Hace menos de un mes se presentaba la noticia de la escalada de violencia en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. A esta masacre se le suma un hecho similar que se presentó esta semana en el municipio de El Tarra en la región del Catatumbo. Tras la firma del acuerdo de paz en […]
Hace menos de un mes se presentaba la noticia de la escalada de violencia en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. A esta masacre se le suma un hecho similar que se presentó esta semana en el municipio de El Tarra en la región del Catatumbo. Tras la firma del acuerdo de paz en el teatro Colón el pasado noviembre del 2016, muchos pensábamos que la crueldad de la guerra iba a desaparecer. La imagen que vendieron los medios de comunicación responsabilizando a las FARC de todas las acciones de guerra, sangre y violencia hacían creer a los espectadores que este dolor iba a desaparecer al instante, que la guerra era cosa del pasado puesto que su «máximos» exponentes estaban suscribiendo un acuerdo de paz.
Sin embargo, el panorama hoy en día es completamente diferente, han sido asesinados más de 400 líderes y lideresas sociales en las áreas rurales, particularmente en aquellas donde las FARC tenían incidencia. Así mismo, han sido asesinados ex militantes de esta guerrilla y sus familiares a pesar de que el acuerdo de paz fue suscrito y acatado. A estos hechos se le suman las masacres de Argelia en el Cauca y El Tarra en el Catatumbo. Surgen al respecto varios interrogantes como: ¿Qué tienen en común estos hechos?, ¿A quiénes benefician?, ¿Por qué tras la firma del acuerdo de paz se siguen presentando estos episodios de guerra? y claro ¿Quién debe asumir la responsabilidad por estos hechos?
Lo primero que debe analizarse es que las zonas en donde ocurrieron las masacres, ambas corresponden a lo que ha sido denominado por varios investigadores sociales como zonas de colonización de la frontera agrícola. Estas zonas de frontera han sido socio-históricamente construidas a partir de ciclos migratorios, las poblaciones que allí fueron llegando provenían de otras partes del país y encontraron refugio y un lugar para establecerse. Así mismo estas zonas en la actualidad cuentan con gran cantidad de cultivos de uso ilícito como la hoja de coca, tienen severos y profundos conflictos de tierras, derivados de la concentración de la propiedad territorial y además en ellas se han establecido los enclaves productivos de la economía de guerra: la hoja de coca, la minería, la palma africana y la caña de azúcar. Lo anterior ha hecho que sean muchos los actores legales e ilegales interesados en estas áreas por su potencial económico.
En el caso de la masacre de Argelia se buscó restar importancia a los hechos argumentado su relación con el tráfico de drogas. En la prensa se presentó la información de que las víctimas habían sido cultivadores de hoja de coca. Argumento bastante pobre si se tiene en cuenta que el cultivo de hoja de coca en esa región es una de las fuentes de sustento económico más importantes para quienes allí residen y ha sido además una respuesta ante el abandono estatal. Por otro lado, el caso de El Tarra es más complicado puesto que se presenta a plena luz de día en una zona de alta presencia militar. La policía y el ejército allí desarrollan actividades de patrullaje constantemente. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los victimarios cometieran la masacre, donde murió un conocido líder social de la región. Adicionalmente el comandante de la policía del Catatumbo ha respondido a los hechos afirmando que el Estado tiene presencia en el territorio y que no hay una situación de seguridad grave, restándole importancia a los hechos que ocurrieron a plena luz del día y de lo que parece con beneplácito de las unidades militares que allí operan.
Ambos casos muestran el complejo escenario de las áreas rurales de frontera en el «post-conflicto». Los cultivos de uso ilícito han incrementado, con ellos los hechos de violencia relacionados a su control, así como al control de corredores estratégicos; son resultado de la frustrada implementación del acuerdo de paz en lo que respecta al punto uno y cuatro del acuerdo: reforma rural integral y sustitución del cultivos de uso ilícito, pero por sobre todo evidencian un hecho más que conocido en el país y es el abandono por parte del Estado a estas zonas. La presencia militar no ha significado ni seguridad, ni mejora en las condiciones de vida de las personas que allí viven. El Estado ha llegado en forma de ejército, de fumigaciones con glifosato, pero nunca con instituciones para proveer derechos y servicios. Así mismo en ambos casos los perpetradores han sido grupos paramilitares quienes a través del terror buscan primero lograr control sobre los enclaves productivos de las economías de guerra, segundo, desmontar los procesos sociales de organización que históricamente han tenido presencia en estas zonas de colonización y tercero asegurar el control y propiedad de grandes propietarios de tierra en estas zonas.
Hace pocos días, Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, en su columna de opinión para la revista Semana, haciendo un balance de la ley de restitución de tierras, demuestra cómo en medio del conflicto los pequeños campesinos fueron despojados de sus tierras y cómo en un 55% los responsables fueron grupos paramilitares (los mismos responsables de las masacres). Así mismo señala el investigador que los combates eran causantes de despojo de tierras, combates entre paramilitares y guerrillas o entre guerrillas y Estado. Bajo ninguno de los casos se presentaron combates entre paramilitares y Estado. Los combates y masacres sirvieron en los tiempos de guerra para sembrar terror y para despojar tierra, hoy en día seguimos viendo cómo estos hechos se siguen presentando. Agrega el investigador: «lo que se debe entender es que la mayoría de la tierra despojada terminó en manos de políticos y empresarios agrarios».
Estos políticos y empresarios agrarios componen hoy una parte importante del Congreso de la República, pero además controlarán el poder ejecutivo desde el próximo 7 de agosto cuando sea posesionado Iván Duque como nuevo presidente de Colombia. Si bien los responsables de las masacres son grupos paramilitares, estas acciones han servido para mantener el capital político y económico de un sector de la élite colombiana. Son ellos también los responsables de la violencia, por negligencia y por buscar la protección de las actividades de las que se deriva su fortuna y poder: la guerra. Las nuevas viejas guerras han servido para hacer fortunas, despojar tierras, administrar justicia propia, desplazar pequeños propietarios y afianzar el poderío paramilitar. Los responsables políticos y los máximos beneficiarios de estas dinámicas se encuentran a puertas nuevamente de gobernar el país, el expresidente Uribe, el próximo presidente Iván Duque y su partido de gobierno son los responsables de estos hechos. No se puede obviar ni olvidar su responsabilidad política y las ganancias que han sacado a costa del dolor y la miseria de la guerra.