Desde el pasado 22 de noviembre de 2015 cuando el Gobierno anunciara el otorgamiento de indulto a 30 guerrilleros de las FARC, hicimos reconocimiento de esta decisión estatal, y no dudamos en catalogarla como un acto humanitario de sensatez, consecuente con el acuerdo de desescalamiento del conflicto y con nuestros sucesivos gestos unilaterales de humanitario. […]
Desde el pasado 22 de noviembre de 2015 cuando el Gobierno anunciara el otorgamiento de indulto a 30 guerrilleros de las FARC, hicimos reconocimiento de esta decisión estatal, y no dudamos en catalogarla como un acto humanitario de sensatez, consecuente con el acuerdo de desescalamiento del conflicto y con nuestros sucesivos gestos unilaterales de humanitario.
Es innegable que este primer indulto, de los tantos que requerirá el fin del conflicto, obedece también a la valiente lucha de miles de prisioneros políticos que se enfrentan a las más indignas condiciones de reclusión y privación de sus derechos fundamentales, en el marco de una aguda crisis carcelaria reconocida como tal, incluso, por sentencias de la Corte Constitucional. Durante más de 20 días en huelga de hambre y en medio de protestas de sus familiares, nuestros prisioneros exigieron en noviembre pasado, indulto y amnistía, goce efectivo de sus derechos en el lugar de reclusión, acceso a una atención médica adecuada y oportuna, así como su ubicación en patios especiales para garantizar su seguridad.
Reconocemos que en el trasfondo del indulto hay un hecho político, pero no percibimos causas de fondo para que a más de 45 días de expedida la medida, no se haya hecho efectiva en ninguno de los casos. Las FARC-EP conocemos el funcionamiento del denominado «estado de derecho» colombiano, del derecho penal del enemigo y de sus enrevesadas formas para privar de libertad a quienes nos hemos opuesto a éste régimen de injusticia, cuya legitimidad y la de sus sentencias judiciales, ha sido puesta en cuestión no sólo por los rebeldes en armas, sino por buena parte de la sociedad colombiana.
La filigrana legalista y la paquidermia administrativa, no son razones de peso para dilatar la libertad. Los trámites y demoras solo pronuncian el drama humano que sufren hoy los prisioneros en proceso de indulto, varios de los cuales padecen enfermedades que exigen urgente tratamiento fuera de las cárceles.
¿Es acaso un rito democrático la muerte de prisioneros políticos en las cárceles por falta de atención médica? ¿O que una medida extra-procesal de corte político como el indulto, tarde más que los aletargados trámites de la legislación penal colombiana?
Compartimos con Humberto De La Calle, que no es momento de escalamientos verbales, ni presunciones de mala fe, pero tampoco de ambages innecesarios. ¿Cuánto más debemos esperar para que se haga efectivo el indulto? ¿Tardará tanto que llegarán primero ordenes de libertad condicional, vencimiento de términos o penas cumplidas para nuestros prisioneros?