Prevaricación, tramas urbanísticas, delitos fiscales… A poco más de una semana para las elecciones, los principales partidos prometen firmemente la lucha contra la corrupción mientras ofrecen un menú para las generales cargado de corruptelas. Son varios los imputados que se cuentan en las listas de PSOE y PP, pero aún más los casos que no […]
Prevaricación, tramas urbanísticas, delitos fiscales… A poco más de una semana para las elecciones, los principales partidos prometen firmemente la lucha contra la corrupción mientras ofrecen un menú para las generales cargado de corruptelas. Son varios los imputados que se cuentan en las listas de PSOE y PP, pero aún más los casos que no han llegado a los tribunales.
PSOE: Pesos pesados en el punto de mira
Las listas andaluzas del PSOE son las más cargadas de problemas con la justicia, comenzando por Manuel Chaves. El ex presidente de la Junta andaluza ha sido acusado en varias ocasiones de beneficiar a su familia desde su cargo como presidente autonómico, pero siempre ha salido impune. Ahora también está involucrado en el caso ERE, al haber gestionado un expediente de regulación de empleo de la empresa malagueña Novo Comlick que costó más de 35 millones de euros. También candidato al Congreso, Francisco Bella fue tachado en un informe policial de 2007 como una de las autoridades municipales que hizo posible la trama del caso Malaya, aunque por ahora no ha sido incluido en la causa. En las listas sevillanas destacan José Antonio Viera y Antonio Gavira. Viera está siendo investigado desde el mes pasado por conceder ayudas del «fondo de reptiles« a ayuntamientos afines y empresas sevillanas ante las elecciones de 2004. Por su parte, Gavira está imputado de prevaricación por firmar contratos municipales irregulares de los que resultaron beneficiados militantes socialistas y familiares de cargos públicos. Mientras, en Castilla-La Mancha, chirría el nombre de Pedro Antonio Ruiz Santos, ex presidente de la Diputación de Albacete. Ruiz Santos, también alcalde de Villarrobledo, fue procesado junto a los concejales de su grupo por la aprobación de un Acuerdo Marco que fijaba retribuciones superiores a los límites fijados por los Presupuestos Generales del Estado. Vicenta Tortosa, alcaldesa de Villena, también está siendo investigada desde junio por irregularidades en la licencia de un vertedero. Pero el caso estelar es el de José Blanco, recientemente involucrado en la Operación Campeón, por presuntamente haber recibido hasta 400.000 euros para agilizar los permisos a una empresa farmacéutica.
Los populares: tramas de hoy y de siempre
Si desde el PSOE abundan candidatos con problemas con la justicia, en el caso del Partido Popular las cuentas se multiplican y la Comunidad Valencia se presenta como la principal cantera. Desde Castellón, con la hija de Carlos Fabra y Vicente Aparici, imputado en abril de prevaricación; hasta Alicante, con Federico Trillo, con el caso Yak-42 ya a sus espaldas, y Gerardo Camps, implicado en el caso Brugal a partir de unas escuchas de la Policía, aunque la causa fue archivada en mayo. Y en la lista valenciana: Esteban González Pons, mencionado en una conversación intervenida a Francisco Correa sobre un negocio urbanístico en La Nucia. «Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban González Pons«, decía concretamente el caballero. Sin embargo, por ahora se ha quedado fuera del caso sobre la trama Gurtel. Entre los candidatos populares valencianos al Congreso también destacan Rubén Moreno Palanques, relacionado con el caso Fabra; el ex presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, condenado por conducir con varias copas de más; y Pedro Agramunt, que se salvó por los pelos en los 90′ del caso Naserio. Y de grandes casos de corrupción sigue el tema con Francisco Utrera, número 3 al Senado por Cuenca. Utrera ha sido relacionado con el caso Gurtel a partir de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal hecho público a finales de 2010 en el que constaba que hizo de mediador para la concesión de créditos de los Fondos de Ayuda al Desarrollo a varios proyectos de la empresa de Ros Rica, llevándose su pertinente comisión. El caso Gürtel también les pilla cerca a los madrileños Pío García-Escudero, en cuanto a la financiación ilegal del partido en la capital a través de Fundescam, y a Ana Mato, implicada en la trama por los ya típicos