Una madrugada de invierno, cuando la luna aún vestía asombrada el río más hermoso de la cordillera más elegante del mundo, una bandada de choroyes desplegó sus colores por sobre la escarcha. Y ahí, en la profundidad de tal ancentral silencio, intenté comprender la atávica discriminación de algunos chilenos por los pueblos originarios ¿Por qué […]
Una madrugada de invierno, cuando la luna aún vestía asombrada el río más hermoso de la cordillera más elegante del mundo, una bandada de choroyes desplegó sus colores por sobre la escarcha. Y ahí, en la profundidad de tal ancentral silencio, intenté comprender la atávica discriminación de algunos chilenos por los pueblos originarios ¿Por qué aquel desprecio? ¿A qué tanto temor? ¿Por qué renegar de nuestras raíces? Es que la negación de lo indígena va acompañada de la negación del Sur y la idolatría del Norte. Pero, de tanto en tanto, las elites dominantes se acuerdan del indio, y de los pobres y de las mujeres y de los homosexuales. Y, como no, aquello sucede en época de elecciones cuando políticos de todos los partidos ofertan lo que se quiera y pida para captar votos del recién descubierto pueblo. Las actuales elecciones no constituyen una excepción y todos los candidatos a la presidencia de Chile han incorporado en sus programas de gobierno el tema de los pueblos originarios, no como un tópico principal, por cierto, sino que más bien marginal. Por lo demás, si es que ha sido incluido en las distintas plataformas programáticas es más por la presión y movilización del movimiento indígena – fundamentalmente mapuche – que por interés o preocupación real. Es debido a lo mismo que los mapuche poco o nada pueden esperar del próximo presidente y su gobierno, porque, excepto Tomás Hirsch, candidato del «Juntos Podemos Más», el remanente de los candidatos no plantean resolver el problema de fondo que es el reconocimiento de los derechos políticos de los mapuche en tanto pueblo originario y nación. Quizás todo habría sido distinto si es que a Aucan Huilcaman, werken del Consejo de Todas las Tierras, se le hubiese autorizado a presentarse como candidato presidencial. No, obviamente, porque este hubiera eventualmente sido elegido presidente, pero por la posibilidad de haber instalado en el debate nacional las ideas-fuerza centrales del movimiento mapuche actual, es decir, las demandas nacionalitarias, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Ideas que el movimiento mapuche comenzó a difundir, como expresión concreta de un cambio paradigmático, a inicios de la década del noventa. Pero la dinámica política chilena transita por otros derroteros donde lo indígena no es importante y solo se menciona en los programas de gobierno para atraer votantes incautos y proyectar una apariencia de diversidad y pluralismo que no existe en el país.
¿De qué Nuevo Trato nos hablan?
Solo apariencias, como la creación de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato por parte del gobierno del presidente Lagos que evacuó su informe en el año 2004, pues de modo rimbombante se realizaron anuncios y promesas que jamás se cumplieron. Por eso es que Michelle Bachelet, candidata Concertacionista, señala que «como sociedad tenemos una deuda con nuestros pueblos originarios. Estamos comprometidos con el nuevo trato que el Estado chileno ha ofrecido a los pueblos indígenas. Si Chile somos todos, debemos preocuparnos especialmente por nuestras raíces». Pareciera que esta vez sí pueden producirse transformaciones estructurales en la relación pueblo mapuche-Estado chileno, toda vez que Bachelet impulsará «urgentemente el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios». Sin embargo, al mismo tiempo, se continuará reproduciendo y consolidando el modelo neoliberal que ha causado estragos en territorio mapuche. Entonces, ¿De qué vale ser incorporado a la constitución si es que ello no va acompañado del ejercicio real y efectivo de derechos colectivos como pueblo? Porque está claro que ninguna de las medidas contenidas en el programa de la Concertación aborda el tema de la autodeterminación, sino que se remite a plantear algunas soluciones cosméticas que no alterarán significativamente la relación de dominación existente en la actualidad. Ni las becas indígenas, ni el ecoturismo, ni la creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Planificación. ni el establecimiento de un ramo especial de Historia de los Pueblos Indígenas para la enseñanza media y básica, respetan al pueblo mapuche, sino que son claras expresiones de un paternalismo etnocéntrico e instrumentos de asimilación que apuntan a la perpetuación del modelo económico, social e ideológico que ha marginado, empobrecido y devastado a los mapuche. Tampoco, por supuesto, nada se dice acerca de la utilización de la Ley anti terrorista y de la violencia policial para reprimir a las comunidades y al movimiento mapuche en esta democracura que habla de participación, libertad de expresión y respeto por la diversidad.
