(*) El 13 de diciembre de 1998 la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó la vereda de Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca. Fue lanzado un dispositivo cluster que resultó en la muerte de 17 civiles, entre ellos cuatro niños y dos niñas. Asimismo, 27 civiles resultaron heridos, entre ellos cuatro niños y cinco niñas. Tras la explosión del dispositivo la Fuerza Pública continuó el bombardeo, desde el aire, sobre los civiles que trataban de auxiliar a los heridos y escapar de la vereda. Tras los hechos, la población de Santo Domingo se desplazó en su integridad y en enero de 1999 retornó a fin de reconstruir sus viviendas. Estos hechos permanecen en la impunidad pues el Estado no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables intelectuales y demás responsables materiales y, en su caso, imponer las sanciones que correspondieran. En su informe de fondo, la CIDH concluyó que transcurridos más de doce años desde los hechos únicamente se ha proferido una condena en primera instancia contra los tripulantes del helicóptero que lanzó el dispositivo.
Recientemente hemos recibido la noticia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por los hechos conocidos como la ‘Masacre de Santo Domingo’, un bombardeo que sucedió en la vereda de Santo Domingo, un pequeño caserío del Municipio de Tame, Departamento de Arauca. Para los que hemos dedicado buena parte de nuestras vidas a la lucha contra la impunidad de violaciones a los derechos humanos, esta noticia no solo nos alegra, sino que esperamos que luego de una condena de estas características, hechos como estos, jamás vuelvan a suceder.
En mi calidad de abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, tenía como tareas inmediatas hacer el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos que sucedían en los Departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca, dado que para ese tiempo estaba en plena vigencia la Jurisdicción Regional. Unas pocas organizaciones de Derechos Humanos hacíamos ese mismo trabajo en el Departamento de Arauca, entre estos, Humanidad Vidente, Minga, y el mismo Comité Regional ‘Joel Sierra’, una pequeña organización de Derechos Humanos con sede en Saravena, que daba su nombre en homenaje a un joven defensor de derechos humanos asesinado en aquella población. La década del noventa, se caracterizó por masivas movilizaciones en Departamento de Arauca, con fuerte presencia del movimiento sindical y social, en una región altamente militarizada. Yo mismo sufrí una detención ilegal, en uno de los tantos retenes militares, mientras acompañaba a comunidades campesinas que se movilizaban a un encuentro departamental programado en la ciudad de Arauca, la capital del departamento. En medio de aquellas movilizaciones que reivindicaban los derechos de las comunidades, conocí reconocidos líderes sindicales y sociales del departamento, entre estos Alirio Martínez, el Presidente de la organización campesina ADUC; Jorge Prieto, el Presidente regional del Sindicato de los trabajadores de la salud ANTHOC; Leonel Goyeneche, del sindicato de los profesores; Samuel Morales, el Presidente de la CUT Arauca, entre muchos otros. Alirio, Jorge y Leonel, poco después (2004), murieron ‘fusilados’ por el Ejército Colombiano y Samuel, quien estaba también con ellos en aquella reunión de trabajo en la vereda Caño Seco, del Municipio de Saravena, se salvó milagrosamente de una muerte segura. Años después, compartiendo un café en la ciudad de Londres, con lágrimas en los ojos, Samuel me contaba que aún no ‘podía creer’ como se salvó de morir, aquella madrugada, cuando una patrulla militar allanó la vivienda en donde dormía con sus tres compañeros de trabajo.
Volviendo a los hechos de Santo Domingo, en los primeros días del mes de diciembre de 1998, se presentaron algunos combates entre las FARC y unidades del Ejército Colombianos en lugares rurales de la vereda de Santo Domingo. El 13 de diciembre los habitantes del pequeño caserío organizaban un bazar, con el propósito de recolectar fondos para arreglos de su comunidad. Lo que no sabían los pobladores era que el Ejército Colombiano, la aviación miliar, con el apoyo de aviones norteamericanos, tripulados por pilotos ‘gringos’, planeaban operaciones militares sobre Santo Domingo. En una de mis visitas a Santo Domingo, me comentaba uno de los sobrevivientes del bombardeo, un joven de aficionado al futbol, que estaban a punto de iniciar un encuentro futbolístico entre la vereda Santa Domingo y un equipo de una vereda vecina, cuando hicieron presencia el ‘avión Skymaster’ un avión norteamericano, y varios helicópteros militares. El presidente de la junta de Acción Comunal, recomendó a todos los habitantes que se ubicaran a lo largo de la carretera, que es la única calle del caserío, para que los militares los pudieran ver con claridad y se percataran que ellos era civiles, simples pobladores del pequeño caserío. Mientras los habitantes se colocaban en la carretera, un pequeño grupo de niños, se subieron a un viejo y destartalado camión, abandonado por años, que se podría a la orilla de la carretera.
