El martes pasado fueron puestos en libertad 62 de los 117 capturados, 22 meses atrás, en la población cafetera de Quinchía, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. Son casi los últimos, pues solo quedan seis. Se anuncian demandas por 12 mil millones de pesos contra el Estado; uno de los capturados murió en la […]
El martes pasado fueron puestos en libertad 62 de los 117 capturados, 22 meses atrás, en la población cafetera de Quinchía, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. Son casi los últimos, pues solo quedan seis. Se anuncian demandas por 12 mil millones de pesos contra el Estado; uno de los capturados murió en la cárcel; docenas de familias pasaron hambre mientras los inocentes que traían el pan a casa estuvieron presos… Lo mismo ha sucedido en otras poblaciones. Con todo esto, ¿cómo puede el Gobierno seguir creyendo en las bondades de las llamadas capturas masivas?
Lo ocurrido en Quinchía lo convierte en una suerte de trágico Macondo. A José de los Santos Suárez, de 76 años y completamente ciego, se le acusaba de ser guerrillero. Se detuvo al concejal más viejo del país, a un alcalde y al candidato que ganó las elecciones para reemplazarlo y que se posesionó preso. El pobre Javier Antonio Manso, montallantas, esperó en vano que se hiciera justicia: murió a los tres meses, de complicaciones cerebrales, en la cárcel La 40 de Pereira. Y fueron detenidos docenas de campesinos y comerciantes cuyas familias se quedaron sin con qué mantenerse mientras ellos languidecían en la cárcel por cuenta de una infundada presunción oficial. Todo esto conmocionó al pueblo. Hubo una ola de solidaridad para financiar las visitas a las cárceles y la liberación se convirtió en una fiesta.
Quinchía no es la primera ni la última de estas redadas masivas. Ha habido muchas más: 77 solo en los primeros dos años de este Gobierno. En todas, varias cosas se repiten, como parte de un guión que el Estado persiste en seguir tercamente al pie de la letra, pese a la evidente falta de resultados y a la profunda indisposición entre las poblaciones.
La primera, es la forma de proceder en los operativos. El 27 de septiembre del 2003, al amanecer, fuerzas combinadas se tomaron el dormido pueblo de Quinchía, como en un asalto comando de película, para sacar de sus casas a esas 117 personas. Igual se procedió en Calamar (Guaviare), en Ovejas (Sucre), Chaparral (Tolima) y muchos otros lugares. El resultado es previsible: los pueblos quedan aterrados, conmocionados y profundamente prevenidos con unas autoridades que perciben como abusivas.
Siguiendo otra ‘regla’ de estos procesos, todos los detenidos fueron acusados de ser colaboradores de la guerrilla. La base de los cargos, como siempre, fueron informantes anónimos. Con lo cual se consigue otro lógico resultado: no bien avanzan las investigaciones, muchos de esos señalamientos sin pruebas y, a menudo, de parte interesada, se quedan sin piso y los procesos se caen. Según la Procuraduría, de los 1.957 aprehendidos en el 2003, a mediados del 2004 ya había 754 libres. ¿Cuántos procesados en firme hay hoy de los miles de detenidos en redadas masivas? ¿A cuántos de ellos las autoridades, en particular los militares, no los siguen contando como ‘subversivos detenidos’ en sus partes de guerra? ¿Hasta dónde contribuyen estas capturas a distorsionar las cifras del Ministerio de Defensa, según las cuales 17.828 subversivos han sido capturados desde agosto del 2002? ¡Una cifra equivalente a las Farc completas!
Si en la guerra irregular es clave ganarse ‘los corazones y las mentes’, las capturas masivas parecen apuntar en la dirección contraria. Para completar cuán contraproducentes son, está el plazo que se toma la justicia para declarar inocentes a los inocentes. Es insólito que la Fiscalía haya tardado 22 meses en reconocer que no tenía 117 guerrilleros presos sino todo un pueblo de gente falsamente acusada. Si ya es un abuso proceder a capturas indiscriminadas como estas, lo agrava aún más el que la justicia se demore eternidades para establecer quiénes deben quedar libres. La mucha plata que tenga que pagar el Estado será poca para reparar el inicuo tratamiento de que fueron objeto unos inocentes.
Estas redadas masivas han sido muy criticadas por sus irregularidades, sus manipulaciones y por lo infundado de muchos indicios. Con semejantes antecedentes y ante casos escandalosos como el del traumatizado pueblo de Quinchía, sorprende que el Gobierno persista en adelantarlas. ¿Cuántos inocentes más tendrán que ser capturados para reconocer que, como los albergues para reinsertados, la costosa y contraproducente estrategia de las capturas masivas, es un error y debe suspenderse?