Algunos de los más importantes partidos políticos del Estado español, opositores al gobernante Psoe, cuestionaron en la Comisión de Defensa del Congreso de Diputados a Silvia Iranzo, Secretaria de Estado de Comercio, por la venta de armas que el gobierno Zapatero ha hecho a países donde existen conflictos internos, se viola el derecho internacional humanitario […]
Algunos de los más importantes partidos políticos del Estado español, opositores al gobernante Psoe, cuestionaron en la Comisión de Defensa del Congreso de Diputados a Silvia Iranzo, Secretaria de Estado de Comercio, por la venta de armas que el gobierno Zapatero ha hecho a países donde existen conflictos internos, se viola el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
Al leer esta noticia en se piensa de entrada que están criticando la venta de armas a Colombia. Y obviamente a otros países. Apenas lógico. En Colombia existe un prolongado, violento y degradado conflicto interno. El mundo se ha estremecido al conocer los crímenes de lesa humanidad que se cometen en medio del conflicto, pero también en medio de la persecución, la criminalización y la represión contra las organizaciones sociales y populares opositoras al régimen. Desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestros, masacres, torturas, detenciones y juicios arbitrarios y otros crímenes contemplados por la Corte Penal Internacional como delitos de lesa humanidad se suceden en Colombia todos los días y en cifras y modalidades alarmantes y aberrantes. Y en la mayoría de ellos tiene total responsabilidad el Estado colombiano, especialmente el gobierno de Uribe y las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia bajo su mando y dirección.
Es decir que Colombia no cumple, de lejos, los requerimientos que en el artículo 8 de la Ley sobre Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso regulan las exportaciones de armamento español.
Pero leyendo la noticia completa los críticos de la venta de armas no se estaban refiriendo a la venta de ellas a Colombia. No la nombraron para nada. Para algunos eran Irán y Libia. Para otros Marruecos y también Venezuela. Pero para ninguno de ellos Colombia. Para ellos, la Colombia del uribismo es la «máxima fortaleza de los derechos humanos» como un líder opositor dijo en Bogotá abrazado a Uribe. Y un gobierno que «Merece nuestro apoyo total», como lo ha expresado reiteradamente el propio gobierno.
Es el silencio que permite que los conflictos se prolonguen y que cada día sean más graves las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Mientras esto sucede, el Índice de Paz Global, estudio que se hace en Australia por el Institute For economics Peace con el concurso de expertos de diferentes institutos para la paz y coordinados por el Centre For Peace and Conflict Studies de la Universidad de Sídney, acaba de incluir a Colombia dentro de los diez países más violentos y peligrosos del mundo. Un país donde aumenta la pobreza y la inseguridad en proporción inversa al crecimiento del gasto militar que en el año 2009 llegó a la astronómica cifra de 10.055 millones de dólares.
Pero a la industria militar poco o nada le importa que los conflictos se prolonguen, el hambre se multiplique y los muertos aumenten cada día. Y a algunos políticos tampoco.
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