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Cuando la función pública en Chile pasó a manos de la clase rentista

Fuentes: Rebelión

Cuando se ha perdido la dignidad de la función pública no queda sino concluir que estamos en la primera hora de la revuelta social.

Los homenajes que la clase política rindió a la memoria de Sebastián Piñera, revelan una vez más las alianzas y acuerdos que se tejieron para que Pinochet entregara el poder.

Las enmiendas a la Constitución y el plebiscito de 1989, que refrendó el texto negociado con la dictadura, explican por qué en más de 30 años nunca hubo una transición a la democracia. Todos los presidentes, incluido el frenteamplista Gabriel Boric, tuvieron como tarea administrar el modelo que dejaba la dictadura.

Ello explica el traspaso de las riquezas naturales, cobre, pesca, forestales, litio, las instituciones que rigen los Bienes Públicos, Isapres, AFP, al capital extranjero.

No bastaron 17 años para recuperar la herencia de dignidad dejada por Salvador Allende. Es más, cuando la revuelta social de octubre de 2019, la clase política, como moneda de cambio, para que nada cambiara negoció con Piñera en noviembre 15  el llamado a una convención constitucional.

¿Qué nos deja como lección el hecho que ninguno de los proyectos de Constitución haya sido aprobado? Sometido a un feroz ataque en el que se suponían intenciones, tergiversaciones, el proyecto del pueblo fue rechazado. El siguiente proyecto, el de los empresarios, mediando la mayor indiferencia, tampoco fue aprobado. Volvemos al punto de partida. A 34 años del inicio oficial de la democracia en Chile, el pueblo aún se encuentra en déficit de los bienes públicos fundamentales, salud, educación, vivienda. Por supuesto después de más de 3 décadas las falencias han cambiado en términos relativos. A 34 años del término formal de la dictadura, la estructura productiva del país todavía sigue siendo deficitaria en términos de empleo: la fuerza de trabajo crece más que la tasa del empleo. Seguimos amarrados al extractivismo, es decir somos factoría de las economías industrializadas.

En síntesis, nuestros dirigentes, clase política financiada por el gran empresariado, son parte de la clase rentista que gobierna este país.

¿Qué podemos esperar de una clase dirigente que se ha entregado en cuerpo y alma al capital extranjero?

Cuando se ha perdido la dignidad de la función pública no queda sino concluir que estamos en la primera hora de la revuelta social.