No hace mucho María Jimena Duzán en su columna del diario El Tiempo de Bogotá volvió a sacudir la mata: «Por ahí anda empolvándose una denuncia contra el ex fiscal Osorio en la Comisión de Acusaciones de la Cámara… Sí, cómo no, el mismo ex fiscal que Uribe propuso clonar». Y la doctora Marcela […]
No hace mucho María Jimena Duzán en su columna del diario El Tiempo de Bogotá volvió a sacudir la mata: «Por ahí anda empolvándose una denuncia contra el ex fiscal Osorio en la Comisión de Acusaciones de la Cámara… Sí, cómo no, el mismo ex fiscal que Uribe propuso clonar». Y la doctora Marcela Roldán, ex fiscal delegada ante los jueces penales especializados y actualmente jueza penal municipal en Bogotá, concedió para El Espectador un explosivo reportaje que por su contenido e implicaciones no merecía el silencio sepulcral a que fue sometido por los medios y la opinión. Sin embargo, urgidos por el prurito de que aquí en Colombia alguna vez se aplique aquello de la «pronta y cumplida justicia», confiamos en que su contundente testimonio sí haya llegado a los oídos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, destinataria «natural» de tamaña denuncia.
De entre sus muy graves aseveraciones pueden destacarse las siguientes:
«Llamé a indagatoria a los generales Del Río y Millán y les dicté medida de aseguramiento como determinadores del delito de falsa denuncia… Llegó el fiscal Luis Camilo Osorio e inmediatamente ocurrió el despido del coordinador de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, y de los fiscales que llevaban el proceso de los generales por paramilitarismo. Entonces me dije: «sigo yo»… luego, el fiscal Osorio me pidió el proceso para enviarlo a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien sugirió que yo continuara con éste. El proceso regresó a mis manos… Días después me enviaron a un reemplazo a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal. Después repartieron el proceso a una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, que cesó procedimiento a los generales. Con un argumento absurdo: como ya habían sido condenadas dos personas como autores materiales de la falsa denuncia, los generales no tenían nada que ver… Cuando volví de vacaciones, me declararon insubsistente… Lo que vimos es que el general Rito Alejo del Río sí estaba involucrado con el paramilitarismo y en la época del doctor Osorio ocurrieron muchas cosas que no me permitieron continuar investigando… Del contexto que rodeó a la Fiscalía en la administración del doctor Osorio se debe hacer una lectura y el país tiene que conocerla. Todos y cada uno de los fiscales que salimos entonces, tenemos una explicación que motivó la declaratoria de nuestra insubsistencia. Yo creo que el país aún no ha dimensionado la fuerza devastadora de ese señor Osorio a su paso por la Fiscalía…»
Pero veamos grosso modo lo que la doctora Roldán no duda en calificar como «la fuerza devastadora de ese señor Osorio a su paso por la Fiscalía» y el alcance y los efectos de tal «gestión».
Entre el 2001 y el 2005, y el país hasta ahora comienza a hacer claridad sobre ello, el fiscal Luis Camilo Osorio dio muestras desconcertantes de cómo se puede ejercer un cargo de manera «relajada». Cabeza del ente encargado de investigar y acusar ante la justicia, durante este periodo hacía por pasar de «agache» a punta de silencios y omisiones en un país ensangrentado por la violencia paramilitar de la cual él, por razones obvias, tuvo que haber estado debidamente informado y documentado. Casi todo lo que últimamente se ha venido descubriendo sobre alianzas de políticos con paras a raíz del interés puesto en ello por la actual fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, ¿no fue acaso del conocimiento del flamante embajador italo-mexicano del presidente Uribe? Más que desazón, produce miedo pensar en el presunto reinado del «laisser faire, laisser passer» de la criminalidad desatada durante esos años. Y para colmo, la primera aparición retórica del doctor Osorio, luego de que notables columnistas empezaran a preguntarse tras el destape, «Y del fiscal Osorio, ¿qué?», fue para decir que «no recordaba ciertas cosas…»
Y así estamos aún, con el recurrente alzhéimer pavoneándose.
Pueda ser que sean ciertos y prosperen los tres procesos iniciados en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el «insólito» ex fiscal por la inferida infiltración paramilitar durante su mandato no sólo en el Congreso y el ejecutivo, sino también en la Fiscalía y en sectores de preponderancia social como el de los empresarios, los terratenientes y la Fuerza Pública.
Y es que la suspicacia en este caso deja sus perfiles de especulación para devenir en una especie de intuición juiciosa. ¿Quién entiende que durante su administración, con iguales pruebas como las que aparecen hoy sustentando medidas de aseguramiento para varios parlamentarios, no se profundizara en el esclarecimiento de aquellos hechos y por el contrario, por ejemplo, como se sabe, se archivaran casos como el del ex gobernador Salvador Arana -ahora preso después de huir de la justicia durante varios meses- sin valorar evidencias ni compulsar copias ante la Corte?
Alguien afirmaba que una acusación contra Osorio acumulaba como pocas un acerbo probatorio digno de un final que terminaría irremediablemente haciéndoles justicia a las víctimas resultantes tras su inexcusable silencio. Y así lo respaldaba: «Para que la Cámara de Representantes en ejercicio de sus facultades consagradas en el artículo 178, numeral 3º de la Constitución… estudie si debe acusar ante el Senado al ex fiscal Osorio por el delito de prevaricato por omisión, conducta en la que incurre el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, la cual se agrava cuando se realiza en actuaciones judiciales y administrativas que se adelanten por delitos tales como homicidio, desaparición forzada, secuestro, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico…»
Y veamos más.
Si a Osorio habrá de recordársele por algo, aparte de sus sonadas omisiones, será por sus otras también censurables acciones cuando se dedicó a difamar y hostigar a los defensores de los derechos humanos, al sindicalismo y a todo aquel que estuviese política e ideológicamente alejado del sistema y de los intereses que él defendía.
¿Acaso el tratamiento que permitió que se le diera a la perversa, ignominiosa y torpe incriminación del profesor Alfredo Correa de Andreis con las FARC no se supone que contribuyó a apuntalar su destino fatal?
Pienso ahora que al ex vicefiscal Jorge Armando Otálora le llegó la oportunidad imperiosa de servir en la acusación dentro del juicio que forzosamente deberá hacerle el Congreso, o que en su defecto, aunque tan sólo con alcances de condena histórica, le hará algún día la opinión pública.
El otrora acusador, es ahora el acusado.
¡Quién lo creyera!
*Escritor