Profesionales de las comunicaciones de Chile protestaron este martes en Santiago por el arresto e incautación del material de trabajo de la cineasta Elena Varela, imputada hace un mes de dos robos con homicidio, mientras trabajaba en un documental sobre el pueblo mapuche. La Plataforma por la Libertad de Expresión y Creación, nacida para apoyar […]
Profesionales de las comunicaciones de Chile protestaron este martes en Santiago por el arresto e incautación del material de trabajo de la cineasta Elena Varela, imputada hace un mes de dos robos con homicidio, mientras trabajaba en un documental sobre el pueblo mapuche.
La Plataforma por la Libertad de Expresión y Creación, nacida para apoyar a Varela, pide un juicio justo y el respeto de la presunción de inocencia, así como la devolución de todos los materiales incautados y la prohibición de usarlos en la investigación judicial, indicó a IPS Francisco Gedda, uno de los portavoces de la entidad.
El documentalista y académico de la Universidad de Chile fue una de las decenas de personas, entre periodistas, cineastas, académicos e intelectuales, que se apostaron con pancartas, lienzos y las bocas tapadas en señal de censura a las puertas del céntrico Palacio de Tribunales.
Varela fue arrestada el 7 de mayo en su domicilio en la comuna de Villarica, región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago, bajo los cargos de «asociación ilícita para delinquir», y trasladada al Complejo Penitenciario de Rancagua, región de O’Higgins, 85 kilómetros al sur de la capital.
La cineasta, música y gestora cultural es reconocida dentro del mundo artístico por su trabajo con jóvenes y niños y su opción por rescatar la lucha de los movimientos sociales. Es fundadora de la Escuela de Todas Las Artes, la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli y la productora de cine Ojo Film.
Cuando la detuvieron, le incautaron una gran cantidad de pertenencias, como cintas de vídeo, cámaras, equipos de sonido, teléfonos celulares, además de las filmaciones de su proyecto documental «Newen Mapu Che» (Fuerza de la Gente de la Tierra), que aborda en terreno las reivindicaciones del pueblo mapuche, la principal etnia del país.
A Varela y a otras cuatro personas se les imputa haber participado en dos asaltos, uno de ellos con víctimas fatales, como parte de una célula del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo insurgente creado en 1965, y casi arrasado por la represión de la dictadura militar (1973-1990). Hay actualmente intentos de revivirlo como organización política.
El primer robo fue cometido en 2004 contra una sucursal bancaria en la comuna de Loncoche, en la Araucanía, mientras el segundo, en 2005, se perpetró en la oficina de un servicio público en Machalí, O’Higgins.
Según el fiscal Servando Pérez, la célula del MIR a la que supuestamente pertenecería Varela perpetró los robos para reactivar el movimiento con los fondos recaudados, explicó a IPS el abogado Julio Barría, quien defendió a la cineasta hasta el 6 de este mes y actualmente lleva el caso de otra de las procesadas, Flor Domínguez.
Varela es acusada de ser la autora intelectual de los asaltos y de ocultar a los autores materiales. Ella se declara inocente, al igual que los otros imputados. Los cinco se encuentran en prisión preventiva y el fiscal fijó en seis meses, a partir de la fecha de detención, la celebración del juicio oral.
Según Barría, la cineasta fue involucrada porque en 2007 realizó el documental «Sueños de Comandante» sobre jóvenes revolucionarios de los años 80 en la localidad de Neltume, donde entrevistó a algunos miembros del MIR. Pero «su relación con ellos es meramente tangencial», aseguró su ex defensor.
La fiscalía cree, además, que Varela fue pareja de uno de los autores de los robos, que tendría como apodo el nombre de Gabriel. La acusada ha señalado desde la cárcel que ella convivió con un orfebre llamado de ese modo, que falleció en 2006, pero que no era mirista. «Es todo una confusión», dice Barría.
Uno de los aspectos más cuestionados de este caso fue la incautación de las grabaciones del documental «Newen Mapu Che», que nada tiene que ver con la investigación y que inclusive recibió financiamiento estatal.
El filme, aún no terminado, trata sobre las reivindicaciones históricas de esta etnia, que a fines del siglo XIX sufrió la usurpación de gran parte de su territorio a manos del Estado, y que terminó en manos de privados.
Desde el retorno a la democracia en 1990, algunas comunidades comenzaron a reclamar con fuerza derechos territoriales, políticos y culturales, rebelándose contra la política asistencialista de los gobiernos de la centroizquierdista Concertación y la invasión de empresas forestales y obras de infraestructura en su entorno.
Ante la multiplicación de juicios y la invocación de la ley antiterrorista contra comuneros mapuches, acusados de ocupación de tierras, robo de animales, incendio y ataque a la propiedad privada, varios observadores han planteado que los gobiernos de la Concertación han «criminalizado la protesta mapuche».
Los miembros de la Plataforma por la Libertad de Expresión y Creación creen que hay un oscuro vínculo entre la detención de Varela y su trabajo con los mapuches.
Uno de los puntos del manifiesto lanzado por la Plataforma es la exigencia de que los documentales «Sueños de Comandante» y «Newen Mapu Che» no sean utilizados como elementos de investigación policial o pruebas jurídicas en contra de aquellos que deben ser resguardados por el derecho al secreto de las fuentes.
Por este caso se han pronunciado varias organizaciones chilenas y extranjeras, como la Asociación de Documentalistas y el Colegio de Periodistas de Chile, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras (RSF), así como cineastas de Argentina y Ecuador.
«Amnistía Internacional Chile fue proactiva en iniciar una acción urgente a favor de Elena Varela, que es un llamado a cientos de miles de activistas alrededor del mundo para que intercedan por el caso», dijo a IPS Sergio Laurenti, director ejecutivo de esa organización, quien participó en la protesta de este martes.
En un comunicado público, Amnistía dice temer que «Newen Mapu Che» «pueda ser usado por las fuerzas de seguridad para intimidar y hostigar a activistas mapuches y a otras personas que han participado en entrevistas grabadas para el documental».
El 6 de este mes, la organización internacional RSF dio a conocer en París una carta abierta a la presidenta Michelle Bachelet en la que expone su preocupación por el caso, aunque aclara que «no le corresponde influir en el curso del procedimiento».
«¿Hasta qué punto es necesaria la retención de dicho material (el filme sobre el pueblo mapuche) en una investigación que se refiere a unos hechos que no tienen ninguna relación con la actividad de cineasta de la acusada?», se pregunta RSF.
La misiva señala que «el sensible asunto de la situación de los mapuches expone a riesgos a los periodistas o documentalistas que quieren trabajar sobre ellos», recordando que en los últimos meses cuatro periodistas extranjeros, dos franceses y dos italianos, fueron arrestados mientras reporteaban en territorio mapuche.
«Estamos preparando un recurso de protección (a favor de Varela) y vamos a seguir impulsando desde adentro y desde afuera de Chile algo que nos parece un derecho esencial: si los periodistas y documentalistas no gozan del secreto profesional y la protección de fuentes, se está matando el documental y no será posible tener libertad de expresión y creación», indicó Gedda a IPS.
La ley de prensa no garantiza el secreto profesional a los documentalistas debido a que este género no tenía gran presencia en el país cuando se legisló.
Allegados a Varela informaron a IPS que se solicitó al ex juez Juan Guzmán, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central, que asuma la defensa de la cineasta, lo que podría materializarse en los próximos días.