La emboscada al fiscal Elgueta En Octubre de 2008, la prensa presentó el caso de forma sensacionalista, pero mostrando al menos dos versiones al respecto, en las que el Ministerio Publico, el Gobierno, y la policía estaban divididos, entregando distintas versiones. Por un lado, algunos medios presentaron los hechos como un acto delictivo relacionado con […]
La emboscada al fiscal Elgueta
En Octubre de 2008, la prensa presentó el caso de forma sensacionalista, pero mostrando al menos dos versiones al respecto, en las que el Ministerio Publico, el Gobierno, y la policía estaban divididos, entregando distintas versiones.
Por un lado, algunos medios presentaron los hechos como un acto delictivo relacionado con el robo de madera, desvirtuando la problemática territorial de las comunidades mapuche en conflicto y por otro, la derecha, a través de El Mercurio, presentaba a un grupo paramilitar mapuche que habría organizado una emboscada al fiscal Elgueta. Fue justamente ésta, 6 meses después, la teoría adoptada por el Ministerio Público y el Gobierno chileno para justificar la represión generalizada e indiscriminada de la Comunidad de Choque y otras aledañas, la persecución, procesamiento, torturas y encarcelamiento de 15 comuneros mapuche.
Sin embargo, para la Coordinadora Arauco-Malleco – CAM y las comunidades en conflicto, los hechos se enmarcan dentro de los continuos enfrentamientos entre las comunidades en lucha por su territorio y las fuerzas policiales al servicio de los intereses empresariales, que resguardan los predios forestales, todo esto en un contexto de cada vez mayor militarización de las zonas en conflicto. En resumen, la violencia generada en el interior de las comunidades no es otra cosa que el resultado de la política del Estado de defensa irrestricta de las inversiones capitalistas.
La Comunidad de Choque ha venido desarrollando desde hace años una serie de acciones tendentes a la recuperación de sus espacios territoriales ancestrales, hoy en manos de las forestales, específicamente en el Fundo La Puntilla de Tranaquepe, cuestión que transformó dicha zona en un escenario real de lucha. Para lo cual la policía chilena promovió, a través de su actuación, una serie de hechos de violencia en contra de esta comunidad.
En este caso, un fiscal con dedicación exclusiva a causas mapuche, pero sin muchos resultados, se involucra a tal punto en los procedimientos que incluso toma parte en acciones represivas hacia las comunidades mapuche movilizadas.
En una de tales acciones represivas, un convoy de cerca de 10 vehículos policiales que incluía buses y tanquetas, allanó la Comunidad de Choque. En dicha caravana, supuestamente, habría estado el fiscal Elgueta, quien habría resultado herido. Al respecto no existe ninguna constatación de lesiones que así lo confirme por lo cual dudamos, hoy día, de su real participación en los hechos, por lo que podríamos estar frente a un simple montaje comunicacional.
En base a este montaje, en abril de 2008 se detiene a varios comuneros mapuche, la mayoría de Choque, pese a que se había dicho, previamente, que los involucrados no eran mapuche, sino afuerinos e infiltrados.
Recordemos que en la formalización, la fiscal Ximena Hassi, junto a un nuevo personaje, el fiscal Cruz, presentaron orgullosos la tesis de la «Emboscada al fiscal Elgueta», y en forma detallada relataron los hechos y los roles de cada uno de los imputados, sin sobrar uno sólo. Todo esto quedó grabado por el Tribunal de Garantía de Cañete… a menos que alguna falla técnica, como la ocurrida en Nueva Imperial en el caso de Roberto Painemil, hubiese borrado o impedido su grabación.
Desde ese momento el fiscal Cruz ha llamado la atención de todos por su estilo vehemente y apasionado para entregar sus argumentos, sin dudar en ningún momento de la absoluta culpabilidad de los imputados.
