En el momento en que se escribe este texto un vocero del Secretariado de las FARC-EP,[1] informaba a la prensa presente en la X Conferencia de esa organización, que los delegados convocados para el evento aprobaron los Acuerdos de La Habana por unanimidad. Así se da un nuevo paso hacia la finalización del conflicto armado […]
En el momento en que se escribe este texto un vocero del Secretariado de las FARC-EP,[1] informaba a la prensa presente en la X Conferencia de esa organización, que los delegados convocados para el evento aprobaron los Acuerdos de La Habana por unanimidad.
Así se da un nuevo paso hacia la finalización del conflicto armado más antiguo del continente. Lo que sigue es la firma protocolar que se realizará el 26 de este mes en Cartagena y que contará con la presencia, entre muchos otros testigos, del Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolín, enviado especial del Papa Francisco. Y luego, el 2 de octubre, se realizará el plebiscito que, de aprobarse, dará comienzo formalmente a la hoja de ruta que convertirá a esa guerrilla colombiana en un movimiento electoral legal.
Las expectativas que despierta este hecho, son muchas. Cincuenta y cuatro años de conflicto armado, millones de despojados y desplazados, decenas de miles de desaparecidos y centenares de miles de asesinados, es el altísimo costo pagado hasta ahora por el pueblo colombiano por el conflicto y sobre todo por la utilización del conflicto por parte de las oligarquías.
Por esas expectativas es que la mayoría de los movimientos sociales y de la izquierda llaman a votar SI en el plebiscito aunque de manera muy crítica. Porque también son muchas las incertidumbres y las dudas. Y muchas las preguntas que merecen respuesta. ¿Mejoran los acuerdos las condiciones de la lucha social? ¿Se ve en los acuerdos rastros de que cambiará para mejor la vida de la gente? ¿Se detendrá realmente la violencia contra los luchadores? ¿Se abre la posibilidad de un cambio del sistema político que facilite la participación de los excluidos o solo se asegura la participación política de las FARC-EP? ¿Se abren espacios para debatir el modelo económico? ¿De triunfar el plebiscito, se desmovilizará efectivamente el para militarismo? Y ¿Uribe, su jefe político, aceptará el resultado? ¿Por qué tiene tanto peso el NO en las encuestas previas al plebiscito?
Cuando se conoció el acuerdo del cese fuego definitivo, decía William Ospina, escritor colombiano honrado en Venezuela con el premio Rómulo Gallegos por su novela El país de la Canela:
«¿Pero por qué la gente está tan escéptica? ¿Por qué no hemos visto el júbilo que debería acompañar a un proceso tan vital para nuestro futuro? Porque nadie siente que este proceso esté cambiando las condiciones que nos llevaron a la guerra y que la hicieron posible durante 50 años. Algo en el corazón de la sociedad presiente que una paz sin grandes cambios históricos, una paz que no siembre esperanzas, es un espejismo, hecho para satisfacer la vanidad de unos políticos y la hegemonía de unos poderes, pero no para abrirle el horizonte a una humanidad acorralada por la necesidad y por el sufrimiento…» [2]
Veamos qué hay de cierto en esta afirmación.
Plebiscito, Congreso y cambios políticos
Entre los negociadores, el debate sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente que incorporara los acuerdos, y pudiera debatir reformas a un sistema político moldeado para la guerra y la represión indiscriminada para adaptarlo a tiempos de «paz», murió antes de nacer. Una vez que fue aceptada por las FARC la imposición del presidente Santos de que la participación popular se redujera a un plebiscito.
