El Cauca lleva mucho tiempo viviendo junto a la guerra. A veces esta llega con estruendo, otras veces permanece quieta, como un ruido lejano al que la vida termina acomodando sus ritmos, pero rara vez desaparece. En ciertos territorios ocurre eso, la confrontación deja de sentirse como una irrupción excepcional y empieza a mezclarse lentamente con las formas ordinarias de habitar el mundo. Se instala en los caminos, modifica economías enteras, altera conversaciones y organiza los silencios.
Lo ocurrido durante las últimas semanas no parece anunciar algo completamente nuevo. Los hostigamientos, las ofensivas armadas y los ataques sobre corredores estratégicos dejan ver más bien el endurecimiento de una transformación que venía desarrollándose desde hace años, casi siempre a la vista de todos y, al mismo tiempo, apenas reconocida. Como si durante demasiado tiempo hubiera resultado más fácil pensar el conflicto colombiano como algo administrable mediante acuerdos parciales, dispositivos humanitarios y controles fragmentarios de seguridad, antes que admitir que bajo esa aparente administración la guerra continuaba cambiando de forma y aprendiendo nuevas maneras de permanecer.
Gran parte de las reacciones públicas frente a esa intensificación quedaron atrapadas dentro de un lenguaje cada vez más estrecho. La discusión osciló rápidamente entre la indignación moral y las exigencias de militarización, como si frente a ciertos conflictos solo quedaran disponibles la condena inmediata y el endurecimiento militar. Y, sin embargo, resulta extraño que una guerra tan larga continúe siendo leída mediante fórmulas incapaces de nombrar algo distinto a sus efectos más visibles. Se habla de inseguridad, de terror, de alteraciones del orden público. Pero mucho menos de las condiciones históricas que permitieron que la guerra echara raíces tan profundas en ciertos territorios; mucho menos de las transformaciones que han ido modificando al mismo tiempo el carácter de las insurgencias, las formas contemporáneas de la contrainsurgencia y la capacidad misma de producir mediaciones políticas capaces de durar algo más que un instante antes de volver a fracturarse.
La gravedad de lo que ocurre no disminuye porque intentemos comprenderlo, tal vez ocurra lo contrario. Porque el problema no está solamente en el daño visible, ni en los muertos, desplazamientos y hostigamientos, sino también en aquello que la propia forma de la confrontación empieza a revelar. Hay momentos en que un conflicto deja de explicarse mediante discursos y comienza a mostrar sus transformaciones a través de sus formas concretas de existencia. Las insurgencias, el Estado e incluso el progresismo gubernamental parecen desplazarse dentro de un horizonte cada vez más estrecho, donde la capacidad de producir dirección política va siendo sustituida por distintas formas de administración territorial de la violencia. El país continúa pronunciando la palabra paz, pero extensas regiones siguen organizando su vida alrededor de dispositivos militares, economías ilegales y soberanías fragmentadas. La palabra permanece, lo que parece vaciarse lentamente es la experiencia histórica que alguna vez le daba contenido.
Por eso resulta insuficiente explicar la situación actual únicamente mediante la persistencia de estructuras armadas ilegales. Esa lectura no solo reproduce el viejo sentido común militarista construido durante décadas por el Estado colombiano; también impide ver transformaciones más profundas relacionadas con la reorganización territorial del capital, la crisis de las formas tradicionales de representación política y el deterioro de aquellas mediaciones que antes permitían articular antagonismo social y horizonte estratégico. Hay algo inquietante en esta etapa del conflicto colombiano, algo difícil de nombrar porque todavía no adquiere una forma estable. Las viejas estructuras no desaparecen del todo, pero las nuevas tampoco consiguen consolidarse plenamente, todo parece fragmentarse lentamente; las soberanías, las economías regionales, las organizaciones armadas; Incluso la posibilidad misma de construir proyectos históricos capaces de sostener cierta coherencia más allá de la administración inmediata de la crisis.
En medio de ese desplazamiento se ha vuelto cada vez más habitual leer toda experiencia insurgente a través de las categorías del crimen, las economías ilegales o la amenaza a la seguridad, como si décadas enteras de conflicto pudieran reducirse finalmente a un problema de orden público. Pero esa operación no comenzó ahora; la contrainsurgencia colombiana nunca actuó solamente mediante persecución militar o control territorial, también trabajó sobre el lenguaje y sobre las formas disponibles para nombrar el conflicto. Durante años intentó separar a la insurgencia de las condiciones históricas que hicieron posible su aparición, desplazándola poco a poco hacia la figura de una anomalía exterior al cuerpo social, desligada de las memorias campesinas de exclusión, de la violencia agraria y del abandono persistente de amplias regiones. Como si la guerra pudiera explicarse únicamente por quienes la empuñan y no también por el mundo histórico que la produjo y le permitió arraigarse.
