Ilusorio y limitado Durante muchos años se dijo sin pruebas que el escritor francés Víctor Hugo había exclamado después de leer la Constitución colombiana de 1863 que esta no parecía hecha para hombres sino para ángeles. En cierta medida la reforma rural integral planeada en el punto 1 del Acuerdo Final de La Habana también […]
Ilusorio y limitado
Durante muchos años se dijo sin pruebas que el escritor francés Víctor Hugo había exclamado después de leer la Constitución colombiana de 1863 que esta no parecía hecha para hombres sino para ángeles. En cierta medida la reforma rural integral planeada en el punto 1 del Acuerdo Final de La Habana también parece escrita así por sus enunciados utópicos e inalcanzables y su falta de instrumentos prácticos.
Esa es la tragedia del punto 1 del Acuerdo: sus intenciones son buenas pero los recursos para llevar lo dicho al hecho son precarios. Las pretensiones del Acuerdo son plausibles, pero este no contiene instrumentos de política, ni estrategias, ni formas de abordaje, ni plata para cumplirlas.
Además, el Acuerdo es corto de miras en materia agraria y, por su sesgo, tiene visos excluyentes en materia de política pública al gran empresariado, a las entidades territoriales y al mercado internacional.
Los planes que ya existen
En vez del Acuerdo, la mejor agenda para intervenir el campo colombiano, por su rigor técnico, integralidad y enfoque, se encuentra en:
- Los documentos de la Misión Rural para la Transformación del Campo;
- La evaluación y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la política agrícola colombiana, y
- Los resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario.
Estas herramientas deberían ser la brújula que guíe la política agraria y de desarrollo rural colombiana, en lugar de los párrafos de los acuerdos de La Habana, los cuales parecen una lista de mercado con buenas intenciones (muchas inalcanzables) pero muy poco presupuesto.
Para poner en práctica las recomendaciones de la Misión Rural se requieren 13 billones por año durante diez años.
Los estudios mencionados persiguen los mismos fines loables del Acuerdo, pero lo hacen de manera más estructurada. Por ejemplo el punto 1 de La Habana no consigna, como sí lo hace la Misión Rural, las estrategias puntuales para transformar el campo:
- Inclusión social,
- Inclusión productiva y agricultura familiar,
- Ruralidad competitiva,
- Sostenibilidad ambiental,
- Ordenamiento y desarrollo territorial, y
- Reforma institucional.
Como se ve, la Misión plantea una propuesta integral y con varias estrategias para mejorar las realidades del campo. Lastimosamente, estas recomendaciones se han quedado en los anaqueles de las oficinas porque, entre otras razones, falta presupuesto.
Algunos estudios indican que para poner en práctica las recomendaciones de la Misión Rural se requieren 13 billones por año durante diez años. Para mientras tanto, el presupuesto del Ministerio de Agricultura, incluida nómina, contratistas externos, servicio de la deuda y gastos generales se redujo y apenas llega en 2017 a los 1,6 billones.
Por su parte, la OCDE recomendó para Colombia algunas acciones urgentes de política agraria, por ejemplo:
- Invertir en bienes públicos (asistencia técnica, sistemas de información, innovación y tecnología, formalización de la propiedad, infraestructura productiva y social, etc.) y no tanto en subsidios, a no ser que sea para la mejora de prácticas agropecuarias, incorporación de tecnología o conservación del medio ambiente.
- Diseñar políticas de largo plazo.
- Enfoques y programa que entiendan que el desarrollo rural va más allá de lo agrícola e integra áreas como la salud, la educación, el turismo, los servicios ambientales, la formalización laboral, etc.
- Proporcionar seguridad jurídica a la propiedad rural a través de la formalización y el registro de las propiedades.
- Adoptar un nuevo diseño institucional (el cual debería, en mi concepto, abordar también el rediseño de las instituciones locales y regionales). Sin embargo, las 3 nuevas agencias nacionales, las de Tierra, Desarrollo Rural y Renovación del territorio le apuestan a la recentralización y su esquema implica ausencia de los territorios.
- Construir un sistema sólido de innovación, incorporar las nuevas tecnologías para el agro y promover un nuevo sistema para compartir la información.