Pero que según una decisión del Tribunal Supremo de Justicia este plebiscito solo es vinculante si la propuesta de Paz pierde. Pero de darse el triunfo del Sí a los Acuerdos, la ruta, los ritmos y la aplicación efectiva de lo que no está específicamente pautado, queda en manos del Congreso. Así se puede empezar a comprender que los cambios de ese sistema político elitista, corrupto y perverso se limitan a la incorporación inmediata al Congreso, en el actual periodo parlamentario, de 3 voceros de las FARC que no tendrán voto. Y se le garantiza a esa organización 10 lugares en el parlamento en los dos próximos periodos, aunque los votos que obtengan no sean suficiente para ello. Por otra parte, lo referente a justicia transitoria, declara la impunidad para el paramilitarismo. Una vez que acepten haber cometido hechos aberrantes no podrán ser juzgados. Pero además no está establecido ningún mecanismo para restablecer la verdad histórica. Por lo que quedarían sin castigo y sin esclarecimiento los más de 5.000 casos de «falsos positivos» de los que es responsable político Uribe Vélez.
Tierra y modelo económico
Desde el punto de vista de la declaración, habría una devolución de tierras a sus antiguos dueños. Sin embargo al estar planteado en términos generales, sin un plan, sin límites claros en el tiempo que tendría que ocurrir, ni estar claramente establecida una comisión de seguimiento, en fin al quedar en manos del Congreso, su concreción se vuelve incierta. Pero lo novedoso es que en los acuerdos es que la FARC acepta la participación del capital transnacional como actor agrario, abriendo espacio a la desnacionalización de la tierra y la extensión del latifundio.
Lo anterior completa el modelo de entrega de soberanía instaurado con el Tratado de Libre Comercio que filmó Colombia con Estados Unidos, que a lo largo de más de una década acentuó la desindustrialización del país, la entrega de las empresas pública al capital financiero internacional y lo convirtió en un exportador recursos naturales mineros.
Lucha Social y Violencia Estatal
De la misma manera que no se modifica un sistema político que funcionó durante la guerra, quedó explícitamente claro que el tema de las fuerzas militares del Estado al igual que el modelo económico amarrado al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quedaban por fuera de las negociaciones.
Así no sólo no se reduce sino que se fortalece un ejército de más de medio millón de soldados, el más grande del continente sin tomar en cuenta a Brasil. Una fuerza armada que recibió inversiones por más de 130.000 millones de dólares en algo más de diez años. Un ejército asociado a la OTAN, con una doctrina que considera enemigo interno a los disidentes políticos.
Por otra parte para la lucha social no ha habido tregua: desde el inicio del cese del fuego definitivo hasta el 14 de septiembre más de dos docenas de líderes y lideresas sociales y de derechos humanos fueron asesinados. Mientras que simultáneamente, el Congreso, el mismo que va a administrar los Acuerdos de La Habana votaba en julio de este año un nuevo Código de Policía que entre otras cosas obliga a anunciar con anticipación la realización de las protestas sociales y autoriza a disolverlas en el momento que las autoridades lo consideren. Igual que habilita a allanar los domicilios sin orden judicial previa.
¿Una oportunidad a la Paz?
Doscientos cincuenta y seis intelectuales de varios países y de diferentes ubicaciones en el espectro político le hicieron llegar al presidente Santos un pronunciamiento para apoyar el SI en el plebiscito que titularon: Demos una oportunidad a la Paz. Pero eso es imposible, porque como señalaba Ospina, sin cambios históricos esa paz es un espejismo.
El sentido del voto critico por la opción SI en el plebiscito no debe ser, en todo caso, darle la oportunidad a ese espejismo de paz construido para cubrir la vanidad de las cúpulas políticas. Por el contrario, puede ayudar a reagrupar y fortalecer al movimiento social y la izquierda detrás de una acción política unitaria. Que de manera independiente y autónoma, decida sacudirse la sombra de una guerra que ya hace mucho tiempo no es suya, para enfrentar sin el lastre de esa sombra las luchas que vienen.
Carlos Carcione, Coordinador del Equipo de Investigación de Marea Socialista – Venezuela.
Notas
[1] http://www.telesurtv.net/news/
[2] http://prodavinci.com/2016/06/
Fuente original: http://www.aporrea.org/