Reducir el análisis del gobierno de Gustavo Petro a un simple inventario de aciertos y errores administrativos sería la forma más segura de perder de vista lo que realmente está en juego: las lógicas profundas del régimen político colombiano y los límites históricos del progresismo dentro del capitalismo contemporáneo. Esta serie de artículos no se propone calificar una gestión, sino pensar políticamente, ejercer una responsabilidad intelectual que con frecuencia se confunde con pesimismo, aunque el pensamiento, cuando se asume con seriedad, no es ni pesimista ni optimista, sino que busca la objetividad incluso cuando esta resulta incómoda, y la forma en que reaccionemos ante lo que el análisis nos muestra, si con resignación o con voluntad de superación, es ya un problema práctico y político no del conocimiento mismo.
La primera de estas paradojas emerge, precisamente, allí donde el progresismo depositó sus mayores esperanzas: en la posibilidad de utilizar el Estado como herramienta de transformación social. Durante décadas, la izquierda latinoamericana alimentó la ilusión de que la conquista del gobierno permitiría erosionar gradualmente las bases del orden neoliberal, ampliando derechos y profundizando la democracia desde las propias entrañas del Leviatán estatal. El gobierno de Gustavo Petro representó para muchos la ocasión de poner a prueba esta hipótesis en condiciones particularmente favorables, pues llegó al poder impulsado por la energía del estallido social de 2021 y por un programa que prometía nada menos que la conversión de Colombia en una “potencia mundial de la vida”.
Sin embargo, lo que la práctica ha revelado a lo largo de estos años de gestión dista mucho de aquel horizonte emancipador. Nos encontramos, más bien, ante un fenómeno que exige ser pensado con las herramientas más agudas de la teoría crítica, en lugar de erosionar el viejo orden, el progresismo ha terminado reactivando la misma matriz que pretendía superar, aunque ahora bajo una gramática estatal más robusta y un discurso renovado de derechos y humanismo. La ampliación de la maquinaria estatal no ha democratizado el poder; por el contrario, ha terminado absorbiendo la energía social que la hizo posible, estatizando la protesta y neutralizando a los actores que antes operaban como contrapoder.
El Estado como Máquina de Absorción y no de Transformación
La lectura del momento político colombiano revela una tensión decisiva que opera en el corazón mismo del proyecto gubernamental; en lugar de erosionar el viejo orden neoliberal, el progresismo ha terminado reactivando la misma matriz que pretendía superar aunque ahora bajo una gramática estatal más robusta y un discurso renovado de derechos y humanismo, de modo que en la superficie el proyecto se presenta como democratizador, es decir, busca ampliar derechos, incluir a los excluidos y convertir al Estado en una herramienta de justicia social, pero en su estructura profunda opera algo distinto, una reestatización del neoliberalismo, una actualización del reformismo bernsteiniano que confía en que el capitalismo puede civilizarse mediante una acumulación gradual de reformas administradas desde arriba por un Estado fortalecido.
Esta lógica descansa en una tesis implícita y equivocada según la cual a más derechos correspondería menos Estado, bajo la idea de que la ampliación de derechos reduciría la violencia estructural, moderaría el mercado y conduciría al capitalismo a un estadio más humano, sin embargo la práctica ha revelado la paradoja inversa: a más derechos declarados, más Estado concentrado, pues el progresismo ha expandido la maquinaria estatal no para democratizarla sino para incorporar dentro de sí la energía social que lo originó, de modo que en vez de potenciar la autonomía de la movilización la ha estatizado, y la protesta, antes motor de la disputa política, se ha convertido en un dispositivo interno de legitimación mientras organizaciones que antes presionaban al Estado ahora orbitan alrededor de él como si estuviera vetada cualquier disputa que desborde el libreto gubernamental.
El efecto es regresivo y profundo porque se privatiza la movilización, se privatizan las reivindicaciones y se privatiza incluso la dimensión política de la protesta, de manera que el gobierno nacido del estallido social termina paradójicamente absorbiendo esa misma movilización, neutralizándola y transformándola en recurso gubernamental, y el Estado deja de ser mediador para pasar a ser la llave de la economía política administrando renta, deuda y prioridades de inversión bajo la racionalidad del endeudamiento global, de modo que no regula al capitalismo sino que lo reorganiza desde adentro, y en vez de debilitar al Leviatán neoliberal lo refuncionaliza centralizando la decisión, subordinando la conflictividad social a la gobernabilidad y neutralizando a los actores que antes actuaban como contrapoder.