Fiscales: matonismo y compromisos económicos
Quienes han participado en dichas audiencias, imputados y familiares, concluyeron que estaban ante un hombre de la derecha más dura y fascista, que defiende por convicción los intereses del empresariado y repudia a mapuche y oprimidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrieron con sorpresa que Andrés Cruz fue un destacado militante de las Juventudes Comunistas de Chile, que de acuerdo a sus cercanos aún se define comunista, y que incluso habría obtenido una beca de perfeccionamiento a través de alguna instancia izquierdista. Lo anterior nos lleva a concluir que el fiscal Cruz está en una cruzada para hacer carrera en el Ministerio Publico y convertirse en Fiscal Regional, cueste lo que cueste, es decir, aunque sea condenando y encarcelando a mapuche que luchan por sus derechos territoriales.
A los ya reconocidos y emblemáticos fiscales antimapuche Elgueta y Moya, quienes no dudan en crear montajes, realizar amenazas de muerte e incluso presenciar torturas, se suma, ahora, el ambicioso fiscal Cruz. (Recordemos que la semana pasada un juez en Santiago acusó al Ministerio Publico de «matonismo»).
El fiscal Moya, quien participó en el interrogatorio y tortura al comunero de Vilcun Roberto Painemil, hoy día, con su gran imaginación transformó una barricada hecha por estudiantes en una emboscada a la policía; y un corte de ruta en el cual se produce un «accidente» (un bus resulta apedreado por la prepotencia del chofer), en un criminal atentado terrorista. Invocándose en ambos casos la Ley Antiterrorista.
El fiscal Elgueta, en tanto, es hoy día investigado por su responsabilidad en las amenazas y apremios ilegítimos contra el comunero César Parra Leiva. Cuestión que la justicia no se atrevió a investigar en el caso de Moya. Ambos casos fueron denunciados a organismos de derechos humanos a nivel internacional.
Respecto de la fiscal Regional Ximena Hassi, no es menor el hecho de que ésta fiscal es la sobrina del Senador Sabat, militante de la Democracia Cristiana Chilena con intereses económicos con algunas forestales, lo que debería significar su inhabilidad para investigar estos casos.
La encrucijada de Cruz
Pero el fiscal Cruz no sólo esta en una cruzada y obsesionada idea de condenar a mapuche, especialmente, a los militantes de la CAM, sino también en una encrucijada.
Específicamente, en el caso de Choque, la hipótesis inicial estaría sufriendo radicales transformaciones, dada la falta total de pruebas incriminatorias, pero además, por razones políticas.
En este sentido podemos analizar lo siguiente. Para el Gobierno, presionado por la opinión internacional, es impresentable políticamente condenar a tantos comuneros mapuche, la mayoría de una sola comunidad, para lo cual se ordena minimizar la responsabilidad, en los hechos, de algunos de ellos que «no estarían tan comprometidos», con el fin de lograr su evitar su procesamiento, y desde ya permitirles la revocación de la prisión preventiva.
La gran encrucijada de Cruz, es que para hacer este cambio de estrategia, deberá modificar las declaraciones de los testigos protegidos, resituar y cambiar los roles de los supuestos participantes en la emboscada.
Un ejemplo de ello es que los antiguos «testigos claves» ya no lo son tanto, pues de testigos directos pasaron a testigos de oídas, permitiendo con ello la libertad de algunos comuneros.
Cabe señalar que tales testigos son personas enfermas de la comunidad, que padecen de alcoholismo y reconocen en sus declaraciones que estaban bajo los efectos del alcohol. Estos «testigos» señalan además, que estuvieron bebiendo en la casa de Santos Jorquera, quien a vista y paciencia de carabineros y autoridades, entre ellas la fiscal Hassi y el fiscal Elgueta, ha mantenido por años un negocio clandestino de expendio de bebidas alcohólicas. Lo que queda totalmente establecido en la carpeta de la investigación.
Con la modificación de las declaraciones de los testigos y la probable eliminación del procesamiento de algunos comuneros de Choque, se desmorona la tesis de la «emboscada» y Cruz debe solucionar lo antes posible su encrucijada.
