El objetivo y el camino están trazados: Chile, país desarrollado en 2018, meta que se consigue con un crecimiento económico anual del seis por ciento. Basta una calculadora y hacer una simple operación aritmética. Si en 2009 el producto per cápita fue de 14.460 dólares, en 2018 será de 22.000, aun considerando el aumento de […]
El objetivo y el camino están trazados: Chile, país desarrollado en 2018, meta que se consigue con un crecimiento económico anual del seis por ciento. Basta una calculadora y hacer una simple operación aritmética. Si en 2009 el producto per cápita fue de 14.460 dólares, en 2018 será de 22.000, aun considerando el aumento de la población: similar al actual producto de un país de la Unión Europea como Portugal o la República Eslovaca.
Pero esta operación aritmética puede encerrar más de un truco. Con la actual distribución de ingreso, es altamente probable que en 2018 en Chile los millonarios sean multimillonarios y, en el otro extremo, algunas familias pobres dejen de formar parte de esta categoría. Pero en el centro, que es el grueso de la población, porque las actuales estadísticas sólo recogen a un 13,7 por ciento de pobres, es probable que pocos disfruten de los 22 mil dólares per cápita. Arriba, los grandes beneficiados del modelo económico -dueños, directores y altos ejecutivos de las grandes empresas- y abajo los beneficiados por políticas públicas asistenciales. La clase media, que es hoy un mero concepto estadístico, de medición de los ingresos, permanecerá con el mismo poder adquisitivo y atada al mismo drama económico.
Para ello basta hacer otro sencillo ejercicio. ¿Cuánto ha aumentado el producto chileno, o el ingreso per cápita, que es lo mismo fragmentado por el número de habitantes, desde hace quince años a la fecha? Desde 1995 a 2007 pasó de 71 mil millones de dólares a 122 mil millones. Esto es, más o menos, un 70 por ciento de aumento. Pero si observamos el crecimiento medio de los salarios, éstos han aumentado a una tasa bastante menor. Usted, lector, puede recordar y sacar sus propias cuentas.
Si hacemos el mismo ejercicio con cualquier gran corporación, o con la banca, veremos que son otros los resultados. La banca, que ha mantenido desde hace más de una década una rentabilidad sobre el capital en muchos años superior al 20 por ciento, puede decir hoy con bastante satisfacción que en Chile se hacen grandes negocios. En pocos años ha duplicado y triplicado su capital. Lo mismo las grandes empresas de otras áreas. La gran minería tuvo ganancias el año pasado por casi diez mil millones de dólares, en tanto el grupo de empresas españolas en Chile tuvo utilidades entre enero y septiembre de 2009 por más de 40 mil millones de dólares. Sólo durante el primer trimestre del año en curso, las grandes sociedades anónimas aumentaron sus ganancias en 44 por ciento al sumar 2.185 millones de dólares.
Y si vamos a la remuneración de los directores de empresas, las cifras son equivalentes. El año pasado, que fue un período marcado por la recesión, los directores de empresas aumentaron sus sueldos en 20 por ciento. El liderazgo lo ganó el director de Soquimich, Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet beneficiado con la privatización de esta empresa durante la dictadura, con 1.588 millones de pesos. Algo menos, 434 millones, que no está mal, recibió Jorge Marín, de la empresa eléctrica CGE, y Andrés Navarro, de Sonda, 356 millones.
El espejismo del endeudamiento
¿Cómo solventa sus niveles de consumo la clase media? Simplemente, no con mejores salarios, sino con más endeudamiento, lo que finalmente redunda en buenos negocios para la banca y en un aumento de las diferencias en la distribución de los ingresos. Si se revisa el nivel de endeudamiento de las familias chilenas durante los últimos años se puede observar un persistente aumento. Desde 2003 a 2008 la relación de la deuda sobre los ingresos disponibles pasó desde un 33,4 por ciento a 60,2 por ciento, según se desprende de un informe del banco BBVA publicado el año pasado. Este aumento constante de las deudas familiares se debe a que los ingresos, generalmente salarios, han crecido muy por detrás de los préstamos. Y no se trata de deudas hipotecarias a largo plazo. Son créditos de consumo. Si la hipotecaria cayó desde un 58 por ciento a un 51 por ciento en el período registrado, la de consumo aumentó un cinco por ciento.
