Archivos hallados por La Nación revelan que la DINA (servicios secretos de Pinochet) espió sistemáticamente a la Iglesia Católica, especialmente el trabajo de ayuda a los perseguidos del Comité Pro Paz, y elaboró listas de «curas marxistas». El agente Alberto Palacios González inventó una historia de perseguido político y trabó contacto con el obispo Fernando […]
Archivos hallados por La Nación revelan que la DINA (servicios secretos de Pinochet) espió sistemáticamente a la Iglesia Católica, especialmente el trabajo de ayuda a los perseguidos del Comité Pro Paz, y elaboró listas de «curas marxistas».
El agente Alberto Palacios González inventó una historia de perseguido político y trabó contacto con el obispo Fernando Ariztía. Era el comienzo de la infiltración por la DINA del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, más conocido como el Comité Pro Paz. Corría el año 1974 y la represión tras el golpe militar de 1973 campeaba a sus anchas.
El obispo, que representaba en esa instancia ecuménica a la Iglesia Católica nombrado por el cardenal Raúl Silva Henríquez, confió en Palacios y le fue entregando dinero, a veces en escudos de ese tiempo, otras veces en dólares. Palacios se ofreció para sacar a Argentina personas que huían de la dictadura. A medida que éste y otros agentes infiltrados ganaban también la confianza del sacerdote Fernando Salas, que dirigía el comité, y del combativo cura Rafael Maroto, la DINA iba obteniendo mayor cantidad de información acerca de las operaciones del comité.
Pero también reunía antecedentes y hacía listas de los «curas conflictivos» para el régimen, entre los que, por cierto, se encontraban Ariztía, Salas y Maroto, la troica del trabajo del comité para asilar perseguidos en las distintas embajadas de Santiago, o para sacarlos del país hacia Argentina.
La infiltración de la Iglesia Católica, desconocida hasta ahora como una operación sistemática montada por el régimen militar, está graficada en archivos de la DINA hallados por LND.
SALVAR PERSEGUIDOS
Pinochet comenzaba a sentir los aguijones del Comité Pro Paz creado el 9 de octubre de 1973 por el cardenal Silva Henríquez, que además integraban las iglesias Metodista, Luterana, Metodista Pentecostal y la comunidad israelita. Finalmente, el dictador le dio el zarpazo al comité en noviembre de 1975, lo que obligó al cardenal Silva a crear el 1 de enero de 1976 la Vicaría de la Solidaridad.
Entre Ariztía y Maroto acordaron con Palacios que debían sacar de Chile a Argentina, en camiones, a una treintena de personas. Palacios puso el precio: «350 escudos por cabeza». Antes de ello, el informe del agente a la DINA sostiene que Ariztía «entregó hace unos días 50 mil escudos» para sacar a otras personas, entre ellas «a un extremista herido que estaba clandestino».
A medida que avanzaban las semanas, la DINA iba reuniendo datos de los «curas conflictivos», como los calificó en el informe «Nº 7″que fechó entre «el 1 de noviembre de 1973 y el 17 de mayo de 1974».
Vale decir, el documento es un elemento más que confirma que la DINA existió desde mucho antes de su creación por el Decreto Ley 521, de 14 de junio de 1974.
La DINA le informó a Pinochet que «se ha detectado la creación de un servicio de inteligencia del clero, en íntima colaboración con el marxismo, que ha logrado infiltrar a numerosos sacerdotes, los que en Santiago llegarían a un grupo de 37 curas marxistas».
Uno de ellos, el sacerdote español Joan Alsina, ya habría sido asesinado el 20 de septiembre de 1973. El otro, Antonio Llidó, también español, desapareció en octubre de 1974.
En la lista, Llidó tiene el número 12, bajo la información «ex sacerdote español, miembro del MIR de Quillota, que continuaría ejerciendo. Activista extremista» (ver lista aparte).
En un apretado resumen de junio de 1974 se informa que la «situación de sacerdotes es: interrogados, 4; detenidos y liberados, 12; detenidos, 14; salieron del país, 10; expulsados, 18; muertos, 1».