Toda esta situación ha quedado desvelada con el apertura de la carpeta de investigación, en la cual se revela, además, que existiría sólo un testigo clave, un comunero mapuche, quien en sus primeras declaraciones señala que participó en los hechos, sin embargo, extrañamente, se le vuelve a tomar declaración e indica ahora que sólo habría observado los hechos, desligando de responsabilidad a algunos comuneros a los que antes había acusado y responsabilizando del supuesto ataque sólo a algunos, la mayoría, miembros de la CAM.
A lo anterior se suma que familiares y cercanos a este hermano, han manifestado que éste estaría siendo victima de presiones y extorsión por parte de la Fiscalía, porque tiene una causa pendiente por un delito común anterior. En este sentido sus familiares señalan que sienten temor pues éste comunero desapareció de la comunidad y nadie conoce su paradero.
Asociación ilícita terrorista
Para superar la encrucijada, Cruz decide hurgar en hechos pasados, como la quema del Campamento Ranquilhue el año 2005, formalizando nuevamente al dirigente de la CAM, Héctor LLaitul Carrillanca, a los dirigentes de la Comunidad Pascual Coña Marcos y Juan Carlos Millanao, y para sorpresa de todos al comunero de Choque Cesar Parra Leiva, que en aquel tiempo ni siquiera conocía a las otras tres personas (¿?).
Al mismo tiempo, deciden sumar a la Causa de Choque, las causas que mantienen en prisión a los comuneros de Pascual Coña, presos en la Cárcel de Lebu.
Estas nuevas formalizaciones a comuneros y dirigentes mapuche de LLeu-LLeu, se han presentado de forma incoherente y sin pruebas reales, solamente utilizando a los «súper testigos sin rostro», quienes como una especie de «comodines» han sido testigos de todos lo hechos, han estado en los cerros, en los caminos, arriba y abajo, han visto, escuchado y participado
Lo anterior es para ir configurando la nueva estrategia persecutoria del Ministerio Publico «La Asociación Ilícita Terrorista», cuyo objetivo es condenar, principalmente, a los miembros de la CAM, dejando a los demás comuneros de Choque bajo la figura de «Asociación Ilícita para el robo de madera». Cuyo objetivo político es no reconocer el conflicto territorial de dicha Comunidad.
Sin embargo, la Fiscalía, no se imaginaba que el «testigo clave» en el caso Ranquilhue no daría más con las presiones y revelaría en el mismo tribunal, durante la Audiencia de Formalización, que fue objeto de torturas y amenazas de muerte del propio fiscal Elgueta, para que acusara a los miembros de la CAM.
Lo que ya era un secreto a voces, esta vez, con la declaración de César Parra Leiva se ha abierto una investigación al respecto.
Pero las presiones a éste no se hcieron esperar. En el momento en que César Parra iba a ser trasladado a la Fiscalia de Talcahuano, donde lo esperaba el abogado de derechos humanos Sr. Adolfo Montiel, para ratificar su declaración, el fiscal Elgueta aparecía, casualmente, por el penal de El Manzano de Concepción, situación que no logró intimidar a Parra. Días después llegaron de parte de la Fiscalia ofrecimientos de libertad para algunos de los imputados, a cambio de información prefabricada para incriminar a otros.
Concluimos que todas estas presiones no muestran más que la desesperación del Ministerio Publico ante la imposibilidad de configurar su montaje.
¿Cuánto tiempo más el Gobierno avalará este oscuro proceso a través del abogado querellante de la Gobernación de Arauco?
Queda claro que, nuevamente, nos encontramos ante un montaje judicial que sólo busca la persecución política de las comunidades mapuche en conflicto y a la CAM para la defensa de los intereses económicos de las forestales.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE
LIBERTAD A LA NACION MAPUCHE
CAM / Comisión Prisión Política
Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2009/11/707708.php