» Hay hilos conductores que no se han roto del todo entre la Colombia de hoy y la de 1989. Seguimos atados a la violencia como el instrumento para dirimir conflictos de la manera más fácil» María Elvira Samper en ‘1989’. Hace tres décadas durante el apogeo de Pablo Escobar, estuvieron en Colombia, investigadores […]
Seguimos atados a la violencia como el instrumento para dirimir conflictos de la manera más fácil»
María Elvira Samper en ‘1989’.
Hace tres décadas durante el apogeo de Pablo Escobar, estuvieron en Colombia, investigadores especializados sobre mafia para aportar a comprender los horribles ataques que hacía el capo contra la sociedad colombiana; uno de ellos se sorprendió al encontrar gran similitud entre el entorno existente en el sur de Italia y el Departamento de Antioquia: en ambas partes pesa más el orden familiar que las estructuras del Estado.
El capo murió en 1993 y quienes lo asesinaron quedaron empoderados dentro del Estado, oficiales de las Fuerzas Armadas como el General Naranjo ascendieron rápidamente, políticos como Cesar Gaviria mandó en la OEA largo tiempo y los capos narcoparamilitares de los Pepes encabezaron la guerra sucia desde las AUC, desarrollando la cara secreta del Plan Colombia, hasta que los indultaron en 2005.
Los 12 capos más grandes de fueron extraditados a los Estados Unidos, partieron su riqueza con la potencia del Norte y ahora algunos están regresando a Colombia como empresarios honorables, que ya no están proscritos por la «Lista Clinton», como es el caso del Tuso Sierra, mafioso de los círculos íntimos de Álvaro Uribe; este favor, ¿Cómo se lo cobraron los EEUU al expresidente Uribe?
Tiene razón la periodista María Elvira Samper en su último libro ‘1989’, sí existen unos hilos conductores entre la Colombia de esa época y la de ahora. Hace 4 décadas, Pablo Escobar y Álvaro Uribe hacían parte del Clan de los Ochoa; murió el primero, pero hoy Uribe sigue siendo «el rey del mundo y del inframundo» , como lo calificó Don Berna, otro socio del extinto Cartel de la cocaína de Medellín.
Son bravucones para enriquecerse
El tránsito por la puerta giratoria entre legalidad e ilegalidad es típica de las estructuras mafiosas, pero en el caso colombiano lo que era en sus inicios una captura mafiosa de sectores del Estado, terminó convirtiéndose en un régimen capitalista mafioso, con apariencias de legalidad pero que hunde las bases de su poderío en lo ilegal e ilícito.
No es coincidencia que personajes como Trump, Peña Nieto, Macri, Bolsonaro o Uribe Vélez sean el recurso último, a que acude el capitalismo para enfrentar momentos de crisis aguda como esta. Porque una receta ultra conservadora que mezcla acciones legales e ilegales de Gobierno, es la que sostiene un modelo económico de saqueo de Bienes Comunes a costa de desarticular los Estados-Nación.
El historiador Emilio Gentile señala que la novedad de la ultraderecha actual consiste en el peligro de que la democracia se convierta en una forma de represión con consentimiento popular [*]-
Atizan el odio para acrecentar el miedo
El régimen colombiano recurrió a una nueva fase de genocidio político, continuó la readecuación contrainsurgente del aparato jurídico, incrementaron el trato represivo y la persecución judicial a la protesta social. Adecuaron el plan de Guerra Contrainsurgente interno y lo extendieron a escala regional, fortaleciendo su integración al plan de guerra imperial agregándose a la OTAN.
A los Acuerdos de Paz les mutilaron elementos esenciales para la reconciliación, la verdad y justicia restaurativa, con el fin de ocultar hechos de terrorismo y de genocidio político que comprometen al Estado y a las élites; así como a las reformas políticas que permitieran la participación de las fuerzas alternativas populares.
Recortaron al tema de tierras y los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), priorizando políticas agrarias y territoriales favorables a las corporaciones, como las ZIDRES. Se niegan a aplicar los compromisos estatales sobre desmonte del paramilitarismo y para garantizar la seguridad colectiva de las comunidades, los movimientos políticos y sociales; tampoco hubo voluntad en la reintegración social y política de los ex combatientes, por el contrario prosigue la campaña para su destrucción política y moral. Lo anterior evidencia que el real propósito del régimen era la desmovilización, el desarme y la humillación de las FARC.
«Se llena la taza»
El incumplimiento de acuerdos a todos los sectores y regiones, además de la supresión del derecho a la Consulta Popular, el trato represivo y persecución judicial a las protestas, más los efectos negativos ambientales del extractivismo y de las nuevas hidroeléctricas; así como de la erradicación forzada de cultivos de coca llevan a la radicalización y extensión de los conflictos sociales.
El régimen colombiano tiene síntomas de crisis de gobernabilidad por «hacer trizas la paz», por el trato de guerra a la protesta social, por la crisis social y ambiental, por su corrupción desbordada y la promoción de la guerra contra Venezuela.
A partir del año anterior inició y se mantiene un proceso nacional de confluencia y unidad de sectores políticos y sociales para la movilización y la lucha electoral, contra la guerra y por la democratización.
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[*] Raúl Zibechi. «Estados mafiosos y poder político». La Jornada, 29-03-2019.