En Chile el olvido pesa, anquilosa los movimientos, es como una gran manta que lo cubre todo. Un olvido no sólo inyectado por el poder, es también buscado por muchos, tal vez un bálsamo para no tener que azotar cansados corazones con una terrible historia. Pero hoy esta historia nuevamente nos golpea, un haz se […]
En Chile el olvido pesa, anquilosa los movimientos, es como una gran manta que lo cubre todo. Un olvido no sólo inyectado por el poder, es también buscado por muchos, tal vez un bálsamo para no tener que azotar cansados corazones con una terrible historia. Pero hoy esta historia nuevamente nos golpea, un haz se filtra para decirnos que aún hay cuentas pendientes. Una historia que hoy es una terrible injusticia prolongada por más de una década, que tiene forma de cárcel, de tortura, vidas cortadas. Hoy los presos políticos vuelven a tocar nuestra puerta.
Al cierre de esta edición, cinco presos políticos chilenos cumplen 52 días en huelga de hambre, han perdido en promedio más de 20 kilos de peso, la vista se nubla, los movimientos pierden coordinación, aparecen problemas renales y cada vez cuesta más mantenerse despierto. Días claves en que ya comienza a haber compromiso vital. La huelga busca presionar para la aprobación de una ley de indulto, una discusión que deberá realizarse el 9 de junio en el Senado. Hasta ahora nada indica que esta ley sea aprobada, como tampoco existe un compromiso del gobierno para propiciar la libertad de estos presos. Mientras, los días de huelga se siguen sumando.
La huelga la iniciaron 7 presos políticos el pasado 13 de abril. Jorge Mateluna, Esteban Burgos, Hardy Peña, Pablo Vargas y Jorge Espínola están recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS); Elizabeth Núñez, en el anexo del Hospital Penitenciario de Santiago; Eric Maichín, en Osorno y René Salfate, en Antofagasta. De ellos, Eric Maichín y Elizabeth Núñez dejaron la movilización a los 50 y 47 días, respectivamente, por haber llegado a acuerdo con las autoridades. A Maichín se le prometió otorgarle el beneficio de la libertad dominical y a Elizabeth Núñez un «indulto de rebaja de pena».
Lo que los presos tenían en mente al momento de iniciar su movilización era la votación que se espera para el 9 de junio en el Senado, día en que supuestamente debe votarse el proyecto de ley de indulto general del gobierno. Una ley que permite indultar a todos aquellos que hayan sido condenados por ley antiterrorista -esto, porque el Presidente no tiene la facultad de indultar a los presos condenados por este delito- y que hayan pasado más de 10 años en prisión. De aprobarse la norma, beneficiaría a parte importante de la treintena de presos políticos que hay en nuestro país. La idea de la huelga es presionar para la aprobación de la ley.
El problema es que este proyecto parece una papa caliente que todos se pasan de mano. De hecho, su discusión en la Cámara Alta ya ha sido postergada en cuatro ocasiones. El senador socialista Jaime Naranjo se comprometió con los presos en huelga que el proyecto sería analizado sin falta el 9. Sin embargo, a esto se agrega un problema mayor: la ley parece no contar con los votos necesarios para ser aprobada. Dado que se trata de un indulto general para los presos condenados por delitos terroristas, la Constitución exige el voto de dos tercios de los senadores en ejercicio.
La Concertación afirmó que apoyaría en bloque la iniciativa, pero cuenta sólo con 24 votos y se necesitan 32. Es posible que algunos senadores de la derecha apoyen la iniciativa, como ya anunciaron los senadores UDI Hernán Larraín y Carlos Bombal. Los más optimistas hablan de hasta cuatro votos favorables de la UDI, lo que sin embargo sigue siendo insuficiente.
La apuesta de la derecha es utilizar este proyecto como una posición de fuerza para negociar mayores beneficios a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos. El propio diputado de RN Alberto Cardemil dejó en claro esta posición al señalar a Radio Bío Bío que resulta «difícil que se pudiera aprobar el proyecto si no hay un tratamiento en conjunto con la ley que establece incentivos para la entrega de información respecto de los desaparecidos, y que incluye la exención de responsabilidad penal de los funcionarios del Ejército y de las policías que tengan baja graduación». Por su parte, los presos políticos han reiterado que no están dispuestos a ser «moneda de cambio», agregando que «nuestra libertad tiene una argumentación. No estamos mendigando al Estado que nos dé la libertad, lo estamos exigiendo que en base a los errores jurídicos, al ensañamiento sobre nuestras condenas, a la aplicación de dobles juicios». En caso de que el proyecto sea rechazado, sólo podrá volver a revisarse el año entrante.