problemas de vestidor, aunque el juez decidió archivar el caso porque ya habría prescrito el delito de cohecho. En las listas de Castilla y León figuran varios imputados, como Carmen Aragón y Juan Carlos Aparicio, acusados de prevaricación por presuntos delitos urbanísticos; Gema Conde, imputada por abrir una urna electoral; y la atleta Marta Domínguez, que ya descartada como imputada en la Operación Galgo, le queda pendiente otra causa por delitos fiscales al haber transferido parte de su capital a Andorra y Suiza. Otro caso de la región digno de citar es el de Gonzalo Robles Orozco, número 1 al Congreso por Salamanca y ex delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, institución en la que, bajo su mandato, se dieron irregularidades que fueron desde la contratación anómala de un asesor de comunicación a la desaparición de bienes y dinero requisados a narcotraficantes. Los candidatos populares de las Islas Canarias tampoco se quedan cortos, con Manuel Luis Torres implicado en el caso Los Tarajales, y Rosa de Haro imputada por firmar títulos formativos falsos bajo pago. El actual presidente del PP en La Gomera y candidato al Senado Antonio Javier Trujillo también está imputado, en su caso de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la construcción de varios hoteles rurales. La lista candidatos populares polémicos sigue por gran parte de la geografía española: el homófobo Dimas Cuevas por Albacete, el toledano Tomás Pedro Burgos, que va de vacaciones a Fuerteventura a cuenta del Patronato de Turismo de la isla; Vicente Aroca, bajo cuyo mandato el Ayuntamiento de La Roda fue condenado en varias ocasiones por despidos improcedentes; el murciano Arsenio Pacheco, imputado también por conducir bebido; Carmelo Romero, que en junio aprobó en Palos de la Frontera sueldos de hasta 76. 449 euros a varios asesores del Ayuntamiento, o el balear José Sala, imputado por prevaricación por el caso Ses Variades.
A parte de los de siempre
Aunque sean los que más, PP y PSOE no son los únicos en llevar en sus listas a personas con temas pendientes con la justicia. Desde el Partido Regionalista de Cantabria, el ex consejero de Cultura Francisco Javier López Marcano está acusado por prevaricación al permitir la construcción de un Aerogenerador Experimental a una empresa danesa en una zona de interés cultural. Por su parte, Cándido Trabalón, del Partido Andalucista, fue en 2007 uno de los detenidos en la Operación Costurero y se enfrenta a ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación por delitos urbanísticos. El juicio, que iba a celebrase el pasado mes de mayo, aún sigue pendiente.
LISTADO COMPLETO DE LOS CANDIDATOS AL 20-N «BAJO SOSPECHA»
PSOE
Albacete:
Manuel Valcárcel Iniesta. Número 3 al Congreso por Albacete. Alcalde de Tobarra desde 2007. No se encuentra gran cosa. En 2009, la justicia condenó al Ayuntamiento de Tobarra, municipio en el que es alcalde desde 2007 Manuel Valcárcel, a pagar una factura impagada más las costas a una empresa. El impago a esta empresa por parte del Ayuntamiento, en ese momento del PP, partió de una moción de censura propuesta por Valcárcel, en ese momento concejal en el Ayuntamiento.
Pedro Antonio Ruiz Santos. Número 1 al Senado por Albacete. Alcalde de Villarrobledo desde 2003 hasta las pasadas elecciones municipales de mayo. Son varias las causas judiciales en las que se ha visto relacionado Pedro Antonio Ruiz Santos. El pasado año, el Ayuntamiento, bajo su mandato, fue condenado en una causa sobre acoso laboral, aunque el tema no salió a los medios de comunicación dado el férreo control que el PSOE tiene, o al menos tenía, sobre estos en la comunidad castellano-manchega. En octubre de 2010, Ruiz Santos y los once concejales de su grupo en el Ayuntamiento de Villarrobledo fueron procesados por un presunto delito de prevaricación relacionado con la aprobación del Acuerdo Marco Municipal de junio de 2008. Este acuerdo fijaba retribuciones superiores a los límites fijados por los Presupuestos Generales del Estado y en febrero de 2010 fue anulado en parte. En octubre del pasado año se abrió un proceso por presunta prevaricación al equipo de Gobierno roblense, pero fue sobreseído por la Audiencia Provincial de Albacete a principios de este año. Ahora, a raíz de un recurso de amparo presentado por el Partido Popular en la provincia, el caso ha ido al Tribunal Constitucional.
