El recorrido de las paradojas anteriores solo adquiere su densidad completa cuando se abandona la lectura fragmentaria de los fenómenos y se asume que la absorción de la protesta, la administración diferencial de la violencia y la reconfiguración de la dependencia no operan como dimensiones separadas sino como momentos de una misma lógica de reorganización del territorio, lo que obliga a desplazar el análisis desde el plano institucional hacia la materialidad geográfica donde esa lógica se hace efectiva, es decir, hacia los espacios donde la guerra no solo persiste sino que se intensifica bajo nuevas justificaciones.
En ese desplazamiento aparece la cuarta paradoja, que no consiste simplemente en constatar que la violencia se concentra en zonas periféricas, sino en comprender que dicha concentración responde a la creciente centralidad de esos territorios en el nuevo ciclo de acumulación global, en la medida en que la transición energética, lejos de implicar una desmaterialización de la economía, ha producido una presión inédita sobre minerales críticos, fuentes hídricas y reservas de biodiversidad, lo que convierte regiones como el Pacífico colombiano, la Amazonía y los corredores de la Orinoquía en nodos estratégicos de una economía mundial que requiere estabilizar espacios históricamente conflictivos para integrarlos a circuitos de valorización.
Esta estabilización no puede entenderse como un proceso técnico ni como una simple política pública orientada a la seguridad, ya que implica una reconfiguración profunda de las relaciones sociales en el territorio, donde la presencia militar, la regulación de economías ilegales y la intervención institucional producen un orden que no elimina la violencia sino que la reorganiza, desplazando actores, redefiniendo ilegalidades y generando condiciones de previsibilidad para la inversión, lo que permite afirmar que la guerra no se opone a la acumulación sino que constituye uno de sus modos de realización en contextos periféricos.
La noción de acumulación por desposesión formulada por David Harvey permite dar un primer paso en esta dirección, pero resulta insuficiente si no se la sitúa en el marco de una transformación más amplia del capitalismo contemporáneo, donde la crisis ecológica no ha detenido la expansión del capital sino que ha reconfigurado sus formas, integrando la naturaleza como un campo directo de valorización, de modo que el llamado capitalismo verde no sustituye al extractivismo clásico sino que lo complejiza, incorporando mecanismos como los mercados de carbono, la financiarización de la biodiversidad y la mercantilización de servicios ecosistémicos.
En el caso colombiano, esta mutación adquiere una forma específica que solo puede comprenderse si se articulan dos niveles de análisis que suelen aparecer disociados, por un lado la geopolítica de la transición energética y por otro la persistencia de la guerra interna, ya que la demanda global de minerales como el cobre y el litio, impulsada por procesos de electrificación y digitalización, coincide con la intensificación de operaciones militares en territorios donde estos recursos o sus equivalentes estratégicos se encuentran, lo que sugiere que la pacificación no responde únicamente a una lógica de seguridad sino a una necesidad de reorganización territorial funcional a esa demanda.
Esta hipótesis encuentra respaldo en tendencias empíricas que no pueden ser ignoradas, pues según datos del DANE el déficit comercial de Colombia con China superó los 16 mil millones de dólares en 2025, lo que refleja una inserción subordinada en la que el país importa bienes de alto valor agregado mientras proyecta ampliar su papel como exportador de recursos, y esta asimetría se articula con el aumento de la inversión extranjera en sectores extractivos y energéticos, lo que refuerza la presión sobre territorios donde la presencia estatal se materializa principalmente a través de dispositivos militares.
Al mismo tiempo, informes de la CEPAL han señalado que América Latina concentra una proporción significativa de las reservas mundiales de minerales críticos, lo que ha reactivado una dinámica de reprimarización en el marco de la transición energética, dinámica que no elimina los patrones históricos de dependencia sino que los actualiza, de modo que la promesa de desarrollo sostenible convive con formas renovadas de extractivismo que requieren, para su despliegue, la neutralización de resistencias territoriales.
En este punto la llamada Paz Total revela su ambigüedad estructural, ya que si bien se presenta como un proyecto orientado a desescalar la violencia, en su implementación concreta tiende a producir una diferenciación entre violencias tolerables y violencias a erradicar, donde aquellas que interfieren con circuitos de valorización son objeto de intervención prioritaria, mientras otras se integran o se reconfiguran dentro de un nuevo orden, lo que permite pensar la paz no como ausencia de guerra sino como su reorganización selectiva.
Esta reorganización se vuelve más visible cuando se observa la continuidad doctrinaria de las fuerzas armadas, cuya formación histórica en la lógica de la seguridad nacional no ha sido desmantelada sino adaptada, de modo que el enemigo ya no se define exclusivamente en términos ideológicos sino también en función de su relación con economías y territorios estratégicos, lo que amplía el campo de intervención militar y lo articula con agendas globales como la lucha contra el narcotráfico, la protección ambiental y la seguridad energética.
La inserción internacional del gobierno refuerza esta lectura, ya que la apertura hacia nuevos socios comerciales y financieros, incluida la posibilidad de profundizar relaciones con China, no implica una ruptura con la arquitectura geopolítica existente sino su complejización, en la medida en que la cooperación con el aparato militar estadounidense se mantiene y se reconfigura, lo que sitúa a Colombia en una posición de articulación entre distintas esferas de poder sin alterar su condición periférica.
De este modo, la guerra aparece como una tecnología de gobierno que no se limita a la coerción sino que produce orden territorial, habilita inversiones y redefine el uso del espacio, mientras que el discurso del capitalismo verde introduce una legitimidad que permite presentar este proceso como parte de una transición necesaria, ocultando el hecho de que dicha transición se sostiene sobre nuevas formas de despojo que afectan de manera directa a comunidades rurales, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes.
La cuarta paradoja no consiste entonces en una incoherencia del proyecto progresista sino en la manifestación de sus límites estructurales, ya que el intento de conciliar redistribución, sostenibilidad e inserción global sin alterar los fundamentos de la acumulación conduce a una situación en la que la transformación del discurso no se traduce en una transformación equivalente de las relaciones de poder, lo que produce una tensión permanente entre las promesas de cambio y las condiciones materiales de su realización.
Las paradojas anteriores se rearticulan así en una unidad más compleja, donde el progresismo logra disputar sentidos pero no logra reconfigurar el campo de fuerzas que determina la dirección de la acumulación, de modo que la absorción de la protesta, el humanismo militarizado y la soberanía relacional encuentran en la pacificación depredadora su punto de convergencia, revelando que la guerra no es un residuo del pasado sino un componente activo del presente.
La consecuencia de este proceso no es simplemente la frustración de un proyecto político sino la redefinición de los horizontes de lo posible, ya que si la acumulación contemporánea requiere la reorganización violenta de territorios y si el Estado opera como mediador de ese proceso, entonces la disputa no puede limitarse al acceso a la institucionalidad sino que debe orientarse a la construcción de formas de poder capaces de intervenir directamente en la producción del espacio, interrumpiendo la articulación entre guerra, despojo y valorización.
En ese sentido, la experiencia reciente no cierra un ciclo sino que abre una pregunta más exigente, pues obliga a pensar la emancipación no como un resultado de la gestión estatal sino como un proceso que se construye en los territorios, allí donde la vida resiste a ser reducida a recurso y donde la posibilidad de otra relación con la naturaleza y con la comunidad se enfrenta a un orden que, bajo el lenguaje de la paz y la sostenibilidad, continúa organizando la guerra como condición de su reproducción.
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