El pasado 25 de julio, luego de seis años de promulgada la Ley de Justicia y Paz, sólo se conocía de una sentencia en firme… Y esto no lo afirma un «bandido narcoterrorista de la Far…», como suele decir el expresidente Uribe refiriéndose a quien osa opinar contrariando sus palabras o acciones ultraderechistas, o a […]
El pasado 25 de julio, luego de seis años de promulgada la Ley de Justicia y Paz, sólo se conocía de una sentencia en firme… Y esto no lo afirma un «bandido narcoterrorista de la Far…», como suele decir el expresidente Uribe refiriéndose a quien osa opinar contrariando sus palabras o acciones ultraderechistas, o a poner en tela de juicio su calidad de «mejor Presidente que ha tenido Colombia». Siendo el ideólogo de las variadas normas jurídicas que se implantaron bajo su administración para favorecer no tanto a las víctimas y su sagrado derecho a la justicia y la reparación, como a los victimarios del paramilitarismo para ver si «de pronto», aunque fuera en apariencia, se desmovilizaban, su recalcitrante postura guerrerista no le deja aceptar el fracaso de tal «estrategia» y menos admitir que aquella «desmovilización» fue sólo un pantallazo que los paras acordaron con el gobierno mientras reagrupaban a sus tropas con mayor fuerza y crueldad en lo que algún avivato dio en llamar las «bacrim» . Por ello debemos recurrir al Informe Anual 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para refrescarle su memoria y de paso abrirle los ojos al país y especialmente al gobierno del presidente Santos, inclinado como parece estar a sacar cualquier día de estos de su laberíntico bolsillo la llave de la paz que dice guardar con la esperanza de dar comienzo y enrumbar un proceso de paz armónico y duradero para nuestra sangrante Colombia.
De todos los males que aquejan a nuestra patria tales como la pobreza, la desigualdad, los desplazamientos forzados, el narcotráfico, la criminalidad común y, en fin, la guerra y la violencia generalizadas, ninguno es más sensible ni más inquietante frente al futuro del país que queremos, que la institucionalizada violación de los derechos humanos, disparada con cifras aterradoras durante los 8 años de permanencia del gobierno anterior. Y de esta barbarie violatoria de dichos elementales derechos, lo que mayor significado tiene para que su espectro crezca y se perpetúe, tiene por nombre impunidad, expresión que de tanto manosearse y repetirse, hemos relegado en su significado a una simple queja con tufillo de «cantaleta».
Es, pues, esta reinante impunidad de la que todos hablamos, la que deviene en combustible para que todos aquellos males sigan cocinándose en medio de hervores azarosos que terminarán por dar al traste con lo poco que nos queda de país posible y república civilizada.
La CIDH denuncia -otra palabreja que de tanto manipuleo va perdiendo su sentido- de nuevo y por enésima vez respecto a la violación de derechos humanos, las prácticas abusivas del fuero militar, las ejecuciones extrajudiciales reconocidas ya como falsos positivos, las insuficiencias del sistema judicial, la corrupción -otra que de tan insistida, está por volverse inocua- la discriminación social, las alianzas de la Fuerza Pública con grupos armados ilegales, las desapariciones forzosas, el hacinamiento y las anomalías del régimen carcelario, la utilización para el trabajo y la guerra de la población infantil, las mujeres como objetos de destrucción de su integridad tras la violaciones y su esclavitud, el tráfico de personas y el hostigamiento y muerte de activistas de derechos humanos.
Pero volvamos sobre la impunidad.
Es bien sabido que así como campean y se diseminan y crecen la criminalidad y la corrupción, a nuestros ojos, quién lo creyera, son contados los criminales y los corruptos. ¿Y qué hace que esta aparente contradicción se transforme en axioma? Usted lo ha dicho, amigo lector: ¡la impunidad!
La impunidad no es otra cosa que la falta de castigo a quien trasgrede la ley, y quien delinque y se sabe de antemano inmune a esta u otra sanción, proclama un «derecho» y un «privilegio» de por sí contagioso en su mundo social. ¿Y qué puede ser más demoledor para un Estado que se fundamente en la democracia y la equidad que eludir y burlar a la justicia?
Mientras existan personas que, impunemente, quebranten o vulneren la ley, o instituciones, gobiernos o grupos de poder que por intereses sórdidos se hagan los de la vista gorda frente a cualquier tipo de ilícitos, ningún régimen político, ninguna estructura organizativa de partidos, ningún sistema electoral, ninguna rama del poder judicial o del sistema de seguridad bien sea del orden civil, policial o militar, podrá ser garantía para la estabilidad o, incluso, la viabilidad de la nación que así lo permita.
(*) Germán Uribe es escritor.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.