Álava:
Ramon Jáuregui Atondo. Número 1 al Congreso por Álava. Vicelehendakari de 1987 a 1991, consejero de Justicia del Gobierno vasco de 1995 a 1997, diputado del 2000 al 2009, eurodiputado de 2009 a 2010 y actualmente ministro de la Presidencia. Implicado en la trama de los Gal según informaciones prestadas por José Amedo a la Audiencia Nacional en julio de 2010.
Alicante:
Vicenta Tortosa Urrea. Número 6 al Congreso por Alicante. Diputada desde 2009. Alcaldesa de Villena de 2003 a 2007. Desde junio de este año, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está estudiando un posible delito de prevaricación administrativa por parte de Vicenta Tortosa relacionado con irregularidades en la licencia de un vertedero a instancias a raíz de un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Villena.
Ávila:
Pedro José Muñoz González. Número 1 al Congreso por Ávila. Ex alcalde y concejal de Cebreros. Diputado socialista. Mientras ocupaba el cargo de concejal en Cebreros, junto a su hermano también concejal Alberto Muñoz, impulsó el proyecto de «Las Dehesillas«, un macro complejo de 3.500 viviendas y campo de golf sobre parcelas rústicas, hecho denunciado por diversas organizaciones ecologistas. Los dos hermanos intermediaron para convencer a los propietarios de las parcelas sobre su venta.
Bizkaia:
José María Benegas Haddad. Número 2 al Congreso por Bizkaia. Diputado desde 1977. El pasado año, José Amedo informó a la Audiencia Nacional de la implicación de Txiqui Benegas en la trama de los Gal, que contó con «su consentimiento». Benegas intentó comprar el silencio de Amedo, entonces secretario de Relaciones Políticas e Institucionales del PSOE, con 600 millones de pesetas, pero éste se echó atrás quedándose con los 35 millones que le dieron como adelanto.
Cádiz:
Manuel Chaves González. Número 1 al Congreso por Cádiz. Presidente de la Junta de Andalucía desde 1990 hasta 2009 y actualmente vicepresidente de Política Territorial del Gobierno. Uno de los mayores pesos pesados del PSOE, ha sido acusado en varias ocasiones de beneficiar a miembros de su familia desde su cargo como presidente autonómico. Mientras sus hermanos y su hija han recibido subvenciones millonarias de la Junta andaluza, su hijo ganaba sustanciosas comisiones como mediador entre varias empresas y el Gobierno regional. Pero siempre ha salido impune. El pasado mes de septiembre volvió a salir victorioso después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del Tribunal Superior de Justicia andaluz de abrirle expediente sancionador por no inhibirse en la subvención de 10 millones de euros a la empresa Matsa, en la que su hija trabaja como jurista y desde donde han admitido la participación de ésta en la concesión de la ayuda. También está involucrado en el caso ERE, gestionando el fraudulento expediente de regulación de empleo de la empresa malagueña Novo Comlink, que costó más de 35 millones de euros.
Huelva
Francisco Bella Galán. Número 3 al Congreso por Huelva. Alcalde de Almonte. Un informe policial lo relaciona con el caso Malaya, siendo una de las autoridades municipales que hicieron posible las irregularidades urbanísticas.
Lugo:
José Blanco López. Número 1 al Congreso por Lugo. Portavoz del Gobierno, ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE. Pepino ha sido acusado en varias ocasiones: por delitos fiscales, por tener un piso ilegal … Ahora, el pasado mes, el ministro de Fomento ha sido acusado de estar involucrado en la Operación Campeón, sobre fraudes en la concesión de ayudas públicas. Según declara José Dorribo, principal imputado en la trama, Blanco cobró 400.000 euros por acelerar el permiso del Ministerio de Sanidad de la empresa farmacéutica de Dorribo.
