La acción penal se dirige además en contra de los generales (R) de Ejército: Osvaldo Hernández (jefe de la zona de emergencia metropolitana); Enrique Valdés (jefe zona oriente de Santiago); René Vidal (zona occidente); Rolando Figueroa (zona centro); Ramón Vega (FACH, actual senador designado, zona sur); y Cristián Ackerneckt (zona norte). La Central Unitaria de […]
La acción penal se dirige además en contra de los generales (R) de Ejército: Osvaldo Hernández (jefe de la zona de emergencia metropolitana); Enrique Valdés (jefe zona oriente de Santiago); René Vidal (zona occidente); Rolando Figueroa (zona centro); Ramón Vega (FACH, actual senador designado, zona sur); y Cristián Ackerneckt (zona norte).
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció que se querellará contra el ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y seis generales retirados, entre ellos el actual senador designado Ramón Vega.
La acción penal contempla cargos por asociación ilícita y el homicidio de las 41 víctimas fatales registradas las protestas de agosto, septiembre y octubre de 1983, entre las que se cuentan seis menores de edad.
El dirigente Guillermo Scherping, indicó a La Nación que el abogado Adil Brkovic presentará la querella la próxima semana, pues la multisindical no quiso mezclar esta causa con los actos del 1 de mayo.
Entre los argumentos que se expondran al tribunal se contempla que estos «crímenes de lesa humanidad» ocurrieron después de la convocatoria para el 11 y 12 de agosto de 1983 a la ‘cuarta protesta nacional’ hecha por diversas organizaciones laborales. Por orden de Augusto Pinochet -quien se coordinó con sus generales de zona y el ministro Jarpa- esos días salieron 18 mil soldados a la calle para reprimir las manifestaciones en universidades y poblaciones.
Al final de esa jornada de dos días quedaron 26 muertos. Posteriormente, en septiembre y octubre del mismo año hubo nuevas protestas y las fuerzas militares mataron a otras 15 personas.
La querella está dirigida contra Jarpa, quien asumió la cartera de Interior el 10 de agosto de 1983, participando desde entonces en la planificación de los movimientos de las tropas represoras como lo consignan informaciones de prensa y declaraciones suyas y de otros oficiales de Ejército y la FACH.
La acción penal se dirige además en contra de los generales de Ejército hoy retirados: Osvaldo Hernández (jefe de la zona de emergencia metropolitana); Enrique Valdés (jefe zona oriente de Santiago para los operativos); René Vidal (zona occidente); Rolando Figueroa (zona centro); Ramón Vega (FACH, actual senador designado, zona sur); y Cristián Ackerneckt (zona norte).
En la presentación la CUT sostiene que estos homicidios «todos contra gente indefensa», constituyen «crímenes de guerra y lesa humanidad» penados por la legislación internacional que protege los derechos humanos. Y recuerdan que fue el propio Pinochet quien amenazó en esos meses a la población, advirtiendo que «ándense con cuidado que voy a sacar 18 mil hombres a la calle».