Desde el 28 de abril del 2021 y los días próximos a dicha fecha en Colombia ocurrió una ruptura histórica que ha sacudido en lo más profundo el sistema social, el régimen de dominación y la aberrante y oscurantista hegemonía neonazi del uribismo.
Desde ese momento pudimos observar con claridad el desajuste entre unas instituciones desactualizadas y una sociedad civil que clamaba por sus derechos y por el ejercicio pleno de una democracia abierta, respetuosa de la diferencia y dispuesta a la tolerancia entre los diversos grupos sociales que en ella interactúan.
Pero es en los aparatos militares y judiciales donde más se pudo ver el tremendo desfase entre las formas estatales y las comunidades. Tanto el Ejército, la Fuerza aérea, la Marina, la Policía, los fiscales y muchos jueces se encargaron de hacernos ver que estos dispositivos estatales adquirieron la forma de unas fuerzas de choque violentas enfocadas en la represión sangrienta de las manifestaciones de inconformidad que ha sido masacrada, exterminada, ultrajada y sofocada de la manera más absurda y despótica.
Definitivamente la fuerza militar del Estado colombiano es un factor central de la crisis política estructural que golpea al sistema político que reclama con urgencia una intervención drástica tal como lo recomienda en su informe la Comisión de la verdad dado a conocer en días recientes. El veredicto de tal organismo extrajudicial creado por el Acuerdo de paz con un sector de las Farc es contundente: las Fuerzas Armadas, el ejército, la policía y demás instrumentos de represión son los causantes directos de la violencia que ha golpeado por décadas a nuestra sociedad con casi medio millón de muertes acumuladas. Las guerras vividas por Colombia en los últimos 50 años han tenido como principal promotor al Estado y sus militares, todo ello como reflejo de las doctrinas que moldean las conciencias de los integrantes de tales instituciones. Se trata de las ideologías contrainsurgentes y anticomunistas que convirtieron a los campesinos, a los sindicatos, a los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres y a las organizaciones de izquierda en el principal “enemigo interno” de los poderes oligárquicos predominantes protegidos por generales, oficiales, batallones, brigadas, Esmads y los grupos paramilitares conformados en ese caldo de cultivo de las discursividades oscurantistas del anticomunismo y la acción contrainsurgente.
El presidente Gustavo Petro al recibir el informe de la Comisión de la Verdad se comprometió a estudiarlo y darle cumplimiento para alcanzar el objetivo de la paz completa e integral.
Estamos en el tránsito hacia el primer gobierno progresista y democrático en la historia de Colombia y, por supuesto, el tema militar no puede quedar al margen del Programa del Pacto Histórico.
Deben llegar cambios y Gustavo Petro ha dicho que quiere que la democracia social y popular se propague entre los soldados, los policías y los cuarteles.
Escoger una nueva cúpula militar es un asunto en extremo delicado y desde ciertos grupos de interés claramente definidos se esta presionando nombres asociados con la masacre, el exterminio de los lideres sociales, la desaparición, el desplazamiento de millones de campesinos, la articulación con el neoparamilitarismo y con la corrupción que se ha embolsillado billones en compras fraudulentas de material de guerra, dotaciones, combustible y alimentos.
Generales como Carlos Iván Moreno, sugerido como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas y ex comandante de la Brigada móvil 22 de la Fudra Omega involucrada en atropellos y violaciones de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Caquetá y Cartagena del Chaira; como Mauricio Moreno, sugerido como nuevo comandante del Ejército, relacionado con la muerte de un ex combatiente de las Farc en el Catatumbo, con operaciones para encubrir los falsos positivos de Nicasio Martínez, denunciados por el New York Time y con entramados de corrupción en el Choco en complicidad con los Urabeños; como Pablo García (Fuerza aérea) cuyos grupos de contra guerrilla y fuerzas especiales son responsables de varias masacres de menores en el Guaviare, Caquetá, Meta y de indígenas en el Putumayo (Puerto Leguizamo); como Juan Ricardo Rozo (Marina) relacionado con masacres y desapariciones en el Pacifico, en Sucre, en los ríos Caquetá, Putumayo, Magdalena Medio; y como Oscar Gómez Heredia vinculado con las masacres recientes ejecutadas por el Esmad contra la población civil en los paros y protestas del 2019, 2020 y 2021, todos ellos prácticamente impuestos desde la red mediática dominada por la ultraderecha neonazi no son garantía del viraje que se requiere en el Estado.
Todos ellos son unos verdaderos gorilas pentagonistas (al igual que el resto de sus socios en la alta oficialidad) vinculados con la muerte, con el atropello, con la violencia generalizada, con el despotismo, con la corrupción y la arbitrariedad antidemocrática, que de llegar a los cargos que se están anunciando generarían un enorme rechazo y repudio de millones de colombianos.
Las Fuerzas Armadas colombianas reclaman un profundo cambio, una depuración completa y una reestructuración radical como garantía de los cambios que el presidente Gustavo Petro se propone adelantar para lo cual ha dado pasos muy acertados con los nombramientos que ha hecho de los nuevos ministros.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.