Atrocidades jurídicas
Eso que llaman «Estado de Derecho» suele levantarse como un pilar fundamental de las llamadas democracias modernas. Dentro de las distintas definiciones del concepto podemos encontrar un gran elemento en común: se trata de sociedades reguladas jurídicamente o, si se quiere, que se organizan bajo el imperio de la ley, en oposición al absolutismo del «Antiguo Régimen», en donde la norma quedaba al arbitrio del soberano. Pero, además, este imperio del derecho debe contener dos elementos fundamentales como son la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos humanos. Un consenso que hoy pocos cuestionan abiertamente.
Sin embargo, los presos políticos chilenos han sido víctimas de atroces violaciones jurídicas: dobles procesamientos, fiscalías y tribunales militares y leyes especiales heredadas de la dictadura. Sin contar las golpizas y torturas que han sufrido intermitentemente y un inhumano régimen carcelario.
El primer abuso fue intentar negarles su calidad de presos políticos para tildarlos de terroristas. Cuestión que tuvo dos consecuencias directas: la primera fue deslegitimar su lucha ante la opinión pública, el movimiento social y los partidos de izquierda; y la segunda, juzgarlos y condenarlos en base a leyes especiales con altas condenas.
Pero lo cierto es que de acuerdo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica, conocido también como Convención de Costa Rica, se considera preso político a toda persona que quebranta la legalidad de un país por motivaciones políticas. Un pacto suscrito por Chile en dictadura y ratificado por los gobiernos de la Concertación.
La primera violación es la interpretación de la Ley Antiterrorista, una norma heredada de la dictadura. El propio Francisco Cumplido, que fue quien modificó esta ley para permitir el indulto a presos políticos tras el fin de la dictadura y de donde nacieron las llamadas Leyes Cumplido, ha reiterado que se mal aplicó la norma a los presos políticos que se mantienen hasta hoy. Esto, porque se interpretó la ley de la misma forma que en dictadura, es decir, sancionando la filiación a un grupo político armado más que delitos en términos específicos. Por ejemplo, si un miembro del FPMR comete un asalto, se le condena por el asalto pero además se le suma una nueva condena sólo por pertenecer al FPMR, lo que es considerado asociación ilícita terrorista.
Así por ejemplo está el caso de Marcela Rodríguez, que participó como ayudista en el rescate del preso político Marco Antonioletti, pero la fiscalía militar -como fue la única detenida al principio- la acusó de la muerte de un carabinero y la acusó de ley antiterrorista, siendo condenada a 10 años y un día por cada delito.
Un ejemplo que nos lleva a otra irregularidad, como es que los tribunales militares puedan juzgar a civiles. Particularmente en el caso de los presos políticos, entre otras cosas se da la paradoja de que el tribunal es juez y parte en la causa, pues la mayoría de las acciones fueron contra las fuerzas de seguridad. Una situación que fue condenada por la Comisión de DD.HH. de la OEA, por considerar que es contraria a los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
También resulta aberrante que los prisioneros hayan sido sometidos a dos, tres y hasta cuatro procesos por un mismo hecho, como ocurrió con Manuel Martínez, sobre el que recayeron cuatro condenas por un mismo delito. Un ejemplo típico que se dio es cuando se acusaba a un detenido por formar parte de algún grupo subversivo, se le procesaba por el delito de formación de grupos de combate y asociación ilícita terrorista. En la misma dirección está la existencia de condenas paralelas de la justicia civil y militar por los mismos delitos.
Finalmente, está el problema de quienes siguen presos por hechos ocurridos en dictadura. El hecho más reciente es la detención del militante del MPMR, Eduardo Asenjo, detenido en la 1986 por la CNI para luego ser llevado a la ex Cárcel Pública de donde se fugó en enero de 1990. Desde ese entonces se encontraba en la clandestinidad. Asenjo fue condenado por el 12º Jugado del Crimen de Santiago -en ausencia-, recién en 1997. Debe cumplir una condena de 15 años y 1 día de prisión por el asalto a la armería Ricchi, ocurrido en 1984. Hace más de un mes que Asenjo, permanece encarcelado en el Módulo B de la ex Penitenciaría. Como él hay varios presos, como: Abraham Larrea, Jorge Espínola, Ramón Escobar, Eduardo Asenjo, Rodrigo Morales, Sergio Olivares. Todos ellos tienen condenas por hechos ocurridos en dictadura, y hasta hoy no son indultados.
Son muchos los ejemplos. Una terrible injusticia que destruye todos los alardes de país democrático y exitoso que tanto pregonan las autoridades. Pero una injusticia que puede en parte repararse. Hoy los presos esperan por la aprobación de la Ley de Indulto, de la misma forma como esperan que el Presidente de la República indulte a los presos que puede indultar. Como se espera que se agilicen los beneficios carcelarios, como las salidas diarias y las dominicales. En definitiva, se espera que en algo se repare una injusticia que se ha prolongado ya por demasiado tiempo.