Sevilla:
José Antonio Viera Chacón. Número 2 al Congreso por Sevilla. Ex consejero de Empleo y actual secretario general del PSOE en Sevilla. Investigado por su firma en la concesión de ayudas del «fondo de reptiles« a ayuntamientos afines y varias empresas sevillanas en vísperas de las elecciones de 2004.
Antonio Casimiro Gavira Moreno. Número 12 al Congreso por Sevilla. Ex alcalde de Mairena de Alcor (1991-2011). Imputado de prevaricación por realizar contratos municipales irregulares de los que se beneficiaron militantes socialistas y familiares de cargos públicos. El caso fue archivado, pero a principios de este año, el Juzgado decidió retomarlo.
PARTIDO POPULAR
Albacete
Dimas Francisco Cuevas Cuerda. Numero 1 al Senado por Albacete. Conocido en Albacete por su carácter homófobo, que plasmó en artículo publicado en La Tribuna de Albacete. «Las bodas de lesbianas tendrán que incluir diversas variedades de tortillas, y de postre, bollitos con nata; y los convites para homosexuales serán a base de quimbos, perritos calientes y plátanos al horno […]. Si se casan dos mariquitas y uno es muy, pero que muy mariquita, igual no pone pegas a colocarse las ligas, pero puede que acabe haciendo un strip-tease por las escaleras», o «si la palmo antes de lo previsto, prohíbo que den a mis chiquillos en adopción a ningún matrimonio de gays, lesbianas o mediopensionistas. Sólo falta que los traigamos al mundo, los criemos y los eduquemos para que luego acaben los pobres rodeados de cualquier cosa» son algunas de las joyitas que escribió para el diario albaceteño.
Vicente Aroca. Número 3 al Senado por Albacete. Bajo su mandato, a mediados del pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de La Roda fue condenado por ocultar a la oposición la deuda del Consistorio. Un par de meses antes, el Ayuntamiento rodense también fue condenado por el despido improcedente de dos trabajadores, a las que tuvo que indemnizar con 15.000 euros. Los problemas con la justicia durante el mandato de Aroca no terminan aquí. También en 2009 fue condenado a pagar una indemnización de 44.000 euros a otras dos trabajadoras por despido improcedente.
Alicante:
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde. Número 1 al Congreso por Alicante. Ministro de Defensa de 2000 a 2004 y actualmente diputado. Involucrado en el caso Yak-42, por el que en 2003 murieron 62 militares españoles al estrellarse un avión en Turquía. El Tribunal Supremo lo consideró responsable civil subsidiario de la falsificación de la identidad de las víctimas del accidente, que ha costado una condena de tres años de cárcel a tres altos cargos del Ejército. Los familiares de las víctimas pidieron la imputación del entonces ministro de Defensa por malversación de caudales públicos, falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte argumentando que los militares se habían quejado en varias ocasiones de las deficiencias de este tipo de aviones, pero la Fiscalia de la Audiencia se opuso.
Gerardo Camps Devesa. Número 2 al Congreso por Alicante. Consejero de Economía de la Comunidad Valenciana. Uno de los sumarios policiales del caso Brugal implicó en octubre de 2010 a Gerardo Camps en la trama. Las escuchas por parte de la Policía de conversaciones telefónicas entre el consejero, el empresario alicantino Enrique Ortiz, uno de los protagonistas del caso Brugal, y el piloto Miguel Ángel Fuster mostraban indicios de delito en cuanto a la adjudicación del Palacio de Congresos, el Parque Cultural de San Vicente del Raspeig, la gestión del mantenimiento de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules CF. La Audiencia Provincial de Alicante decidió archivar la causa contra Gerardo Camps en mayo de este año.