Mano dura y asimilación a la sociedad chilena
La Derecha, por su parte, si bien es cierto a través de Joaquín Lavín, candidato de la Alianza por Chile, postula el reconocimiento de «un conjunto de políticas que valoren las culturas indígenas, propendan a su integración, respetando y realzando la diversidad», lo hace desde una perspectiva asimilacionista y, además, manteniendo la esencia represiva del trato hacia los indígenas, De ahí que se plantee en el programa que «entre la VIII y IX regiones, los agricultores, trabajadores forestales, campesinos en general y los propios indígenas viven expuestos a una grave situación de inseguridad jurídica e indefensión. Esta situación se debe a la acción de grupos terroristas minoritarios». El llamado es, entonces, a aplicar mano dura y a designar jueces de dedicación exclusiva en el marco del denominado conflicto mapuche. Pero, no es solo eso, amén de haber usurpado prácticamente todo su territorio al pueblo mapuche, Lavín plantea incluso derogar las pocas y limitadas normas contempladas en la Ley para proteger tierras indígenas. Es así que se proyecta establecer el derecho del indígena a «optar libremente por excluir sus tierras del actual estatuto de protección o someterlas a licitaciones, sin la prohibición de arriendo, comodato o cesión a terceros en uso, goce o administración». Es decir, arrebatar, de manera legal, la poca y empobrecida tierra en poder de los mapuche. O sea, por un parte represión y, por la otra, asimilación, tal como lo plantea Sebastian Piñera, empresario y también candidato de la Derecha quien sostiene en su programa de gobierno que «la paz social se ha visto cuestionada en las regiones del Bío-Bío y La Araucanía, por la aparición de inconvenientes síntomas de violencia en sectores de comunidades indígenas». Dicha situación – se explaya – «ha afectado una parte de las actividades económicas locales y ha significado la deserción de numerosas inversiones y proyectos productivos, que habrían contribuido al desarrollo y progreso de dichas regiones y a la creación de oportunidades de trabajo para muchos trabajadores indígenas». En otras palabras, la preocupación no es por la situación de pobreza, exclusión y marginación del mapuche, sino que por haber perdido, según Piñera, posibilidades de inversión, principalmente en el área forestal. Esto es lo único que interesa, porque desde su particular visión de multimillonario, los mapuche no merecen salir de la pobreza, de otra manera cómo se entiende la aseveración de que «uno de los factores que han gravitado en esta situación es que la política que se ha impuesto con relación a los pueblos originarios se ha transformado en fuente de mayor pobreza, frustración y violencia, al crear expectativas completamente apartadas de la realidad». Según el candidato presidencial de la Derecha, los mapuche no tienen derecho a soñar, a surgir, a desarrollarse como pueblo, a crearse expectativas. No pueden ser como él, pues son simplemente indios.
Y la verdad, ningún mapuche desea ser como él, pero si tener el derecho a la autodeterminación, a definir y decidir su propio futuro, como lo plantea Tomas Hirsh al postular «la incorporación en la Constitución Política del concepto de Estado plurinacional, que consolide su status como pueblos y no simples comunidades culturales, reconociendo la autonomía del pueblo Mapuche y su derecho vital a la tierra en los marcos de un Estado unitario, así como el reconocimiento y exaltación de su cultura, costumbres, lengua y tradiciones y la devolución de sus tierras usurpadas; desde allí avanzar hacia la reivindicación de derechos políticos colectivos que se expresan mediante el ejercicio de la libre determinación y el desarrollo de modelos de autodeterminación, autonomía y autogobierno». Lamentablemente, más allá del deseo de muchos, Hirsh no tiene posibilidades de triunfar en esta elección, por lo cual – la verdad – para el pueblo mapuche da exactamente lo mismo quien gane.