Pero reducir toda experiencia insurgente a la simple figura de la criminalidad equivaldría también a borrar una parte decisiva de la historia colombiana, como si pudiera arrancarse una raíz de la tierra y después fingir que nunca sostuvo nada. Porque las insurgencias nunca existieron, ni existen, únicamente como aparatos militares. También atraviesan procesos de organización agraria, disputas por la tierra, economías populares y formas comunitarias de resistencia frente a órdenes profundamente violentos. El derecho de los pueblos a la rebelión no desaparece simplemente porque determinadas estructuras armadas entren en crisis o porque ciertas formas contemporáneas de la confrontación comiencen a revelar desgastes difíciles de ocultar. Tal vez una parte importante de la dificultad actual consista precisamente en pensar ambas cosas al mismo tiempo sin borrar ninguna de ellas.
El problema del reconocimiento político nunca fue solamente una cuestión jurídica o diplomática. La beligerancia es, antes que nada, una relación social. Depende de formas concretas de articulación territorial, de vínculos comunitarios y de capacidades reales para producir organización y sentido político. Cuando la práctica armada comienza a desacoplarse lentamente de esas condiciones, aparece una pérdida de densidad que no proviene únicamente de la ofensiva estatal o mediática. También emerge desde el interior mismo de las transformaciones que atraviesan la confrontación. Algo empieza a vaciarse, no siempre de manera visible, pero sí mediante esa erosión lenta con la que ciertas prácticas conservan todavía sus lenguajes mientras pierden la capacidad de sostener el mundo político que antes las rodeaba. Por eso el problema no consiste simplemente en declarar la obsolescencia histórica de la lucha armada. La cuestión quizá sea más incómoda. Interrogar las formas concretas que hoy adopta esa práctica y preguntarse hasta qué punto algunas de ellas han comenzado a reducir el espacio estratégico dentro del cual todavía podrían construirse articulaciones políticas capaces de durar más allá de la administración inmediata de la guerra.
Ese desgaste no siempre adopta la forma visible de una derrota militar frontal. A veces se parece más a un lento proceso de encapsulamiento, como si ciertas fuerzas fueran quedando encerradas dentro de los límites que la propia guerra les impone. El Estado ya no necesita aniquilar completamente a determinados actores armados para reducir buena parte de su capacidad política. Muchas veces basta con administrar la fragmentación, estabilizar parcialmente algunos territorios y combinar negociación diferencial con presión militar, impidiendo que alguna fuerza consiga construir niveles significativos de articulación autónoma. La guerra colombiana parece haberse desplazado hacia ese terreno ambiguo donde distintos actores regulan poblaciones, economías y corredores estratégicos bajo condiciones variables de confrontación y negociación. Todo permanece abierto en apariencia, pero al mismo tiempo, algo empieza a sentirse profundamente bloqueado, como esos caminos que todavía existen aunque ya casi nadie consiga atravesarlos.
Los límites de la llamada Paz Total comenzaron a hacerse visibles precisamente allí donde prometía producir una ruptura histórica. Aunque discursivamente apareció como una alternativa frente a décadas de militarización y contrainsurgencia, terminó funcionando como una administración fragmentaria del conflicto, donde coexistían negociaciones parciales, operaciones militares, dispositivos humanitarios y disputas territoriales que apenas rozaban las bases materiales que continúan reproduciendo la guerra. Pero el problema no parecía reducirse solamente a dificultades administrativas o a la descoordinación institucional. Hay algo más profundo, la política misma parecía carecer de una perspectiva capaz de reorganizar estructuralmente las relaciones entre Estado, territorio y economía. Cada mesa avanzaba como una pieza relativamente aislada de las otras, como si el conflicto colombiano pudiera dividirse en fragmentos administrables sin necesidad de transformar las condiciones históricas que sostienen su permanencia. Como si bastara con contener los síntomas mientras el suelo que los produce permaneciera intacto bajo los pies de todos.