PELUQUERAS Y PATINES
Otro informe de la DINA, titulado «Asunto Operación Ariztía», de julio de 1974, en el que se entregan más detalles del Comité Pro Paz para proteger fugitivos, contiene una relación de parroquias y colegios que debían ser vigilados, donde Ariztía, Salas y Maroto «guardan extremistas». Figuran el «Convento de los Capuchinos, Padres Franceses, Casa de la Sagrada Familia, Gratitud Nacional, Centro Belarmino, Colegio Filipense y el Colegio Saint George».
Este último reporte está firmado por un «Jefe Agrupación Santiago» y en él se explica que, además, la penetración al trabajo del Comité Pro Paz se hacía a través de «peluqueras y patines [prostitutas]» que actúan como «enlaces de grupos extremistas».
«La Carmen es enlace de un grupo de extremistas. Se acuesta con el coronel José Pérez Luco, del cual manifiesta obtener algunas informaciones, inclusive antes del 11 de septiembre de 1973. Vive en una pensión en calle Dieciocho 195».
Otra fuente de la DINA es «la señora Pepa (alias ‘La Vieja’), dueña de la residencial de calle Dieciocho 195, que es enlace de un grupo de guerrilleros y extremistas de doble militancia del PS y el MIR que se reúnen ahí y toman acuerdos».
Para la DINA, el sacerdote Fernando Salas «vive en Santa Mónica 2938, fono 94161, y se dedica a la protección de extremistas buscados por la Justicia militar. Es el enlace de Fernando Ariztía y prepara la falsificación de documentos. Se hace el inocente. Es un cura joven, rubio y cabezón».
De Fernando Ariztía (ya fallecido, al igual que Maroto) se dice, además de su dirección y señas de sus movimientos por Santiago, que «en su calidad de obispo auxiliar es, sin duda, la cabeza visible de todas las actividades anti Junta Militar».
EL CURA PEPO Y ALDO FRANCIA
Ganada la confianza, el agente Alberto Palacios comenzó a salir de Santiago para rastrear en provincias para la DINA el trabajo del Comité Pro Paz y los sacerdotes que protegían fugitivos. Así llegó a Valparaíso y Viña del Mar.
«Ahí, el encargado por intermedio de Ariztía para llevar a la clandestinidad a todo tipo de personas es el padre Pepo Gutiérrez, que vive en la Población Vergara, calle 1 Oriente 215 de Viña. Tiene contactos con órganos revolucionarios y proporciona dinero a la gente que queda sin trabajo. El dinero lo recibe del médico que trabaja para las Fuerzas Armadas Aldo Francia, de Valparaíso. Éste lo recibe de un tercero que tiene contacto con París. El padre Ignacio Pujadas se encuentra en Europa gestionando fondos y es amigo personal de Aldo Francia», es parte del informe de Palacios.
En su reporte, el agente entrega además datos de los sacerdotes «Jorge Cacharos, que antes era de derecha; Salvador Ruiz Paniagua, Miguel Donabin, Carlos Pizzinnani y la monja Valeria, que trabaja con el cura Ariztía».
De todos ellos aporta sus domicilios y características de sus casas y alrededores.
De los movimientos de Ariztía, Salas y Maroto para sacar gente de Chile o asilarlos en las embajadas, cuyos trayectos, vehículos usados y horas de salida desde iglesias o casas la DINA tenía el detalle minuto a minuto, detectaron además que el comité «opera con una agencia de turismo de calle Morandé del mapu Garretón», y otra «agencia de turismo Villalonga», donde se tramitó la salida de «Juan Ramón Núñez», a quien le negaron el pasaporte porque tenía una orden de arresto.
La DINA siguió la historia de Núñez desde un comienzo, cuando Ariztía y Salas lo asilaron en la Embajada de Polonia el 16 de octubre de 1973. En una declaración de Núñez que forma parte de los documentos hallados, éste relata su «calvario» a la espera de salir de Chile, sobre todo cuando a los pocos días llegaron otros 38 asilados, «entre comunistas, socialistas y del MIR, donde yo era el único mapucista», y se trabaron repetidas veces a golpes discutiendo quiénes eran los culpables del fracaso del Gobierno de Salvador Allende. Al final, Núñez se arrancó y volvió al comité a pedir ayuda.