Con la construcción de trasvases, plantas potabilizadoras y desalinizadoras, e inversiones para modernizar la infraestructura hidráulica, Cuba busca manejar los impactos de sequías e inundaciones que se intensifican con el cambio climático.
El 11 de febrero se firmó en La Habana la Iniciativa para el fortalecimiento de la vigilancia hidrológica en Cuba, una herramienta que propone fortalecer capacidades para medir, transmitir, procesar y analizar las variables hidrológicas, y evaluar de manera sistemática la disponibilidad de agua a nivel nacional.
De acuerdo con autoridades del sector hídrico, la modernización y optimización de las redes de observación hidrológica resultará un componente esencial para los sistemas de alerta temprana ante inundaciones y sequías.
La Iniciativa será implementada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fondos de la Federación de Rusia.
Prevé asimismo rediseñar la red de observación de la calidad de agua tanto subterránea como superficial, explicó Argelio Fernández, director de Hidrología e Hidrogeología del INRH.
El documento se alinea con el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cual se insta a los gobiernos a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento.
También responde a las políticas y prioridades nacionales contenidas en la Tarea Vida, el plan estatal vigente desde 2017 para afrontar el cambio climático.
Entre múltiples directrices estratégicas, ese plan orienta asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua para enfrentar las sequías, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las demandas locales.
Exhorta además a optimizar la infraestructura hidráulica y su mantenimiento, así como la introducción de acciones para la medición de la eficiencia y productividad del agua.
Caminos para el agua
La forma alargada y estrecha de la isla de Cuba, la mayor del archipiélago de este país caribeño de igual nombre, determina la presencia de ríos cortos y escaso caudal dependientes de las lluvias, más abundantes de mayo a octubre y durante el paso de ciclones tropicales.
Con precipitaciones medias anuales de 1330 milímetros, los registros muestran una tendencia al aumento del déficit de lluvias, particularmente en la región oriental donde se ubican los ríos más largo y caudaloso del país, el Cauto y el Toa, respectivamente.
De 2014 a 2017 el país enfrentó la mayor sequía de los últimos 115 años, que afectó a 70 por ciento del territorio nacional.
Diversos estudios pronostican que el clima cubano tenderá a menos lluvias, mayores temperaturas y sequías más intensas, y que para 2100 la disponibilidad de agua podría reducirse en más de 35 por ciento.
También como consecuencia del cambio climático se proyecta un aumento del nivel del mar, fenómeno que agravaría la intrusión salina ante la cual hoy son vulnerables 574 asentamientos humanos y 263 fuentes de abastecimiento de agua, según cifras oficiales.
Desde 2017 la Ley No.124 de las Aguas Terrestres pauta la gestión integrada y sostenible del recurso, mientras que la Constitución vigente desde abril de 2019 ampara el derecho de las y los cubanos al agua potable y a su saneamiento, con la debida retribución y uso racional.
El gobierno impulsó desde 1959 un ambicioso programa de ingeniería para el embalse artificial de agua, con el objetivo de garantizar el suministro para una población que casi se duplicó hasta los 11,2 millones de habitantes, e impulsar planes de desarrollo industrial y riego agrícola.
Los datos señalan que de poco más de una decena de pequeños embalses hace seis décadas, existen ahora en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud –la segunda mayor isla del archipiélago-, más de 240 con una capacidad de almacenamiento de más de 9000 millones de metros cúbicos.
De acuerdo con el Anuario Estadístico de 2020, más de 95 por ciento de la población cubana tiene acceso al agua potable, pero solo 86,5 por ciento de la población urbana y 42,2 por ciento de la rural, tiene conexión domiciliaria.
Pese a la crisis económica que atraviesa el país desde hace tres décadas y los impactos del embargo de Estados Unidos desde 1962, durante los últimos años se aprecian inversiones millonarias para mitigar el déficit de recurso y mejorar su calidad.
Entre las obras ingenieras sobresalen los llamados trasvases, con más de una decena a lo largo del país, considerados estratégicos y pilares en la construcción de resiliencia ante los efectos del cambio climático.
Tales sistemas de represas, canales, conductoras, túneles y puentes que pueden alcanzar cientos de kilómetros interconectados, trasvasan agua desde zonas donde abunda el agua hacia zonas de cultivos, industrias y asentamientos humanos.
Permiten asimismo controlar inundaciones, aminorar los impactos de los periodos secos y emplazar hidroeléctricas.
Cuba dispone de tres plantas para producir tuberías de polietileno de alta densidad de 1200 milímetros de diámetro, para el tendido de nuevos acueductos y sustituir la envejecida infraestructura hidráulica que en algunas ciudades sobrepasa los 100 años y cuyos salideros y roturas generan persistentes salideros.
También se busca priorizar la fabricación de herrajes y piezas para las redes intradomiciliarias, donde se pierde casi un cuarto del agua bombeada.
Del monto de las inversiones en el sector hidráulico, que en los últimos años ha superado los 400 millones de pesos anuales como promedio, más de la mitad corresponde al aporte del presupuesto del Estado cubano para la construcción y montaje.
La otra parte, proviene de la cooperación internacional mediante proyectos y fondos de naciones como Arabia Saudita, Kuwait, Japón, España, Francia y del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional, entre otros.
Gracias a estas inversiones, en el trienio 2018-2020 se inauguraron plantas desalinizadoras en las provincias de La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo y el municipio de Isla de la Juventud, a fin de crear puntos de fácil acceso en poblaciones afectadas por altos niveles de salinidad en sus fuentes de abastecimiento.
Mientras, en la ciudad de Camagüey, la tercera más poblada del país y a 538 kilómetros al este de la capital, se alista la terminación de una planta potabilizadora con capacidad para procesar 1800 litros de agua por segundo, lo cual la convertirá en la de mayor capacidad del país.
Si bien el agua que llega a la mayoría de los hogares transita por sistemas de tratamiento y clorado, ciudadanos mantienen su preocupación sobre la presencia de microrganismos o sales que requieren del hervor para eliminarlos.
“Resultaría útil que en los establecimientos comerciales vendieran filtros de agua con mayor frecuencia y a precios económicos, pues constituyen una garantía para nuestra salud”, dijo a IPS una residente en La Habana, Yolanda Soler.
No obstante, la construcción de resiliencia pasa también por incentivar una cultura hídrica, tanto en el sector empresarial, como en el privado y la ciudadanía, comentó en diálogo telefónico con IPS el ingeniero en hidroeconomía Luis Bruzón, residente en la occidental provincia de Mayabeque.
“¿Conocemos cuánta agua se emplea para producir una tonelada de determinado producto agrícola, industrial o brindar algún servicio?”, preguntó Bruzón, para quien disponer de tales datos mejoraría la toma de decisiones en una nación que deberá optimizar y ahorrar cada vez más su agua.