Almería:
María del Mar Agüero. Número 2 al Senado por Almería. Senadora por Almería desde 1989 hasta 2008 y diputada en el Parlamento de Andalucía entre los años 1996 y 2000. Su marido, el empresario de la hostelería José María Rosell, es uno de los más de 20 imputados en la Operación Jable, una de las mayores causas abiertas contra la corrupción de España y heredera del caso «Unión». Rosell está imputado por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, pero el caso sigue paralizado. Rosell es también propietario en Marbella del Hotel Senador, que fue levantado en una parcela destinada para la ampliación del Palacio de Congresos gracias a las amistades de su mujer.
Álava:
Jorge Ibarrondo Bajo. Número 3 al Senado por Álava. Teniente alcalde y concejal de Urbanismo en Vitoria entre los años 1999 y 2007. En septiembre de 2009 fue condenado por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vitoria a pagar una multa de 9.000 euros y a siete años de inhabilitación para el puesto de cargo electo en corporación local por un delito de prevaricación urbanística. Seis meses después fue absuelto por la Audiencia Provincial de Álava.
Ávila:
María del Carmen de Aragón Amunariz. Número 2 al Senado por Ávila. Ex alcaldesa de Arenas de San Pedro y Senadora popular. Imputada por la Audiencia Provincial de Ávila en julio de 2010 por prevaricación urbanística al conceder una licencia para la construcción de un edificio en 2005, mientras ocupaba el cargo de alcaldesa de Arenas de San Pedro, que obligó a la modificación de las normas urbanísticas del municipio. El caso fue trasladado al Tribunal Supremo por la condición de aforada de la ya senadora, donde fue sobreseído y archivado.
Badajoz:
Pedro Acedo Penco. Número 1 al Congreso por Badajoz. Alcalde de Mérida entre los años 1995 y 2007 y desde mayo de 2011. Un reportaje de Voz Emérita mostró a principios de año las irregulares y poco discretas adjudicaciones públicas a empresas del propio Acedo y su familia, como TeleMérida o el bufete Selex, durante los años que éste ocupó el cargo de alcalde. Las facturas superan el millón de euros. La respuesta del entonces alcalde de Mérida al reportaje fue pedir a la Junta Electoral de Zona el secuestro de la publicación, secuestro que fue revocado por la Junta Electoral Provincial.
Islas Baleares:
José Sala Torres. Candidato al Senado por Ibiza-Formentera. Alcalde de Sant Anthony de Portmany. Imputado por prevaricación, uso de información privilegiada y tráfico e influencias en relación al caso Ses Variades. Sala suscribió un convenio urbanístico para la construcción en esta zona, que no era urbanizable, para después recalificarla como terreno urbanizable.
Burgos:
Juan Carlos Aparicio. Número 1 al Congreso por Burgos. Es alcalde de Burgos. Imputado en agosto por prevaricación al conceder una licencia de obra que no cumplía con el Plan General de Ordenación Urbana. El caso se ha trasladado al Tribunal Supremo por su condición de aforado.
Gema Conde Martínez. Número 3 al Congreso por Burgos. Concejal. Imputada por abrir una urna electoral. El caso está pendiente de resolución.
Castellón:
Andrea Fabra Fernández. Número 2 al Congreso por Castellón. Diputada por Castellón desde 2008. La hija mayor de Carlos Fabra ha sido enchufada por su padre en los primeros puestos de la lista electoral del PP. Está siendo investigada, como el resto de la familia Fabra, por delitos fiscales atribuidos a su padre.
Vicente Aparici Moya. Número 2 al Senado por Castellón. Vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de La Vall D’Uixó. Imputado en abril de un delito de prevaricación por permitir obras en terreno no urbanizable.
Cuenca:
Francisco Utrera Mora. Número 1 al Senado por Cuenca. Senador. Utrera está relacionado con la trama a partir de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal hecho público en diciembre de 2010. Según este informe, Utrera hizo de mediador para la concesión de créditos de los Fondos de Ayuda al Desarrollo para varios proyectos en Colombia o Mozambique realizados por la empresa Ros Roca, llevándose su pertinente comisión.
Huelva:
Carmelo Romero Hernández. Número 3 al Congreso por Huelva. Alcalde de Palos de la Frontera. En junio de 2011 aprobó sueldos de hasta 76.449 para seis asesores del Consistorio.
