El Gobierno de Rajoy sólo tendrá que aplicar un supuesto ya previsto en la Ley para subordinar a la situación nacional de empleo las solicitudes de ‘papeles’ de quienes residen de forma irregular. Después de las elecciones del 20N, el primer cargo del Partido Popular que anunció algún tipo de medida política de ámbito estatal […]
El Gobierno de Rajoy sólo tendrá que aplicar un supuesto ya previsto en la Ley para subordinar a la situación nacional de empleo las solicitudes de ‘papeles’ de quienes residen de forma irregular.
Después de las elecciones del 20N, el primer cargo del Partido Popular que anunció algún tipo de medida política de ámbito estatal fue Rafael Hernando, portavoz del PP en la comisión de inmigración del Congreso de los Diputados. El presidente electo, Mariano Rajoy, se demoró hasta el sábado 3 de diciembre para salir de su silencio con una versión casera del «sangre, sudor y lágrimas» de Churchill.
Lo que anunció Hernando el jueves 24 de noviembre fue el fin del procedimiento conocido como arraigo social, la principal vía de regularización para quienes viven en territorio español sin permiso de residencia ni trabajo. El número uno del PP por Almería, que no figura en ninguna ‘quiniela’ de ministrables, dijo muchas cosas en sus declaraciones a la agencia Efe: habló de implantar «la inmigración circular», de «vincular la inmigración al empleo» de reformar siete artículos del Reglamento de Extranjería y de terminar con la supuesta entrada masiva de irregulares con visado de turista.
Pero sobre todo, lo que concretó fue que el Gobierno aplicará la llamada situación nacional de empleo a las nuevas solicitudes de tarjetas de residencia y trabajo tramitadas con la fórmula del arraigo social. Hasta ahora, la residencia continuada de tres años y el presentar un contrato de trabajo de un año de duración eran las dos principales exigencias para tramitar los ‘papeles’ por esta vía.
La única de las medidas mencionadas por Hernando que podrá ejecutar el nuevo Gobierno en su primer consejo de ministros es precisamente ésta. «Para reformar los artículos 123 a 130 del Reglamento de Extranjería, el Gobierno tendría que redactar y aprobar una Ley Orgánica», precisa Adolfo Gutiérrez, abogado de extranjería en la Oficina de Derechos Sociales (ODS) del madrileño Centro Social Seco. «Esto les llevaría como poco tres o cuatro meses», explica.
En cambio, la limitación de los contratos por arraigo a aquellos sectores en los que no existe desempleo se puede hacer mediante una simple orden ministerial, de acuerdo con el actual Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno del PSOE en abril de 2011. «La propuesta del PP la puso sobre la mesa y la hace posible el Gobierno de Zapatero», se apresura a aclarar Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga.
Las consecuencias de este cambio se pueden consultar en el catálogo de profesiones de difícil cobertura que publican cada cuatro meses los servicios públicos de empleo: la bolsa de irregulares, de entre medio millón y un millón de personas, podría aspirar a puestos altamente cualificados (como diversas especialidades en medicina) o a contratos sectoriales en la marina y el deporte profesional. En otras palabras, el temido cerrojazo migratorio se podría aplicar de derecho sin modificar la Ley.
La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, ya había avisado en el tramo final de la reforma del Reglamento de Extranjería que la regularización por arraigo tendría que ser «cada vez más excepcional». Terrón acudía a la fórmula usada en el título preliminar de la Ley de Extranjería para certificar que «el modelo español de inmigración» se basa en vincular la inmigración al empleo, una realidad que Rafael Hernando, en sus declaraciones a Efe, atribuyó a las intenciones futuras del Gobierno del PP.
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en junio de 2011 había 70.684 personas de origen extranjero cuyo primer permiso de empleo procedía de un trámite por arraigo. Pero la referencia para medir el impacto de esta fórmula se encuentra, dentro de las estadísticas, en las casi 930.000 personas (de un total de 2.660.000 residentes regulares no comunitarios) que disponen de una tarjeta temporal de trabajo: la bolsa de mano de obra que en los últimos cinco y seis años ha accedido a la tarjeta de empleo por haber sido contratada en su país (una vía en declive desde 2008) y/o por haber aguantado los tres años sin tarjeta hasta poder conseguir un contrato para el arraigo.
Para Ahmed, un maestro senegalés de 35 años miembro de la ODS de Terrassa (Barcelona), el fin del arraigo supondría «una decepción total» para la gente que todavía espera cumplir los tres años de residencia o que está iniciando los trámites de la regularización. «El cambio no sería justo porque el Estado había adquirido un compromiso con ellos. Podrían haber ido a otro lugar, pero han preferido esperar hasta poder regularizarse», afirma.
Esta espera, desde el inicio de la crisis, supone una carrera de obstáculos en muchas provincias españolas. No existen datos públicos sobre el número de tarjetas de arraigo denegadas, pero una alta funcionaria situaba el porcentaje de denegaciones en Madrid en el 80% de las solicitudes durante el verano de 2010.
«Ya es muy difícil conseguir un contrato de un año de duración, y además están mirando con lupa los datos fiscales de las empresas que hacen los contratos», destaca Ahmed. El margen para la arbitrariedad administrativa es alto -los tiempos de espera llegan a un año- y varía según la provincia: en la de Barcelona, un bufete de extranjería llamado Legalcity ha llegado a requerir a la delegación del Gobierno que «explicite» los criterios que está siguiendo para admitir o rechazar las solicitudes.
Abdel Sabri, un técnico marroquí que vive con su mujer y su hijo en el barrio madrileño de San Blas, resume: «Primero han ido a por nuestros trabajos, luego a por nuestras casas y ahora a por nuestros papeles».
Este artículo forma parte de una serie, animada por personas de Madrilonia, Diagonal, Ferrocarril Clandestino, Brigadas Vecinales de Derechos Humanos y participantes en el 15M, con el objeto de enriquecer los debates surgidos en torno a las convocatorias del 10 al 18 de diciembre por los derechos de los inmigrantes.
LETRA PEQUEÑA EN EXTRANJERÍA
CONTRATO DE INTEGRACIÓN
Desde que Rajoy copiara de Sarkozy la propuesta de un contrato de integración para inmigrantes en la campaña electoral de 2008, la polémica ha servido para marcar en los medios las diferencias entre el discurso del PP y el del PSOE sobre inmigración. No obstante, la iniciativa desapareció del programa electoral del PP para el 20N.
EXPULSIÓN EXPRÉS
La legislación de extranjería impide que quienes tengan antecedentes penales puedan regularizarse o renovar su permiso de residencia. En noviembre, una circular de la Fiscalía general del Estado ha pedido a los jueces que ordenen la expulsión de los inmigrantes que hayan reincidido, sin esperar al resultado del juicio.
TRABAS AL VISADO
¿Es tan fácil entrar con visado en territorio español como dice el PP? Dos ejemplos: CEAR denuncia que los consulados españoles en Marruecos no expiden visados para reagrupaciones familiares ya autorizadas. En Colombia, las colas frente a los consulados han provocado quejas de los afectados, según la cadena RCN La Radio.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Cuenta-atras-para-el-cerrojazo.html