Con esta realidad, Chile ingresó como miembro pleno de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), entidad compuesta por los países más ricos del mundo. Una cofradía muy exclusiva, a la que pertenecen las naciones de Europa occidental (varias del Este están excluidas), Japón, Estados Unidos, Canadá, además de Australia, Corea y Nueva Zelanda. Pero también ha admitido ciertas curiosidades, como Turquía y México.
La primera gran diferencia que podemos hallar entre los países de la OCDE y Chile es el producto per cápita, aun cuando esta diferencia, según anuncia éste y anteriores gobiernos, se reducirá con más crecimiento. Chile registró un ingreso per cápita el año pasado de 14.460 dólares (7.663.800 pesos), lo que equivale a un ingreso per cápita mensual de 638.650 pesos. Esto significa que una familia de cuatro personas, según esta variable, tiene en Chile una renta mensual media de 2.554.600 pesos. Obviamente, algo aquí está fallando. El problema no es la renta, sino su distribución. El problema no es la aritmética, sino la economía y la política.
Al comparar la distribución del ingreso de Chile con los países de la OCDE, la observación nos entrega un poco de claridad sobre esta evidente inequidad. Un informe de este organismo publicado el año pasado, aun cuando admite que las políticas públicas chilenas han logrado reducir los niveles de pobreza, se mantienen diferencias insalvables respecto a la riqueza, ya que «el diez por ciento más rico de la población tiene ingresos 29 veces sobre los ingresos del diez por ciento más pobre». En la OCDE, en tanto, el promedio es de nueve veces. Si consideramos que el salario mínimo en Chile es de 165 mil pesos mensuales, con el que sobrevive una familia del grupo más pobre, 29 veces este monto darían 4.785.000 pesos.
Como vemos, ésta no es una característica del desarrollo. La OCDE fue creada en 1961 como una organización de cooperación internacional y actualmente la componen 30 Estados. Pero sus fundadores, en los albores de aquella década, tenían un especial rasgo: además de sus altos o medios-altos ingresos, eran naciones con altos estándares de protección social y profundos niveles de democracia. Salvo excepciones como España, entonces aún bajo el franquismo, la OCDE fue desde su fundación un organismo cuyos miembros tenían como objetivo la consecución de altos niveles de democracia y seguridad social. Entre sus actividades ha estado la promoción del empleo, el crecimiento económico, la calidad de vida en sus países miembros, entre los que está la educación, que se mide periódicamente a través de la prueba de suficiencia PISA (Agencia para la Evaluación Internacional de Estudiantes).
La vergüenza de
la educación
La última medición de la prueba PISA no hizo otra cosa que certificar las desigualdades y baja calidad de la educación chilena ante el escenario mundial. Aun cuando en 2006 hubo un evidente avance en la comprensión de lectura respecto a la prueba de 2000, con un puntaje cercano a la media internacional, aquello no se repitió en ciencias: los chilenos estuvieron 23 puntos por debajo de la media internacional, en tanto en matemática a 43 puntos de la media.
La comparación de estos resultados con el desempeño de los jóvenes de los países desarrollados revela una brecha abismal. En Chile, sólo el 1,8 por ciento de los estudiantes ha logrado un desempeño alto en ciencias, que es la competencia suficiente para resolver problemas cotidianos empleando conocimientos científicos o de relacionar estos problemas con sus conocimientos científicos, en tanto sí lo hacen el veinte por ciento de los jóvenes finlandeses y uno de cada seis neozelandeses.
El gobierno ha argumentado que los estudiantes chilenos han obtenido un rendimiento más alto que los países latinoamericanos que rinden la prueba PISA. Un resultado que no significa que Chile esté a la altura de los países europeos y otros desarrollados. Con 442 puntos en comprensión de lectura, está cerca de Turquía (447), que es miembro de la OCDE. Pero le separa un abismo de los primeros países de este ranking , como Corea (556) y Finlandia (547). Entre 53 países, Chile apareció en el lugar 35.