Abogado de los Presos Políticos, Alberto Espinoza: La justicia militar no tiene credibilidad
«Una de las mayores irregularidades procesales que se han cometido contra los presos políticos es la justicia militar. Todos han sido juzgados por la justicia militar, y la justicia militar no tiene ninguna credibilidad del punto de vista de los estándares mínimos que se necesitan para que un tribunal tenga legitimidad como tal. Es una judicatura que carece de imparcialidad; es una judicatura que está administrada por un juez militar que en primera instancia no es letrado, es un juez militar que es promovido a esta función por sus méritos castrenses y no por sus méritos jurisdiccionales.
En la justicia militar todas las debilidades del sistema inquisitivo se fortalecen, lo que redunda en una notable debilidad del derecho a la defensa; la capacidad para intervenir con conocimiento de los antecedentes que forman parte de las acusaciones son extremadamente restringidas; los juicios se han prolongado en forma excesiva. Un ejemplo es la causa contra Esteban Burgos, que es un preso que hoy está en huelga de hambre. A raíz de la detención de Burgos se iniciaron dos procesos: uno ante la justicia civil y otro ante la militar. El proceso de la justicia civil terminó a los dos años y el de la justicia militar se demoró casi 10 años. El problema además es que siempre está la posibilidad, mientras no termina un juicio, que se falle de manera absolutoria.
También se señala como una irregularidad el que hayan sido juzgados por la Ley Antiterrorista, como lo explicitó de forma muy clara quien fuera el redactor de la Ley Antiterrorista, el señor Francisco Cumplido. En las modificaciones a la ley se establece que el delito terrorista se califica por los métodos de acción y no por el carácter ideológico de una determinada organización. El terrorismo o el terrorista se tipifica por la utilización de métodos altamente destructivos y cuando hay víctimas indiscriminadas».
Rafael Escorza, preso político con beneficio salida diaria: Está el pleno convencimiento de la necesidad de la movilización
«A 50 días de una huelga de hambre las condiciones físicas se deterioran bastante, hay un cansancio progresivo, hay descoordinación en los movimientos y lo último que tengo yo es una baja promedio de 18 kilos y hay algunos que han superado los 20 kilos de pérdida de peso. Pero el ánimo está firme, con el pleno convencimiento de que este movimiento era necesario.
Ellos están esperando lo que se podría producir eventualmente el 9, en que se ha dicho que se va a poner en tabla del Senado y se va a votar el proyecto, sin tener la certeza de que se va a aprobar. De acuerdo a eso, ellos evaluarían qué es lo que se hace. Para esa fecha ya tendrían 59 días en huelga de hambre. En el intertanto, pueden ser hidratados por Gendarmería según sea su condición de salud. El 9 habría que haber una evaluación de lo que sucede. No se ve visos de que puedan deponer la huelga de momento.
La huelga es en un comienzo hasta que se realice la votación en el Senado y la Cámara de Diputados, pero a estas alturas yo creo, personalmente, que bastaría la votación en el Senado para deponer la huelga, porque la votación en la Cámara puede demorar un mes más.
El prisionero político no es solamente aquel que cae por un hecho de carácter político, es también la forma de enfrentar la prisión. El régimen interno de una cárcel de alta seguridad apunta a denigrar al ser humano, a hacerte sentir que operan sobre tu cuerpo, que te mandan y que te doblegan, y eso nosotros nunca lo aceptamos».
Alfonso Baeza, Vicario Episcopal por la Pastoral Social del Arzobispado de Santiago: Se cometió una injusticia
Hubo procesos donde existieron errores, tal como de hecho lo han dicho personas como don Francisco Cumplido. Y si ha habido errores jurídicos es que se ha cometido una injusticia, hay gente que fue procesada injustamente y ése es un problema que debiera preocuparnos a todos.
Lo segundo es que se trata de gente muy joven y que venían de ser combatientes del tiempo de la dictadura, y que fue gente que no creyó en la solución que se encontró para esta transición y cuando empezaron eran muy jóvenes. Ya han pasado más de 10 años, no es que hayan abdicado de sus principios y motivaciones, pero hoy no son los mismos, la situación es diferente. Pero además, como decía uno de ellos, si han cometido algún delito ya lo tienen pagado de más, por la forma como los trataron, por las torturas a la que fueron sometidos cuando los apresaron, por la forma en que fueron llevados a cabo los procesos.
No es que queramos la impunidad para ellos, porque de hecho no ha habido impunidad pues ya la mayoría llevan presos más de 10 años y los sistemas de la cárcel de Alta Seguridad son muy inhumanos. Esas son las razones que nos han llevado a apoyar esta causa de los presos políticos, por la libertad de los presos políticos, y nuestro apoyo al proyecto de ley que esta semana se vota en el Senado.
Ahora, es cierto que el proyecto no lo resuelve todo, evidentemente sigue el marco jurídico que permite la existencia de presos políticos. Yo creo que políticamente no se pueden acabar todas las cosas inmediatamente. Bueno, ésa es una racionalidad que tienen que resolver los políticos. Con el régimen que tenemos, con el régimen electoral binominal, estamos perdidos».