifras de desplazamiento, que según él disminuyeron en un 37% con respecto al año anterior, esta cifra ha sido refutada claramente por los datos de la ONG, CODHES, quien respaldada por estudios de la defensoría y de la procuraduría, sostienen que no hubo tal reducción si no que por el contrario, el Estado continua desatendiéndose del tema, incumpliendo según la Procuraduría en un 70% la atención de emergencia y en un 90% según la Defensoría. El último informe de la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el 2004, «el desplazamiento continuó creciendo en zonas donde se desarrolla el ‘Plan Patriota’, donde hay alta influencia de los paramilitares» (Ver. www.codhes.org )
Según CODHES, durante el primer semestre del 2004, el desplazamiento aumentó en un 8.75 por ciento con respecto al mismo periodo del 2003. El vicepresidente Santos con su presentación ante Naciones Unidas solo pretendió darle continuidad a la campaña de lobby que tiene como objetivo lograr el financiamiento de la Unión Europea al proceso de desmovilización paramilitar. Pero a los esfuerzos del gobierno se suman otras voces discordantes como el Consejo Noruego de desplazados, que sitúa a Colombia en el segundo lugar de desplazamiento en el mundo después de Sudan o sea que ya superamos a la Republica Democrática del Congo. Y el último reporte del Alto comisionado de DDHH-ONU quien desmiente categóricamente la versión del gobierno expresada por Pachito Santos. (Ver. http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/ )
Uno de los puntos más subrayados por Santos en su pobre discurso, fue el aumento de la presencia de la fuerza pública, según él, en todo el territorio nacional. Si nos atenemos a esta versión, Santos dejó explicito a la comunidad internacional dos cosas: una, la complicidad de la fuerza publica con los paramilitares, pues las masacres que éstos últimos comenten han seguido presentándose, dos, que la política de «seguridad democrática» del gobierno recae en la solución militar del conflicto, pues más policías y soldados no resuelven el problema, por el contrario aumenta, merced de sus acciones, el desplazamiento forzado hacia las grandes ciudades.
Esta claro que el Estado invierte muchos recursos en la guerra mientras los desplazados son condenados a la indigencia o a la delincuencia.
Otra de las mentiras del Vicepresidente Santos, se centró en la búsqueda que hace el gobierno de un proyecto de ley para garantizar la impunidad tras la «desmovilización» de los paramilitares, calificado por Santos como «atractivo a la desmovilización de los actores armados», con este giro lingüístico (el de la universalidad para tratar igual a la insurgencia y a los paramilitares) el gobierno le esconde a la comunidad internacional que el proyecto jurídico en cuestión solo pretende legalizar los paramilitares y sus capitales ligados al narcotráfico, elevando al paramilitarismo a delito político, cuando en realidad ha sido política de Estado.
El discurso del Vicepresidente pasó pues sin pena ni gloria, tal seria que ni siquiera en el periódico de su familia, El Tiempo, mereció una nota.