En ciencias y matemática el resultado ha sido peor. Si el puntaje máximo lo obtuvo Formosa (Taipei), con 549 puntos, Chile apareció en el lugar 43, con sólo 411 puntos. Otro latinoamericano, que no aspira ingresar al «exclusivo club», como Uruguay, superó a los estudiantes chilenos.
Por donde se mire, la distancia entre Chile y los países de la OCDE en indicadores sociales es abismal. Si se observa el gasto público en educación primaria y secundaria por cada estudiante, mientras en Chile es de 2.089 dólares, el promedio del organismo es de 7.283 dólares. Un país como Portugal, que es la meta del gobierno chileno, gasta 3.568, en tanto Alemania, 6.985; España, 7.016; Finlandia, 6.800 y Luxemburgo, 15.400 dólares por estudiante. En relación con el PIB, este gasto en Chile representa el 2,5 por ciento, en Portugal, el 3,6; Alemania, 2,7; España, 2,7; Finlandia, 3,7; Suecia, 4,1 por ciento.
En educación superior la diferencia persiste. Mientras Chile gasta 6.292 dólares, el promedio de la OCDE es de 12.336 dólares. Portugal gasta 9.724 dólares; Alemania, 13.016; España 11.087 dólares; Finlandia, 12.800; Canadá, 22.800; Suiza, 22.230, y Estados Unidos, 25.109 dólares.
Los resultados saltan a la vista. Si en Chile la población entre 25 y 64 años con educación superior alcanza al 13,2 por ciento, y aun cuando en un país como Portugal es el 13,7, en Alemania es del 24 por ciento, en España el 29 por ciento y en Finlandia el 36 por ciento.
Si atendemos al gasto público en salud, también veremos distancias siderales. Como porcentaje del PIB, Chile invierte sólo el 2,8 por ciento, en tanto Portugal destina el 7,1 por ciento; Alemania, el 8; España, el 6,1 por ciento; Finlandia, el 6,1 y Japón el 6,7. No sólo Chile invierte en salud pública una menor proporción de su PIB, sino también hay que considerar que su PIB es mucho menor que el de los países de la OCDE.
Con estos datos, está más que claro que el simple crecimiento, con la actual estructura en la distribución de la riqueza, no conducirá al país a un desarrollo que signifique un acceso de toda la población a oportunidades más o menos iguales. En este camino hay una sola respuesta, que es la participación activa del Estado en la entrega de recursos, tanto para educación, salud y otras necesidades sociales como la previsión o los subsidios de desempleo. Porque en esta área sí que Chile mantiene con sus socios de la OCDE una distancia escandalosa. Si en Chile el gasto social alcanza a sólo un 9,2 por ciento del PIB, en Portugal llega al 23 por ciento; en España al 21 por ciento; en Alemania al 26; Finlandia también el 26 y Suecia el 30 por ciento. Chile debiera por lo menos duplicar su gasto social.
El camino no es el mero crecimiento económico, porque éste mantendrá las actuales desigualdades, como podemos observar en la educación. El camino al desarrollo pasa por la redistribución de la riqueza, lo que no es necesariamente el efecto de una revolución, pero sí de tasas de impuestos más justas y progresivas. Los que más ganan han de pagar más para contribuir al desarrollo de todo el país, un concepto que es parte de la naturaleza económica de los países fundadores de la OCDE.
Son los impuestos la herramienta para amortiguar las diferencias en la distribución de la riqueza propia del sistema capitalista. Y así lo han entendido la mayoría de los países fundadores de la OCDE. En los países de la Unión Europea son los impuestos aplicados de manera progresiva los que amortiguan estas desigualdades. Al aplicar la carga tributaria, la desigualdad se reduce en la OCDE en -32,6 por ciento promedio, aunque países como Dinamarca logran rebajar esta diferencia en 41 por ciento. En Chile, la reducción es apenas de 4,2 por ciento.
Con estas políticas, el ingreso a la OCDE es un formalismo. El verdadero camino al desarrollo pasa por un Estado con una voluntad redistributiva.
(Publicado en «Punto Final», edición Nº 712, 25 de junio, 2010)
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