Para comprender este fenómeno en su justa dimensión resulta indispensable acudir a la caja de herramientas que nos legó Antonio Gramsci, pues el concepto de revolución pasiva acuñado por el pensador italiano para explicar el Risorgimento y luego extendido al fascismo y al americanismo describe con precisión quirúrgica lo que ocurre cuando las clases dominantes incorporan ciertas demandas populares para neutralizarlas y modernizar la dominación sin alterar las relaciones de fuerza fundamentales, y Gramsci hablaba de revolución sin revolución, de transformaciones objetivas que marcan una discontinuidad significativa pero que operan como estrategia de cambio orientada a garantizar la estabilidad de las relaciones fundamentales de dominación, y en sus Cuadernos de la cárcel precisa que la revolución pasiva expresa el hecho histórico de la falta de iniciativa popular en el desarrollo de la historia y el hecho de que el progreso tendría lugar como reacción de las clases dominantes al subversivismo esporádico e inorgánico de las masas populares, como restauraciones que acogen cierta parte de las exigencias populares, o sea restauraciones progresistas o revoluciones-restauraciones.
¿Acaso no es esto lo que hemos presenciado? El gobierno nacido de la indignación popular ha terminado administrando la indignación canalizándola hacia los causes estrechos de la gobernabilidad institucional, de modo que la reforma pierde su potencia histórica y se vuelve cosmética porque ya no democratiza la propiedad, ni disputa la acumulación, ni territorializa poder popular sino que solo reajusta la maquinaria contrainsurgente y la arquitectura financiera global bajo una nueva retórica caracterizada por ser humanista, ecológica y progresista, y aquí emerge con claridad la noción gramsciana, el régimen absorbe demandas subalternas sin alterar las relaciones de fuerza, moderniza sin transformar e incorpora el lenguaje del cambio para fortalecer lo que permanece, de suerte que el progresismo atrapado en este movimiento cree estar debilitando el neoliberalismo pero en realidad está gestionando su fase verde, la transición hacia un capitalismo que articula deuda, seguridad y reforma ambiental como nuevos vectores de acumulación.
La crítica no es moral ni voluntarista porque no se trata de falta de voluntad o decisión, pues lo regresivo proviene de algo más profundo, la ilusión de que la reforma puede sustituir a la lucha social y de que el Estado puede reemplazar a la sociedad como sujeto de transformación, y este es el corazón de la paradoja: la ampliación estatal lejos de ampliar la democracia social reduce la capacidad transformadora de la sociedad y el progresismo lejos de romper el neoliberalismo lo reintroduce administrado, asistencialista y domesticador de la protesta.
La primera paradoja nos deja frente a una constatación incómoda pero necesaria, el Estado no es un instrumento neutral que pueda ser capturado y puesto al servicio de la transformación social sin que esa operación transforme también a quienes pretenden utilizarlo. La máquina estatal tiene sus propias lógicas, sus propias inercias y sus propias formas de procesar y neutralizar las demandas que la interpelan. El progresismo colombiano ha experimentado en carne propia cómo la ampliación de la maquinaria estatal lejos de ampliar la democracia social reduce la capacidad transformadora de la sociedad, cómo la conquista del gobierno termina domesticando a quienes prometían subvertir el orden y cómo la energía del estallido social se convierte en recurso gubernamental para la administración de lo mismo.
El gobierno nacido de la indignación popular ha terminado administrando esa misma indignación, canalizándola hacia los cauces estrechos de la gobernabilidad institucional. La reforma pierde así su potencia histórica y se vuelve cosmética, porque ya no democratiza la propiedad, ni disputa la acumulación, ni territorializa poder popular, sino que se limita a reajustar la maquinaria contrainsurgente y la arquitectura financiera global bajo una nueva retórica humanista y ecológica.
Con todo, esta absorción estatal de la protesta no agota las contradicciones del progresismo. Cuando el Estado no solo absorbe, sino que además ejerce violencia letal sobre los cuerpos que no logra incorporar, emerge una segunda tensión, aún más profunda. La pregunta que esta paradoja deja planteada para el próximo artículo resulta entonces inevitable: si el progresismo regresivo es la forma que adopta la absorción estatal de la protesta, ¿qué ocurre cuando ese mismo progresismo se enfrenta a la dimensión territorial y securitaria del poder, allí donde el Estado ya no solo incorpora, sino que también mata?
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