María Rosa de Haro Brito. Número 1 al Senado por La Palma. Ex directora del Área de Salud en al Palma. Diputada regional en la actualidad. Imputada en el caso Catis por firmar títulos de formación falsos para parados a cambio de dinero procedente de un falso sindicato de Cádiz.
Antonio Javier Trujillo Bernal. Número 1 al Senado por La Gomera. Ex consejero de Política Territorial y actual presidente del Partido Popular en la isla. Imputado desde 2007 de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, al haber, supuestamente aprovechado su cargo como consejero para la construcción de hoteles rurales en Alajeró.
Madrid:
Ana Mato Adrover. Número 3 al Congreso por Madrid. Secretaria de Organización del Partido Popular. Un informe policial la implicaba en la trama Gürtel en abril de este año al haber recibido también trajes por parte de Francisco Correa por valor de 28.000 euros en los años 2003 y 2004. No fue imputada porque el juez estimó que el delito de cohecho, si lo hubiera, ya habría prescrito .
Mario Mingo Zapatero. Número 18 al Congreso por Madrid. Alcalde de Torrelodones de 1987 a 1996. Diputado. Durante su etapa como alcalde del municipio madrileño recibió financiación de la constructora C-15 para una fundación que preside, la Escuela Superior de Arte Dramático de Torrelodones. Esta empresa compró varias parcelas en el municipio que poco después serían recalificadas. Los dos concejales populares que denunciaron estas irregularidades fueron destituidos como de sus cargos, expulsados del partido y espiados, junto con sus familias.
Pío García Escudero. Número 1 al Senado por Madrid. Portavoz del Partido Popular en el Senado y ex presidente del partido en Madrid. Involucrado en la trama Gürtel en cuanto a la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid a través de Fundescam.
Málaga:
Celia Villalobos Talero. Número 1 al Congreso por Málaga. Ex alcaldesa de Málaga, ex ministra de Sanidad y diputada desde 1989. Villalobos compagina su carrera como política con sus apariciones como tertuliana en el programa La Noria, de Telecinco.
Murcia:
Arsenio Pacheco Atienza. Número 7 al Congreso por Murcia. Diputado desde 2004. Imputado por el Tribunal Supremo por delitos contra la Seguridad Vial por conducir con varias copas de más y provocar un accidente en junio de 2010.
Palencia:
Marta Domínguez Azpaleta. Número 2 al Senado por Palencia. Atleta y ex vicepresidenta de la Real Federación Española de Atletismo. La campeona mundial de 3.000 obstáculos estuvo implicada en la Operación Galgo, por supuestamente suministrar sustancias dopantes. La causa contra Domínguez fue sobreseída el pasado mes de julio, pero actualmente aún tiene pendiente con la justicia otra causa relacionada con delitos fiscales, por transferir parte de su capital a paraísos fiscales.
Pontevedra:
Telmo Martín González. Número 4 al Congreso por Pontevedra. Ex alcalde de Sanxenxo y presidente del Partido Popular en Pontevedra. Mientras ocupaba el cargo de alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, la promotora de la que es socio Construcuatro levantó un edificio de seis plantas en una zona turística del municipio sin respetar la separación mínima de la costa. El ex alcalde se reservó para sí un piso del edificio. El caso fue denunciado por una ONG ecologista y la consellería comenzó a tramitar un expediente sancionador que suponía la demolición del edificio y una multa de 30,5 millones de euros, pero éste fue paralizado en 2005. El archivo de la causa fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia a instancias, decisión que en agosto de este año confirmó el Tribunal Supremo.
Salamanca.
Gonzalo Robles Orozco. Número 1 al Congreso por Salamanca. Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de 1996 al 2003. Diputado desde 2008. Mientras era responsable del Plan Nacional sobre Drogas, un informe del Tribunal de Cuentas mostró varias irregularidades en su gestión, que fueron de la desaparición de bienes y dinero requisados a narcotraficantes a la contratación anómala de un asesor de comunicación.