En ese momento los helicópteros descargaron no una, como se dice en los medios noticiosos, sino tres bombas tipo ‘clúster’, conocidas como bombas de racimo, artefacto que al impactar desprende seis bombas de fragmentación. Una de las bombas impacto la parte delantera del abandonado camión. Como consecuencia, murieron en el acto, los seis niños que se encontraban en la carrocería del camión y once personas más, y quedaron heridos de gravedad un alto número de habitantes.
Por varios minutos los habitantes de Santo Domingo vivieron un verdadero infierno, la gente corría por todos lados y buscaban abandonar el pueblo, uno de los pobladores saco su camioneta, en donde colocaron a los heridos, para trasladarlos a la ciudad de Tame, pero mientas salían por la carretera rumbo a Tame, los helicópteros disparaba ráfagas de fuego para impedir la marcha del vehículo. En pocos minutos, aquel pequeño caserío que se había vestido de fiesta se convirtió en un pueblo fantasma.
Las organizaciones sociales denunciaron de inmediato este bombardeo y dos días después se hizo presente una comisión de la Fiscalía para investigar los hechos, junto a esa comisión de fiscales, nos hicimos presentes algunos abogados de organizaciones de derechos humanos. Era muy diciente la actitud de la fuerza pública que hacia el acompañamiento a los fiscales, se dedicaron a recoger tornillos y pedazos de metal, desprendidos del viejo camión impactado por la ‘cluster’, y poco después, los medios de comunicación sacaban en primer plano la noticia… en Santo Domingo, la guerrilla había estallado un carro bomba y como consecuencia del estallido, varios menores y pobladores del caserío había muerto. La prueba contundente para confirmar esta noticia, eran las primeras evidencias de los hechos, que mostraban que la ‘bomba de fabricación casera’, utilizada para la explosión, estaba rellena de tornillos y pedazos de metal. Esa fue la tesis que sostuvo la Fiscalía durante los primeros años de investigación de los hechos.
Las organizaciones sociales de Arauca declararon un ‘Paro Cívico’ en protesta por estos hechos, Paro que culminó con la conformación de una ‘Comisión Interinstitucional’ para investigar los hechos de Santo Domingo. Durante varios meses sesiono esta ‘Comisión’, liderada por el Ministerio del Interior, sin arrojar resultado alguno, a pesar que las organizaciones sociales de Arauca presentaba más de cien testimonios que coincidían todos que las muertes se habían sucedido producto de un bombardeo de los helicópteros militares, pero la Fiscalía y el Gobierno, se sostenían en la tesis del camión bomba estallado por la guerrilla. Mientras tanto, la investigación del bombardeo había pasado a la ‘Justicia Penal Militar’, jurisdicción esta, que estaba a punto de absolver a los pilotos investigados por el bombardeo.
En el año 1998, varias organizaciones sociales y de derechos humanos habíamos organizado un exitoso Tribunal Internacional de Opinión, en la ciudad de Barrancabermeja, en donde se condenó al Estado Colombiano por la ‘Masacre de Barrancabermeja’ en donde fueron desaparecidos 25 personas y otras más fueron asesinadas, en hechos sucedidos el 16 de Mayo de 1998. Como consecuencia de este Tribunal, el ‘Center for Civil and Human Rights Notre Dame Law School’ , de una Universidad de Derecho de los Estados Unidos, organizo un Tribunal Internacional de Opinión, para investigar los hechos de Santo Domingo. Una de las conclusiones de este Tribunal, fue el de presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, instancia esta que luego de investigar los elementos probatorios, paso la investigación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien acaba de condenar al Estado Colombiano, como responsable de aquellos luctuosos hechos conocidos como el bombardeo a la población de Santo Domingo.
De poco sirvió la estrategia del Gobierno colombiano, para mostrar su no responsabilidad en estos hechos, estrategia que llego al extremo de utilizar una condena a un comandante de las FARC, proferida por un juzgado de Arauca en el 2011. La sentencia de condena de la Corte Interamericana desestimó de plano esa pretensión gubernamental, dejando claro que los hechos que dieron origen a la condena al comandante guerrillero alias ‘Granobles’, no fue por los hechos conocidos como la ‘Masacre de Santo Domingo’. Remata la Corte Interamericana concluyendo que, esta estrategia de defensa del Gobierno Colombiano es de mala fe y que vulnera varios principios entre ellos, el de equidad procesal, el de seguridad jurídica y el estoppel.
Con este corto relato, quiero señalar la importancia que este fallo internacional tiene para las víctimas de aquella masacre, para las organizaciones sociales del Departamento de Arauca y para las organizaciones de Derechos Humanos. Catorce años después, se logra sacar a flote la verdad de los que sucedió en Santo Domingo, la responsabilidad directa de las fuerzas militares y del Estado Colombiano y por estas vía se logre el castigo a los responsables y se repare de alguna manera el daño ‘irreparable’ causado a las víctimas de esos hechos. Nos declaramos en espera, hasta que se cumpla la sentencia y en particular, el acto de perdón público que debe ofrecer el Estado Colombiano en la vereda de Santa Domingo, el que debe ser transmitido ampliamente y debe contar con la presencia de altos funcionarios estatales.
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