Mientras tanto, el lenguaje humanitario fue ocupando lentamente el lugar que antes pertenecía a la discusión política. La paz comenzó a pensarse cada vez más como contención de daños y regulación de intensidades violentas, y todo eso importa, desde luego, ninguna vida debería ser tratada como un daño secundario en nombre de futuras transformaciones históricas. Pero una sociedad no reorganiza sus antagonismos únicamente administrando el sufrimiento que estos producen pues poco les importa. Hay un momento en que la reducción humanitaria del conflicto empieza también a reducir la imaginación política disponible para enfrentarlo. Poco a poco se vuelve más difícil pensar transformaciones estructurales o formas distintas de organizar la vida común, y al mismo tiempo comienza a parecer razonable aceptar que el único horizonte posible consiste en administrar de manera menos destructiva la continuidad de la guerra, como quien aprende a convivir con una tormenta interminable porque ha dejado de creer que pueda existir otro clima.
Algo parecido ocurre con la contrainsurgencia contemporánea. Ya no actúa únicamente mediante bombardeos, persecución militar o exterminio directo, aunque continúe recurriendo a ellos cuando lo considera necesario. También opera mediante mecanismos más flexibles de absorción institucional, negociación fragmentaria y estabilización parcial de territorios. Su objetivo no parece consistir solamente en destruir militarmente al adversario, sino en impedir que alguna fuerza consiga construir niveles significativos de articulación política capaces de alterar la correlación histórica de fuerzas. Y quizá por eso uno de sus triunfos más profundos no se encuentre únicamente en el plano militar. Tal vez aparezca, más silenciosamente, en el terreno mismo de lo pensable. En la dificultad creciente para imaginar otra forma de organización territorial y política distinta a la administración permanente de la violencia. Como si el conflicto armado hubiera ocupado tanto espacio dentro de la vida colectiva que incluso la imaginación comenzara a moverse dentro de sus límites.
La reacción frente a la reciente intensificación del conflicto en el Cauca dejó ver precisamente ese límite. Gran parte del debate público quedó atrapado entre la indignación moral y las exigencias de militarización, como si entre condenar y militarizar ya no quedara espacio para pensar históricamente el conflicto. Cualquier tentativa de comprensión estructural parecía despertar una sospecha inmediata, la idea de que comprender equivaldría a justificar. Incluso sectores golpeados durante décadas por la violencia estatal parecen desenvolverse ahora dentro de esa estrechez. No porque hayan olvidado sus memorias críticas, sino porque la crisis de las izquierdas y el deterioro de las mediaciones colectivas fueron produciendo un escenario donde resulta más fácil condenar abstractamente a las insurgencias que confrontar el fracaso de una política de paz incapaz de transformar las condiciones territoriales que siguen reproduciendo la guerra.
Y, sin embargo, el problema permanece ahí, inmóvil y cambiante al mismo tiempo, como ciertos paisajes que se transforman lentamente mientras parecen conservar la misma forma. El Cauca ya no aparece solamente como una región violenta ni como una periferia de confrontación armada. Empieza a parecer como un espacio donde las transformaciones contemporáneas de la guerra colombiana se vuelven visibles con especial claridad. Allí convergen militarización permanente, economías ilegales, corredores estratégicos y formas fragmentadas de soberanía que se superponen sin estabilizarse del todo. Y en medio de eso, la vieja distinción entre guerra y paz comienza a perder nitidez. La confrontación ya no parece dirigirse hacia una victoria estratégica total, pero tampoco las políticas estatales actúan como si buscaran desmilitarizar estructuralmente los territorios. Lo que emerge es algo más ambiguo y más duradero, una forma flexible de administración de la violencia que no elimina el conflicto y aprende, en cambio, a regularlo.
Tal vez lo más inquietante de todo esto no sea únicamente la continuidad de la guerra. Colombia ha vivido demasiado tiempo junto a ella como para sorprenderse por su persistencia. Lo verdaderamente inquietante parece ser otra cosa, la reducción progresiva del espacio desde el cual todavía podría imaginarse formas históricas de articulación política de clase. Mientras ciertas expresiones insurgentes ven deteriorarse sus posibilidades de articulación a medida que la dimensión militar de su práctica adquiere autonomía, el progresismo gubernamental administra el conflicto sin transformar las estructuras que continúan reproduciéndolo, y el Estado recompone legitimidad mediante una combinación de negociación fragmentaria y militarización territorial. La guerra continúa al mismo tiempo en que empieza a agotarse lentamente la imaginación histórica necesaria para reorganizar el territorio, la vida social y el conflicto fuera de esta administración permanente de la violencia. Como si incluso la posibilidad de pensar otro horizonte hubiera comenzado a estrecharse junto con el propio país.
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