Santa Cruz de Tenerife:
Manuel Luis Torres Heredia. Número 4 al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. Ex vice consejero de Medio Ambiente. Implicado en el caso Los Tarajales, en el que hay imputados 25 ex altos cargos del Gobierno canario por delitos urbanísticos en las islas. El juzgado culminó la instrucción en agosto y actualmente se está preparando el juicio.
Toledo:
Tomás Pedro Burgos Beteta. Número 1 al Senado por Toledo. Senador. En Semana Santa de 2010 fue de vacaciones a Fuerteventura a gastos pagados por el Patronato de Turismo de la isla, controlado por el Partido Popular.
Valencia:
Esteban González Pons. Número 1 al Congreso por Valencia. Vicesecretario general del Partido Popular. Mencionado en una conversación de Francisco Correa en cuanto a un negocio urbanístico en La Nucia (Alicante: «Hay un tema medioambiental, que lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban González Pons». Por ahora González Pons se ha quedado fuera del caso.
Rubén Moreno Palanques. Secretario general de Gestión y Corporación Sanitaria en Valencia. Estuvo relacionado con el caso Fabra, donde podría haber hecho de intermediario del presidente de Castellón para algunos negocios. También quedó finalmente fuera del caso. También se le ha criticado por su pésima gestión como director general del Centro de Investigaciones Príncipe Felipe.
Ignacio Uriarte Ayala. Número 7 al Congreso por Valencia. Presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de 2006 a 2011. Condenado por conducir en estado de embriaguez en febrero de 2010.
Pedro Agramunt Font de Mora. Número 1 al Senado por Valencia. Senador popular desde 1993. Involucrado en el caso Naseiro, sobre financiación ilegal del Partido popular en los 90′, a raíz de las escuchas telefónicas al concejal popular de Valencia Salvador Palop. Aunque el nombre de Agramunt aparece citado en numerosas ocasiones en las conversaciones, el caso quedó archivado porque las escuchas habían sido ordenadas por el juez para investigar otro caso relacionado con el narcotráfico en el que estaba implicado el hermano de Palop.
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA
Cantabria:
Francisco Javier López Marcano. Número 1 al Senado por Cantabria. Ex consejero de Cultura. López Marcano está acusado de prevaricación por permitir la construcción del Aerogenerador Experimental del Monte Cotío por parte de la empresa danesa Vestas. El proyecto fue rechazado en un principio por ser la zona de interés cultural. El caso está actualmente en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
PARTIDO ANDALUCISTA (PA)
Cándido Trabalón Fernández. Número 2 al Senado por Almería. Alcalde de Zurgena. En 2007, Trabalón fue uno de los detenidos en la Operación Costurero junto al concejal de Urbanismo del municipio, Manuel Tijeras, el aparejador, el arquitecto municipal, el presidente de Ceacop, Tomás Zurano y un empresario almeriense. Todos están acusados de delitos de delitos urbanísticos. Trabalón se enfrenta a ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación. El juicio debió celebrarse en mayo, pero fue aplazado.
CONVERGENCIA I UNIÓ (CIU)
Raimon Carrasco i Azemar. Número 30 al Congreso por Barcelona. Empresario catalán, último presidente de Banca Catalana y secretario de la fundación Institut Guttmann. Antecedente de la crisis de las Cajas de Ahorro, la crisis en Banca Catalana de 1982 mostró la desaparición de alrededor de 20.000 millones de pesetas de la entidad. En el caso fueron imputadas 25 personas, entre ellas Raimón Carrasco, que ocupaba la presidencia del banco. En 1990 el caso fue sobreseído por la Audiencia Provincial de Barcelona y Banca Catalana pasó a formar parte del BBVA.
ESPAÑA 2000
José Luis Roberto Navarro. Número 1 al Congreso por Castellón. Abogado. Vinculado a la extrema derecha y a la empresa Levantina de Seguridad, que ha recibido centenares de denuncias por agresiones y maltratos.
Ernesto Milá Rodríguez. Número 3 al Congreso por Castellón. De profesión, fascista. Ha estado varias veces en la cárcel por tenencia ilícita de armas, el asalto a la sede de UCD en 1980. Relacionado con el dictador boliviano Luis García Meza, entre otras cosas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.