Las promesas del Acuerdo
En lo referente a la reforma rural integral, puede decirse que el acuerdo rechazado el 2 de octubre por el pueblo colombiano es esencialmente igual al Acuerdo firmado en el Teatro Colón de Bogotá y refrendado por el Congreso, salvo algunas modificaciones sensatas, como decir:
- Eliminar 14 veces la palabra género del punto 1, por aquello de la presión de las iglesias cristianas.
- Crear una misión de tres expertos que en un plazo de tres meses debe presentar una propuesta para regularizar los derechos de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe de las fincas. Esta comisión, entre otras cosas, debe corregir los dudosos resultados de la Unidad de Restitución de Tierras.
- Incluir, en unas cuantas líneas, el principio de desarrollo integral del campo para apoyar la agroindustria y la agricultura comercial de escala.
- Alargar de diez a quince años el plazo para ejecutar los planes nacionales para la reforma rural integral.
- Reafirmar las competencias de las autoridades nacionales y locales para impedir que sus labores sean usurpadas por otras instancias o agentes.
- Por último, decidir que el texto no se incorporará al bloque de constitucionalidad para evitar contradicciones de interpretación con la Constitución del 91.
Además, el gobierno nacional se comprometió a adoptar y adelantar 13 planes nacionales y dos sistemas generales para superar la pobreza y la desigualdad, asegurar el bienestar de la población rural y lograr la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Se trata del:
Es evidente que mucho de lo que está planteado en el Acuerdo no se llegará a cumplir.
- Plan nacional de vías terciarias.
- Plan nacional de riego y drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria.
- Plan nacional de electrificación rural.
- Plan nacional de conectividad rural.
- Plan nacional de salud rural.
- Plan especial de educación rural.
- Plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural.
- Plan nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural.
- Plan nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación.
- Plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores y productoras con menores ingresos.
- Plan nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria.
- Plan progresivo de protección social y de garantías de derechos de los trabajadores rurales.
- Plan nacional de formalización masiva de la propiedad (que comprenderá 7 millones de hectáreas).
- Sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural.
- Sistema general de información catastral, integral y multipropósito.
¿Con qué plata?
Sin embargo, es evidente que mucho de lo que está planteado en el Acuerdo no se llegará a cumplir por múltiples razones, entre ellas la falta de presupuesto. Para la muestra, miremos tan solo dos de los planes nacionales enunciados en el Acuerdo: el plan nacional de riego y drenaje y el de formalización de más de siete millones de hectáreas.
El documento «Diagnóstico y prospectiva de la adecuación de tierras en Colombia» de la Misión Rural, en su página 9, señala que el país tiene un potencial de suelos aptos para riego (considerado solamente el componente de suelos con potencial de adecuación de tierras) de 11.855.000 hectáreas. Poco después se indica que el costo promedio por hectárea de la ejecución de obras extra-prediales (sin considerar las intra-prediales) es de 13 millones de pesos en los proyectos de gran escala y de 9 para los de pequeña escala. Así pues, si multiplicamos el número de hectáreas por el costo por hectárea, encontramos que el plan costaría la friolera de 130 billones de pesos.
Si tomamos un documento más conservador del liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) según el cual Colombia tiene 6,6 millones de hectáreas que pueden irrigarse, el presupuesto que se necesitaría es de 72 billones de pesos y 20.000 distritos de riego para operarlas. Y si seguimos bajando los cálculos y decimos que solo se irrigarán un millón de hectáreas, entonces se requerirían 11 billones de pesos. Pero a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) – la entidad encargada de desarrollar este proyecto- solo le asignaron para 2017 un irrisorio presupuesto de 137.000 millones para distritos de riego, drenaje, proyectos productivos y de desarrollo rural, etc.
No es menos prometedor el plan de la formalización masiva de 7 millones hectáreas, que debe ser realizado por la nueva Agencia Nacional de Tierras (ANT). Siete millones de hectáreas pueden ser fácilmente 1.400.000 predios (solamente en Boyacá existen, según la Gobernación, 350.000 predios informales). Si calculamos 2 millones de pesos para la formalización de cada uno, el presupuesto necesario asciende a 2,8 billones de pesos. Sin embargo, para 2017 le asignaron a la ANT tan solo 96.000 millones de pesos para inversiones de distinto tipo.
Como se puede ver, la receta está dada y la ruta trazada. Lo difícil será conseguir los recursos para sacar adelante los proyectos en una época de vacas flacas.